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Petición de 372 años de cárcel para 40 militantes de la izquierda abertzale
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita un total de 372 años de cárcel para 40 miembros de la izquierda abertzale a quienes acusa de integración o colaboración con ETA por la supuesta «subordinación» de Batasuna a la organización armada cuando la formación abertzale era legal. Las peticiones más elevadas, en grado de «dirigentes», son para Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxeberria, para quienes el fiscal solicita 12 años de prisión.
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Los 40 militantes independentistas procesados en el sumario 35/02 contra Batasuna están acusados por el poder judicial español de «pertenencia» a ETA, en unos casos, y de «colaboración» en otros. En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de «pertenencia» en grado de «dirigentes» a Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Joseba Permach, así como a otros 20 procesados, y engloba en la categoría de «colaboración» a 17 independentistas más.
Este sumario fue abierto por el juez Baltasar Garzón en agosto de 2002 y lo dio por concluido el 1 de abril de 2008. Dos semanas después reabrió el sumario para incluir nuevos informes policiales y procesar a otros dos ciudadanos vascos.
Entre los independentistas incluidos en esta causa se encontraba Jon Idigoras, fallecido en junio de 2005. La Fiscalía no ha presentado acusación contra Josu Urrutikoetxea por encontrarse en paradero desconocido, ni contra Jon Salaberria, que está preso en el Estado francés.
La mayoría de los procesados se encuentra actualmente en libertad. Recientemente han salido de prisión Joseba Permach, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez y Karmelo Landa, bajo fianza de 50.000 euros cada uno. Rufi Etxeberria quedó libre al cumplirse el límite máximo de cuatro años de prisión preventiva.
Arnaldo Otegi permanece encarcelado desde octubre de 2009 bajo la acusación de intentar realizar una actividad política; el pasado mes de marzo la Sala de lo Penal rechazó su puesta en libertad. También se encuentra privado de libertad José Luis Elkoro, condenado por el macrosumario 18/98.
Embargo de 75 «herrikos»
Baltasar Garzón abrió este sumario a partir de la detención, en abril de 2002, de once personas, entre las que se encontraban Jon Gorrotxategi y Rufi Etxeberria. Posteriormente decretó el embargo de 75 herriko tabernas en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria y su administración judicial.
Apenas cuatro meses más tarde, el 20 de agosto de 2002, el mismo juez inició los trámites para suspender las actividades de Batasuna bajo el argumento de que existía una «integración aparente» de la formación abertzale «en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin». Una semana después, Garzón decretó de forma unilateral, y sin juicio previo, la suspensión de todas las actividades de Batasuna y la clausura de todas sus sedes por un tiempo de tres años.
Otra semana más tarde, el 2 de setiembre de 2002, el Ministerio Fiscal formuló ante la Sala Especial del Tribunal Supremo la demanda de disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. El 27 de marzo de 2003, el TS accedió a esta petición y dictó una sentencia por la que declaraba ilegales estos tres partidos, con el argumento de una supuesta subordinación de sus dirigentes a ETA.
EA y Aralar muestran su total desacuerdo
EA y Aralar mostraron su total desacuerdo con la petición fiscal contra estos 40 militantes abertzales. «Quien obstaculiza la actividad política de representantes de una parte de la sociedad vasca está poniendo trabas a la normalización de Euskal Herria», señaló la secretaria de Comunicación de EA, Ikerne Badiola.
A su juicio, «pedir penas de cárcel para personas que han mostrado su apuesta por las vías democráticas entorpece las posibilidades de consolidar un cambio en el escenario político vasco». «El Estado pretende anular cualquier apuesta de vía política que surja en el seno de la izquierda abertzale -añadió- y, así, imposibilitar una solución definitiva al conflicto político».
Por su parte, Aralar apeló a la Fiscalía del Estado para que reconduzca su conducta a «parámetros homologables a una democracia desarrollada», al tiempo que condenó la «degradación del funcionamiento de las cuestiones que deben ser garantes del funcionamiento democrático».
Este partido considera que «las personas que han actuado mediante la palabra no pueden ser acusadas de la práctica ni de responsabilidades de terrorismo».
Procesados por un proyecto político, sin imputación por actos violentos
Este sumario comenzó a ser instruido por Garzón hace ocho años, cuando Batasuna era legal. A ninguno de los procesados se les imputa ni una sola acción violenta, sino participar en un proyecto político que el juez instructor y la Fiscalía vinculan a ETA.
La mayor petición fiscal, de 12 años de cárcel, es para Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxeberria. Para otros veinte procesados solicitan 10 años de prisión. Se trata de Karmelo Landa, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez, José Luis Elkoro, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Txekun López de Aberasturi, Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Agirre, Miren Jasone Manterola, Floren Aoiz, Kepa Gordejuela, Isa Mandiola, Juanpe Plaza, Antton Morcillo, Santi Hernando, Xanti Kiroga y Jon Gorrotxategi.
Y 8 años para José Luis Franco, Maite Amezaga, Joseba Garmendia, Juan Francisco Martínez, Juani Lizaso, Jaione Intxaurraga, Joseba Imanol Kortazar, Rubén Granados, Enrike Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Jagoba Bengoa, Idoia Arbelaitz, Izaskun Barbarias, Sabin del Bado, Bixente Enekotegi, Andrés Larrea y Pedro Félix Morales.
GARA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita un total de 372 años de cárcel para 40 miembros de la izquierda abertzale a quienes acusa de integración o colaboración con ETA por la supuesta «subordinación» de Batasuna a la organización armada cuando la formación abertzale era legal. Las peticiones más elevadas, en grado de «dirigentes», son para Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxeberria, para quienes el fiscal solicita 12 años de prisión.
Los 40 militantes independentistas procesados en el sumario 35/02 contra Batasuna están acusados por el poder judicial español de «pertenencia» a ETA, en unos casos, y de «colaboración» en otros. En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de «pertenencia» en grado de «dirigentes» a Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Joseba Permach, así como a otros 20 procesados, y engloba en la categoría de «colaboración» a 17 independentistas más.
Este sumario fue abierto por el juez Baltasar Garzón en agosto de 2002 y lo dio por concluido el 1 de abril de 2008. Dos semanas después reabrió el sumario para incluir nuevos informes policiales y procesar a otros dos ciudadanos vascos.
Entre los independentistas incluidos en esta causa se encontraba Jon Idigoras, fallecido en junio de 2005. La Fiscalía no ha presentado acusación contra Josu Urrutikoetxea por encontrarse en paradero desconocido, ni contra Jon Salaberria, que está preso en el Estado francés.
La mayoría de los procesados se encuentra actualmente en libertad. Recientemente han salido de prisión Joseba Permach, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez y Karmelo Landa, bajo fianza de 50.000 euros cada uno. Rufi Etxeberria quedó libre al cumplirse el límite máximo de cuatro años de prisión preventiva.
Arnaldo Otegi permanece encarcelado desde octubre de 2009 bajo la acusación de intentar realizar una actividad política; el pasado mes de marzo la Sala de lo Penal rechazó su puesta en libertad. También se encuentra privado de libertad José Luis Elkoro, condenado por el macrosumario 18/98.
Embargo de 75 «herrikos»
Baltasar Garzón abrió este sumario a partir de la detención, en abril de 2002, de once personas, entre las que se encontraban Jon Gorrotxategi y Rufi Etxeberria. Posteriormente decretó el embargo de 75 herriko tabernas en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria y su administración judicial.
Apenas cuatro meses más tarde, el 20 de agosto de 2002, el mismo juez inició los trámites para suspender las actividades de Batasuna bajo el argumento de que existía una «integración aparente» de la formación abertzale «en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin». Una semana después, Garzón decretó de forma unilateral, y sin juicio previo, la suspensión de todas las actividades de Batasuna y la clausura de todas sus sedes por un tiempo de tres años.
Otra semana más tarde, el 2 de setiembre de 2002, el Ministerio Fiscal formuló ante la Sala Especial del Tribunal Supremo la demanda de disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. El 27 de marzo de 2003, el TS accedió a esta petición y dictó una sentencia por la que declaraba ilegales estos tres partidos, con el argumento de una supuesta subordinación de sus dirigentes a ETA.
EA y Aralar muestran su total desacuerdo
EA y Aralar mostraron su total desacuerdo con la petición fiscal contra estos 40 militantes abertzales. «Quien obstaculiza la actividad política de representantes de una parte de la sociedad vasca está poniendo trabas a la normalización de Euskal Herria», señaló la secretaria de Comunicación de EA, Ikerne Badiola.
A su juicio, «pedir penas de cárcel para personas que han mostrado su apuesta por las vías democráticas entorpece las posibilidades de consolidar un cambio en el escenario político vasco». «El Estado pretende anular cualquier apuesta de vía política que surja en el seno de la izquierda abertzale -añadió- y, así, imposibilitar una solución definitiva al conflicto político».
Por su parte, Aralar apeló a la Fiscalía del Estado para que reconduzca su conducta a «parámetros homologables a una democracia desarrollada», al tiempo que condenó la «degradación del funcionamiento de las cuestiones que deben ser garantes del funcionamiento democrático».
Este partido considera que «las personas que han actuado mediante la palabra no pueden ser acusadas de la práctica ni de responsabilidades de terrorismo».
Procesados por un proyecto político, sin imputación por actos violentos
Este sumario comenzó a ser instruido por Garzón hace ocho años, cuando Batasuna era legal. A ninguno de los procesados se les imputa ni una sola acción violenta, sino participar en un proyecto político que el juez instructor y la Fiscalía vinculan a ETA.
La mayor petición fiscal, de 12 años de cárcel, es para Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxeberria. Para otros veinte procesados solicitan 10 años de prisión. Se trata de Karmelo Landa, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez, José Luis Elkoro, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Txekun López de Aberasturi, Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Agirre, Miren Jasone Manterola, Floren Aoiz, Kepa Gordejuela, Isa Mandiola, Juanpe Plaza, Antton Morcillo, Santi Hernando, Xanti Kiroga y Jon Gorrotxategi.
Y 8 años para José Luis Franco, Maite Amezaga, Joseba Garmendia, Juan Francisco Martínez, Juani Lizaso, Jaione Intxaurraga, Joseba Imanol Kortazar, Rubén Granados, Enrike Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Jagoba Bengoa, Idoia Arbelaitz, Izaskun Barbarias, Sabin del Bado, Bixente Enekotegi, Andrés Larrea y Pedro Félix Morales.
GARA
