Vivienda
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Actualmente el problema de la vivienda es uno de los más importantes en nuestra sociedad, en estos últimos cinco años ha habido más de doscientos mil desahucios, es decir, más de doscientas mil familias se han quedado sin hogar. El drama de esta situación se ve incrementado por su absurdo. Millones de viviendas vacías a causa de la especulación y cientos de miles de personas en la calle.
Para entender lo ocurrido, es necesario remontarnos al periodo anterior a la crisis económica. Desde los años 60 hasta el año 2007 la construcción ha sido el verdadero motor del país, como sector productivo, permitió dinamizar la economía, siendo la pieza angular para mantener el resto sectores como el turismo u otros tipos de servicios. Para fomentar la compra de casas, los bancos se metieron en el lucrativo mundo de las hipotecas, ellos crearon una falsa sensación de prosperidad fundamentada en el crédito. Mucha gente podía comprarse una casa ya que los bancos otorgaban esas hipotecas, por lo tanto todas las personas que vivían de la construcción tenían ingresos, que a su vez gastaban en otros servicios, consiguiendo que otros negocios funcionasen, que la gente tuviera trabajo y, por lo tanto, pudiera pedir créditos para comprar más viviendas.
Éste es el origen de la crisis, esta especulación inmobiliaria, provocó que, a causa de un crecimiento de la demanda creada artificialmente con los créditos, aumentara el precio de la vivienda, lo que permitió lucrarse enormemente a los dueños de las empresas constructoras y a los mismos bancos. El problema surgió cuando el precio de la vivienda alcanzó techo y el consumo se redujo drásticamente. Para fomentar la venta necesitaban bajar los precios, pero no iban a reducir sus beneficios, así que los empresarios redujeron el número de trabajadores, lo cual provocó una disminución del consumo desde el sector más importante de España, encogiendo a su vez los ingresos de otros sectores y provocando que mucha gente se quedara en la calle. Los bancos ante el aumento de la morosidad redujeron los créditos, lo que provocó que las casas construidas no se pudieran vender, por lo tanto, acrecentando la bola de nieve del desempleo en la construcción y lastrando al resto del país. Al final terminamos con un montón de casas sin vender, millones de desempleados y un montón de deudas.
Como podemos ver, el origen de esta crisis está en una producción anárquica fundamentada en la especulación y el lucro, las constructoras produjeron más de lo que podían vender. Que la gente se esté quedando sin casas, no es culpa de ellos por pretender vivir “por encima de sus posibilidades”, como nos intentan vender a través de los medios de comunicación. Es culpa de aquellos que decidieron hacer negocio con una necesidad fundamental para todos.
El alquiler es muy dependiente de los ingresos que tengamos, pero una casa en propiedad es un seguro de que al menos tendremos donde vivir. Un techo bajo el que cobijarnos, independientemente de si trabajamos o no, es fundamental para cualquier ser humano. Es decir, tener la confianza de no estar nunca desamparados y tener un lugar donde descansar de manera cómoda y segura son unos derechos que deberíamos tener todas las personas. Pero empresarios y banqueros decidieron aprovechar esa necesidad para hacer el negocio más lucrativo de los últimos treinta años.
Como cebo establecieron las hipotecas y ahora se están dedicando a arrebatarles sus casas a aquellos que ya no pueden pagar los créditos abusivos que impusieron. Porque las deudas contraídas no responden al valor real de esas viviendas, como mercancías, esas casas tuvieron un coste en materiales y en mano de obra, pero, por encima de todo ello, hay un aumento del precio creado a través de la especulación, que supuso grandes cantidades de beneficios para las constructoras y que los bancos aceptaron otorgando esos préstamos desproporcionados con el objetivo de aprovecharse de los precios inflados para cobrar gran cantidad de intereses.
Es decir, a las personas que están pagando hipotecas les están obligando a abonar los beneficios que se han llevado los empresarios de la construcción, que en la mayoría de las ocasiones tienen sólidos vínculos económicos con las entidades bancarias. Cuando alguien no puede pagar, la ley exige que entregue su casa, y en caso de que la venta en subasta de la misma no cubra la deuda, las personas deben continuar pagando hasta completar la devolución.
Hace unos meses se aprobó un código de buenas prácticas bancarias en el consejo de ministros, que incluía la dación en pago para ciertas circunstancias específicas. Es decir, entregar la casa y librarse de la deuda. Está reclamación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca solo se ha llevado a cabo con medias tintas, no se ha otorgado a todo el mundo como sucede en otros países, sino que únicamente se aplica en situaciones de extrema necesidad e imposibilidad de reponer la deuda a medio o largo plazo. Es decir, la mayoría de la gente sigue quedándose sin casa y con deudas. Mientras, el banco acumula un deposito de viviendas que van a poder revender debido a que tener un hogar seguirá siendo básico para todos. Podrán volver a hacer negocio al respecto, habiendo recibido toda la deuda pagada más la posterior venta de la casa posiblemente acompañado de un nuevo crédito, un negocio redondo a costa de arruinar la vida de cientos de miles de personas. Gana el banco, gana el gran empresario y pierde el trabajador o pequeño empresario arruinado.
Pero lo más indignante no es ver como el Estado mantiene una legislación que beneficia a empresarios y banqueros constantemente, a pesar de haber sido ellos los causantes de todo esto, sino ver como sus acciones más directas van también en su beneficio. Ver como los policías son enviados a sacar a rastras a gente de sus casas o como descaradamente meten una inyección de dinero público en las entidades financieras para que estas noten menos los efectos de la crisis.
¿Hacia donde nos llevan?
Está bastante claro que a pesar de iniciativa legislativa popular propulsada por la PAH para la dación en pago, las movilizaciones multitudinarias del pueblo en contra de los desahucios, este gobierno ni el que esté por venir van a recular en lo referente a la vivienda. Una necesidad vital que en la actualidad se asume debe estar privatizada, seguirá siendo un campo para el negocio y dado que este estado lo controlan quienes tanto se han lucrado con la especulación, estarán dispuestos a seguir adelante para continuar aumentando los beneficios aunque eso nos lleve a una crisis aún peor.
No van a ceder con la dación en pago más allá de lo que han hecho ahora, la manera actual les asegura que aquellos que no van a poder pagar la deuda les ahorren gastos judiciales, mientras que el resto del pueblo trabajador seguirá siendo lastrado durante años por ella, aumentando cada vez sus beneficios parasitarios originado en sus intereses. Además ya sea con uno u otro modelo se van quedando con un parque de viviendas muy amplio que vender de cara a un futuro cuando la situación económica mejore.
Mientras tanto el Estado seguirá atacando cada vez más a los movimientos sociales que luchan contra estas medidas injustas. Actualmente el gobierno tiene intención de promover leyes para penalizar muchos de los tipos de manifestación que son propias de la PAH y que en algunos casos, como en los desahucios, han demostrado ser muy efectivos. Seguirán intentando frenar la movilización social contra una justicia de este calibre.
¿Qué proponemos?
Es intolerable que una necesidad sea un negocio, pero es peor aún que este negocio haya afectado tan negativamente a miles de personas. Por esa razón creemos que toda persona tiene derecho a tener un hogar de manera gratuita.
Para ello, se debe condonar toda deuda hipotecaria a todos aquellos que hayan pagado el coste que tuvo construir la casa y no el coste por la que se vendió. En el caso de que todavía le quede por pagar, si no es capaz de mantenerla, la casa debe ser adquirida por el estado pagando la diferencia que quede hasta el grado de condonación, encargándose de mantener un alquiler social a los propietarios para que puedan seguir conservando su hogar. Todas las propiedades en manos de los bancos también deben ser adquiridas a razón del mismo precio y convertidas en viviendas públicas con un alquiler social, entendiendo este como un pago mensual que rentabilice el coste de la casa para el Estado, teniendo en cuenta las condiciones individuales de cada persona y siendo flexible en los pagos según las necesidades.
A partir de ese momento todas las viviendas vacías deben pasar a ser del conjunto de la sociedad, por lo tanto el estado se encargará de repartirla en función de la necesidad de cada persona. Toda persona tendrá derecho a tener su propio hogar y dado que hay viviendas de sobra para todos, cualquier joven que desee independizarse tendrá posibilidad de hacerlo de manera gratuita.
La construcción de nuevas viviendas estará dirigirá por el Estado, en caso de entidades privadas interesadas en el negocio, su venta no podrá tener un coste superior a los materiales empleados y a las horas, en forma de salario, dedicadas a la construcción de la misma por todas las personas implicadas incluido el promotor de la obra. La construcción debe responder a una lógica medioambiental y urbanística coherente y limpia.
Para que todos tengamos una vivienda digna y gratuita
¡Construyamos democracia para la mayoría!
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Actualmente el problema de la vivienda es uno de los más importantes en nuestra sociedad, en estos últimos cinco años ha habido más de doscientos mil desahucios, es decir, más de doscientas mil familias se han quedado sin hogar. El drama de esta situación se ve incrementado por su absurdo. Millones de viviendas vacías a causa de la especulación y cientos de miles de personas en la calle.
Para entender lo ocurrido, es necesario remontarnos al periodo anterior a la crisis económica. Desde los años 60 hasta el año 2007 la construcción ha sido el verdadero motor del país, como sector productivo, permitió dinamizar la economía, siendo la pieza angular para mantener el resto sectores como el turismo u otros tipos de servicios. Para fomentar la compra de casas, los bancos se metieron en el lucrativo mundo de las hipotecas, ellos crearon una falsa sensación de prosperidad fundamentada en el crédito. Mucha gente podía comprarse una casa ya que los bancos otorgaban esas hipotecas, por lo tanto todas las personas que vivían de la construcción tenían ingresos, que a su vez gastaban en otros servicios, consiguiendo que otros negocios funcionasen, que la gente tuviera trabajo y, por lo tanto, pudiera pedir créditos para comprar más viviendas.
Éste es el origen de la crisis, esta especulación inmobiliaria, provocó que, a causa de un crecimiento de la demanda creada artificialmente con los créditos, aumentara el precio de la vivienda, lo que permitió lucrarse enormemente a los dueños de las empresas constructoras y a los mismos bancos. El problema surgió cuando el precio de la vivienda alcanzó techo y el consumo se redujo drásticamente. Para fomentar la venta necesitaban bajar los precios, pero no iban a reducir sus beneficios, así que los empresarios redujeron el número de trabajadores, lo cual provocó una disminución del consumo desde el sector más importante de España, encogiendo a su vez los ingresos de otros sectores y provocando que mucha gente se quedara en la calle. Los bancos ante el aumento de la morosidad redujeron los créditos, lo que provocó que las casas construidas no se pudieran vender, por lo tanto, acrecentando la bola de nieve del desempleo en la construcción y lastrando al resto del país. Al final terminamos con un montón de casas sin vender, millones de desempleados y un montón de deudas.
Como podemos ver, el origen de esta crisis está en una producción anárquica fundamentada en la especulación y el lucro, las constructoras produjeron más de lo que podían vender. Que la gente se esté quedando sin casas, no es culpa de ellos por pretender vivir “por encima de sus posibilidades”, como nos intentan vender a través de los medios de comunicación. Es culpa de aquellos que decidieron hacer negocio con una necesidad fundamental para todos.
El alquiler es muy dependiente de los ingresos que tengamos, pero una casa en propiedad es un seguro de que al menos tendremos donde vivir. Un techo bajo el que cobijarnos, independientemente de si trabajamos o no, es fundamental para cualquier ser humano. Es decir, tener la confianza de no estar nunca desamparados y tener un lugar donde descansar de manera cómoda y segura son unos derechos que deberíamos tener todas las personas. Pero empresarios y banqueros decidieron aprovechar esa necesidad para hacer el negocio más lucrativo de los últimos treinta años.
Como cebo establecieron las hipotecas y ahora se están dedicando a arrebatarles sus casas a aquellos que ya no pueden pagar los créditos abusivos que impusieron. Porque las deudas contraídas no responden al valor real de esas viviendas, como mercancías, esas casas tuvieron un coste en materiales y en mano de obra, pero, por encima de todo ello, hay un aumento del precio creado a través de la especulación, que supuso grandes cantidades de beneficios para las constructoras y que los bancos aceptaron otorgando esos préstamos desproporcionados con el objetivo de aprovecharse de los precios inflados para cobrar gran cantidad de intereses.
Es decir, a las personas que están pagando hipotecas les están obligando a abonar los beneficios que se han llevado los empresarios de la construcción, que en la mayoría de las ocasiones tienen sólidos vínculos económicos con las entidades bancarias. Cuando alguien no puede pagar, la ley exige que entregue su casa, y en caso de que la venta en subasta de la misma no cubra la deuda, las personas deben continuar pagando hasta completar la devolución.
Hace unos meses se aprobó un código de buenas prácticas bancarias en el consejo de ministros, que incluía la dación en pago para ciertas circunstancias específicas. Es decir, entregar la casa y librarse de la deuda. Está reclamación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca solo se ha llevado a cabo con medias tintas, no se ha otorgado a todo el mundo como sucede en otros países, sino que únicamente se aplica en situaciones de extrema necesidad e imposibilidad de reponer la deuda a medio o largo plazo. Es decir, la mayoría de la gente sigue quedándose sin casa y con deudas. Mientras, el banco acumula un deposito de viviendas que van a poder revender debido a que tener un hogar seguirá siendo básico para todos. Podrán volver a hacer negocio al respecto, habiendo recibido toda la deuda pagada más la posterior venta de la casa posiblemente acompañado de un nuevo crédito, un negocio redondo a costa de arruinar la vida de cientos de miles de personas. Gana el banco, gana el gran empresario y pierde el trabajador o pequeño empresario arruinado.
Pero lo más indignante no es ver como el Estado mantiene una legislación que beneficia a empresarios y banqueros constantemente, a pesar de haber sido ellos los causantes de todo esto, sino ver como sus acciones más directas van también en su beneficio. Ver como los policías son enviados a sacar a rastras a gente de sus casas o como descaradamente meten una inyección de dinero público en las entidades financieras para que estas noten menos los efectos de la crisis.
¿Hacia donde nos llevan?
Está bastante claro que a pesar de iniciativa legislativa popular propulsada por la PAH para la dación en pago, las movilizaciones multitudinarias del pueblo en contra de los desahucios, este gobierno ni el que esté por venir van a recular en lo referente a la vivienda. Una necesidad vital que en la actualidad se asume debe estar privatizada, seguirá siendo un campo para el negocio y dado que este estado lo controlan quienes tanto se han lucrado con la especulación, estarán dispuestos a seguir adelante para continuar aumentando los beneficios aunque eso nos lleve a una crisis aún peor.
No van a ceder con la dación en pago más allá de lo que han hecho ahora, la manera actual les asegura que aquellos que no van a poder pagar la deuda les ahorren gastos judiciales, mientras que el resto del pueblo trabajador seguirá siendo lastrado durante años por ella, aumentando cada vez sus beneficios parasitarios originado en sus intereses. Además ya sea con uno u otro modelo se van quedando con un parque de viviendas muy amplio que vender de cara a un futuro cuando la situación económica mejore.
Mientras tanto el Estado seguirá atacando cada vez más a los movimientos sociales que luchan contra estas medidas injustas. Actualmente el gobierno tiene intención de promover leyes para penalizar muchos de los tipos de manifestación que son propias de la PAH y que en algunos casos, como en los desahucios, han demostrado ser muy efectivos. Seguirán intentando frenar la movilización social contra una justicia de este calibre.
¿Qué proponemos?
Es intolerable que una necesidad sea un negocio, pero es peor aún que este negocio haya afectado tan negativamente a miles de personas. Por esa razón creemos que toda persona tiene derecho a tener un hogar de manera gratuita.
Para ello, se debe condonar toda deuda hipotecaria a todos aquellos que hayan pagado el coste que tuvo construir la casa y no el coste por la que se vendió. En el caso de que todavía le quede por pagar, si no es capaz de mantenerla, la casa debe ser adquirida por el estado pagando la diferencia que quede hasta el grado de condonación, encargándose de mantener un alquiler social a los propietarios para que puedan seguir conservando su hogar. Todas las propiedades en manos de los bancos también deben ser adquiridas a razón del mismo precio y convertidas en viviendas públicas con un alquiler social, entendiendo este como un pago mensual que rentabilice el coste de la casa para el Estado, teniendo en cuenta las condiciones individuales de cada persona y siendo flexible en los pagos según las necesidades.
A partir de ese momento todas las viviendas vacías deben pasar a ser del conjunto de la sociedad, por lo tanto el estado se encargará de repartirla en función de la necesidad de cada persona. Toda persona tendrá derecho a tener su propio hogar y dado que hay viviendas de sobra para todos, cualquier joven que desee independizarse tendrá posibilidad de hacerlo de manera gratuita.
La construcción de nuevas viviendas estará dirigirá por el Estado, en caso de entidades privadas interesadas en el negocio, su venta no podrá tener un coste superior a los materiales empleados y a las horas, en forma de salario, dedicadas a la construcción de la misma por todas las personas implicadas incluido el promotor de la obra. La construcción debe responder a una lógica medioambiental y urbanística coherente y limpia.
Para que todos tengamos una vivienda digna y gratuita
¡Construyamos democracia para la mayoría!