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UNA PELEA ENTRE LACAYOS
Fecha: 08/05
Norberto Calducci
La disputa entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales acerca de quién administra la entrega de los recursos hidrocarburíferos que involucra no sólo a las grandes petroleras internacionales, sino y especialmente al gran capital financiero (fondos buitre), deja fuera de debate un punto que es crucial.
Sea Nación-YPF o las provincias o sus empresas “provinciales”, ninguna de las partes debate lo que establece el artículo 6º de la ley 17.319 (ley de hidrocarburos), que determina que “son los permisionarios y concesionarios los que tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados…”, incluso podrán exportarlos.
Es decir, la disputa es alrededor de quién recibe la migaja y se asocia a los negocios conexos, pero en todos los casos, serán las empresas las que tienen el dominio sobre el hidrocarburo, es decir, las que se quedan con el 100% del producto, y por lo tanto con toda la renta que deje su proceso y comercialización.
Es una disputa entre lacayos, no hay en ello ni una pizca de soberanía.
Fuente: Prensa Obrera
NUEVA LEY BUITRE
Fecha: 26/06
Pablo Heller
La nueva ley de hidrocarburos que será girada al Congreso apunta a ordenar la explotación petrolera y gasífera en función de las exigencias de los grandes pulpos. Los K pretenden generalizar el acuerdo con Chevron. Para ello, Galluccio y su equipo plantean que es necesario superar “la interferencia” de los gobiernos provinciales.
Por caso, las concesiones que tiene YPF en Vaca Muerta caducan en 2027, lo que choca con un proyecto de explotación a largo plazo como el que exigen Chevron u otras corporaciones petroleras. La “provincialización” de los recursos petroleros -que bajo el menemismo y también los K fue un vehículo para la entrega de los recursos- se ha convertido ahora en un obstáculo.
El nuevo marco regulatorio del gobierno nacional y Galluccio va dirigido a dejarle a YPF el terreno despejado para negociar con los pulpos, sin intermediarios locales.
El proyecto de la Casa Rosada plantea que la participación de las provincias en la renta petrolera sólo podría concretarse mediante la percepción de regalías, que en la actualidad tienen un techo del 12%. Eso elimina la participación de las empresas petroleras provinciales (como las que funcionan en Neuquén y en otras jurisdicciones) en el negocio, a través del denominado “carry” (acarreo). En ese régimen, la compañía provincial aporta el área a cambio de mantener un porcentaje en el negocio, sin hacerse cargo de las inversiones. El proyecto oficial también extiende los plazos de las concesiones a las empresas que se dediquen a la explotación de recursos no convencionales.
Las provincias vienen adaptándose a la presión oficial. Han aceptado los lineamientos centrales del proyecto K, a sabiendas que está en sintonía con las pretensiones de las grandes petroleras internacionales. La resistencia actual se circunscribe a regatear en el monto de las regalías y en algunos mecanismos compensatorios por el desplazamiento de las empresas petroleras provinciales. [...]
El gobierno nacional y provincias, en cambio, coincidieron por completo en la creación de “nuevas modalidades laborales”; es decir, la liquidación del convenio colectivo de petroleros y la generalización del régimen de trabajo fuera de convenio -o sea, la reducción del salario y de las condiciones laborales. Es un ataque abierto a los obreros petroleros, que las empresas reclaman como “baja del costo laboral”.
La mentada lluvia de inversiones no ha llegado y están en la agenda nuevas concesiones. Esta cuestión ya se ha asomado también en las discusiones de la nueva ley. Por lo pronto, los gobernadores incorporaron “la necesidad de crear un sendero de precios y garantizar el giro de utilidades para las empresas extranjeras, casi dos temas tabú para el kirchnerismo” (La Nación, 21/6).
Las cuestiones fundamentales de Vaca Muerta siguen en la oscuridad: costo de la explotación, en un marco de descenso de precios internacionales; la carga por el pasivo ambiental; el costo de la exportación, que requiere instalaciones de licuación y regasificación del combustible; monto de las inversiones netas -con exclusión de reinversión de beneficios.
La disputa para copar las concesiones de explotación en beneficio de los pulpos no resuelve la crisis de energía en Argentina.
Fuente: Prensa Obrera.
LA LEY DE HIDROCARBUROS DE LA CAMARILLA KICILLOF-GALUCCIO
Fecha: 17/07
Pablo Heller
El desplazamiento de Daniel Cameron de la Secretaría de Energía apunta a concentrar en manos de la camarilla Kicillof-Galuccio la entrega de Vaca Muerta a las multinacionales petroleras. Específicamente, esta dupla busca imponer una nueva ley de hidrocarburos que, por un lado, desplaza de la actividad a las empresas petroleras provinciales y, del otro, pone a YPF como socia obligada de cualquier inversión privada. [...]
El proyecto de ley generaliza el acuerdo que tiempo atrás se firmó con Chevron. Amplía las concesiones y otorga a los beneficiarios la libre disponibilidad del 20 por ciento de la producción o de las divisas que ésta genere. Por otro lado, coloca límites a lo que pueden cobrar las provincias [...]
Para ablandar la resistencia de los gobernadores, se establece que “las empresas tendrán que destinar 0,5 por ciento de las nuevas inversiones que realicen a las arcas provinciales. Además, el Estado nacional le dará a la provincia otro uno por ciento de esa inversión (y) “un 3 por ciento de regalías adicionales cada vez que una petrolera solicite una extensión de la concesión” (Clarín, 13/7).
El proyecto respeta los acuerdos preexistentes, en referencia a las concesiones de Pan American Energy, en Chubut; Petrobras, en Río Negro, tan responsables como Repsol del vaciamiento petrolero nacional.
En oposición a esta nueva entrega, planteamos la nacionalización integral del petróleo y de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores, para colocar dichos recursos al servicio de un plan de industrialización y desarrollo nacional independiente, la defensa del medio ambiente y las necesidades populares.
Fuente: Prensa Obrera.
No puede pasarse por alto, como bien marco en negrita en el último artículo, que este negociado forma parte del proceso de chevronización de la Economía: Se desplaza el rol de arbitraje económico del Estado que ejercía el Kirchnerismo; cambiándolo por la liberación y dolarización de las tarifas, junto con la libertad de las patronales de girar divisas al exterior. La política fiscal es empujada hacia la inevitable devaluación.
La oposición patronal, justamente, al criticar en su momento el pacto con Chevron lo que hacía era actuar en función a los intereses de la burguesía nacional que deseaba gozar de estas ventajas.
Fecha: 08/05
Norberto Calducci
La disputa entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales acerca de quién administra la entrega de los recursos hidrocarburíferos que involucra no sólo a las grandes petroleras internacionales, sino y especialmente al gran capital financiero (fondos buitre), deja fuera de debate un punto que es crucial.
Sea Nación-YPF o las provincias o sus empresas “provinciales”, ninguna de las partes debate lo que establece el artículo 6º de la ley 17.319 (ley de hidrocarburos), que determina que “son los permisionarios y concesionarios los que tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados…”, incluso podrán exportarlos.
Es decir, la disputa es alrededor de quién recibe la migaja y se asocia a los negocios conexos, pero en todos los casos, serán las empresas las que tienen el dominio sobre el hidrocarburo, es decir, las que se quedan con el 100% del producto, y por lo tanto con toda la renta que deje su proceso y comercialización.
Es una disputa entre lacayos, no hay en ello ni una pizca de soberanía.
Fuente: Prensa Obrera
NUEVA LEY BUITRE
Fecha: 26/06
Pablo Heller
La nueva ley de hidrocarburos que será girada al Congreso apunta a ordenar la explotación petrolera y gasífera en función de las exigencias de los grandes pulpos. Los K pretenden generalizar el acuerdo con Chevron. Para ello, Galluccio y su equipo plantean que es necesario superar “la interferencia” de los gobiernos provinciales.
Por caso, las concesiones que tiene YPF en Vaca Muerta caducan en 2027, lo que choca con un proyecto de explotación a largo plazo como el que exigen Chevron u otras corporaciones petroleras. La “provincialización” de los recursos petroleros -que bajo el menemismo y también los K fue un vehículo para la entrega de los recursos- se ha convertido ahora en un obstáculo.
El nuevo marco regulatorio del gobierno nacional y Galluccio va dirigido a dejarle a YPF el terreno despejado para negociar con los pulpos, sin intermediarios locales.
El proyecto de la Casa Rosada plantea que la participación de las provincias en la renta petrolera sólo podría concretarse mediante la percepción de regalías, que en la actualidad tienen un techo del 12%. Eso elimina la participación de las empresas petroleras provinciales (como las que funcionan en Neuquén y en otras jurisdicciones) en el negocio, a través del denominado “carry” (acarreo). En ese régimen, la compañía provincial aporta el área a cambio de mantener un porcentaje en el negocio, sin hacerse cargo de las inversiones. El proyecto oficial también extiende los plazos de las concesiones a las empresas que se dediquen a la explotación de recursos no convencionales.
Las provincias vienen adaptándose a la presión oficial. Han aceptado los lineamientos centrales del proyecto K, a sabiendas que está en sintonía con las pretensiones de las grandes petroleras internacionales. La resistencia actual se circunscribe a regatear en el monto de las regalías y en algunos mecanismos compensatorios por el desplazamiento de las empresas petroleras provinciales. [...]
El gobierno nacional y provincias, en cambio, coincidieron por completo en la creación de “nuevas modalidades laborales”; es decir, la liquidación del convenio colectivo de petroleros y la generalización del régimen de trabajo fuera de convenio -o sea, la reducción del salario y de las condiciones laborales. Es un ataque abierto a los obreros petroleros, que las empresas reclaman como “baja del costo laboral”.
La mentada lluvia de inversiones no ha llegado y están en la agenda nuevas concesiones. Esta cuestión ya se ha asomado también en las discusiones de la nueva ley. Por lo pronto, los gobernadores incorporaron “la necesidad de crear un sendero de precios y garantizar el giro de utilidades para las empresas extranjeras, casi dos temas tabú para el kirchnerismo” (La Nación, 21/6).
Las cuestiones fundamentales de Vaca Muerta siguen en la oscuridad: costo de la explotación, en un marco de descenso de precios internacionales; la carga por el pasivo ambiental; el costo de la exportación, que requiere instalaciones de licuación y regasificación del combustible; monto de las inversiones netas -con exclusión de reinversión de beneficios.
La disputa para copar las concesiones de explotación en beneficio de los pulpos no resuelve la crisis de energía en Argentina.
Fuente: Prensa Obrera.
LA LEY DE HIDROCARBUROS DE LA CAMARILLA KICILLOF-GALUCCIO
Fecha: 17/07
Pablo Heller
El desplazamiento de Daniel Cameron de la Secretaría de Energía apunta a concentrar en manos de la camarilla Kicillof-Galuccio la entrega de Vaca Muerta a las multinacionales petroleras. Específicamente, esta dupla busca imponer una nueva ley de hidrocarburos que, por un lado, desplaza de la actividad a las empresas petroleras provinciales y, del otro, pone a YPF como socia obligada de cualquier inversión privada. [...]
El proyecto de ley generaliza el acuerdo que tiempo atrás se firmó con Chevron. Amplía las concesiones y otorga a los beneficiarios la libre disponibilidad del 20 por ciento de la producción o de las divisas que ésta genere. Por otro lado, coloca límites a lo que pueden cobrar las provincias [...]
Para ablandar la resistencia de los gobernadores, se establece que “las empresas tendrán que destinar 0,5 por ciento de las nuevas inversiones que realicen a las arcas provinciales. Además, el Estado nacional le dará a la provincia otro uno por ciento de esa inversión (y) “un 3 por ciento de regalías adicionales cada vez que una petrolera solicite una extensión de la concesión” (Clarín, 13/7).
El proyecto respeta los acuerdos preexistentes, en referencia a las concesiones de Pan American Energy, en Chubut; Petrobras, en Río Negro, tan responsables como Repsol del vaciamiento petrolero nacional.
En oposición a esta nueva entrega, planteamos la nacionalización integral del petróleo y de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores, para colocar dichos recursos al servicio de un plan de industrialización y desarrollo nacional independiente, la defensa del medio ambiente y las necesidades populares.
Fuente: Prensa Obrera.
No puede pasarse por alto, como bien marco en negrita en el último artículo, que este negociado forma parte del proceso de chevronización de la Economía: Se desplaza el rol de arbitraje económico del Estado que ejercía el Kirchnerismo; cambiándolo por la liberación y dolarización de las tarifas, junto con la libertad de las patronales de girar divisas al exterior. La política fiscal es empujada hacia la inevitable devaluación.
La oposición patronal, justamente, al criticar en su momento el pacto con Chevron lo que hacía era actuar en función a los intereses de la burguesía nacional que deseaba gozar de estas ventajas.
