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El debate por los presos: "El kirchnerismo de los DDHH ha matado a 1.320 personas"
Nicolás del Caño, ex candidato a gobernador por el Frente de Izquierda Mendoza, es uno de los firmantes de un artículo en el que se analiza la ley impulsada por el radicalismo sobre las salidas transitorias de presos. Las responsabilidades compartidas, desde su punto de vista.
Nicolás del Caño, ex candidato a gobernador por el Frente de Izquierda Mendoza y Virginia Espeche, son los firmantes de un duro documento en el que se culpa por igual a radicales, pronistas y demócratas de las falencias en las políticas deseguridad y penitenciaria.
Sostienen que "las recetas de los derechistas para encontrar ´salidas a las amenazas de la inseguridad es un sistema carcelario más represivo a través del endurecimiento de las penas´".
Indican en su documento que "una lectura de las estadísticas del SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas y Ejecución de las Penas) permite sostener la idea de que en las prisiones ´ no se condena al delito, se castiga la pobreza…´ Los números publicados para el año 2010, demuestran que las cárceles están pobladas, en su mayoría, por jóvenes sin trabajo ni estudios. El 73 % de la población reclusa tienen entre 18 y 34 años y la mayor parte de las causas la ocupan los delitos por robo, hurto, tentativas de robo u otros delitos contra las personas (más del 70%). Por su parte, un 93 %, al momento de su ingreso no tenía terminados sus estudios secundarios, es decir, o no tenían ningún tipo de estudios (26%) o no terminaron la primaria (9%) o sólo completaron ese trayecto de la escolaridad sin continuar su formación (42%). Respecto al trabajo, al momento de ingresar un 28 % estaba desocupado, y un 49 % tenía trabajos precarios"
Del Caño y Espeche se suman a un debate en el que ya han opinado amplios sectores políticos de la provincia.
"En lo que va de la gestión del gobierno de Paco Pérez -señalan- vimos actuar nuevamente a la policía del gatillo fácil que asesinó a Franco Díaz por nombrar tan sólo uno de los casos que tuvo repercusión en los medios. Vimos también cómo reprimieron a las familias de Palmira que ocupaban terrenos en reclamo de una vivienda digna, a los- literalmente- le pasaron la topadora sobre sus precarias viviendas. Es que lejos de las promesas electorales asistimos a una parálisis casi absoluta en la construcción de viviendas y en la obra pública. En los hospitales, los trabajadores denuncian la falta de insumos para atender a los miles que asisten diariamente, en las escuelas- además del reclamo por los magros sueldos- quienes trabajan en la educación plantean constantemente la terrible situación social de un sector importante de la población lo que dificulta cada vez más que los niños y/o adolescentes puedan estudiar. La precarización laboral que afecta al 40% de los trabajadores es moneda corriente entre los jóvenes que son super-explotados por salarios miserables".
Agregan luego que "como lo señalan estudios especializados, en los momentos de crisis la población carcelaria aumenta y en momentos de crecimiento tiende a estancarse. Como puede observase en la curva, desde el año 1996 donde comenzó la hiper-desocupación hasta 2003 donde empieza la recuperación económica luego de la debacle de 2001, la cantidad de presos aumentó en forma constante y luego tendió a estabilizarse".
"Si durante los años de crecimiento económico se aprobaron las leyes Blumberg y avanzaron las políticas de mano dura avaladas por el kirchnerismo, hoy, que la crisis capitalista ya repercute en nuestro país y también en Mendoza, las perspectivas son claras: las patronales y el gobierno buscan descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo pobre, para ello necesitan reforzar el conjunto del aparato represivo", sostienen Del Caño y Espeche.
Aseguran que "la UCR y el PD vuelven con recetas de mano dura. El PJ ya ha mostrado como su política termina siendo muy similar más allá del discurso. Así como en su momento apoyaron las leyes Blumberg, hoy en Mendoza dejaron que en el Senado se apruebe la ley Petri. Ambas leyes buscan fortalecer el aparato represivo, un entramado en el que las fuerzas represivas son socias del gran delito, de las redes de trata y prostitución de mujeres, el narcotráfico, los desarmaderos de autos, etc. Las cárceles son uno más de los lugares donde la policía hace negocios, comandando y armando bandas con los presos".
Seguidamente, dan cuenta de un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en su archivo del 2009. Según el informe, las estadísticas confirman que en la Argentina “democrática” puede hablarse de una “represión preventiva” que busca disciplinar a “la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación (…) Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país” infundiendo temor al pueblo por medio de los castigos.
Según la distribución territorial, los números confirman que los casos de gatillo fácil y tortura son utilizados en todo el país, sin distinción de provincia, fuerza o gobierno local y que la preferencia está centrada en los sectores que concentran el mayor índice de pobreza. El análisis del componente etáreo ratifica que son los jóvenes el blanco predilecto de la política preventiva y que más de la mitad de las muertes corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años (el 30,50% del total tenían 21 años o menos).
“Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado”.
Finalmente, basándose en el informe de la CORREPI, denuncian que con 2.826 casos de muertes en poder de referentes del estado, con un promedio de 20 personas muertas por el estado por mes, “el Estado argentino asesina a alguie cada 28 horas". "Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner, que gusta definirse como “el gobierno de los derechos humanos”, ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 1.320 personas: 928 entre el 25/05/2003 y el 10/12/2007, y 392 desde entonces", concluye el informe.
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Nicolás del Caño, ex candidato a gobernador por el Frente de Izquierda Mendoza, es uno de los firmantes de un artículo en el que se analiza la ley impulsada por el radicalismo sobre las salidas transitorias de presos. Las responsabilidades compartidas, desde su punto de vista.
Nicolás del Caño, ex candidato a gobernador por el Frente de Izquierda Mendoza y Virginia Espeche, son los firmantes de un duro documento en el que se culpa por igual a radicales, pronistas y demócratas de las falencias en las políticas deseguridad y penitenciaria.
Sostienen que "las recetas de los derechistas para encontrar ´salidas a las amenazas de la inseguridad es un sistema carcelario más represivo a través del endurecimiento de las penas´".
Indican en su documento que "una lectura de las estadísticas del SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas y Ejecución de las Penas) permite sostener la idea de que en las prisiones ´ no se condena al delito, se castiga la pobreza…´ Los números publicados para el año 2010, demuestran que las cárceles están pobladas, en su mayoría, por jóvenes sin trabajo ni estudios. El 73 % de la población reclusa tienen entre 18 y 34 años y la mayor parte de las causas la ocupan los delitos por robo, hurto, tentativas de robo u otros delitos contra las personas (más del 70%). Por su parte, un 93 %, al momento de su ingreso no tenía terminados sus estudios secundarios, es decir, o no tenían ningún tipo de estudios (26%) o no terminaron la primaria (9%) o sólo completaron ese trayecto de la escolaridad sin continuar su formación (42%). Respecto al trabajo, al momento de ingresar un 28 % estaba desocupado, y un 49 % tenía trabajos precarios"
Del Caño y Espeche se suman a un debate en el que ya han opinado amplios sectores políticos de la provincia.
"En lo que va de la gestión del gobierno de Paco Pérez -señalan- vimos actuar nuevamente a la policía del gatillo fácil que asesinó a Franco Díaz por nombrar tan sólo uno de los casos que tuvo repercusión en los medios. Vimos también cómo reprimieron a las familias de Palmira que ocupaban terrenos en reclamo de una vivienda digna, a los- literalmente- le pasaron la topadora sobre sus precarias viviendas. Es que lejos de las promesas electorales asistimos a una parálisis casi absoluta en la construcción de viviendas y en la obra pública. En los hospitales, los trabajadores denuncian la falta de insumos para atender a los miles que asisten diariamente, en las escuelas- además del reclamo por los magros sueldos- quienes trabajan en la educación plantean constantemente la terrible situación social de un sector importante de la población lo que dificulta cada vez más que los niños y/o adolescentes puedan estudiar. La precarización laboral que afecta al 40% de los trabajadores es moneda corriente entre los jóvenes que son super-explotados por salarios miserables".
Agregan luego que "como lo señalan estudios especializados, en los momentos de crisis la población carcelaria aumenta y en momentos de crecimiento tiende a estancarse. Como puede observase en la curva, desde el año 1996 donde comenzó la hiper-desocupación hasta 2003 donde empieza la recuperación económica luego de la debacle de 2001, la cantidad de presos aumentó en forma constante y luego tendió a estabilizarse".
"Si durante los años de crecimiento económico se aprobaron las leyes Blumberg y avanzaron las políticas de mano dura avaladas por el kirchnerismo, hoy, que la crisis capitalista ya repercute en nuestro país y también en Mendoza, las perspectivas son claras: las patronales y el gobierno buscan descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo pobre, para ello necesitan reforzar el conjunto del aparato represivo", sostienen Del Caño y Espeche.
Aseguran que "la UCR y el PD vuelven con recetas de mano dura. El PJ ya ha mostrado como su política termina siendo muy similar más allá del discurso. Así como en su momento apoyaron las leyes Blumberg, hoy en Mendoza dejaron que en el Senado se apruebe la ley Petri. Ambas leyes buscan fortalecer el aparato represivo, un entramado en el que las fuerzas represivas son socias del gran delito, de las redes de trata y prostitución de mujeres, el narcotráfico, los desarmaderos de autos, etc. Las cárceles son uno más de los lugares donde la policía hace negocios, comandando y armando bandas con los presos".
Seguidamente, dan cuenta de un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en su archivo del 2009. Según el informe, las estadísticas confirman que en la Argentina “democrática” puede hablarse de una “represión preventiva” que busca disciplinar a “la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación (…) Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país” infundiendo temor al pueblo por medio de los castigos.
Según la distribución territorial, los números confirman que los casos de gatillo fácil y tortura son utilizados en todo el país, sin distinción de provincia, fuerza o gobierno local y que la preferencia está centrada en los sectores que concentran el mayor índice de pobreza. El análisis del componente etáreo ratifica que son los jóvenes el blanco predilecto de la política preventiva y que más de la mitad de las muertes corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años (el 30,50% del total tenían 21 años o menos).
“Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado”.
Finalmente, basándose en el informe de la CORREPI, denuncian que con 2.826 casos de muertes en poder de referentes del estado, con un promedio de 20 personas muertas por el estado por mes, “el Estado argentino asesina a alguie cada 28 horas". "Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner, que gusta definirse como “el gobierno de los derechos humanos”, ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 1.320 personas: 928 entre el 25/05/2003 y el 10/12/2007, y 392 desde entonces", concluye el informe.
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