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Un programa contra el trabajo esclavo
Vanina Biasi
“El taller donde trabajo es, junto a otros cien talleres clandestinos en la ciudad de La Plata, proveedor de la textil Tiza”, cuenta Fredy, que es costurero desde que vino a este país desde Bolivia. “Trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y dormimos donde trabajamos. Ahora estamos haciendo camperas y nos pagan 6 pesos por cada una. En mi taller trabajamos cinco personas”. Fredy “vive” en Bajo Flores, aunque desde que consiguió este trabajo se va todos los lunes a La Plata y vuelve los viernes a la noche. Hace dos años consecutivos que gana el torneo de ajedrez del pic-nic anual del PO. Antes había salido segundo y es el realizador de un trabajo artesanal en papel con la figura de Carlos Marx que se exhibe en el local de Flores del Partido Obrero. Lee y se forma cuando deja el trabajo a las 9 de la noche. Y milita los fines de semana sin excepción.
El juez Oyarbide, en un fallo que sobreseyó a los directivos de la empresa Soho, sostiene que el trabajo de entre 14 y 20 horas a los que son sometidos, los abusos, el dormir entre la mugre de un tallercito, son “costumbres culturales de los pobladores del altiplano boliviano”. Así actúa la justicia cuando está acorralada ante la evidencia: insultan a los pueblos y disfrazan la barbarie capitalista de “costumbres” ajenas a ella.
Se calcula que sólo en el partido de La Matanza hay instalados entre 3500 y 5000 talleres clandestinos. Luego del incendio de Luis Viale, donde murieron cuatro menores, un adolescente y un mayor, en Capital las cifras varían pero ninguna está por debajo de los 3500 talleres. El La Plata, sólo la textil Tiza vive del trabajo clandestino de unas quinientas personas dispersas en unos cien talleres.
Un compañero del Polo Obrero de la Villa 20, cose con su familia buzos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las horas son muchas, pero tienen otras condiciones laborales desde que pudieron comprar su propia máquina; el compañero destaca que, por lo menos, al mediodía puede levantarse e ir a comer. Esto, en una actividad en la que llegan a estar encadenados al lado de la máquina, no es menor: con este esquema independiente ningún “compadre” o tallerista de otra nacionalidad los hostiga hablándoles a la nuca, ni regateando el pago para tenerlos atados al taller, ni psicopateándolos diciéndoles que gracias a él saben coser y que más que recibir una paga debieran pagarle a él.
Cuando ingresa en el país, cada boliviano debe pasar por la explotación salvaje de un “compadre”, o un argentino, paraguayo, peruano o coreano. Con el “compadre” comparten el idioma, y en general son éstos los que hicieron los contactos en Bolivia para la llegada de los trabajadores aquí. Los primeros pasos se realizan en condiciones de esclavitud completa, “sacrificio” que se realiza para aprender el oficio que les está predeterminado en estas tierras, cuando no les toca el de granjero, levantando miles de huevos diariamente, mierda de gallina y fumigando desde los tres años, como ocurre en granjas “ilegales” ubicadas en el Gran Buenos Aires. En este caso también el regenteador será un “compadre” o un argentino, y el beneficiario de la recolección seguramente se llamará Alfredo Coto o cualquier otro nombre estelar de la burguesía “nacional y popular”, o de la burguesía francesa o española que han radicado “inversiones” en nuestro país. El sometimiento laboral viene acompañado de otras vejaciones: abusos sexuales, presiones psicológicas y enfermedades variadas. No podía ser de otra manera bajo un régimen social que sobrevive a costa de reconvertir el cuerpo humano en una mercancía en la que sólo le garantiza su existencia en la medida en que produce rindes económicos.
Cari es el vicepresidente de la Junta Vecinal de la Villa Los Piletones, militante del Partido Obrero, costurero desde hace años, él y su familia, aunque algunos de ellos consiguieron otros trabajos que aparecen en la zona; por ejemplo, la construcción de viviendas, con salarios por debajo del convenio y bajo condiciones de hostigamiento también, esta vez a cargo del argentino Sergio Shocklender.
Cari conoce el rubro y ha recorrido un camino: cuando se trabajó a destajo durante años y se tiene la propia máquina, la otra “tentación” para mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos es armar la cooperativa de trabajo. Sin embargo, en general, esta forma “organizada” de la autoexplotación trae más problemas que soluciones y suelen no terminar bien. En ese punto coinciden los compañeros de la Villa 20 y los de Flores.
En todos los casos el negocio contiene la esclavización, la superexplotación laboral en negro y la clandestinidad, en la que los abusos y los maltratos son la norma. El eterno trámite para sacar la documentación en la Argentina es un factor fundamental también para la explotación de estas condiciones laborales. Una de las amenazas más habituales de talleristas, policías y demás protagonistas de estas historias, es la deportación al país de origen.
En la cadena “clandestina” el cortador cobrará 3 pesos por cortar la prenda; Fredy, el costurero, cobrará 6 pesos por coser la prenda que en este caso es una campera; el tallerista cobrará 12 pesos por entregar la prenda al comercializador y éste la colocará en la vidriera por 100 ó 150 ó 200 pesos o más. El comercializador deberá pagar algunos impuestos menores que siempre logrará reducir gracias a un contador amigo, pagará el alquiler del local y sueldos menores para la comercialización, que gracias al convenio de los trabajadores de comercio, gremio capitaneado por Cavalieri, serán terriblemente bajos.
La base de la solución a esta forma de superexplotación no está exclusivamente en el reclamo de que el comercializador ceda en sus ganancias para que el resto de la cadena esté en mejores condiciones económicas. Este planteo tiene una raíz utópica en su sentido más estricto y literal. Antes que resignar sus ganancias, un capitalista traspasa sus inversiones a otros rubros más rentables: por ejemplo el agro, donde entre otros factores de superganancias, el de la mano de obra esclava o super precarizada sigue intacto. Eso tampoco figura en las campañas mediáticas que hacen los gobiernos cuando desmantelan algunos talleres, sin ofrecer a sus trabajadores ninguna salida laboral. En estos casos el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y el kirchnerismo, lo único que hacen es demostrar su complicidad con la existencia de miles de trabajadores en negro o esclavos.
Gobierno, burocracia sindical y justicia de los esclavistas
Con posterioridad al incendio de un taller clandestino en Caballito, que funcionaba en la calle Luis Viale, en el que trabajaban 60 personas y donde murieron seis, se abrieron una serie de demandas judiciales que si bien están siendo saldadas a favor de las grandes empresas implicadas, han provocado una peligrosa visibilidad de estas condiciones laborales explotadas por la Cámara de la Industria de la Indumentaria, que dirige De Mendiguren, aliado kirchnerista que comparte plenamente esa práctica con la Sociedad Rural que dirige Miguens y la Federación Agraria de Buzzi, coyunturalmente enemistados con el gobierno.
El juez federal Oyarbide alegó “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los talleristas y costureros” para sobreseer a Nelson Sánchez Anterino, Sofía Gabina Verón y Hermes Provenzano, dueños de la empresa Gilmer SA, que comercializa la marca Soho. Esos empresarios fueron denunciados en marzo de 2007 por trabajadores de La Alameda junto a los propios trabajadores de la empresa y a los que “se le imputaron los delitos de violación de la ley de migraciones, a la ley de trabajo a domicilio y reducción a la servidumbre” tal como señala un comunicado de La Alameda. No fue original Oyarbide: el sistema judicial argentino está plagado de esta infame e insultante forma de salir a defender a su clase capitalista, o de evitar que sean castigados quienes cometen abusos sexuales contra las mujeres. Cientos de casos en el norte del país muestran que aún se ejerce el “derecho de pernada”, y es defendido en nombre de inexistentes “pautas culturales” en el sistema judicial. El caso Romina Tejerina estuvo atravesado por las declaraciones del juez Tizón, presidente del Tribunal Superior jujeño, justificando el abuso sexual como parte de las “costumbres culturales” en su tierra. Con las mismas prácticas, el Ingenio Ledesma en Jujuy, o el Ingenio El tabacal en Salta, contratan a trabajadores a los que esclavizan, matan y expropian sus tierras.
La respuesta del gobierno “nacional y popular” no se hizo esperar, y es claramente una respuesta de encubrimiento de la “industria” de la esclavitud: se aprestan a modificar la Ley de Trabajo a Domicilio, que rige desde 1941, a favor de las empresas. Han aprobado el 9 de abril una ley de trata de personas que exime a los tratantes con fines de explotación laboral y sexual de pagar por el delito de comprar y vender personas.
Este tándem de leyes constituyen el cuerpo de “seguridad jurídica” que exigen los capitalistas para producir. Las leyes laborales jamás fueron aplicadas, su modificación permite sencillamente terminar de asegurar a las patronales la claridad jurídica que reclaman para completar el manto de impunidad que los cubre.
La ley 12.713 de trabajo a domicilio, que entró en vigencia en mayo de 1942, establece en su artículo 4: “Los empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo domicilio, son responsables solidariamente: a) Del pago de los salarios fijados por las comisiones respectivas (…); b) De los accidentes de trabajo, y de las condiciones en que éste se realice, excepto cuando el trabajo se ejecuta o cuando el accidente ocurra en el domicilio privado del obrero; c) De las obligaciones establecidas en el artículo 32 de esta ley. Los intermediarios y talleristas son considerados como obreros a domicilio con relación a las dadores del trabajo y como patronos sujetos a las obligaciones que les impone esta ley y las reglamentaciones que se dicten a quienes encarguen la ejecución del trabajo”. Como se puede desprender del presente artículo la “responsabilidad solidaria” de los empresarios jamás se aplicó para hacerlos cumplir con sus obligaciones. La ley fue parida finalizando la llamada “década infame” en nuestro país, y está firmada entre otros por Robustiano Patrón Costas, miembro de la Cámara de Senadores de entonces, un apellido emblemático de explotadores de los trabajadores del norte de nuestro país, asesino de indígenas, esclavizador y apropiador de tierras. ¿Cómo vamos a denominar a la década del siglo XXI que pretende cerrarse otorgando una absoluta impunidad jurídica a los beneficiarios de la esclavitud laboral?.
Los inspectores de habilitaciones de boliches y centros laborales de la ciudad son mandatados para hacer la vista gorda y habilitados para participar del mundo de la coima. La modificación de la Ley de Trabajo a Domicilio, que debería ser una norma aplicada a la actividad, no surge para evitar que se eluda su aplicación, sino exclusivamente para dar la tranquilidad jurídica que la patronal de la industria de la indumentaria reclama. El presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria de Bebés y Niños (Caibyn), Victor Benyacar, y el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya se encuentran armando variantes que directamente legalizan el trabajo esclavo y eximen a los grandes empresarios de la responsabilidad sobre su utilización.
La ley de trata de personas que impuso el gobierno nacional el 9 de abril último, de la mano de Aníbal Fernández, está directamente relacionada con el negocio de la indumentaria también, y con la cobertura legal de quienes esclavizan gente al servicio de la ganancia capitalista en el rubro “turismo” sexual en hoteles cinco estrellas, en la industria de la indumentaria, en el campo y demás finalidades de la trata de personas.
“La forma es ir a buscarlos a Bolivia para que te trabajen. Si no, no rinden. No cierran los números, papi” explica a Gustavo Arrieta, periodista del diario La Nación (11/5/08), un tallerista que en su relato se define sin decirlo como un tratante de personas, sumado a que es un esclavizador declarado que vive, como él mismo dice, de “chuparles la sangre como las vinchucas” a los trabajadores que traslada hasta su taller, sumado a que es y se declara un abusador de mujeres. Por obra de la ley de Trata de Personas, aprobada el 9 de abril en los términos impuestos por Aníbal Fernández y Vilma Ibarra, este sujeto jamás será acusado de tratante (ni de violador, ni de abusador, ni de esclavista), sencillamente porque ante un juez demostrará que existió consentimiento de la víctima, algo que la ley se encarga de introducir con la única finalidad de otorgar, otra vez, tranquilidad jurídica a los tratantes que generan una gran negocio con participación estatal en diferentes niveles.
La ley de Trata de Personas en su artículo segundo señala: “Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.” Este artículo obliga a definir el delito sólo en caso de que quede demostrado que la víctima no consintió con ser esclavizada.
Un ejemplo escandaloso que ejemplifica claramente la cuestión del consentimiento de la víctima quedó retratado en el caso Gamarra y Ojeda en Santa Fe, dos jóvenes desaparecidas que fueron encontradas por el padre de Gamarra en un prostíbulo de La Rioja. Secuestradas con fines de prostitución por reconocidos proxenetas de su barrio, la familia Núñez, las familias de ambas fueron amenazadas cuando el caso tomó estado público. Una tía de Gamarra fue golpeada y la entonces fiscal Tessio recibió luego de la denuncia judicial por la desaparición a una de ellas, Ojeda, en su despacho, acompañada por un nuevo abogado. En esas circunstancias se retractó de las denuncias originales, manifestó haberse ido por propia voluntad y la fiscal del caso ni dio aviso a la familia ni realizó al respecto ningún otro tipo de investigación que mostrara que Ojeda había sido obligada a retractarse. La fiscal Tessio, proveniente del radicalismo provincial, fue la seleccionada por Binner para acompañarlo en la fórmula a gobernador y es hoy la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. El mecanismo usado en este caso muestra claramente lo que la ley de Trata brinda impunidad, permitiendo a proxenetas y tratantes coaccionar a sus víctimas para que declaren a su favor ante la Justicia. La ley impone aún en los casos en que se penalice al tratante penas irrisorias para semejante delito (3 años de mínima para quienes comercialicen cuerpos de mayores de 18 años), no incauta los bienes de los tratantes (con los cuales, por ejemplo, pagan a los abogados más costosos) y está totalmente inmersa en un contexto donde en todo momento se intenta separar el delito de la trata de la finalidad para la cual existe: la explotación sexual y laboral de mayores y menores de edad y el enorme negocio que esto implica.
La ley de marras fue saludada por los Estado Unidos en un comunicado publicado por el embajador Earl Wayne. El apuro del gobierno argentino para aprobar algún marco legal estaba dado por la ratificación del Protocolo de Palermo, un convenio internacional amoldado a los intereses de la política exterior de EEUU, aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional.
Es posible que Marita Verón, secuestrada hace seis años en la provincia de Tucumán, esté aún con vida, y sea sometida a esclavitud sexual en un gran hotel de la Patagonia promocionado en Internet como la atracción de Sudamérica para la caza del cordero patagónico. Allí, un buen servidor le ofrecerá a un turista alemán un book donde posiblemente esté fotografiada Marita. La explotación de las Marita deja rindes superiores a los mil dólares mensuales por mujer.
Aníbal Fernández y Vilma Ibarra defendieron a capa y espada una ley que encubre las espaldas del negocio del turismo, la vestimenta y otras ramas basados en el delito de la trata y de la explotación laboral y sexual, sencillamente porque las cajas oficiales superavitarias, las cajas negras de la política y la policía y demás ingresos oficiales y extra oficiales, son nutridas por este enorme negocio, y sus rendimientos gravitan de forma directa en la economía argentina. Fernández maneja a la policía que se nutre de las coimas a talleres textiles, prostíbulos y proxenetas, boliches no habilitados y también maneja las fuerzas que actúan en las fronteras, que cobrarán lo propio por traslados de mujeres al exterior o por la inmigración ilegal que se transformará en la mano de obra esclava de la industria nacional. El caso de Natalia, de 13 años, hija de una compañera de la agrupación Tribuna Docente de Santa Fe y delegada del gremio Amsafe, muestra que este “modus operandis” está intacto y que ningún juez está dispuesto a desmantelarlo. A través de un tratante que actúa por Internet, Natalia fue traspasada por la frontera entre Argentina y Uruguay sin que nadie los detuviera. Luego fue trasladada hasta Melo, Uruguay, en el límite con Brasil. Natalia fue regresada por la impresionante campaña inmediata que organizó su mamá. Sin embargo, no siempre se tienen los recursos y la capacidad para esto y finalmente prospera la venta de las personas. El juez Berbero caratuló la causa como “fuga inducida” y se dispone a cerrarla sin investigar nada.
Quienes garantizan la mano de obra en el rubro industria de la indumentaria, emplean muchas veces a personas que han sido trasladadas y luego vendidas para ser esclavizadas en un taller o en una granja. En el norte de la provincia de Buenos Aires, cerca de Zárate, en el partido de Exaltación de la Cruz, fue noticia el descubrimiento de una granja avícola donde se esclavizaban a inmigrantes. “Oscar Taboada Ortuño, trabajador de la empresa avícola Nuestra Huella, denunció que son unas 20 las granjas donde habría en total 200 bolivianos. (…) según la queja de Taboada Ortuño- en la granja trabajaban 15 horas corridas (de 6.00 a 21.00), de lunes a lunes, sin feriados ni domingos, y no podían salir porque la cerca que rodea todo el lugar se encuentra electrificada. Valdez dijo que los niños, menores de 10 años, además de no asistir a la escuela, laboraban al igual que sus padres, pero el salario ($us 250) era el pago por la faena de toda la familia. Nacido en Potosí, Taboada Ortuño relató (…) que el propietario de la granja avícola sería Carlos Luaces. En la embajada presumen que éste sería argentino y que los obreros son potosinos (…). El fiscal, luego de ver las condiciones laborales, declaró: ‘Hay veneno para las moscas en todas partes y es peligroso. Comprobamos que de todos los trabajadores que hay, de 50 a 60, sólo uno trabaja legalmente, el resto no y hay menores trabajando’. De los 60 obreros, 30 son de nacionalidad boliviana. Los empleados aprovecharon las cámaras de televisión y denunciaron que eran drogados para estar tranquilos por las noches” (http://www.embajadadebolivia.com.ar).
La cara visible de las familias esclavizadas en Exaltación de la Cruz es ese perímetro electrificado, y esos niños trabajando desde los tres años y las torturas y los vejámenes. Sin embargo el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha informado sobre el destino de los miles de huevos que se producían allí, algo que mostraría que la única razón de existencia de esas granjas esclavistas son la explotación que del producto de esta forma de trabajo hace la gran burguesía argentina y extranjera subsidiada y mimada por el gobierno “nacional y popular”.
En la Ciudad de Buenos Aires, tal como relatan los compañeros de la Villa, el gobierno de Macri ofreció a la junta vecinal de la Villa Los Piletones armar un edificio donde los costureros cuenten con un espacio para coser. No urbanizan las villas, no construyen viviendas populares en la ciudad, entregan sus terrenos a la especulación inmobiliaria, no otorgan trabajo genuino, ni agilizan los trámites para que obtengan su documentación; sin embargo, ofrecen armar un “costureródromo” quizá con la finalidad de poder cobrarles la luz finalmente, reclamo histórico de las empresas proveedoras en las villas. Este “proyecto” macrista no tiene en cuenta que la primera condición de este negocio es la clandestinidad. La ropa que los compañeros producen es vendida en los shoppings y en los mejores circuitos comerciales con ganancias siderales para Soho, Montagne, Chiky y demás empresas que auspician al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los funcionarios que se acercaron a la Villa Los Piletones no mencionaron, siquiera verbalmente, el compromiso de hacer cumplir la ley de trabajo a domicilio, que establece una responsabilidad “solidaria” entre el taller y la empresa que comercializa sus productos, algo que es prerrogativa del Gobierno de la Ciudad y el nacional. El año pasado, el gobierno de la ciudad compró un inmueble destinado al “Polo Textil de Barracas”. Dicho predio fue destinado al Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para que allí funcionaran 200 trabajadores cooperativizados, una cifra insignificante dentro del universo de damnificados por esta actividad. No se ha avanzado hasta ahora en la refacción del lugar para ponerlo en marcha, sin embargo detrás de este tipo de propuestas se nota claramente la voluntad de los gobiernos de la ciudad de continuar con el sistema esclavizante, negando un trabajo en blanco e introduciendo una variable absolutamente estéril como lo es la de la cooperativización.
En febrero, la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (Foniva) firmó un convenio con la patronal de la indumentaria que otorga, al reducido grupo de trabajadores en blanco, un “aumento” en tres cuotas del 5% en febrero, 3% en abril y 3% en julio, 8 puntos y medio por debajo del tope salarial impuesto por Moyano y el gobierno de Kirchner. La federación gremial y la cámara de la industria del vestido contabilizaban en 1993 en 40 mil a los “beneficiarios” del convenio colectivo firmado por las partes. En 2005, la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines en su informe de “Posicionamiento de la indumentaria argentina” declara un total de 106.300 ocupados en la producción y 88.600 ocupados en el comercio de indumentaria. En 2007 fue reformado el convenio de la vestimenta y en el mismo las partes declaran un universo de “beneficiarios” de “25.708 trabajadores/as” (http://www.osvestido.com.ar/). Un nivel de producción industrial que según la Cámara de la Indumentaria, asciende a 3000 millones de dólares de valor de producción y 4978 millones de dólares de valor de comercialización de las prendas, parece difícil creer que haya sido alcanzado solamente por 100 mil personas, si tuviéramos en cuenta las cifras otorgadas por la Cámara de la Indumentaria. Sólo la inmigración boliviana, productora por excelencia del sector en negro de la vestimenta, asciende a más de un millón en nuestro país. Por la cantidad de talleres que se calculan existen en Capital y Gran Buenos Aires, no menos de 150 mil personas están siendo esclavizadas o superexplotadas y otras no cuantificadas funcionan en sus hogares a nivel familiar, como el caso de los compañeros de la Villa 20.
Los gobiernos provinciales y el gobierno nacional son consumidores por excelencia de trabajo esclavo y super explotado. Donde existían, todos han desmantelado los sectores dedicados a la elaboración de vestimentas que estaban encuadrados dentro del municipio, cuyas trabajadoras y trabajadores cobraban salarios de convenio. En su lugar, han trasladado las necesidades del sector a compras a terceros: ¿quiénes son los terceros? Los que hacen producir las vestimentas de trabajo, los ambos, las sábanas, etc., al trabajo esclavo. Los que compraban las prendas terminadas al tallerista de Luis Viale en el barrio de Caballito antes del incendio. Sólo en la Capital Federal el gobierno destina grandes partidas presupuestarias a una deficitaria compra de ropa de trabajo (los reclamos gremiales para incrementar las mudas de trabajo y el estado de las sábanas en los hospitales, entre otros, muestran que siempre son insuficientes) que es elaborada del trabajo esclavo que se reproduce de a miles en la Capital y en el conourbano. Seguidamente al incendio del taller de Caballito, el ex jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, realizó una campaña para hacer como que combatía el trabajo esclavo: el resultado fue claro, los talleres cerraban sin pagar las deudas a sus trabajadores, los talleristas se trasladaron provincia, las penas impuestas siempre son del orden de lo laboral “llamados a regularizar la situación” (!), y a algunos costureros se los colocó en alguna cooperativa de trabajo. Una vez pasada la furia inicial todo volvió a su esclava normalidad.
Nuestro programa
Trabajo bajo convenio en el Estado, que el gobierno de Macri y el de Kirchner dejen de comprar trabajo esclavo a través de grandes compañías y otros proveedores y que contrate bajo convenio a los costureros y costureras, cortadores, diseñadores, planchadores y demás trabajadores del rubro para que directamente realicen la indumentaria necesaria para el conjunto de empleados y sectores necesarios del gobierno de la Ciudad, el nacional y los gobiernos provinciales.
Blanqueo completo de la actividad con prohibición de despido. Puesta bajo control obrero de la fábricas del área de la industria de la indumentaria.
No a la modificación de la ley 12.713 de trabajo a domicilio, que se aplique al conjunto de las patronales del país, que paguen salarios de convenio y que se haga responsables a los empresarios que comercializan, por las condiciones de trabajo en las que se produce el producto que venden.
Cárcel a los vividores del trabajo esclavo en todos los rubros.
Derogación de la Ley de trata de personas aprobada por el kirchnerismo, el macrismo y el ARI, que encubre a tratantes, esclavistas y proxenetas.
Derogación del convenio hiperflexible y productivista de los empleados de la industria del vestido que está basado en un criterio de pago por productividad y está repleto de premios por presentismo y puntualidad que completan casi el 50% del salario.
Abajo el fallo judicial infame de Oyarbide que absuelve a los empresarios de la industria de la indumentaria.
Entrega inmediata de la documentación a los compañeros de otras nacionalidades.
Blanqueo de todos los trabajadores en “negro”.
Salario igual a la canasta familiar.
Con el norte de un programa clasista que combata las bases mismas de este sistema debemos poner en pie una corriente nacional de trabajadores de la indumentaria que se organice contra la esclavitud, por el trabajo en blanco, el salario igual a la canasta familiar y contra el fraude laboral de la industria de la indumentaria.
Informe armado en base a una reunión con compañeros costureros del local de Flores, de la Villa 20 y de Piletones.
nformación extraída de los sitios de Internet de la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria , convenios colectivos y actas y de comunicados de La Alameda.
Fuente: En Defensa del Marxismo, publicación del Partido Obrero.
Vanina Biasi
“El taller donde trabajo es, junto a otros cien talleres clandestinos en la ciudad de La Plata, proveedor de la textil Tiza”, cuenta Fredy, que es costurero desde que vino a este país desde Bolivia. “Trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y dormimos donde trabajamos. Ahora estamos haciendo camperas y nos pagan 6 pesos por cada una. En mi taller trabajamos cinco personas”. Fredy “vive” en Bajo Flores, aunque desde que consiguió este trabajo se va todos los lunes a La Plata y vuelve los viernes a la noche. Hace dos años consecutivos que gana el torneo de ajedrez del pic-nic anual del PO. Antes había salido segundo y es el realizador de un trabajo artesanal en papel con la figura de Carlos Marx que se exhibe en el local de Flores del Partido Obrero. Lee y se forma cuando deja el trabajo a las 9 de la noche. Y milita los fines de semana sin excepción.
El juez Oyarbide, en un fallo que sobreseyó a los directivos de la empresa Soho, sostiene que el trabajo de entre 14 y 20 horas a los que son sometidos, los abusos, el dormir entre la mugre de un tallercito, son “costumbres culturales de los pobladores del altiplano boliviano”. Así actúa la justicia cuando está acorralada ante la evidencia: insultan a los pueblos y disfrazan la barbarie capitalista de “costumbres” ajenas a ella.
Se calcula que sólo en el partido de La Matanza hay instalados entre 3500 y 5000 talleres clandestinos. Luego del incendio de Luis Viale, donde murieron cuatro menores, un adolescente y un mayor, en Capital las cifras varían pero ninguna está por debajo de los 3500 talleres. El La Plata, sólo la textil Tiza vive del trabajo clandestino de unas quinientas personas dispersas en unos cien talleres.
Un compañero del Polo Obrero de la Villa 20, cose con su familia buzos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las horas son muchas, pero tienen otras condiciones laborales desde que pudieron comprar su propia máquina; el compañero destaca que, por lo menos, al mediodía puede levantarse e ir a comer. Esto, en una actividad en la que llegan a estar encadenados al lado de la máquina, no es menor: con este esquema independiente ningún “compadre” o tallerista de otra nacionalidad los hostiga hablándoles a la nuca, ni regateando el pago para tenerlos atados al taller, ni psicopateándolos diciéndoles que gracias a él saben coser y que más que recibir una paga debieran pagarle a él.
Cuando ingresa en el país, cada boliviano debe pasar por la explotación salvaje de un “compadre”, o un argentino, paraguayo, peruano o coreano. Con el “compadre” comparten el idioma, y en general son éstos los que hicieron los contactos en Bolivia para la llegada de los trabajadores aquí. Los primeros pasos se realizan en condiciones de esclavitud completa, “sacrificio” que se realiza para aprender el oficio que les está predeterminado en estas tierras, cuando no les toca el de granjero, levantando miles de huevos diariamente, mierda de gallina y fumigando desde los tres años, como ocurre en granjas “ilegales” ubicadas en el Gran Buenos Aires. En este caso también el regenteador será un “compadre” o un argentino, y el beneficiario de la recolección seguramente se llamará Alfredo Coto o cualquier otro nombre estelar de la burguesía “nacional y popular”, o de la burguesía francesa o española que han radicado “inversiones” en nuestro país. El sometimiento laboral viene acompañado de otras vejaciones: abusos sexuales, presiones psicológicas y enfermedades variadas. No podía ser de otra manera bajo un régimen social que sobrevive a costa de reconvertir el cuerpo humano en una mercancía en la que sólo le garantiza su existencia en la medida en que produce rindes económicos.
Cari es el vicepresidente de la Junta Vecinal de la Villa Los Piletones, militante del Partido Obrero, costurero desde hace años, él y su familia, aunque algunos de ellos consiguieron otros trabajos que aparecen en la zona; por ejemplo, la construcción de viviendas, con salarios por debajo del convenio y bajo condiciones de hostigamiento también, esta vez a cargo del argentino Sergio Shocklender.
Cari conoce el rubro y ha recorrido un camino: cuando se trabajó a destajo durante años y se tiene la propia máquina, la otra “tentación” para mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos es armar la cooperativa de trabajo. Sin embargo, en general, esta forma “organizada” de la autoexplotación trae más problemas que soluciones y suelen no terminar bien. En ese punto coinciden los compañeros de la Villa 20 y los de Flores.
En todos los casos el negocio contiene la esclavización, la superexplotación laboral en negro y la clandestinidad, en la que los abusos y los maltratos son la norma. El eterno trámite para sacar la documentación en la Argentina es un factor fundamental también para la explotación de estas condiciones laborales. Una de las amenazas más habituales de talleristas, policías y demás protagonistas de estas historias, es la deportación al país de origen.
En la cadena “clandestina” el cortador cobrará 3 pesos por cortar la prenda; Fredy, el costurero, cobrará 6 pesos por coser la prenda que en este caso es una campera; el tallerista cobrará 12 pesos por entregar la prenda al comercializador y éste la colocará en la vidriera por 100 ó 150 ó 200 pesos o más. El comercializador deberá pagar algunos impuestos menores que siempre logrará reducir gracias a un contador amigo, pagará el alquiler del local y sueldos menores para la comercialización, que gracias al convenio de los trabajadores de comercio, gremio capitaneado por Cavalieri, serán terriblemente bajos.
La base de la solución a esta forma de superexplotación no está exclusivamente en el reclamo de que el comercializador ceda en sus ganancias para que el resto de la cadena esté en mejores condiciones económicas. Este planteo tiene una raíz utópica en su sentido más estricto y literal. Antes que resignar sus ganancias, un capitalista traspasa sus inversiones a otros rubros más rentables: por ejemplo el agro, donde entre otros factores de superganancias, el de la mano de obra esclava o super precarizada sigue intacto. Eso tampoco figura en las campañas mediáticas que hacen los gobiernos cuando desmantelan algunos talleres, sin ofrecer a sus trabajadores ninguna salida laboral. En estos casos el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y el kirchnerismo, lo único que hacen es demostrar su complicidad con la existencia de miles de trabajadores en negro o esclavos.
Gobierno, burocracia sindical y justicia de los esclavistas
Con posterioridad al incendio de un taller clandestino en Caballito, que funcionaba en la calle Luis Viale, en el que trabajaban 60 personas y donde murieron seis, se abrieron una serie de demandas judiciales que si bien están siendo saldadas a favor de las grandes empresas implicadas, han provocado una peligrosa visibilidad de estas condiciones laborales explotadas por la Cámara de la Industria de la Indumentaria, que dirige De Mendiguren, aliado kirchnerista que comparte plenamente esa práctica con la Sociedad Rural que dirige Miguens y la Federación Agraria de Buzzi, coyunturalmente enemistados con el gobierno.
El juez federal Oyarbide alegó “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los talleristas y costureros” para sobreseer a Nelson Sánchez Anterino, Sofía Gabina Verón y Hermes Provenzano, dueños de la empresa Gilmer SA, que comercializa la marca Soho. Esos empresarios fueron denunciados en marzo de 2007 por trabajadores de La Alameda junto a los propios trabajadores de la empresa y a los que “se le imputaron los delitos de violación de la ley de migraciones, a la ley de trabajo a domicilio y reducción a la servidumbre” tal como señala un comunicado de La Alameda. No fue original Oyarbide: el sistema judicial argentino está plagado de esta infame e insultante forma de salir a defender a su clase capitalista, o de evitar que sean castigados quienes cometen abusos sexuales contra las mujeres. Cientos de casos en el norte del país muestran que aún se ejerce el “derecho de pernada”, y es defendido en nombre de inexistentes “pautas culturales” en el sistema judicial. El caso Romina Tejerina estuvo atravesado por las declaraciones del juez Tizón, presidente del Tribunal Superior jujeño, justificando el abuso sexual como parte de las “costumbres culturales” en su tierra. Con las mismas prácticas, el Ingenio Ledesma en Jujuy, o el Ingenio El tabacal en Salta, contratan a trabajadores a los que esclavizan, matan y expropian sus tierras.
La respuesta del gobierno “nacional y popular” no se hizo esperar, y es claramente una respuesta de encubrimiento de la “industria” de la esclavitud: se aprestan a modificar la Ley de Trabajo a Domicilio, que rige desde 1941, a favor de las empresas. Han aprobado el 9 de abril una ley de trata de personas que exime a los tratantes con fines de explotación laboral y sexual de pagar por el delito de comprar y vender personas.
Este tándem de leyes constituyen el cuerpo de “seguridad jurídica” que exigen los capitalistas para producir. Las leyes laborales jamás fueron aplicadas, su modificación permite sencillamente terminar de asegurar a las patronales la claridad jurídica que reclaman para completar el manto de impunidad que los cubre.
La ley 12.713 de trabajo a domicilio, que entró en vigencia en mayo de 1942, establece en su artículo 4: “Los empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo domicilio, son responsables solidariamente: a) Del pago de los salarios fijados por las comisiones respectivas (…); b) De los accidentes de trabajo, y de las condiciones en que éste se realice, excepto cuando el trabajo se ejecuta o cuando el accidente ocurra en el domicilio privado del obrero; c) De las obligaciones establecidas en el artículo 32 de esta ley. Los intermediarios y talleristas son considerados como obreros a domicilio con relación a las dadores del trabajo y como patronos sujetos a las obligaciones que les impone esta ley y las reglamentaciones que se dicten a quienes encarguen la ejecución del trabajo”. Como se puede desprender del presente artículo la “responsabilidad solidaria” de los empresarios jamás se aplicó para hacerlos cumplir con sus obligaciones. La ley fue parida finalizando la llamada “década infame” en nuestro país, y está firmada entre otros por Robustiano Patrón Costas, miembro de la Cámara de Senadores de entonces, un apellido emblemático de explotadores de los trabajadores del norte de nuestro país, asesino de indígenas, esclavizador y apropiador de tierras. ¿Cómo vamos a denominar a la década del siglo XXI que pretende cerrarse otorgando una absoluta impunidad jurídica a los beneficiarios de la esclavitud laboral?.
Los inspectores de habilitaciones de boliches y centros laborales de la ciudad son mandatados para hacer la vista gorda y habilitados para participar del mundo de la coima. La modificación de la Ley de Trabajo a Domicilio, que debería ser una norma aplicada a la actividad, no surge para evitar que se eluda su aplicación, sino exclusivamente para dar la tranquilidad jurídica que la patronal de la industria de la indumentaria reclama. El presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria de Bebés y Niños (Caibyn), Victor Benyacar, y el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya se encuentran armando variantes que directamente legalizan el trabajo esclavo y eximen a los grandes empresarios de la responsabilidad sobre su utilización.
La ley de trata de personas que impuso el gobierno nacional el 9 de abril último, de la mano de Aníbal Fernández, está directamente relacionada con el negocio de la indumentaria también, y con la cobertura legal de quienes esclavizan gente al servicio de la ganancia capitalista en el rubro “turismo” sexual en hoteles cinco estrellas, en la industria de la indumentaria, en el campo y demás finalidades de la trata de personas.
“La forma es ir a buscarlos a Bolivia para que te trabajen. Si no, no rinden. No cierran los números, papi” explica a Gustavo Arrieta, periodista del diario La Nación (11/5/08), un tallerista que en su relato se define sin decirlo como un tratante de personas, sumado a que es un esclavizador declarado que vive, como él mismo dice, de “chuparles la sangre como las vinchucas” a los trabajadores que traslada hasta su taller, sumado a que es y se declara un abusador de mujeres. Por obra de la ley de Trata de Personas, aprobada el 9 de abril en los términos impuestos por Aníbal Fernández y Vilma Ibarra, este sujeto jamás será acusado de tratante (ni de violador, ni de abusador, ni de esclavista), sencillamente porque ante un juez demostrará que existió consentimiento de la víctima, algo que la ley se encarga de introducir con la única finalidad de otorgar, otra vez, tranquilidad jurídica a los tratantes que generan una gran negocio con participación estatal en diferentes niveles.
La ley de Trata de Personas en su artículo segundo señala: “Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.” Este artículo obliga a definir el delito sólo en caso de que quede demostrado que la víctima no consintió con ser esclavizada.
Un ejemplo escandaloso que ejemplifica claramente la cuestión del consentimiento de la víctima quedó retratado en el caso Gamarra y Ojeda en Santa Fe, dos jóvenes desaparecidas que fueron encontradas por el padre de Gamarra en un prostíbulo de La Rioja. Secuestradas con fines de prostitución por reconocidos proxenetas de su barrio, la familia Núñez, las familias de ambas fueron amenazadas cuando el caso tomó estado público. Una tía de Gamarra fue golpeada y la entonces fiscal Tessio recibió luego de la denuncia judicial por la desaparición a una de ellas, Ojeda, en su despacho, acompañada por un nuevo abogado. En esas circunstancias se retractó de las denuncias originales, manifestó haberse ido por propia voluntad y la fiscal del caso ni dio aviso a la familia ni realizó al respecto ningún otro tipo de investigación que mostrara que Ojeda había sido obligada a retractarse. La fiscal Tessio, proveniente del radicalismo provincial, fue la seleccionada por Binner para acompañarlo en la fórmula a gobernador y es hoy la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. El mecanismo usado en este caso muestra claramente lo que la ley de Trata brinda impunidad, permitiendo a proxenetas y tratantes coaccionar a sus víctimas para que declaren a su favor ante la Justicia. La ley impone aún en los casos en que se penalice al tratante penas irrisorias para semejante delito (3 años de mínima para quienes comercialicen cuerpos de mayores de 18 años), no incauta los bienes de los tratantes (con los cuales, por ejemplo, pagan a los abogados más costosos) y está totalmente inmersa en un contexto donde en todo momento se intenta separar el delito de la trata de la finalidad para la cual existe: la explotación sexual y laboral de mayores y menores de edad y el enorme negocio que esto implica.
La ley de marras fue saludada por los Estado Unidos en un comunicado publicado por el embajador Earl Wayne. El apuro del gobierno argentino para aprobar algún marco legal estaba dado por la ratificación del Protocolo de Palermo, un convenio internacional amoldado a los intereses de la política exterior de EEUU, aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional.
Es posible que Marita Verón, secuestrada hace seis años en la provincia de Tucumán, esté aún con vida, y sea sometida a esclavitud sexual en un gran hotel de la Patagonia promocionado en Internet como la atracción de Sudamérica para la caza del cordero patagónico. Allí, un buen servidor le ofrecerá a un turista alemán un book donde posiblemente esté fotografiada Marita. La explotación de las Marita deja rindes superiores a los mil dólares mensuales por mujer.
Aníbal Fernández y Vilma Ibarra defendieron a capa y espada una ley que encubre las espaldas del negocio del turismo, la vestimenta y otras ramas basados en el delito de la trata y de la explotación laboral y sexual, sencillamente porque las cajas oficiales superavitarias, las cajas negras de la política y la policía y demás ingresos oficiales y extra oficiales, son nutridas por este enorme negocio, y sus rendimientos gravitan de forma directa en la economía argentina. Fernández maneja a la policía que se nutre de las coimas a talleres textiles, prostíbulos y proxenetas, boliches no habilitados y también maneja las fuerzas que actúan en las fronteras, que cobrarán lo propio por traslados de mujeres al exterior o por la inmigración ilegal que se transformará en la mano de obra esclava de la industria nacional. El caso de Natalia, de 13 años, hija de una compañera de la agrupación Tribuna Docente de Santa Fe y delegada del gremio Amsafe, muestra que este “modus operandis” está intacto y que ningún juez está dispuesto a desmantelarlo. A través de un tratante que actúa por Internet, Natalia fue traspasada por la frontera entre Argentina y Uruguay sin que nadie los detuviera. Luego fue trasladada hasta Melo, Uruguay, en el límite con Brasil. Natalia fue regresada por la impresionante campaña inmediata que organizó su mamá. Sin embargo, no siempre se tienen los recursos y la capacidad para esto y finalmente prospera la venta de las personas. El juez Berbero caratuló la causa como “fuga inducida” y se dispone a cerrarla sin investigar nada.
Quienes garantizan la mano de obra en el rubro industria de la indumentaria, emplean muchas veces a personas que han sido trasladadas y luego vendidas para ser esclavizadas en un taller o en una granja. En el norte de la provincia de Buenos Aires, cerca de Zárate, en el partido de Exaltación de la Cruz, fue noticia el descubrimiento de una granja avícola donde se esclavizaban a inmigrantes. “Oscar Taboada Ortuño, trabajador de la empresa avícola Nuestra Huella, denunció que son unas 20 las granjas donde habría en total 200 bolivianos. (…) según la queja de Taboada Ortuño- en la granja trabajaban 15 horas corridas (de 6.00 a 21.00), de lunes a lunes, sin feriados ni domingos, y no podían salir porque la cerca que rodea todo el lugar se encuentra electrificada. Valdez dijo que los niños, menores de 10 años, además de no asistir a la escuela, laboraban al igual que sus padres, pero el salario ($us 250) era el pago por la faena de toda la familia. Nacido en Potosí, Taboada Ortuño relató (…) que el propietario de la granja avícola sería Carlos Luaces. En la embajada presumen que éste sería argentino y que los obreros son potosinos (…). El fiscal, luego de ver las condiciones laborales, declaró: ‘Hay veneno para las moscas en todas partes y es peligroso. Comprobamos que de todos los trabajadores que hay, de 50 a 60, sólo uno trabaja legalmente, el resto no y hay menores trabajando’. De los 60 obreros, 30 son de nacionalidad boliviana. Los empleados aprovecharon las cámaras de televisión y denunciaron que eran drogados para estar tranquilos por las noches” (http://www.embajadadebolivia.com.ar).
La cara visible de las familias esclavizadas en Exaltación de la Cruz es ese perímetro electrificado, y esos niños trabajando desde los tres años y las torturas y los vejámenes. Sin embargo el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha informado sobre el destino de los miles de huevos que se producían allí, algo que mostraría que la única razón de existencia de esas granjas esclavistas son la explotación que del producto de esta forma de trabajo hace la gran burguesía argentina y extranjera subsidiada y mimada por el gobierno “nacional y popular”.
En la Ciudad de Buenos Aires, tal como relatan los compañeros de la Villa, el gobierno de Macri ofreció a la junta vecinal de la Villa Los Piletones armar un edificio donde los costureros cuenten con un espacio para coser. No urbanizan las villas, no construyen viviendas populares en la ciudad, entregan sus terrenos a la especulación inmobiliaria, no otorgan trabajo genuino, ni agilizan los trámites para que obtengan su documentación; sin embargo, ofrecen armar un “costureródromo” quizá con la finalidad de poder cobrarles la luz finalmente, reclamo histórico de las empresas proveedoras en las villas. Este “proyecto” macrista no tiene en cuenta que la primera condición de este negocio es la clandestinidad. La ropa que los compañeros producen es vendida en los shoppings y en los mejores circuitos comerciales con ganancias siderales para Soho, Montagne, Chiky y demás empresas que auspician al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los funcionarios que se acercaron a la Villa Los Piletones no mencionaron, siquiera verbalmente, el compromiso de hacer cumplir la ley de trabajo a domicilio, que establece una responsabilidad “solidaria” entre el taller y la empresa que comercializa sus productos, algo que es prerrogativa del Gobierno de la Ciudad y el nacional. El año pasado, el gobierno de la ciudad compró un inmueble destinado al “Polo Textil de Barracas”. Dicho predio fue destinado al Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para que allí funcionaran 200 trabajadores cooperativizados, una cifra insignificante dentro del universo de damnificados por esta actividad. No se ha avanzado hasta ahora en la refacción del lugar para ponerlo en marcha, sin embargo detrás de este tipo de propuestas se nota claramente la voluntad de los gobiernos de la ciudad de continuar con el sistema esclavizante, negando un trabajo en blanco e introduciendo una variable absolutamente estéril como lo es la de la cooperativización.
En febrero, la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (Foniva) firmó un convenio con la patronal de la indumentaria que otorga, al reducido grupo de trabajadores en blanco, un “aumento” en tres cuotas del 5% en febrero, 3% en abril y 3% en julio, 8 puntos y medio por debajo del tope salarial impuesto por Moyano y el gobierno de Kirchner. La federación gremial y la cámara de la industria del vestido contabilizaban en 1993 en 40 mil a los “beneficiarios” del convenio colectivo firmado por las partes. En 2005, la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines en su informe de “Posicionamiento de la indumentaria argentina” declara un total de 106.300 ocupados en la producción y 88.600 ocupados en el comercio de indumentaria. En 2007 fue reformado el convenio de la vestimenta y en el mismo las partes declaran un universo de “beneficiarios” de “25.708 trabajadores/as” (http://www.osvestido.com.ar/). Un nivel de producción industrial que según la Cámara de la Indumentaria, asciende a 3000 millones de dólares de valor de producción y 4978 millones de dólares de valor de comercialización de las prendas, parece difícil creer que haya sido alcanzado solamente por 100 mil personas, si tuviéramos en cuenta las cifras otorgadas por la Cámara de la Indumentaria. Sólo la inmigración boliviana, productora por excelencia del sector en negro de la vestimenta, asciende a más de un millón en nuestro país. Por la cantidad de talleres que se calculan existen en Capital y Gran Buenos Aires, no menos de 150 mil personas están siendo esclavizadas o superexplotadas y otras no cuantificadas funcionan en sus hogares a nivel familiar, como el caso de los compañeros de la Villa 20.
Los gobiernos provinciales y el gobierno nacional son consumidores por excelencia de trabajo esclavo y super explotado. Donde existían, todos han desmantelado los sectores dedicados a la elaboración de vestimentas que estaban encuadrados dentro del municipio, cuyas trabajadoras y trabajadores cobraban salarios de convenio. En su lugar, han trasladado las necesidades del sector a compras a terceros: ¿quiénes son los terceros? Los que hacen producir las vestimentas de trabajo, los ambos, las sábanas, etc., al trabajo esclavo. Los que compraban las prendas terminadas al tallerista de Luis Viale en el barrio de Caballito antes del incendio. Sólo en la Capital Federal el gobierno destina grandes partidas presupuestarias a una deficitaria compra de ropa de trabajo (los reclamos gremiales para incrementar las mudas de trabajo y el estado de las sábanas en los hospitales, entre otros, muestran que siempre son insuficientes) que es elaborada del trabajo esclavo que se reproduce de a miles en la Capital y en el conourbano. Seguidamente al incendio del taller de Caballito, el ex jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, realizó una campaña para hacer como que combatía el trabajo esclavo: el resultado fue claro, los talleres cerraban sin pagar las deudas a sus trabajadores, los talleristas se trasladaron provincia, las penas impuestas siempre son del orden de lo laboral “llamados a regularizar la situación” (!), y a algunos costureros se los colocó en alguna cooperativa de trabajo. Una vez pasada la furia inicial todo volvió a su esclava normalidad.
Nuestro programa
Trabajo bajo convenio en el Estado, que el gobierno de Macri y el de Kirchner dejen de comprar trabajo esclavo a través de grandes compañías y otros proveedores y que contrate bajo convenio a los costureros y costureras, cortadores, diseñadores, planchadores y demás trabajadores del rubro para que directamente realicen la indumentaria necesaria para el conjunto de empleados y sectores necesarios del gobierno de la Ciudad, el nacional y los gobiernos provinciales.
Blanqueo completo de la actividad con prohibición de despido. Puesta bajo control obrero de la fábricas del área de la industria de la indumentaria.
No a la modificación de la ley 12.713 de trabajo a domicilio, que se aplique al conjunto de las patronales del país, que paguen salarios de convenio y que se haga responsables a los empresarios que comercializan, por las condiciones de trabajo en las que se produce el producto que venden.
Cárcel a los vividores del trabajo esclavo en todos los rubros.
Derogación de la Ley de trata de personas aprobada por el kirchnerismo, el macrismo y el ARI, que encubre a tratantes, esclavistas y proxenetas.
Derogación del convenio hiperflexible y productivista de los empleados de la industria del vestido que está basado en un criterio de pago por productividad y está repleto de premios por presentismo y puntualidad que completan casi el 50% del salario.
Abajo el fallo judicial infame de Oyarbide que absuelve a los empresarios de la industria de la indumentaria.
Entrega inmediata de la documentación a los compañeros de otras nacionalidades.
Blanqueo de todos los trabajadores en “negro”.
Salario igual a la canasta familiar.
Con el norte de un programa clasista que combata las bases mismas de este sistema debemos poner en pie una corriente nacional de trabajadores de la indumentaria que se organice contra la esclavitud, por el trabajo en blanco, el salario igual a la canasta familiar y contra el fraude laboral de la industria de la indumentaria.
Informe armado en base a una reunión con compañeros costureros del local de Flores, de la Villa 20 y de Piletones.
nformación extraída de los sitios de Internet de la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria , convenios colectivos y actas y de comunicados de La Alameda.
Fuente: En Defensa del Marxismo, publicación del Partido Obrero.
