[PCPE] Resolución del Partido Comunista ante la ley del aborto

Ni ayer ni hoy la maternidad en el Estado Español es una elección libre para la mujer, especialmente para la mujer de clase trabajadora. La maternidad ha sido siempre una imposición, tanto desde la superestructura ideológica como desde las regulaciones establecidas en leyes diversas, y -entre ellas- especialmente la del derecho al aborto; siempre ajustándose a las necesidades concretas de la burguesía en cada momento histórico del desarrollo capitalista. La regulación del aborto, desde el poder burgués, se ha utilizado para incrementar la fuerza de trabajo disponible para ser explotada, como mecanismo de defensa de la propiedad privada y también como dominación ideológica de toda la clase obrera a través del cuerpo de la mujer, como sucede en la actualidad.

La presentación del anteproyecto denominado “Ley para la protección de la vida del concebido y derechos de las mujeres embarazadas” viene, en primer lugar, a dar una vuelta de tuerca a la utilización del derecho al aborto como mecanismo de disciplinamiento ideológico con el fin de llevar a la clase obrera a posiciones de  alienación reaccionaria, al tiempo que lo convierte en un privilegio de clase. Denominar al anteproyecto “... protección …. derechos de las mujeres embarazadas”, es una  bofetada en pleno rostro de la mujer trabajadora. Despedidas de sus trabajos de miseria -nada más conocer la empresa que se ha quedado embarazada-, perdidos muchos de los derechos laborales de maternidad, crianza, etc., a través de la eliminación de la ultraactividad en los convenios y de la desaparición de la negociación colectiva. Ahí no hay ningún derecho de la mujer embarazada que el capitalismo vaya a defender.

Si prospera esta nueva ley, única y exclusivamente accederán al derecho al aborto aquellas mujeres que puedan pagar los dictámenes médicos (se requieren hasta dos informes), o quienes puedan viajar al extranjero con ese fin. Lejos, muy lejos, queda ese derecho para la mujer de las capas populares -cada vez más castigada con el desempleo, la precariedad y con crecientes dificultades para acceder a lo más básico. Para esas mujeres, para las que no transijan con la maternidad obligatoria, para las que no acepten sumisamente esa intolerable falta de autonomía sobre sí mismas, sólo les espera el verse abocadas a un aborto inseguro y peligroso, poniendo en grave riesgo su vida y su integridad.

Esa situación extrema, o intentar superar la carrera de obstáculos que supone la nueva regulación que se pretende aprobar. Y ello siempre que consigan encontrar profesionales de la sanidad que no haga objeción de conciencia, y también permanecer firmes ante todas las presiones para que no aborte, pues tendrán que  acreditar con informes médicos y psiquiátricos que “su salud mental está en riesgo”.

En segundo lugar, el título del anteproyecto es en sí mismo ofensivo a la inteligencia humana. Y toda una provocación y chulería de clase, al pavonearse y hacer bandera de la defensa de los cigotos y los nasciturus, para condenarles a la explotación y la miseria, una vez hayan nacido. Mientras no son nada toda la protección;  porque se les utiliza para promocionar una moralina esclavizante sustentada en creencias y supersticiones alienantes. Una  vez nacidos, sólo la explotación y la miseria, pues pasan a convertirse en fuerza de trabajo renovada para la acumulación capitalista.

Pero el cinismo y la mentira  no conocen límites, tampoco para los ministros de la curia, y se  presiona a las mujeres para que tengan, no sólo hijos e hijas que no desean, sino incluso para que den a luz fetos con anomalías o malformaciones, incluso en los casos en que científicamente son no viables. Todo eso con el señuelo de las ayudas a la discapacidad. Ejercicio de cinismo extremo en una situación donde la Ley de Dependencia, y las ayudas a familias con miembros en situación de discapacidad, van desapareciendo paulatinamente; donde el repago se ha impuesto en los centros ocupacionales de dependientes (muchas veces privatizados). Situación ésta que se agravará en el futuro, con el aumento de todo tipo de recortes y privatizaciones, recayendo toda la asistencia social necesaria sobre la mujer trabajadora.

El aborto no vuelve a ser delito con esta ley, sino que nunca ha estado despenalizado, en un país donde la Iglesia católica impone su ideología misógina y reaccionaria en todos los ámbitos públicos; y que por ser la religión de las clases dominantes es también la religión del Estado. Esa ideología del odio hacia la mujer, alimentada con dinero público por los distintos gobiernos (el concordato con el Vaticano lo renovó el gobierno del PSOE), a través de prebendas, exenciones de impuestos, subvenciones a sus colegios, salarios a sus clérigos, y manteniendo como asignatura en las escuelas lo que no es sino oscurantismo acientífico, ha sido la verdadera causa de que tanto en la ley de supuestos de 1985 como en la de plazos de 2010, lo que quedaba fuera de  aquellos  supuestos o de 14 semanas,  se castigaba y se castiga en el código penal. Por mucho que se denominara la reforma del 2010 como “ley de salud sexual y reproductiva”, la mujer nunca fue considerada dueña de su cuerpo ni ser adulto para decidir por sí misma. El periodo de reflexión, antes de una interrupción voluntaria del embarazo -3 días con las normas  del PSOE y 7 días en la que propone el PP-, y la maternidad obligatoria, han sido las constantes en la configuración del derecho al aborto y un claro exponente de la  injerencia religiosa. La Iglesia católica siempre ha considerado a la mujer como ser inferior (en alguna época llegó a predicar que carecía de alma, y siempre la ha excluido del sacerdocio, violando la misma ley burguesa), siempre ha sido tratada como persona irreflexiva y frívola, necesitada de supervisión en sus decisiones. Sobre todo, y especialmente, en lo relativo a la maternidad. El derecho de la mujer a decidir siempre ha estado mediatizado,  contemporizando con los representantes del patriarcado en la tierra por un lado, y a mayor gloria de la propiedad privada por otro.

Todas las regulaciones de la materia, hasta hoy, han dejado de lado la salud sexual y reproductiva de la mujer, concebida ésta como un derecho en el ámbito de la sanidad pública y gratuita, con amplias prestaciones de anticonceptivos, centros de planificación familiar y educación sexual,  para  así convertirla en unos lucrativos negocios privados.  Los datos son incuestionables, el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se prestan en clínicas privadas, nunca se ha contemplado como alternativa accesible el aborto medicamentoso (menos invasivo para las mujeres y más barato), y la atención ginecológica ha ido desapareciendo de las prestaciones del sistema público, o prestándose muy deficientemente. La salud sexual y los derechos reproductivos están concebidos como  un negocio en las sociedades capitalistas, y en estos momentos de crisis estructural, no será la mujer de la clase trabajadora y las capas populares quien tenga facilidad para acceder a ellos; pues sólo quedan al alcance, y como derecho, de quién pueda pagárselos.

Las propuestas del reformismo para enfrentar la ofensiva patriarcal son de la misma línea que las que hacen sobre la crisis sistémica. Generar confusión entre las trabajadoras, impulsando un pacto entre mujeres. Claman por un patriarcado de rostro humano y llevadero, al igual que piden el regreso de un capitalismo bueno. Sembrando de fantasías lo que debiera ser una contundente respuesta clasista, y generando dependencia ideológica donde debiera establecerse una línea divisoria por razón de clase y no pidiendo una solidaridad y complicidad de género. No, las mujeres trabajadoras y de las capas populares no comparten nada con las mujeres de las clases dominantes por el hecho de tener el mismo sexo. Tampoco en el caso del derecho al aborto, accesible para las mujeres ricas. La unidad de las mujeres no está al margen de ideologías, o de la pertenencia a la clase explotada o de los explotadores. Lo diga el PSOE, lo diga IU, y lo digan las asociaciones feministas del reformismo político y sindical. La única salida para las mujeres explotadas, las mujeres de la clase obrera, es la unidad en torno a un proyecto clasista que integre las reivindicaciones del feminismo de clase. Nunca los derechos afectivos, los derechos sexuales, el derecho al aborto, la autonomía sobre el propio cuerpo tendrán cabida en el capitalismo decadente, que es el único posible hoy. Así como tampoco se derrotará al patriarcado sin vencer al sistema capitalista.

Por todo ello la lucha de la mujer trabajadora contra la nueva y retrógrada ley del gobierno del PP es la lucha de toda la clase obrera, para derrotar cualquier iniciativa que desarrolle este gobierno de la oligarquía, que no tiene otra finalidad que incrementar las cadenas para mantener la explotación y la opresión de la clase obrera, en este caso usando el cuerpo de la mujer trabajadora y su doble opresión en el sistema capitalista, siguiendo así las peores tradiciones de la alianza entre capital e Iglesia católica en el Estado Español.

Diciembre 2.013