La Democracia Socialista del Siglo XXI

Resumen
Una democracia sustancial solo puede construirse erradicando la dominación capitalista, eliminando la desigualdad y dotando a los ciudadanos de poder efectivo en todas las áreas de la vida social. Estas metas podrán alcanzarse con una democracia socialista diferenciada del fracasado totalitarismo burocrático, que actualice los viejos ideales e implemente nuevas formas de participación popular.

Este proyecto exige gestar otra democracia y no radicalizar la existente. Requiere partir de caracterizaciones de clase para comprender el constitucionalismo contemporáneo e introducir transformaciones radica- les, que no se reducen a expandir un imaginario de igualdad. También presupone retomar la tradición que opuso a las revoluciones democráti- cas con las revoluciones burguesas.

La regulación de los mercados, el ensanchamiento  del espacio público y la acción municipal son temas de controversia con la democracia participativa. En ausencia de perspectivas socialistas, las iniciativas de- mocratizadoras en estos campos no modifican el orden vigente. El pre- supuesto participativo de Porto Alegre brinda un ejemplo de estas limita- ciones,  pero en Venezuela tiende a verificarse otro camino, en la medida que continúe la radicalización del proceso bolivariano.

Es un error mayúsculo desconocer la relevancia actual de la democracia para un proyecto socialista. Este desacierto se comprueba en los planteamientos favorables a la dictadura del proletariado, que eluden ca- racterizar el futuro régimen político. También es incorrecto identificar la transición post-capitalista con el liderazgo de un partido único, ya que esta  organización no puede  procesar la heterogeneidad  política de las clases populares. Estas conclusiones son importantes para una renovación socialista en Cuba que impida la restauración capitalista. También son relevantes para la discusión que ha suscitado en Venezuela la con- formación del nuevo partido socialista.

A diferencia del planteamiento consejista, la democracia socialista no equipara los organismos surgidos de una sublevación popular con las instituciones post-capitalistas. Reconoce las peculiaridades de la expe- riencia soviética y promueve la representación indirecta. También recu- pera el realismo que exhibieron los marxistas clásicos para concebir un sistema político emancipador. Las tensiones entre participación colectiva y desarrollo personal no desaparecerán  en una transición socialista, pero se desenvolverán en un marco de principios igualitarios.



La democracia socialista del siglo XXI

¿Cuál debería ser el régimen político de una sociedad post-capitalista? Este  interrogante cobra actualidad, a medida que el socialismo del siglo XXI comienza a debatirse en el movimien- to popular. Una opción a considerar es la democracia socialista como un proyecto superador, tanto del constitucionalismo y del localismo ensayados en la región, como del totalitarismo burocrático implementado en el ex “campo socialista”.

Proyectos y objetivos

El  socialismo apunta a construir una sociedad igualitaria a partir de la erradicación del capitalismo y la expansión de la propiedad colectiva de los medios de producción. Este proceso exige des- envolver la autodeterminación popular, bajo una modalidad que debería contener las características de una democracia socialista. Este sistema político sustituirá el régimen actualmente dominado por los ban- queros,  los industriales y los burócratas por un gobierno soberano  del pueblo, que pondrá en práctica una democracia real.

Al sustraer los derechos  esenciales (educación, salud, alimentación, ingreso básico) de las reglas de mercado, una transformación socialista permitirá mejorar el nivel de vida y reducir drásticamente la desigualdad. La paulatina socialización del proceso productivo aportará a la población los recursos, el tiempo y las calificaciones necesarias para participar, deli- berar y decidir los destinos de la sociedad.

Estos cambios favorecerán la expansión de la democracia a todas las áreas de la vida social. Formas de gestión mayoritarias serían introducidas en la economía (fábricas, bancos,  servicios), el Estado (administración, ejército, justicia) y la actividad pública (educación, salud, medios de co- municación). La mera rotación de funcionarios al servicio de las clases dominantes quedará sustituida por una efectiva presencia de los expo- nentes  de la opinión popular. De esta forma cesaría la separación entre esferas  políticas —formalmente sometidas al voto ciudadano— y áreas económicas exceptuadas de ese principio. Desaparecería la fractura que ha permitido a los capitalistas dominar, sin transparentar la supremacía que ejercen en la sociedad actual.

La democracia socialista generalizará todas las iniciativas que favore- cen la intervención masiva. La deliberación popular, las audiencias públicas y las consultas periódicas ya no serán episodios pasajeros. Conformarán la norma usual de un sistema regido por la autoadministración y sostenido en mecanismos de participación, representación y control colectivo.

Las principales decisiones quedarán sometidas al dictamen del voto, que expresará el poder real de los sufragantes. Los comicios actualmente consensuados  por las clases opresoras se transformarán en desenlaces reales de la voluntad colectiva. Estos actos dilucidarán encrucijadas rele- vantes, zanjarán conflictos y brindarán aval a las iniciativas más apreciadas.

La democracia socialista ensancharía el alcance del sufragio, que los capitalistas han integrado a su gestión del orden vigente. Esta absorción ha implicado la conversión de conquistas populares en instrumentos de le- gitimación del status quo. Desde mediados del siglo XIX, cada ampliación geográfica del constitucionalismo ha desembocado en este reforzamiento de la supremacía capitalista3.

Al  convertir los derechos  formales en atributos sustanciales,  la de- mocracia socialista modificará el carácter de la ciudadanía. Los derechos políticos que todos los miembros de la sociedad ya detentan  con inde- pendencia de su status  social, raza o religión, quedarán transformados en derechos plenos de individuos emancipados. Este salto histórico sen- tará las bases  para gestar la democracia real del siglo XXI. Se afianzará la remodelación de los sistemas políticos a escala regional, continental y mundial, pero al servicio de la población y no de un puñado de bancos o empresas transnacionales.

Antecedentes y precursores

El colapso registrado en la Unión Soviética y Europa Oriental confirma que el socialismo no puede construirse sin democracia. Las tiranías se hundieron en esos países en medio de la hostilidad y la indiferencia popular, porque habían sofocado los elementos de socialismo que contenían en su origen. Actuaban como dicta- duras manejadas por una capa de burócratas divorciados de la población. Para reconstruir un programa socialista hay que exponer con nitidez esta incompatibilidad del totalitarismo con un proyecto anticapitalista.

La democracia y el socialismo transitan por el mismo carril. Es imposi- ble erigir una nueva sociedad sin crear condiciones de creciente libertad. La democracia socialista reuniría ambas metas y actualizaría el objetivo de Marx de avanzar conjuntamente hacia la “emancipación  política y hu- mana”.

Este proyecto se inspira especialmente en la síntesis que promovió Rosa Luxemburg al rechazar la identificación convencional de la demo- cracia con el capitalismo. No solo resaltó el antagonismo que opone la soberanía popular con los privilegios clasistas, sino que promovió la am- pliación de las libertades públicas conquistadas bajo el orden burgués. Remarcó especialmente el rol que tienen los derechos electorales en la preparación de un gobierno postcapitalista.

Luxemburg contrapuso la democracia superflua que pregona la bur- guesía con la democracia integral que necesitan los trabajadores. No le asignó a este mecanismo una finalidad puramente instrumental, a utilizar o desechar en función de cada coyuntura política. Subrayó la gravitación de la democracia genuina para la maduración política de las masas y la gestación del socialismo. Esta confianza en la acción popular y el rechazo a cualquier sustitución de ese protagonismo constituyen el cimiento de la democracia socialista4.

La democracia plena es un viejo ideal de los oprimidos gestado  en confrontación con el elitismo. El constitucionalismo  contemporáneo man- tiene este desprecio hacia las masas, bajo la pantalla del formalismo republicano. Ya no identifica directamente la democracia con el desorden, la muchedumbre y la degeneración de gobiernos sometidos a multitudes incultas. Pero acepta únicamente el régimen político que preserva el poder de los capitalistas. Por el contrario, la democracia socialista se basa en un principio igualitario que reivindica el gobierno de las mayorías. Retoma las metas concebidas por los utopistas del siglo XVI, por los teóricos roussonianos y por los rebeldes que en el siglo XIX buscaron gestar una “democracia social” fusionando los derechos ciudadanos con las mejoras populares. Este proyecto se contraponía a la “democracia colonial” (erigi- da en áreas expropiadas a la población nativa), a la “democracia imperia- lista” (instrumentada por las grandes potencias) y a la “democracia  liberal” (que surgió asentada en la proscripción del grueso de la población)5.

Esta misma tradición se expresó en América Latina en los programas radicales esbozados por los sectores  revolucionarios que intentaron en- samblar las formas republicanas con la emancipación de los esclavos y los siervos. La “democracia social” siempre fue en esta región una batalla por la reforma agraria, la independencia nacional y la eliminación del eli- tismo oligárquico.

Estas herencias son tan significativas como el antecedente  ateniense, que otorgaba preeminencia al ciudadano. A diferencia del constituciona- lismo burgués, en la Polis de la Antigüedad no existían áreas protegidas del voto. La sociedad se asentaba  en nítidas estratificaciones (esclavos, mujeres y extranjeros carecían de derechos), pero quienes gozaban del atributo de la ciudadanía influían realmente en el destino de la ciudad.

La democracia socialista adaptaría estos precedentes  al nuevo con- texto del siglo XXI. Tomaría en cuenta las lecciones que han dejado la expansión del constitucionalismo, el desplome del “socialismo real” y las acotadas experiencias de la democracia participativa. Pero la mejor forma de clarificar el contenido concreto de este proyecto es confrontando sus afinidades y divergencias con otros programas próximos.



“Radicalizar la democracia”

Una tesis que proclama cercanía con la democracia socialista postula extender la igualdad a todos los ámbitos de la sociedad, para completar el proceso inaugurado en 1789.  Conside- ra que la democracia es un concepto que provee los impulsos suficientes para consumar esta ampliación. Estima que facilita los avan- ces progresistas porque propaga un imaginario de equidad y supone que con la guía de este  principio se  pueden encarar “nuevas revoluciones” que “radicalicen la democracia”6.

Pero este  impulso nunca ha bastado  para implementar transforma- ciones significativas. El potencial igualitario que efectivamente contiene el concepto de democracia, no permite remover los obstáculos que in- terpone el capitalismo a la realización plena de ese proyecto. Sus ideales implícitos solo aportan un componente, al arsenal de recursos necesario para lograr ese objetivo. Pero existe otro problema. La democracia arras- tra múltiples significados. En su acepción formal o constitucionalista no socava al capitalismo, sino que refuerza a ese sistema. Por eso conviene aclarar siempre que la democracia socialista y burguesa son dos proyec- tos antagónicos y no escalones de concreción de una misma meta.

La propuesta de “radicalizar la democracia” desconoce  esta oposi- ción y concibe al socialismo como un estadio, que en algún momento emergerá del perfeccionamiento de las instituciones liberales. Propone alcanzar este  objetivo transitando el camino socialdemócrata de mejo- ras paulatinas del capitalismo, sin explicar porqué ese  recorrido falló tantas  veces.  Además, utiliza  el término “revolución democrática” en un sentido desconcertante,  como antónimo de cualquier subversión del orden vigente.

Lo que habitualmente se cataloga como gradualismo, conservaduris- mo o reformismo aquí se denomina revolución. La confusión es mayús- cula, porque con ese término se alude un acontecimiento explícitamente opuesto a la tradición jacobina o marxista. La revolución democrática no implica en este  caso  rupturas con el régimen capitalista, sino tan solo irradiaciones de un imaginario de igualdad, libertad y fraternidad.

Esta expansión se asemeja  más bien a un consenso  de creencias, que al ejercicio efectivo de la soberanía popular. Alienta una revolución democrática destinada a transformar las esperanzas,  los discursos o las narraciones, pero no la dura realidad de la vida social. Como este cambio es postulado, además, en convivencia con la ideología liberal, carece de cualquier punto de contacto con un programa socialista genuino.

Las revoluciones democráticas del pasado no se redujeron a modificar el imaginario de la población. Sacudieron al régimen opresor, a través de sublevaciones masivas que arrasaron con las instituciones de las cla- ses  dominantes. Estas  conmociones impusieron una escala de liberta- des públicas que siempre desbordó su localización inicial. La Revolución francesa  inauguró este  efecto de contagio, que se repitió en todos los continentes durante los últimos dos siglos.

Las conquistas democráticas siempre han requerido revoluciones pal- pables y no solo imágenes de sus resultados potenciales. Estos logros se obtuvieron en forma directa por el temor de las clases dominantes a un estallido, en una dinámica que persistirá en el futuro. Por esta razón la democracia plena emergerá  de procesos  revolucionarios y no de la “radicalización” de instituciones liberales.

El antecedente  jacobino o marxista no ha perdido vigencia. Se han tornado obsoletas las revoluciones burguesas,  pero no sus equivalentes democráticas.  Mientras que el primer tipo de convulsiones apuntaba  a despejar el desarrollo del capitalismo, la segunda  variante apuntó a ex- pandir los derechos de organización y expresión de los oprimidos. Ambos acontecimientos irrumpieron frecuentemente  en forma combinada, pero las revoluciones burguesas  fueron siempre hostiles a la intervención de las masas y transitaron un pasivo recorrido desde arriba. Las revoluciones democráticas se desarrollaron, en cambio, desde abajo y con gran sus- tento popular. La brecha entre ambos procesos —que era muy reducida en los albores del capitalismo— se ha transformado en la actualidad en un abismo.

Por esta razón, la revolución democrática tiene un alcance potencialmente socialista y su logro exige reformas, rupturas radicales y revolucio- nes. Impugnar este  vínculo es la antesala de la deserción social-liberal, que comienza acotando las mejoras al marco institucionalista y termina abandonando cualquier acción para obtener esas conquistas.

Un proceso real de revolución democrática desata  la resistencia de los poderosos y tiene implicaciones socialistas. Una vez traspasada  cier- ta frontera de concesiones, los capitalistas defienden encarnizadamente sus privilegios y generan  conflictos que convulsionan el orden vigente. La revolución constituye un momento esencial —aunque  no único, ni mágico— de gestación de la democracia socialista. Es un acontecimiento extraordinario que debe ser analizado con seriedad, sin abusar del térmi- no, ni deformar su contenido.



La omisión clasista

Los partidarios de radicalizar la democracia conciben su propuesta en oposición a cualquier razonamiento de clase. Atribuyen a este fundamento un sentido “esencialista” que obstaculiza la caracte- rización de los sistemas políticos. Propician, en cambio, un enfoque “posmarxista”, que permita identificar a todos los participantes de la batalla por expandir la democracia7.

¿Pero es posible analizar esta lucha ignorando su dimensión clasista? Cualquier observación histórica desmiente esta  pretensión. Durante si- glos las distintas interpretaciones de la democracia estuvieron asociadas con regímenes fundados en la superación de las clases, la generalización de una sola clase o la dominación de un grupo social sobre otro.

El primer planteamiento fue vislumbrado por los utopistas del Me- dioevo, retomado por los pensadores  comunistas y conceptualizado por Marx. La segunda  visión fue planteada por Rousseau,  que imaginó un sistema donde nadie acumulara riquezas suficientes para convertirse en explotador. Al igual que Jefferson,  pregonaba un régimen político sos- tenido en pequeños  productores independientes. El tercer enfoque fue planteado por el liberalismo clásico, que desde  la mitad del siglo XIX promovió el sufragio censitario. Esta variante nunca ocultó su marcado carácter de clase y su propósito de garantizar los privilegios de las clases opresoras. El fundamento clasista se encuentra, por lo tanto, presente en las tesis igualitaristas y en los proyectos de perpetuación de la des- igualdad. Discutir el sistema político omitiendo este sustento conduce al ilusorio terreno de la neutralidad social, que transitan todas las variantes del constitucionalismo. Estos  enfoques  desconocen  la distinción entre democracia formal y sustancial y difunden el mito de regímenes políticos supra-clasistas favorables al bien común.

Con esa  mirada resulta imposible reconocer cómo la estratificación social condiciona la vida política de cualquier sociedad de clases y de qué forma el constitucionalismo actual opera como un sistema de dominación de los privilegiados. Para clarificar este  carácter de clase los marxistas utilizan distintas denominaciones, como “democracia burguesa” o “capitalismo democrático”.

El condicionamiento clasista explica la brecha que separa al constitu- cionalismo actual de la democracia real. Si se omite este sustento pierde sentido la convocatoria a expandir la igualdad a todos los ámbitos de la sociedad, porque no se especifica cuál es el cimiento de la inequidad a corregir.

El análisis de clase es también indispensable para explicar las relaciones que vinculan a los distintos sectores  capitalistas (financiero, in- dustrial, de los servicios o el agro) con la elite burocrática que maneja el Estado. Esta brújula es vital, porque aporta la jerarquía analítica necesaria para comprender el rol de todos los actores del sistema político contemporáneo.

Lejos de introducir un estorbo “reduccionista”, el enfoque de clase es la llave maestra de esta indagación. Permite capturar cómo se posicionan objetivamente los distintos grupos dominadores y dominados en el esce- nario social. Este retrato es también indispensable para explicar porqué los trabajadores son periódicamente impulsados a chocar con un régimen político que los oprime.

El gran nubarrón de ambigüedades que rodea el proyecto de “radica- lizar la democracia” deriva de su indefinición clasista. Ese planteamiento promueve la igualdad pero olvida la explotación y auspicia la participación ciudadana sin definir qué rol juega cada sector popular. En su presen- tación más  audaz sugiere  algún desemboque  socialista, pero rechaza cualquier ruptura con el capitalismo. En síntesis: es un enfoque que ha perdido cualquier punto de contacto con la democracia socialista.



Regular los mercados

Dentro del multifacético universo de corrientes que propugnan la democracia participativa se  pueden distinguir dos grandes variantes. Un primer grupo radical promueve la intervención popular y adopta una perspectiva anticapitalista. Otro enfoque es afín a la socialdemocracia o al keyenesianismo y limita el activismo ciudadano a los marcos preestablecidos por las clases dominantes8.

El proyecto de la democracia socialista mantiene afinidades con la pri- mera variante y fuertes discrepancias con la segunda. Pero como todos los planteamientos se  entrecruzan, comparten escenarios  y demandas comunes,  no es  sencillo distinguir las compatibilidades y las divergen- cias. Estos posicionamientos se definen en la práctica política y también pueden ser aclarados en ciertos debates conceptuales. Esas discusiones actualmente involucran tres áreas: la regulación estatal, el espacio públi- co y la acción en los municipios9.

La propuesta de regular los mercados apunta en todas las iniciativas a reducir las desigualdades sociales y gestar una democracia real. En la perspectiva del socialismo y de las corrientes participativas radicales este control debe facilitar conquistas populares, desvinculando los derechos sociales (y porciones crecientes del salario) de las exigencias de inversión o rentabilidad. La función de esta desconexión es reforzar la cohesión de los trabajadores en su lucha contra el capital. Por el contrario, el enfo- que socialdemócrata o keynesiano propicia la regulación de los merca- dos para estabilizar el funcionamiento del capitalismo. Busca reducir la intensidad de los ciclos, disminuir el impacto de las recesiones y limitar el poder de los financieros. Las mejoras sociales son concebidas como un correlato de estos objetivos empresariales.

El trasfondo de esta  divergencia son objetivos históricos completa- mente opuestos.  El programa socialista busca reducir la gravitación de los mercados para facilitar su progresiva extinción en una sociedad sin clases.  El planteamiento keynesiano pretende,  en cambio, eternizar la presencia de estos organismos con el auxilio de la supervisión estatal.

Como el mercado es el mecanismo de intercambio a través del cual las empresas  realizan el plusvalor creado por los trabajadores en el pro- ceso de producción, la regulación de esa entidad puede servir para limitar esta explotación o para consolidarla. Los socialistas promueven el primer camino y los socialdemócratas el segundo.

Muchas propuestas de la democracia participativa navegan entre am- bas perspectivas sin definir una meta clara. Por esta  razón concentran sus demandas en el control de los mercados, eludiendo toda referencia al capitalismo y al socialismo. Pero  esta  omisión conduce  a múltiples confusiones, porque el mercado no es idéntico al capitalismo. Es uno de los cimientos de este modo de producción, que se sostiene también en el trabajo asalariado y la propiedad privada de los medios de producción.

A diferencia del capitalismo, el mercado no es un obstáculo absoluto para el desarrollo de una democracia genuina. Precedió durante siglos al régimen social actual y lo sucederá  durante un período significativo de transición socialista, que combinará formas económicas mercantiles y planificadas. Esta coexistencia perdurará el tiempo requerido para gestar una sociedad plenamente  igualitaria. Durante esa  fase  el mercado no será un impedimento total, sino un complemento posible de la soberanía popular.

El obstáculo inmediato para la concreción de una democracia real no es por lo tanto el mercado, sino el capitalismo. Si se aspira a conquistar la soberanía popular hay que enmarcar la exigencia de regular estos organismos en la perspectiva de erradicar el sistema de opresión que padece el grueso de la población.



Espacio público y localismo

La propuesta de ampliar la gravitación de la esfera pública plan- tea un problema semejante. Esta área se contrapone en prime- ra instancia con el ámbito privado de los negocios, la acumu- lación y el lucro, pero su ensanchamiento puede potenciar un proyecto keynesiano o anticapitalista.  Tal como ocurre con la regulación de los mercados, este  dilema acompaña a todo incremento de la pre- sencia estatal.

Algunas concepciones distinguen, sin embargo, la esfera pública de la órbita estatal, manifiestamente identificada con las instituciones coer- citivas y administrativas que gestionan las clases dominantes. El terreno público es presentado,  en cambio, como un área de intereses comunes de la población, que se ha gestado junto a la ciudadanía a medida que se afianzaron numerosas instituciones (escolares, culturales, asociativas), que mantienen cierta autonomía de las normas formales del Estado10.

Pero esta peculiaridad no convierte a la esfera pública en un ámbito neutral y ajeno a los dueños del poder. Solo plantea otra mediación de este  condicionamiento, en un terreno que se encuentra igualmente so- metido a la influencia ideológica y cultural de las clases que ejercen la hegemonía económica, política y militar de la sociedad.

Este control no adopta las formas explícitas que asume en la esfera privada, ni las modalidades coercitivas que caracterizan a la acción es- tatal. Pero se verifica en todas las normas que rigen bajo el capitalismo para adaptar la educación, la cultura, el entretenimiento o la vida cotidiana de los individuos a las necesidades  de este sistema. Este amoldamiento tiende a naturalizar el status quo e incluye desde la formación de la fuerza de trabajo hasta la manipulación de la información o la propagación de la ideología mercantil en los medios de comunicación.

En el marco del capitalismo la simple ampliación de la esfera pública no conduce a la democracia genuina. Esta extensión puede incluso con- tribuir al propósito opuesto de reforzar la reproducción del orden vigente si los dominadores afianzan su influencia. Es importante advertir esta posibilidad frente a los halagos indiscriminados de la esfera pública, que no definen el contenido de este  ámbito o encubren con esta  atractiva denominación la reivindicación del estatismo. Es falsa también la ideali- zación de ese campo como un área autónoma de gestación espontánea del igualitarismo. El espacio público está  sujeto a la influencia preemi- nente de las clases dominantes y este manejo tiende a perpetuarse si la participación popular no es orientada hacia un proyecto socialista. Una encrucijada semejante se plantea con la acción municipal. En este terre- no se  procesan  necesidades  perentorias que estimulan la intervención directa de la población. Esta participación puede incentivar movilizaciones de mayor alcance por reformas sociales en perspectivas anticapitalistas. Pero el localismo también puede conducir a comprimir la visión de los problemas sociales con miradas parroquiales y preocupaciones de cor- to alcance, que despolitizan la acción reivindicativa. Este estrechamiento termina convalidando el orden capitalista.

Es importante reconocer el doble filo del localismo, frente al deslum- bramiento que generó esta acción en sectores de la izquierda latinoame- ricana durante los últimos años. Con el argumento de “delegar el poder en la gente” se justificó en distintos países la suscripción de compromisos con sectores conservadores, que reforzaron el poder capitalista en varias alcaldías.

La regulación de los mercados, el ensanchamiento de la esfera pú- blica y la acción local son problemas que clarifican la inclinación de las distintas corrientes de la democracia participativa hacia proyectos social- demócratas o socialistas. Una experiencia práctica de estas  disyuntivas se ha podido verificar en Porto Alegre.

La elaboración colectiva del presupuesto municipal en esta localidad brasileña fue presentada  como el debut de un proceso general de de- mocratización de la sociedad. Se concibió a este proceso como el primer paso  hacia el control social del Estado y del mercado por parte de la mayoría popular11.



Balance de una experiencia

Ciertos analistas evalúan que al cabo de 12 años se ha logra- do en Porto Alegre un nivel de participación de la población que permite superar la pasividad constitucionalista. Estiman que el ciudadano se  convirtió en un sujeto protagónico que se apropia de la información y define los destinos del gasto.  Pero los propios gestores de la iniciativa también reconocen que este ensayo per- dió impulso, desembocó en discusiones fragmentarias y dejó un “sabor amargo”12.

En realidad esta experiencia demostró que ampliar los debates muni- cipales no equivale a construir poder popular. Ilustró todos los problemas que genera discutir un presupuesto local, cuya asignación se encuentra previamente acotada por la política neoliberal. Mientras que los recursos del Estado son manejados al servicio de los banqueros,  los municipios deben conformarse con una magra tajada.

El presupuesto participativo no ha sido un ensayo exclusivo de Porto Alegre. Fue aplicado desde 1978 en varias localidades de Brasil y se ex- perimentó en 140 municipios (que incluyeron 34 gobernados por alcaldes derechistas). Se ha practicado también en ciudades estadounidenses  y es adulado por el establishment latinoamericano y los tecnócratas  de la Naciones Unidas. Esta aceptación no confirma su “éxito”, sino el carácter inofensivo de una iniciativa municipal que perdió contenido radical.

Muchos críticos remarcan, además,  que los montos en debate solo involucraron al 10  o 20%  de los fondos en juego. Estas  asignaciones tuvieron un carácter indicativo, carecieron de mecanismos sindicales de co-decisión en aspectos que involucraban al mundo del trabajo e incluso favorecieron a los capitalistas locales13.

Es importante el debate de este balance con los autores que conci- bieron esa experiencia como un nexo privilegiado entre las democracias participativa y socialista. Estimaron que por esa vía se podrían lograr con- quistas populares, extender los principios democráticos a la economía y edificar la hegemonía cultural de los trabajadores14.

Pero ningún esbozo de este  rumbo se verificó en Porto Alegre. La iniciativa no alteró el manejo capitalista de los bancos, las empresas, los medios de comunicación, las instituciones militares o los organismos edu- cativos y sanitarios. Tampoco permitió gestar un polo progresista, porque fue absorbido por el régimen político de los dominadores. Este desenlace confirma que un rumbo emancipador no se abre paso sin rupturas con los capitalistas.

La idealización del presupuesto  participativo se  tornó más negativa cuando entroncó con el continuismo neoliberal de Lula. Esta coexistencia coincidió con el giro autoritario del PT, que se transformó en un cuerpo de administradores al servicio de los negocios empresariales. Porto Ale- gre y el gobierno de Lula forman parte de una misma frustración. Ambas experiencias corroboraron la imposibilidad de avanzar en un proyecto an- ticapitalista a través de una escalera de logros que debute en las munici- palidades, se afirme en las provincias y concluya en el gobierno nacional. Por ese camino se fortalecen las burocracias que empiezan hostilizando al movimiento social a nivel local y terminan administrando el país a favor del establishment.



Otra forma de intervención popular

El precedente  brasileño es vital para el futuro de Venezuela. En este  país la democracia participativa tiene rango constitucional desde  1999,  junto a otros logros que  consagran  conquistas sociales (derechos  de los indígenas, campesinos,  niños), nacionales (prohibición de bases  extranjeras) y democráticas (referéndum revocatorio, obligación de los funcionarios de rendir cuentas,  normas de control masivo).

La formalización de estos  derechos  no equivale, sin embargo, a su instrumentación práctica. En los hechos  predomina un escaso  control popular sobre la gestión pública. Los intentos de revertir este  padrinaz- go con “misiones” y “círculos bolivarianos” no han permitido hasta ahora superar esta  limitación. En un contexto de alta movilización popular, la autonomía de los movimientos sociales todavía es escasa.

Pero  a diferencia de  Brasil, el proceso  antiimperialista venezolano tiene gran profundidad. La derecha ha sufrido derrotas contundentes  y sus representantes  han sido desplazados del aparato estatal. Este curso podría afianzarse si los triunfos electorales que viene acumulando Chávez dan lugar a una mayor ruptura con el imperialismo y al surgimiento de un poder popular.

Una nueva secuencia  de nacionalizaciones en sectores  estratégi- cos —junto a la creación de los Consejos Comunales— podría apun- talar esta  radicalización. Pero  un salto hacia la democracia genuina requerirá que los recursos de esas  transformaciones contribuyan a la distribución del ingreso y no al enriquecimiento de grupos capitalis- tas. También exigirá que la participación popular asuma un contenido efectivo.

El rumbo del proceso bolivariano se dirime en gran medida a través de un conflicto entre tendencias a la democratización y al paternalismo. En un país históricamente moldeado por una economía y una cultura de rentismo petrolero, la intervención masiva es la llave para un despegue del socialismo del siglo XXI.



Dictadura del proletariado

Algunos enfoques socialistas asignan poca relevancia a la de- mocracia en el proyecto anticapitalista. Casi nadie rechaza el uso de este  término con algún adjetivo progresista (popular, antiimperialista, anticapitalista), pero ciertos autores objetan la representación, el pluralismo o la variedad de partidos. Estas visiones se apoyan en tres justificaciones teóricas: la dictadura del proletariado, el partido único y el consejismo.

La dictadura del proletariado es un lema con pocos defensores con- temporáneos. Fue utilizado por los marxistas revolucionarios para resaltar la necesidad de enfrentar con mecanismos coercitivos la resistencia de los capitalistas a perder sus privilegios. Se promovía quebrar estas cons- piraciones mediante un vigoroso ejercicio del poder popular.

Esta acepción genérica de la dictadura del proletariado —que Marx recogió del jacobino Blanqui— no ha perdido vigencia. La experiencia de- muestra que para revertir el despotismo del capital resultará indispensa- ble recurrir a respuestas populares contundentes. Pero esta constatación no esclarece el modelo político de una transición socialista.

Al igual que el variado régimen burgués (monarquía, autocracia, fas- cismo,  bonapartismo,  constitucionalismo), un  proceso  post-capitalista podría asumir múltiples formas. Y a este nivel del análisis el uso del tér- mino dictadura del proletariado pierde relevancia. Solo define un sustento de clase del Estado, sin clarificar mucho las formas de gobierno. Algunas versiones presentaron en el pasado  la dictadura del proletariado como una administración exenta de leyes. Pero esta caracterización contradice el propósito socialista de transparentar el sistema político. La ausencia (o vaguedad) de reglas solo abre el camino hacia el despotismo. Para evitar este peligro se necesita compatibilizar el ejercicio fuerte y controlado del poder, con procedimientos que expresen consenso en torno a las metas igualitarias de la nueva sociedad.

Pero existen otras razones para sustituir el estandarte de la dictadura del proletariado por la bandera de la democracia socialista. El primer tér- mino ha perdido la connotación positiva que presentaba  en la época de Marx o Lenin como opción frente a la autocracia y ha quedado en cambio asociado con el totalitarismo que prevaleció en la URSS.

Como en las últimas dos décadas se han registrado, además, grandes victorias democráticas en Latinoamérica y Europa del Sur, existe una generalizada identificación del término dictadura con cualquier tiranía mi- litar. Esta asociación es tan fuerte que muy pocos socialistas mencionan la dictadura del proletariado en su actividad política cotidiana. A lo sumo preservan el concepto para las discusiones en los pequeños ámbitos de la izquierda, pero frente el gran público soslayan esta consigna15.

Otros autores consideran necesario preservar la consigna de la dicta- dura del proletariado para evitar la involución política de la socialdemocracia o del eurocomunismo16. Pero olvidan que no es el mantenimiento o aban- dono de cierta fórmula lo que determina la fidelidad a una estrategia socia- lista. Por ejemplo, los tiranos stalinistas reivindicaban la dictadura del pro- letariado implementando una práctica nefasta para la lucha emancipatoria.

Tampoco la sustitución de la dictadura del proletariado por alguna noción más digerible —como “gobierno obrero o de los trabajadores”— resuelve los problemas. En lugar de ofrecer una “acepción popular” del controvertido término, esa sustitución conduce a jugar con las palabras.

En la tradición de la III  Internacional los dos conceptos  en debate perseguían objetivos específicos. Mientras que la dictadura del proletariado aludía a procesos revolucionarios en curso, el llamamiento a formar gobiernos de los trabajadores convocaba a forjar coaliciones obreras para desplazar a los partidos burgueses del gobierno. Sugerían opciones polí- ticas distintas para promover rupturas con el régimen capitalista.

El énfasis de la dictadura del proletariado —como un régimen transi- torio de fuerza— presenta erróneamente un proyecto liberador en función de sus potenciales adversidades. Olvida que el uso de la coerción para sostener  una transformación social no es una peculiaridad del socialis- mo. Ha sido la norma de todas las revoluciones y es un principio que las constituciones burguesas  lateralmente aceptan,  al autorizar recortes de las libertades públicas en circunstancias de conmoción o guerra.

Acentuar la importancia de la democracia en un proyecto socialista no es  una arbitrariedad, ya que obedece  a la profunda expansión del sentimiento democrático contemporáneo. Reconocer esta ampliación no es una capitulación, sino un índice de realismo. El estandarte de la demo- cracia plena no solo es vital para el socialismo, sino que además goza de gran consenso  actual y por esta razón el establishment lo manipula. La mejor respuesta frente a esta digitación es desenmascarar los engaños y no renegar de la democracia.



¿Partido único o pluripartidismo?

La preeminencia de un sistema pluripartidista o de partido único constituye otro aspecto  clave del modelo socialista. El colapso del esquema  piramidal que rigió en el ex “campo socialista” ha desprestigiado la tesis que postulaba el liderazgo exclusivo de una organización en la transición post-capitalista.

En el caso de la URSS y Europa Oriental, este ejercicio monopólico del poder facilitó la restauración del capitalismo cuando las burocracias que dirigían esos partidos decidieron reconvertirse en clases dominantes. Con muchas diferencias de tiempos y estrategias esta misma involución se está repitiendo en China. En ciertos países, el pluripartidismo formal solo com- plementaba esa deformación con la presencia de organizaciones fantas- males, que eran digitadas desde el poder central. La democracia socialista implica diversidad real de partidos, libertad de expresión y contraposición efectiva de proyectos que expresen a los distintos sectores de la población.

Algunas deformaciones del mono-partidismo provienen de la gene- ralización abusiva de la experiencia bolchevique. La primera revolución socialista indujo ensayos de repetición, que olvidaron las singularidades y los errores de esa gesta. La idea de crear un sistema de partido único nunca figuró en el proyecto inicial de Lenin. Fue un resultado de la guerra civil, la agresión imperialista y el fracaso de la revolución en Europa. Aun- que era una medida transitoria —destinada a defender el poder soviético frente a las fuerzas invasoras— fue teorizada como una regla de toda transición socialista. Se transformó la necesidad en virtud, favoreciendo un dogma que fue sacralizado durante décadas.

Trotsky fue la primera víctima de estos errores. Tras oponerse durante años  al partido centralizado que pregonaban  los bolcheviques, cambió de posición y proclamó la necesidad de suprimir a todas las organizacio- nes adversas a ese liderazgo. Las atrocidades de Stalin lo convencieron posteriormente de la necesidad  del pluripartidismo en una democracia soviética. En esta  revisión también cuestionó el principio de homoge- neidad política de las clases populares en una sociedad post-capitalista. Reivindicó la conveniencia de canalizar la variedad de opiniones en parti- dos diferenciados17.

El multipartidismo  es un principio esencial de la democracia socialista, aunque su aplicación resulte muy compleja durante los períodos de en- frentamiento más duros con las clases opresoras. La historia demuestra cuán brutal es la resistencia que oponen estas  minorías. Pero también indica que el éxito de la respuesta  popular depende  de la capacidad de los revolucionarios para mantener el aval mayoritario de la población. Este sostén no puede preservarse a medio plazo con regímenes dictatoriales. El gran desafío de una transformación anticapitalista es afrontar las cons- piraciones capitalistas, perfeccionando al mismo tiempo la democracia socialista.



Cuba y Venezuela

Estas  observaciones son importantes para el porvenir de Cuba porque este futuro se dirime en torno a tres opciones: mante- ner el sistema actual, introducir el constitucionalismo burgués o gestar el pluripartidismo socialista. El trasfondo de esta reorganización será la restauración capitalista —que imposibilitaría la democra- cia sustancial— o la renovación socialista que facilitaría esa meta.

El contexto de estas opciones ha variado significativamente en com- paración a la década pasada. La gran adversidad para profundizar el rumbo socialista ya no es el colapso económico, el aislamiento internacional, el auge del neoliberalismo o el derrumbe de la URSS. Las dificultades se  concentran en la potencial apatía de la población. Esta indiferencia alimenta las tendencias a la corrupción y a los privilegios, que acumulan los interesados en una involución capitalista.

Pero lo importante es registrar que estas tensiones ya no se inscriben en el marco internacional adverso de los años  90.  Se  procesan  en el auspicioso contexto que han creado las rebeliones populares en América Latina y el ascenso  de nuevos gobiernos nacionalistas radicales. El re- troceso del imperialismo, el desprestigio del neoliberalismo y los nefastos resultados de la restauración en Rusia o Europa Oriental afianzan este favorable contexto.

Cualquier reflexión sobre la renovación socialista exige reconocer pri- mero la excepcional hazaña de supervivencia que ha logrado la Revolu- ción cubana durante la última década.

Sin comprender las raíces de este  extraordinario mérito, no es po- sible entender las enormes diferencias cualitativas que siempre distin- guieron a Cuba de la URSS. Esta incomprensión conduce a visiones sombrías o carentes de opción, que no sugieren caminos para gestar el pluralismo socialista18. En este análisis, nunca se debe olvidar la situa- ción que enfrenta una pequeña isla asediada por el coloso imperialista. Este acoso determina que los ritmos y las formas de liberalización po- lítica sean compatibles con las restricciones que imponen las conspira- ciones del Pentágono.

El debate  sobre el partido único ha sido también actualizado por la convocatoria de Chávez a conformar una organización política que en- cabece  el proceso bolivariano. No es un llamado a reproducir el modelo mono-partidario de la URSS, ni a eliminar la presencia de múltiples or- ganizaciones.

Propone aglutinar bajo un mando único a los partidarios del proceso actual y no cierra el camino hacia el pluralismo socialista del futuro. En la coyuntura actual, esta iniciativa se ubica en el centro de la gran disputa entre avanzar hacia un curso anticapitalista o congelar las transformacio- nes a favor de un modelo capitalista19.

En el campo de la izquierda existen legítimas prevenciones contra este esquema.  Hay serios interrogantes sobre la vida política interna de esa organización, en un marco de manejos desde arriba y exigencias de sometimiento al rumbo oficial20. Pero también han aparecido cuestiona- mientos equivocados.

Algunos autores sostienen que el partido único forma parte de una ideología estatal, opuesta a la tradición libertaria de los movimientos so- ciales. Otros identifican la época de los partidos con el siglo XX y la nueva centuria con los movimientos sociales. También afirman que el primer tipo de organizaciones conduce a la profesionalización de los políticos y genera intermediaciones innecesarias21.

Estos enfoques no toman en cuenta la complementariedad entre mo- vimientos y partidos y tampoco desentrañan  los intereses  sociales en juego. Hay tantos movimientos reaccionarios como partidos progresis- tas y viceversa, ya que los defensores  del capitalismo y los promotores de su erradicación actúan en ambas modalidades de agrupamientos. El partido no es una estructura periclitada. Conforma un tipo de organiza- ción necesaria para la lucha por el poder, que no puede ser reemplazada por articulaciones que canalicen reivindicaciones parciales o sectoriales de los oprimidos (desocupados,  indígenas, campesinos, mujeres). Esas diferencias cualitativas se  diluyen cuando ciertos movimientos se  con- vierten en partidos, manteniendo su denominación original. También en los episodios electorales decisivos se corrobora que los movimientos no sustituyen a los partidos. Estos acontecimientos han sido decisivos en el surgimiento de varios gobiernos nacionalistas-radicales.

La relevancia de los partidos no desmiente su desprestigio, ni supone reivindicar el vanguardismo o la auto-proclamación sectaria, que carac- teriza a muchas organizaciones pequeñas de izquierda. Los partidos son útiles en la medida que contribuyan al desarrollo de la conciencia socialis ta y al procesamiento colectivo de las experiencias de lucha. Son organi- zaciones que aportan cimientos para un futuro régimen político socialista. Objetar su existencia equivale a postular en los hechos alguna forma de unanimidad forzada, contraria al objetivo de la democracia plena.



Los problemas del consejismo 1

La democracia socialista presupone no solo multipartidismo, sino también sufragio y representación indirecta. Estos mecanismos se gestaron junto al capitalismo, pero sobrevivirán a sus restrictivas condiciones de aparición histórica. Al igual que otros logros

universales de  la civilización,  estos  dispositivos serán  cualitativamente transformados por el socialismo. Esa recuperación no fue considerada por los líderes de la Revolución rusa, que se  inspiraron en la Comuna de París para promover el modelo consejista que fue abortado por la tiranía estalinista. La escasa duración de este experimento —reivindicado actualmente por varias corrientes de la izquierda— torna muy difícil su evaluación. Al igual que la democracia socialista, esta  propuesta cons- tituye tan solo una hipótesis, que debe ser analizada en función de su congruencia con el propósito de erigir una sociedad emancipada.

Las dificultades que genera  la conversión de organismos populares —creados  para derrocar a un régimen opresor— en estructuras  esta- tales se vislumbraron antes del copamiento estalinista. Estos problemas quedaron ensombrecidos por el extraordinario impacto de la Revolución rusa, que también diluyó las diferencias de los soviets con la Comuna de París. Este precedente se inspiró en la tradición federalista proudhoniana de organización comunal e incluía el principio republicano del sufragio universal. En cambio, su equivalente soviético se forjó en los lugares de trabajo de la clase obrera y se extendió por la guerra a los soldados y campesinos. El pilar de este sistema no fue el territorio, sino las fábricas y el ejército. Lenin intentó gestar un sistema político a partir de los organis- mos que consumaron el éxito de la revolución. Parecía lógico continuar la transición socialista institucionalizando el funcionamiento de estas estructuras. Pero este proyecto presuponía un acelerado proceso de extinción del Estado, que convertiría a los soviets en los precedentes inmediatos de la sociedad comunista. El líder bolchevique esperaba concretar esta ver- tiginosa transición socialista con el sostén de la democracia directa. No descartó el pluralismo y la representación indirecta por su “predisposición tiránica”, sino por su entusiasta expectativa en esa evolución. Su apuesta chocó con el atraso, el aislamiento y la devastación que enfrentó la na- ciente Unión Soviética. A la luz de lo sucedido, cabe suponer que en un escenario más favorable, tampoco sería factible esa acelerada disolución de la estructura clasista.

Los consejos enfrentan todas las dificultades de funcionamiento que afectan a la democracia directa en sociedades  extendidas, complejas y numerosas. El esquema cantonalista —que prescinde de la delegación— es poco viable en cualquier conglomerado urbano del siglo XXI.

Pero, además, resulta inconveniente eludir la representación indirec- ta. La sustitución del sufragio por esquemas  piramidales de delegados no transparenta la acción política, sino que genera fuertes tendencias a la centralización, la burocracia y la primacía de grupos de interés en los niveles intermedios de esa estructura. La idealización de los soviets como realización de la democracia auténtica omite estos obstáculos22.



Los problemas del consejismo 2

Frecuentemente se afirma que Marx, Engels o Luxemburg postularon el esquema consejista, olvidando que también consideraron otras opcio- nes y que esta invocación de autoridad no clausura el problema. También se plantea que el modelo debutó exitosamente en 1917  y fue distorsio- nado en 1923, como si todo lo ocurrido antes y después de ese interludio mítico careciera de importancia. No es muy productivo cuestionar los ele- mentos históricamente progresivos de la ciudadanía (sufragio, derechos políticos, representatividad, igualdad ante la ley, justicia independiente, separación de poderes), sin aclarar qué se propone a cambio. Algunos analistas –que afrontan con seriedad el tema— estiman que el modelo territorial-comunal podría prevalecer en el futuro sobre los soviets, como consecuencia  de la relocalización  fabril que está  remodelando a la cla- se obrera a escala global. Observan una eventual anticipación de esta tendencia  en  ciertas sublevaciones populares recientes  (como El Alto en Bolivia)23. Pero de estos acontecimientos no surge ningún indicio de viabilidad de los consejos como pilares de un sistema político socialista. La historia solo ha corroborado la necesidad de estos  organismos para concretar un giro anticapitalista, pero no hay indicios de sus  ventajas para erigir una sociedad socialista. Algunos autores estiman que la ins- tauración de formas parlamentarias constituiría una regresión frente al poder popular surgido en un proceso revolucionario24. Pero omiten que las estructuras políticas requeridas para consumar esta sublevación, no son idénticas a las requeridas para edificar el nuevo sistema. Distinguir entre ambas funciones es importante, porque algunos organismos que son vitales para etapas  convulsivas pierden utilidad en los períodos de mayor estabilidad.

El protagonismo popular es muy diferente en ambas situaciones por- que la predisposición de las masas para actuar vigorosamente se modi- fica y la finalidad originaria de los soviets, consejos o comunas se altera. Reconocer esta dinámica no implica postular ningún tránsito legislativo, pacífico o socialdemócrata al socialismo. Este salto anticapitalista reque- rirá un camino de rupturas revolucionarias. Pero  el debate  no gira en torno a este curso, sino a la naturaleza del sistema político socialista. Son dos temas enlazados, pero no idénticos y en la actualidad es tan impor- tante definir estrategias de poder, como esclarecer proyectos de funcio- namiento del régimen anhelado. Otros enfoques señalan que el modelo soviético es irreemplazable para permitir el rol dirigente del proletariado en una transformación socialista. Destacan que, en el antecedente  ruso, los consejos situaron a la clase obrera en ese  lugar25. Pero olvidan que las circunstancias específicas de 1917 no crearon un principio inamovible de estrategia socialista. La Revolución bolchevique exigía la hegemonía de la clase obrera frente a una voluble masa campesina, en un país im- perial atrasado, convulsionado por la guerra y desintegrado por siglos de autocracia.

Otros procesos revolucionarios asumieron formas muy diferentes, con intervenciones más activas de los campesinos (China), prolongadas gue- rras populares (Vietnam) o epicentros en la resistencia antiimperialista (Cuba).

Esta variedad confirma que existen múltiples caminos hacia la trans- formación anticapitalista y también que en su desenvolvimiento los explo- tados ocupan un papel estratégico dentro de la masa de los oprimidos. Pero esta centralidad no queda resumida en la restrictiva consigna que plantea la “conducción de la revolución por parte de la clase obrera”. El mayor problema no es proclamar este liderazgo, sino identificarlo con la sobre-representación del proletariado y un recorte de los derechos políticos que corresponden al resto de los oprimidos. En este caso se postula una modalidad de voto calificado, que es  totalmente incompatible con las alianzas populares y los principios igualitarios que exige el socialismo.



Una síntesis con historia

La democracia socialista retoma la amplitud de miras que demos- traron Marx y Engels. Ambos teóricos observaron con atención los esquemas  territoriales de democracia directa (Comuna de Paris) y las modalidades de representatividad indirecta, surgidas de la lucha por el sufragio universal (Inglaterra) y la acción parlamentaria (Alemania). Se guiaron por el curso real de los acontecimientos y man- tuvieron un estrecho  contacto con los movimientos sociales existentes (cartistas, comuneros, socialdemócratas). Estas actitudes indican crite- rios para actuar en el siglo XXI.

También Luxemburgo mantuvo varias posiciones frente al dilema so- viets-parlamento. Postuló un enfoque consejista, pero también resaltó el significado de las conquistas democráticas logradas por los socialis- tas. Esta postura explica su crítica a la prescindencia bolchevique de una asamblea constituyente para legitimar el régimen creado en 1917.  Tam- bién determinó su cuestionamiento a las restricciones impuestas durante esa gesta a los partidos y a las libertades públicas26.

Desde una apasionada actitud de defensa de la revolución, Luxem- burg objetó la descalificación de la representación  electoral y el uso del terror. Distinguió este deplorable recurso —que desmoraliza e im- pide el crecimiento político de las masas—  de la necesaria  violencia que  acompaña  a  toda  transformación anticapitalista. Pero  no vaciló en denunciar también el alineamiento contrarrevolucionario de la so- cialdemocracia y su violenta represión de  los embrionarios consejos creados durante la Revolución alemana de 1918.  No estuvo atada al dogmatismo soviético, pero tampoco se ubicó en el polo opuesto de la conciliación reformista.

Luxemburg aporta la mejor síntesis entre acción revolucionaria y pro- moción de la soberanía popular que necesita un proyecto contemporáneo de democracia socialista. Pero conviene recordar que también Lenin de- fendió distintos cursos para un régimen socialista antes de octubre. Des- pués de ese  desenlace  enfrentó la dura arremetida que la socialdemo- cracia perpetró contra la revolución con el estandarte  de la democracia. En ese duro contexto Lenin desplegó una crítica indiscriminada contra el constitucionalismo y minimizó las conquistas democráticas contenidas en este sistema.

Este aspecto  salió a flote en su propia polémica posterior contra la “enfermedad infantil”  de  los izquierdistas, que  rechazaban  toda  inter- vención parlamentaria. La adecuación a las circunstancias cambiantes fue un rasgo de los líderes bolcheviques, que se  observó también en el giro de Trotsky desde  el partido único al pluripartidismo. El debate sobre la democracia socialista quedó polarizado durante varias décadas entre el consejismo (asociado con la revolución) y la representación in- directa (identificada con la capitulación socialdemócrata). Esta antinomia comenzó a superarse a fines de los 70, bajo el impulso de varios teóricos marxistas —como Miliband, Poulantzas o Mandel— que desde posturas muy diferentes aportaron nuevas bases para un proyecto de democracia socialista. Realzaron el carácter sustancial, representativo, participativo, pluralista y multipartidario de este  sistema27.  Esta propuesta perdió in- terés durante el ascenso  del neoliberalismo y el desplome de la URSS, pero tiende actualmente a recuperar influencia, especialmente en Amé- rica Latina.



Sentidos y dificultades

La construcción de  una  democracia socialista tendrá  que  integrar aspectos  parciales de  varias experiencias contemporáneas.  Absorberá elementos del constitucionalismo, de los esbozos de la democracia par- ticipativa, de los intentos de democracia directa y de las dificultades del consejismo. Pero nunca deberá perder de vista que los oprimidos son los artífices de un proyecto centrado en la erradicación del capitalismo.

Confiar en la acción de las masas es la condición para gestar un siste- ma político no elitista. Esa intervención no sigue una línea recta e incluye múltiples deformaciones (divisiones, enconos,  despolitización), pero es la única vía de experimentación hacia el autogobierno. Si se temen los efectos  de esta  irrupción —que siempre adopta formas sorpresivas y desprolijas— el proyecto socialista no saldrá a la superficie.

Este  programa es  irrealizable bajo el capitalismo, pero no se  con- sumará automáticamente con la superación de ese  sistema.  Tampoco surgirá del entierro del pasado, ni de la expectativa romántica de gestar un mundo mágico desde  el vacío. El nuevo régimen deberá  conjugar innovaciones con herencias  y enlazará los distintos mecanismos  de la democracia directa e indirecta.

Es importante reconocer también que la futura democracia socialista será un sistema contradictorio y pleno de tensiones. No materializará la armónica estación final del progreso humano que se imaginó en el pasa- do. El gran cambio se verificará en el procesamiento y no en la inexisten- cia de esos conflictos. La propia participación popular es un tema con- trovertido. Esta presencia aumentaría cualitativamente con la reducción de las desigualdades sociales, la mejora del nivel de vida y la existencia de mayor tiempo disponible para los asuntos de la colectividad. Pero no erá sencillo asegurar una participación perdurable, que exprese siempre impulsos voluntarios ajenos a las presiones de los dirigentes.

En la tradición republicana se reconoce la existencia de un conflic- to entre el ideal cívico (heroísmo militar, trabajo voluntario, compromiso ciudadano) y el desarrollo personal. En el universo socialista esta misma tensión opone la acción militante con el repliegue a la vida privada. Este dilema expresa la compleja individualidad contemporánea y obliga a con- cebir simultáneamente mecanismos de participación y delegación. Inci- dir sobre los procesos políticos —con el derecho a no actuar— debería constituir un rasgo de la democracia socialista. Esta norma se asentaría en el nuevo consenso  creado en torno a los principios de igualdad. En lugar de intentar alcanzar el ideal de perfectibilidad humana que legó la Ilustración se promovería un individualismo socializado, es decir desarro- llos de sujetos muy diferenciados, pero asociados en un proyecto común de cooperación, equidad y solidaridad.

La democracia plena es realizable bajo el socialismo y debe ser rei- vindicada sin prevenciones ni reservas. La construcción de la nueva so- ciedad ya no enfrenta limitaciones de recursos materiales. El obstáculo actual es la vigencia de un régimen de explotación, competencia y bene- ficio, que no tolera la igualdad. La democracia socialista es una opción frente a este sistema y su discusión actual en América Latina concentra las polémicas más fructíferas y apasionantes de nuestra época.