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Actualmente en España las radios y televisiones siguen siendo medios masivos. La existencia de Internet no ha supuesto la caída en desgracia de estos medios ni tampoco de los periódicos, los cuales siguen teniendo millones de lectores aunque ahora combinen el papel con lo electrónico. Esto se debe a que toda persona precisa de estar informada para evitar aislarse del mundo, de la realidad que le rodea y que le afecta directa o indirectamente. Por lo tanto, la comunicación en una necesidad fundamental.
Pero actualmente, ninguno de estos medios son de comunicación, son medios de información. Medios que emiten constantemente mensajes mientras que los espectadores los reciben. Pero la comunicación es un proceso más complejo, donde el propio receptor también trasmite, es un receptor activo. Esa es nuestra realidad, recibimos toneladas de información con los adornos y guirnaldas que a los propietarios de esos medios les interesa. Una información construida para los intereses empresariales, para lograr en todo momento aumentar sus beneficios
En nuestro país no existe prensa que no sirva a los intereses de un grupo o un único individuo. Cuando un bien público, como es el espacio radioeléctrico, y unas necesidades básicas, como la cultura y el ocio, se entregan a manos privadas o se deja bajo la administración incontrolada de los diferentes gobiernos central o autonómicos, ellos marcan sus contenidos para conseguir grandes sumas de dinero y/o crear climas de opinión favorable a sus intereses políticos. Muchos han llamado a la prensa “el cuarto poder”, pero la realidad es que responde exactamente al mismo poder que hay detrás del legislativo, ejecutivo y judicial: los grandes empresarios y banqueros.
Marcan la agenda política y se aseguran de que en España sólo se hable de lo que a ellos les interesa. El debate público depende de lo que ellos hayan querido exponer. Sólo muestran sus versiones de los hechos, que son aquellas que el ciudadano medio suele esgrimir al faltarle información por no estar presente en el lugar o el momento de la noticia, llevando finalmente las opiniones en los debates públicos a puntos irreconciliablemente absurdos que permiten a los poderosos actuar libremente, o creando una corriente de opinión única sobre algunos temas que esta oligarquía cree totalmente necesarios, como la criminalización de los movimiento populares y sindicales o la “legitimidad” de las guerras imperialistas, como en Afganistán, Iraq o Libia.
La predominancia de las empresas privadas ha creado un modelo de televisión nefasto tanto a nivel de ocio como cultural. La secciones de entretenimiento no ofrecen una programación que haga extensivos valores fundados en la igualdad, la cooperación, la colectividad y la participación. En su lugar difunden contenidos donde los valores predominantes fomentan la fractura entre trabajadores y mayorías populares mediante actitudes y conductas como el individualismo, el egoísmo, el machismo, la violencia, la intolerancia, la existencia de “ideas universales” que no deben ser discutidas, la competitividad o la envidia.
Si a todo esto le sumamos el uso de elementos culturales como la música, el cine, las series o el deporte únicamente como herramientas comerciales, vemos su devaluación. Mientras disfrutamos de ellos nos vemos saturados constantemente por la publicidad. Un bombardeo de información constante que, como principal fuente de financiación, va convirtiéndose en quien condiciona la programación. No es extraño ver series o programas culturales que son cancelados porque no son capaces de competir contra programas del corazón. O el fútbol convertido en un espectáculo más allá del campo donde los dijes y diretes son noticias constantes, que además de distraer la atención de asuntos socialmente más importantes, consiguen miles de millones de euros en base a noticias intrascendentes que, posteriormente, servirán para continuar especulando en el futbol, permitiendo blanquear dinero a los propietarios de los grandes clubes.
Mientras tanto las televisiones o radios públicas se han convertido en herramientas de manipulación del gobierno de turno. Aunque algunos contenidos cumplan con los objetivos culturales y de entretenimiento que debieran, o se ven metido en el juego empresarial compitiendo con otras cadenas (como le sucede a las autonómicas) o se ven lastrada por la falta de financiación como RTVE.
¿Hacia dónde nos encaminan?
El objetivo que tiene la oligarquía es mantener un modelo que ellos controlen y pretenden que sea algo cada vez más seguro. Al igual que sucede con el resto de sectores, los grupos editoriales y de comunicación tienden a concentrar en pocas manos los medios. A pesar de la diversificación que existió con la TDT al poco tiempo tanto La Sexta como Cuatro fueron compradas y la tendencia es que esto siga ocurriendo en todos los grupos mediáticos españoles. Poco a poco los más fuertes se irán imponiendo sobre los más débiles. Esto obviamente creará una menor diversidad de líneas editoriales y por lo tanto los climas de opinión se verán reducidos cada vez más a lo que quiera un grupo privado cada vez más reducido.
La siguiente tendencia es a ir haciendo desaparecer los medios públicos en favor de estos grupos mediáticos privados. La falta de financiación reduce la capacidad de RTVE, que únicamente se mantiene como baluarte de los diferentes gobiernos que pasan por la Moncloa. Mientras tanto las televisiones de las comunidades autónomas sufrirán diferentes procesos. En Murcia se le ha entregado la gestión a una empresa privada, en la Comunidad Valenciana y en Madrid pretenden reducir su personal o incluso cerrarlas. En cambio en Cataluña, Canarias, Galicia, el País Vasco y Andalucía es posible que estas cadenas se mantengan ya que conservan una gran audiencia y siguen siendo de utilidad para los diferentes grupos empresariales privados y políticos que mantienen cotas relevantes de poder en los gobiernos autonómicos.
Los derroteros que llevará el contenido no están fijados, sin embargo está claro qué valores transmitirán; aquellos propios de este sistema corrupto donde se fomenta la competitividad, la normalización de la explotación, la corrupción y el desamparo, el morbo, la individualidad, todos aquellos valores que invitan a mantener el status quo y la desorganización.
¿Qué proponemos?
La comunicación es un bien de toda la sociedad, en la actualidad estos medios de difusión son esenciales para construir una democracia para la mayoría trabajadora y popular. Sin una información veraz, sin un debate social sano, no puede existir verdadera democracia, ya que nos vemos sumido en el desconocimiento y la manipulación. Por esa razón es necesario proporcionar igualdad de oportunidades, la transmisión y recepción de información sin trabas, ejercer nuestro derecho a la información.
De ahí la necesidad de unos medios de comunicación públicos de control popular. Para ello sus gestores deben ser elegidos por el pueblo al margen de cualquier gobierno, siendo su elección completamente revocable por un acuerdo popular. Deben abrirse espacios diarios al conjunto de la sociedad, asegurándose que las opiniones, sobre todo de la mayoría, sean escuchadas, pero abriendo espacios para que las minorías sin medios puedan expresarse. Es principio fundamental plantear noticias hablando de los hechos, con información contrastada y mostrando las diversas opiniones al respecto, abriendo el debate al conjunto de la sociedad. Los contenidos deben basarse en unos principios de igualdad, libertad, solidaridad, cooperación y participación.
Por su parte debe servir como transmisor de cultura, tanto con contenidos propios como ventana a aquellos artistas e intelectuales de nuestro país, dando oportunidades para que el público descubra nuevas ideas y talentos sin mediar ningún interés económico de por medio.
Las televisiones privadas deberán pagar impuestos suficientes para que financien al completo los presupuestos necesarios para esta televisión de calidad, de tal manera que aquellos que quieran crear sus propios aparatos de difusión y manipulación ideológica sostengan los medios de comunicación de la mayoría.
También debe promulgarse una severa ley de contenidos comunicativos en los que los medios de comunicación privados sean sancionados por verter información falsa, difamar o manipular la opinión pública para sus intereses. En caso de demostrar que estos medios actúan de manera irresponsable y contraria al bienestar de la mayoría estos medios deben ser expropiados y puestos bajo el control popular, pasando su dirección, gestión y organización a ser responsabilidad de los trabajadores del medio.
Finalmente es necesario elaborar una normativa en la que cualquier medio de iniciativa privada no pueda recibir financiación de una entidad empresarial lucrativa o de cualquier entidad bancaria privada. Los medios de comunicación deben servir al análisis y cobertura de lo que en realidad está pasando, no a la desvirtuación de los hechos en beneficio de una minoría oligarca.
La comunicación no es un negocio, es un derecho. Mentir y engañar por los intereses de unos pocos es algo intolerable, por esa razón nunca estarán dispuestos a darle el control al pueblo, pero es nuestro deber conseguirlo para evitar que sigan manipulándonos y riéndose de nosotros. Es deber de la mayoría tomar las riendas de nuestra comunicación para que no nos tomen por tontos.
Para que la comunicación sea un derecho y no un negocio.
¡Construyamos democracia para la mayoría!
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Actualmente en España las radios y televisiones siguen siendo medios masivos. La existencia de Internet no ha supuesto la caída en desgracia de estos medios ni tampoco de los periódicos, los cuales siguen teniendo millones de lectores aunque ahora combinen el papel con lo electrónico. Esto se debe a que toda persona precisa de estar informada para evitar aislarse del mundo, de la realidad que le rodea y que le afecta directa o indirectamente. Por lo tanto, la comunicación en una necesidad fundamental.
Pero actualmente, ninguno de estos medios son de comunicación, son medios de información. Medios que emiten constantemente mensajes mientras que los espectadores los reciben. Pero la comunicación es un proceso más complejo, donde el propio receptor también trasmite, es un receptor activo. Esa es nuestra realidad, recibimos toneladas de información con los adornos y guirnaldas que a los propietarios de esos medios les interesa. Una información construida para los intereses empresariales, para lograr en todo momento aumentar sus beneficios
En nuestro país no existe prensa que no sirva a los intereses de un grupo o un único individuo. Cuando un bien público, como es el espacio radioeléctrico, y unas necesidades básicas, como la cultura y el ocio, se entregan a manos privadas o se deja bajo la administración incontrolada de los diferentes gobiernos central o autonómicos, ellos marcan sus contenidos para conseguir grandes sumas de dinero y/o crear climas de opinión favorable a sus intereses políticos. Muchos han llamado a la prensa “el cuarto poder”, pero la realidad es que responde exactamente al mismo poder que hay detrás del legislativo, ejecutivo y judicial: los grandes empresarios y banqueros.
Marcan la agenda política y se aseguran de que en España sólo se hable de lo que a ellos les interesa. El debate público depende de lo que ellos hayan querido exponer. Sólo muestran sus versiones de los hechos, que son aquellas que el ciudadano medio suele esgrimir al faltarle información por no estar presente en el lugar o el momento de la noticia, llevando finalmente las opiniones en los debates públicos a puntos irreconciliablemente absurdos que permiten a los poderosos actuar libremente, o creando una corriente de opinión única sobre algunos temas que esta oligarquía cree totalmente necesarios, como la criminalización de los movimiento populares y sindicales o la “legitimidad” de las guerras imperialistas, como en Afganistán, Iraq o Libia.
La predominancia de las empresas privadas ha creado un modelo de televisión nefasto tanto a nivel de ocio como cultural. La secciones de entretenimiento no ofrecen una programación que haga extensivos valores fundados en la igualdad, la cooperación, la colectividad y la participación. En su lugar difunden contenidos donde los valores predominantes fomentan la fractura entre trabajadores y mayorías populares mediante actitudes y conductas como el individualismo, el egoísmo, el machismo, la violencia, la intolerancia, la existencia de “ideas universales” que no deben ser discutidas, la competitividad o la envidia.
Si a todo esto le sumamos el uso de elementos culturales como la música, el cine, las series o el deporte únicamente como herramientas comerciales, vemos su devaluación. Mientras disfrutamos de ellos nos vemos saturados constantemente por la publicidad. Un bombardeo de información constante que, como principal fuente de financiación, va convirtiéndose en quien condiciona la programación. No es extraño ver series o programas culturales que son cancelados porque no son capaces de competir contra programas del corazón. O el fútbol convertido en un espectáculo más allá del campo donde los dijes y diretes son noticias constantes, que además de distraer la atención de asuntos socialmente más importantes, consiguen miles de millones de euros en base a noticias intrascendentes que, posteriormente, servirán para continuar especulando en el futbol, permitiendo blanquear dinero a los propietarios de los grandes clubes.
Mientras tanto las televisiones o radios públicas se han convertido en herramientas de manipulación del gobierno de turno. Aunque algunos contenidos cumplan con los objetivos culturales y de entretenimiento que debieran, o se ven metido en el juego empresarial compitiendo con otras cadenas (como le sucede a las autonómicas) o se ven lastrada por la falta de financiación como RTVE.
¿Hacia dónde nos encaminan?
El objetivo que tiene la oligarquía es mantener un modelo que ellos controlen y pretenden que sea algo cada vez más seguro. Al igual que sucede con el resto de sectores, los grupos editoriales y de comunicación tienden a concentrar en pocas manos los medios. A pesar de la diversificación que existió con la TDT al poco tiempo tanto La Sexta como Cuatro fueron compradas y la tendencia es que esto siga ocurriendo en todos los grupos mediáticos españoles. Poco a poco los más fuertes se irán imponiendo sobre los más débiles. Esto obviamente creará una menor diversidad de líneas editoriales y por lo tanto los climas de opinión se verán reducidos cada vez más a lo que quiera un grupo privado cada vez más reducido.
La siguiente tendencia es a ir haciendo desaparecer los medios públicos en favor de estos grupos mediáticos privados. La falta de financiación reduce la capacidad de RTVE, que únicamente se mantiene como baluarte de los diferentes gobiernos que pasan por la Moncloa. Mientras tanto las televisiones de las comunidades autónomas sufrirán diferentes procesos. En Murcia se le ha entregado la gestión a una empresa privada, en la Comunidad Valenciana y en Madrid pretenden reducir su personal o incluso cerrarlas. En cambio en Cataluña, Canarias, Galicia, el País Vasco y Andalucía es posible que estas cadenas se mantengan ya que conservan una gran audiencia y siguen siendo de utilidad para los diferentes grupos empresariales privados y políticos que mantienen cotas relevantes de poder en los gobiernos autonómicos.
Los derroteros que llevará el contenido no están fijados, sin embargo está claro qué valores transmitirán; aquellos propios de este sistema corrupto donde se fomenta la competitividad, la normalización de la explotación, la corrupción y el desamparo, el morbo, la individualidad, todos aquellos valores que invitan a mantener el status quo y la desorganización.
¿Qué proponemos?
La comunicación es un bien de toda la sociedad, en la actualidad estos medios de difusión son esenciales para construir una democracia para la mayoría trabajadora y popular. Sin una información veraz, sin un debate social sano, no puede existir verdadera democracia, ya que nos vemos sumido en el desconocimiento y la manipulación. Por esa razón es necesario proporcionar igualdad de oportunidades, la transmisión y recepción de información sin trabas, ejercer nuestro derecho a la información.
De ahí la necesidad de unos medios de comunicación públicos de control popular. Para ello sus gestores deben ser elegidos por el pueblo al margen de cualquier gobierno, siendo su elección completamente revocable por un acuerdo popular. Deben abrirse espacios diarios al conjunto de la sociedad, asegurándose que las opiniones, sobre todo de la mayoría, sean escuchadas, pero abriendo espacios para que las minorías sin medios puedan expresarse. Es principio fundamental plantear noticias hablando de los hechos, con información contrastada y mostrando las diversas opiniones al respecto, abriendo el debate al conjunto de la sociedad. Los contenidos deben basarse en unos principios de igualdad, libertad, solidaridad, cooperación y participación.
Por su parte debe servir como transmisor de cultura, tanto con contenidos propios como ventana a aquellos artistas e intelectuales de nuestro país, dando oportunidades para que el público descubra nuevas ideas y talentos sin mediar ningún interés económico de por medio.
Las televisiones privadas deberán pagar impuestos suficientes para que financien al completo los presupuestos necesarios para esta televisión de calidad, de tal manera que aquellos que quieran crear sus propios aparatos de difusión y manipulación ideológica sostengan los medios de comunicación de la mayoría.
También debe promulgarse una severa ley de contenidos comunicativos en los que los medios de comunicación privados sean sancionados por verter información falsa, difamar o manipular la opinión pública para sus intereses. En caso de demostrar que estos medios actúan de manera irresponsable y contraria al bienestar de la mayoría estos medios deben ser expropiados y puestos bajo el control popular, pasando su dirección, gestión y organización a ser responsabilidad de los trabajadores del medio.
Finalmente es necesario elaborar una normativa en la que cualquier medio de iniciativa privada no pueda recibir financiación de una entidad empresarial lucrativa o de cualquier entidad bancaria privada. Los medios de comunicación deben servir al análisis y cobertura de lo que en realidad está pasando, no a la desvirtuación de los hechos en beneficio de una minoría oligarca.
La comunicación no es un negocio, es un derecho. Mentir y engañar por los intereses de unos pocos es algo intolerable, por esa razón nunca estarán dispuestos a darle el control al pueblo, pero es nuestro deber conseguirlo para evitar que sigan manipulándonos y riéndose de nosotros. Es deber de la mayoría tomar las riendas de nuestra comunicación para que no nos tomen por tontos.
Para que la comunicación sea un derecho y no un negocio.
¡Construyamos democracia para la mayoría!