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http://www.meneame.net/story/consell-implanta-copago-servicios-sociales-dirigidos-mayores
Nuevo golpe al estado del Bienestar. Esta vez son las personas mayores y los discapacitados no dependientes los que deben encajar un revés más. Después de los múltiples impagos que han tenido que soportar por parte de la Generalitat, el pasado viernes el Gobierno valenciano acordó, durante el pleno del Consell, un decreto a través del cual se implanta un cambio en el modelo de financiación de los servicios dirigidos a dichos colectivos. Esta nueva norma, que no fue anunciada por el vicepresidente del Consell, José Císcar, el día de su aprobación, fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) y pretende cumplir una normativa estatal con la que se persigue instaurar la igualdad de pagos entre los receptores de estos servicios en función de su grado de dependencia.
Los afectados por esta nueva medida serán todos aquellos usuarios de la atención residencial, los servicios ofrecidos en los centros de día y de noche, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de rehabilitación e integración social y del servicio de viviendas tuteladas. La conselleria de Bienestar Social, dirigida por Asunción Sánchez Zaplana, venía anunciando desde hace tiempo un nuevo modelo de financiación que, finalmente, se ha materializado a golpe de decreto. El documento señala que las personas dependientes vienen pagando, desde el 1 de enero de 2013, un porcentaje de las prestaciones recibidas por parte del Consell. Sin embargo, apunta que los mayores o discapacitados, que no se encuentra en situación de dependencia, no han abonado dicha parte proporcional al servicio recibido.
La entrada en vigor de este decreto se traduce en un pago extra de unos servicios que antes eran gratuitos y que, además, son derechos básicos para estos colectivos. Una de las ayudas que más mermada se ha visto durante los últimos tiempos ha sido el servicio de la teleasistencia. El Gobierno central ya eliminó su subvención a este destino a partir de 2013 lo que obligó a la Diputación de Alicante a asumir parte de los gastos derivados de este servicio. Con la nueva norma se establece que los usuarios de este auxilio deberán pagar un porcentaje, en función de su renta, que en algunos casos ascenderá al 90% sobre el total. Las residencias para personas mayores o los centros dirigidos a discapacitados serán otro de los campos que más acusen el copago. De hecho, los grupos de la oposición ya alertan que muchas familias deberán prescindir de estos servicios por falta de recursos económicos.
Desde el PSPV mostraron su descontento por la implantación de este nuevo sistema. «Es un resultado más de las políticas llevadas a cabo por el PP», denunció el parlamentario socialista en las Cortes Rafael Rubio. En la misma línea, la diputada de EU Esther López mostró su rechazo absoluto a este «golpe anunciado» y criticó la «merma de las garantías sociales» que se ejecutan desde el Consell. Desde Compromís fueron más allá y la parlamentaria Mireia Mollá aseguró que este nuevo recorte es fruto de la ampliación del tope de déficit conseguido por la Generalitat y alertó de nuevos recortes de aquí hasta final de año.
Nuevo golpe al estado del Bienestar. Esta vez son las personas mayores y los discapacitados no dependientes los que deben encajar un revés más. Después de los múltiples impagos que han tenido que soportar por parte de la Generalitat, el pasado viernes el Gobierno valenciano acordó, durante el pleno del Consell, un decreto a través del cual se implanta un cambio en el modelo de financiación de los servicios dirigidos a dichos colectivos. Esta nueva norma, que no fue anunciada por el vicepresidente del Consell, José Císcar, el día de su aprobación, fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) y pretende cumplir una normativa estatal con la que se persigue instaurar la igualdad de pagos entre los receptores de estos servicios en función de su grado de dependencia.
Los afectados por esta nueva medida serán todos aquellos usuarios de la atención residencial, los servicios ofrecidos en los centros de día y de noche, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de rehabilitación e integración social y del servicio de viviendas tuteladas. La conselleria de Bienestar Social, dirigida por Asunción Sánchez Zaplana, venía anunciando desde hace tiempo un nuevo modelo de financiación que, finalmente, se ha materializado a golpe de decreto. El documento señala que las personas dependientes vienen pagando, desde el 1 de enero de 2013, un porcentaje de las prestaciones recibidas por parte del Consell. Sin embargo, apunta que los mayores o discapacitados, que no se encuentra en situación de dependencia, no han abonado dicha parte proporcional al servicio recibido.
La entrada en vigor de este decreto se traduce en un pago extra de unos servicios que antes eran gratuitos y que, además, son derechos básicos para estos colectivos. Una de las ayudas que más mermada se ha visto durante los últimos tiempos ha sido el servicio de la teleasistencia. El Gobierno central ya eliminó su subvención a este destino a partir de 2013 lo que obligó a la Diputación de Alicante a asumir parte de los gastos derivados de este servicio. Con la nueva norma se establece que los usuarios de este auxilio deberán pagar un porcentaje, en función de su renta, que en algunos casos ascenderá al 90% sobre el total. Las residencias para personas mayores o los centros dirigidos a discapacitados serán otro de los campos que más acusen el copago. De hecho, los grupos de la oposición ya alertan que muchas familias deberán prescindir de estos servicios por falta de recursos económicos.
Desde el PSPV mostraron su descontento por la implantación de este nuevo sistema. «Es un resultado más de las políticas llevadas a cabo por el PP», denunció el parlamentario socialista en las Cortes Rafael Rubio. En la misma línea, la diputada de EU Esther López mostró su rechazo absoluto a este «golpe anunciado» y criticó la «merma de las garantías sociales» que se ejecutan desde el Consell. Desde Compromís fueron más allá y la parlamentaria Mireia Mollá aseguró que este nuevo recorte es fruto de la ampliación del tope de déficit conseguido por la Generalitat y alertó de nuevos recortes de aquí hasta final de año.
