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El Comité Europeo recoge que Beatriz Etxebarria fue violada en los calabozos españoles.
15 enero, 2014 | Sección: Euskal Herria, Política
El Comité Europeo recoge que Beatriz Etxebarria fue violada en los calabozos españoles.
15 enero, 2014 | Sección: Euskal Herria, Política
Publica su informe de la visita realizada dos meses después, en el que destaca como «creíbles y consistentes» los testimonios de torturas de diez detenidos durante la primera mitad de ese año
Ramón SOLA | DONOSTIA
En marzo de 2011, en un momento en que ya existía un alto el fuego de ETA, la Guardia Civil practicó una redada en Bizkaia que concluyó con gravísimas denuncias de torturas. Sobresalía la de Beatriz Etxebarria, que incluía una violación en los calabozos. Aquel caso fue denunciado por las organizaciones habituales y por algunos medios como GARA, pero no hubo respuesta del Gobierno español y tampoco mereció la atención de la práctica totalidad de partidos e instituciones vascas. Ahora, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha recogido ese caso en el informe relativo a la visita al Estado español que mantuvo dos meses después. Sitúa el testimonio como «creíble y consistente», igual que otros nueve más.
Se trata de personas que fueron detenidas, siempre por la Guardia Civil, en los seis primeros meses de 2011. El CPT remarca que los testimonios son coincidentes en detalles como que recibieron golpes y que «les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, provocándoles sensación de asfixia, una práctica conocida como `la bolsa’, y que simultáneamente les obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados». Refiere también amenazas y abusos sexuales.
Entre estos últimos, la delegación europea se detiene en el caso de Etxebarria (aunque el informe no incluye nombres concretos en ningún momento y tampoco cita que se trata de ciudadanos vascos). «Una tercera persona -explica en su página 16- alegó que había recibido bofetadas y puñetazos durante el traslado a Madrid a cargo de la Guardia Civil, y que en el curso del primer interrogatorio en la calle Guzmán el Bueno la mantuvieron desnuda, la envolvieron en una manta en el suelo y la golpearon repetidamente. También dijo que en el curso de otro interrogatorio, mientras llevaba puesta `la bolsa’, le aplicaron vaselina en la vagina y el ano y le introdujeron un palo en el recto, al tiempo que le amenazaban con más abusos sexuales si se negaba a hablar. Además, dijo que la mantuvieron desnuda durante todos los interrogatorios y que continuó recibiendo amenazas de abusos sexuales a ella y a su pareja: en particular, dijo que después de haberla mojado con agua, le ataron electrodos al cuerpo y le amenazaron con aplicarle electricidad».
«El maltrato cesó una vez que decidió prestar declaración el último día de su detención en régimen de incomunicación -sigue diciendo el Comité Europeo-. Las alegaciones de malos tratos, incluido el abuso sexual y las amenazas de aplicarle electricidad, fueron registradas en los informes del médico forense en el tercer y cuarto examen», concluye.
Tras resumir todos estos testimonios, el CPT indica que «a la vista de la información recopilada, parece que el objetivo de los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación y confirmar dicha declaración antes de la vista oral».
Este informe del CPT ha sido publicado ahora junto a las alegaciones correspondientes emitidas por el Gobierno español. Curiosamente, pese a que estas últimas ocupan más del doble de espacio que aquel (205 páginas frente a 102), no hay réplica alguna contra los párrafos que recogen estos testimonios de detenidos vascos.
Sí se efectúa una consideración general posterior, tras enumerar quiénes fueron los detenidos incomunicados durante esos seis meses (incluida Etxebarria). Madrid asegura que «las personas detenidas fueron tratadas de forma correcta durante su estancia en las dependencias de la Guardia Civil y, en concreto, no se les tomó declaración esposadas, ni encapuchadas ni con los ojos vendados. Tampoco permanecieron de pie durante largo rato. No se realizaron tomas de declaración sin la asistencia de abogado de oficio».
«Todas las declaraciones se tomaron siguiendo las prescripciones legales y en las diligencias instruidas constan las horas de comienzo y finalización de los interrogatorios, queda constancia de los agentes que las realizaron, así como del instructor y secretario en cada una de las diligencias y actos de instrucción policial realizados», añade.
Insta a investigar
El argumentario del Gobierno español ante el CPT se basa en sostener que la incomunicación es una práctica poco frecuente pero justificada debido a la presunción de vinculación con ETA de estos detenidos. Asegura que es un régimen que cuenta con garantías. Y recurre una vez más a afirmar que este tipo de denuncias de torturas son habituales y forman parte de una maniobra orquestada.
Alega además que cada denuncia de torturas es trasladada a los juzgados y que a los sumarios se incorporan los informes forenses correspondientes. Sin embargo, tras reflejar los testimionios que recabó, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura «solicita a las autoridades españolas que lleven a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre los métodos utilizados por oficiales de la Guardia Civil cuando retengan e interroguen a personas detenidas». Y añade que «el CPT desea recibir dentro de un plazo de tres meses un informe detallado sobre las acciones adoptadas para aplicar estas recomendaciones».
Tras recordar al Estado que anteriormente ya le trasladó «los criterios necesarios para que una investigación sobre malos tratos sea eficaz», el CPT lamenta que «parece deducirse que cuando se formulan estas alegaciones son sistemáticamente consideradas como no fiables». Indica que le consta que en estos diez casos se han emitido informes forenses, pero desde los juzgados no se ha tomado medida alguna para investigar los casos.
En este contexto, hay que recordar que Europa viene poniendo de manifiesto su constancia de la negativa del Estado español a investigar torturas. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha dictado tres condenas por este motivo: Mikel San Argimiro, Aritz Beristan y Martxelo Otamendi.
El caso de Etxebarria también será visto por Estrasburgo. TAT y Behatokia anunciaron una demanda el pasado noviembre tras constatar que las diferentes instancias españolas «se han negado a proceder a cualquier tipo de investigación con el beneplácito incluso del Constitucional».
En marzo de 2011, en un momento en que ya existía un alto el fuego de ETA, la Guardia Civil practicó una redada en Bizkaia que concluyó con gravísimas denuncias de torturas. Sobresalía la de Beatriz Etxebarria, que incluía una violación en los calabozos. Aquel caso fue denunciado por las organizaciones habituales y por algunos medios como GARA, pero no hubo respuesta del Gobierno español y tampoco mereció la atención de la práctica totalidad de partidos e instituciones vascas. Ahora, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha recogido ese caso en el informe relativo a la visita al Estado español que mantuvo dos meses después. Sitúa el testimonio como «creíble y consistente», igual que otros nueve más.
Se trata de personas que fueron detenidas, siempre por la Guardia Civil, en los seis primeros meses de 2011. El CPT remarca que los testimonios son coincidentes en detalles como que recibieron golpes y que «les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, provocándoles sensación de asfixia, una práctica conocida como `la bolsa’, y que simultáneamente les obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados». Refiere también amenazas y abusos sexuales.
Entre estos últimos, la delegación europea se detiene en el caso de Etxebarria (aunque el informe no incluye nombres concretos en ningún momento y tampoco cita que se trata de ciudadanos vascos). «Una tercera persona -explica en su página 16- alegó que había recibido bofetadas y puñetazos durante el traslado a Madrid a cargo de la Guardia Civil, y que en el curso del primer interrogatorio en la calle Guzmán el Bueno la mantuvieron desnuda, la envolvieron en una manta en el suelo y la golpearon repetidamente. También dijo que en el curso de otro interrogatorio, mientras llevaba puesta `la bolsa’, le aplicaron vaselina en la vagina y el ano y le introdujeron un palo en el recto, al tiempo que le amenazaban con más abusos sexuales si se negaba a hablar. Además, dijo que la mantuvieron desnuda durante todos los interrogatorios y que continuó recibiendo amenazas de abusos sexuales a ella y a su pareja: en particular, dijo que después de haberla mojado con agua, le ataron electrodos al cuerpo y le amenazaron con aplicarle electricidad».
«El maltrato cesó una vez que decidió prestar declaración el último día de su detención en régimen de incomunicación -sigue diciendo el Comité Europeo-. Las alegaciones de malos tratos, incluido el abuso sexual y las amenazas de aplicarle electricidad, fueron registradas en los informes del médico forense en el tercer y cuarto examen», concluye.
Tras resumir todos estos testimonios, el CPT indica que «a la vista de la información recopilada, parece que el objetivo de los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación y confirmar dicha declaración antes de la vista oral».
Este informe del CPT ha sido publicado ahora junto a las alegaciones correspondientes emitidas por el Gobierno español. Curiosamente, pese a que estas últimas ocupan más del doble de espacio que aquel (205 páginas frente a 102), no hay réplica alguna contra los párrafos que recogen estos testimonios de detenidos vascos.
Sí se efectúa una consideración general posterior, tras enumerar quiénes fueron los detenidos incomunicados durante esos seis meses (incluida Etxebarria). Madrid asegura que «las personas detenidas fueron tratadas de forma correcta durante su estancia en las dependencias de la Guardia Civil y, en concreto, no se les tomó declaración esposadas, ni encapuchadas ni con los ojos vendados. Tampoco permanecieron de pie durante largo rato. No se realizaron tomas de declaración sin la asistencia de abogado de oficio».
«Todas las declaraciones se tomaron siguiendo las prescripciones legales y en las diligencias instruidas constan las horas de comienzo y finalización de los interrogatorios, queda constancia de los agentes que las realizaron, así como del instructor y secretario en cada una de las diligencias y actos de instrucción policial realizados», añade.
Insta a investigar
El argumentario del Gobierno español ante el CPT se basa en sostener que la incomunicación es una práctica poco frecuente pero justificada debido a la presunción de vinculación con ETA de estos detenidos. Asegura que es un régimen que cuenta con garantías. Y recurre una vez más a afirmar que este tipo de denuncias de torturas son habituales y forman parte de una maniobra orquestada.
Alega además que cada denuncia de torturas es trasladada a los juzgados y que a los sumarios se incorporan los informes forenses correspondientes. Sin embargo, tras reflejar los testimionios que recabó, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura «solicita a las autoridades españolas que lleven a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre los métodos utilizados por oficiales de la Guardia Civil cuando retengan e interroguen a personas detenidas». Y añade que «el CPT desea recibir dentro de un plazo de tres meses un informe detallado sobre las acciones adoptadas para aplicar estas recomendaciones».
Tras recordar al Estado que anteriormente ya le trasladó «los criterios necesarios para que una investigación sobre malos tratos sea eficaz», el CPT lamenta que «parece deducirse que cuando se formulan estas alegaciones son sistemáticamente consideradas como no fiables». Indica que le consta que en estos diez casos se han emitido informes forenses, pero desde los juzgados no se ha tomado medida alguna para investigar los casos.
En este contexto, hay que recordar que Europa viene poniendo de manifiesto su constancia de la negativa del Estado español a investigar torturas. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha dictado tres condenas por este motivo: Mikel San Argimiro, Aritz Beristan y Martxelo Otamendi.
El caso de Etxebarria también será visto por Estrasburgo. TAT y Behatokia anunciaron una demanda el pasado noviembre tras constatar que las diferentes instancias españolas «se han negado a proceder a cualquier tipo de investigación con el beneplácito incluso del Constitucional».
«Sorprendente» que todas las redadas sean de un mismo juez: Grande-Marlaska
El carácter periódico de estas visitas permite al Comité Europeo ir viendo la evolución de la legislación y la práctica. Así, en este informe de 2011 saluda positivamente que haya aumentado el número de jueces de Instrucción que aplican un protocolo de «salvaguardias específicas» para limitar los efectos de la incomunicación. La delegación europea dice que en 2007 eran dos de los magistrados del tribunal especial los que tomaban estas medidas y que ahora, cuatro años después, son tres. Sin embargo, a continuación califica de «sorprendente» que todas las detenciones en régimen de incomunicación producidas en los cinco meses investigados de 2011 «fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias».
Aunque el informe evita detallarlo, se trata de Fernando Grande-Marlaska, que fue el que ordenó la redada de Bilbo en la que fue detenida Beatriz Etxebarria junto a Daniel Pastor, Lorena López e Iñigo Zapirain. Todos ellos fueron encarcelados. Pastor pasó por el hospital durante el periodo de incomunicación; la versión oficial fue que «se autolesionó».
En sus alegaciones, el Gobierno español reconoce catorce detenciones incomunicadas durante ese periodo (siete en enero en Nafarroa contra acusados de integrar Ekin, las cuatro citadas de Bilbo y dos más en Legorreta y otra en Bera en abril). Niega cualquier caso de maltrato.
En la actualidad, según afirmó recientemente en Bilbo el exjefe de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional están dispuestos a aplicar eso que el CPT denomina «salvaguardias». Las últimas denuncias de torturas producidas en Euskal Herria son las de Iñaki Igerategi e Iñaxio Otaño, detenidos en Tolosa y Andoain en febrero de 2012, hace catorce meses.
TAT y Behatokia, colectivos que lideran la lucha contra la tortura en Euskal Herria, tomaron este informe como «un espaldarazo» a su labor. Tras resumir las demandas del Comité Europeo, subrayan «la falta de voluntad evidente que tiene el Estado español para modificar su actitud». Así las cosas, invitan a Europa «a tomar medidas al respecto, haciendo uso por ejemplo de la capacitación ofrecida por el artículo 10, apartado 2 del Convenio: `Si la parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista de las recomendaciones del Comité, este podrá (…) hacer una declaración pública al respecto».
Por su parte, Amaiur ha anunciado iniciativas tanto en las Cortes españolas. En el Congreso ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior para que dé explicaciones. Y en el Senado, Iñaki Goioaga ha presentado una pregunta dirigida a Mariano Rajoy para que aclare si piensa hacer efectivas las recomendaciones de este Comité Europeo. R.S.
El carácter periódico de estas visitas permite al Comité Europeo ir viendo la evolución de la legislación y la práctica. Así, en este informe de 2011 saluda positivamente que haya aumentado el número de jueces de Instrucción que aplican un protocolo de «salvaguardias específicas» para limitar los efectos de la incomunicación. La delegación europea dice que en 2007 eran dos de los magistrados del tribunal especial los que tomaban estas medidas y que ahora, cuatro años después, son tres. Sin embargo, a continuación califica de «sorprendente» que todas las detenciones en régimen de incomunicación producidas en los cinco meses investigados de 2011 «fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias».
Aunque el informe evita detallarlo, se trata de Fernando Grande-Marlaska, que fue el que ordenó la redada de Bilbo en la que fue detenida Beatriz Etxebarria junto a Daniel Pastor, Lorena López e Iñigo Zapirain. Todos ellos fueron encarcelados. Pastor pasó por el hospital durante el periodo de incomunicación; la versión oficial fue que «se autolesionó».
En sus alegaciones, el Gobierno español reconoce catorce detenciones incomunicadas durante ese periodo (siete en enero en Nafarroa contra acusados de integrar Ekin, las cuatro citadas de Bilbo y dos más en Legorreta y otra en Bera en abril). Niega cualquier caso de maltrato.
En la actualidad, según afirmó recientemente en Bilbo el exjefe de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional están dispuestos a aplicar eso que el CPT denomina «salvaguardias». Las últimas denuncias de torturas producidas en Euskal Herria son las de Iñaki Igerategi e Iñaxio Otaño, detenidos en Tolosa y Andoain en febrero de 2012, hace catorce meses.
TAT y Behatokia, colectivos que lideran la lucha contra la tortura en Euskal Herria, tomaron este informe como «un espaldarazo» a su labor. Tras resumir las demandas del Comité Europeo, subrayan «la falta de voluntad evidente que tiene el Estado español para modificar su actitud». Así las cosas, invitan a Europa «a tomar medidas al respecto, haciendo uso por ejemplo de la capacitación ofrecida por el artículo 10, apartado 2 del Convenio: `Si la parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista de las recomendaciones del Comité, este podrá (…) hacer una declaración pública al respecto».
Por su parte, Amaiur ha anunciado iniciativas tanto en las Cortes españolas. En el Congreso ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior para que dé explicaciones. Y en el Senado, Iñaki Goioaga ha presentado una pregunta dirigida a Mariano Rajoy para que aclare si piensa hacer efectivas las recomendaciones de este Comité Europeo. R.S.
