Proyecto para limitar los juicios por accidentes laborales

La Nacion escribió:El Gobierno finalmente envió al Congreso un proyecto de ley en el que venía trabajando desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri. Es el que modifica el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), con el objetivo de limitar los juicios por accidentes laborales.


La iniciativa, que ingresó ayer por el Senado, pretende reducir la litigiosidad y acotar la llamada "doble vía", esto es, que el trabajador pueda reclamar ante la ART y al mismo tiempo presentarse ante la Justicia.

El proyecto establece que, antes de recurrir a los tribunales laborales, el trabajador afectado (o sus familiares) deben agotar la vía administrativa, ante la comisión médica de la jurisdicción correspondiente.


"En la actualidad, el 70% de las contingencias por un siniestro nacen judicializadas. Es decir, llegan antes a los juzgados laborales que a las comisiones médicas", argumentaron en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), un organismo del Poder Ejecutivo, hoy a cargo de Gustavo Morón.

La necesidad de reducir la litigiosidad es un reclamo de las empresas y también del Presidente, que en más de una oportunidad cuestionó la llamada "industria del juicio". Macri llegó incluso a plantear en julio pasado que para que llegaran inversiones al país, la justicia laboral debía ser "más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte".

La reforma a la ley de ART también es un reclamo de la CGT, aunque con una orientación diferente. Los gremios insisten en que se ponga énfasis en la prevención de los accidentes de trabajo. Ese pedido se incluyó en el proyecto sólo a medias: se establece que se trabajará en una iniciativa que deberá estar terminada en un plazo máximo de un año.

La propuesta que ingresó en la Cámara alta establece que, cumplido el paso de la comisión médica local, el trabajador podrá optar entre apelar ante la Comisión Médica Central (CMC), que es la instancia administrativa superior, o ir directamente a la Justicia. La iniciativa determina también que si las decisiones de las comisiones médicas no son apeladas en los plazos correspondientes, se convierten en cosa juzgada, es decir, ya no pueden plantearse ante la Justicia.

Como contrapartida, el proyecto propone una reestructuración del funcionamiento de las comisiones médicas, con el objetivo de agilizar los procesos.

La iniciativa tiene otros dos puntos importantes. El primero propone la creación de un "autoseguro provincial" para cubrir a los trabajadores de provincias y municipios. En la actualidad hay 9 provincias y 182 municipios que están fuera del sistema, unos 727.000 trabajadores sin cobertura. El segundo es que se mejoran las prestaciones que brindan las ART.

Antes de que empiece el debate en el Congreso, el proyecto ya genera rechazo entre los abogados laboralistas. "Es una concesión del Gobierno a los empresarios, que quieren seguir incumpliendo con las normas de prevención y, una vez que los accidentes ocurren, quedar blindados por un sistema acotado de reclamo judicial", dijo a LA NACION Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

Para Cremonte, el proyecto "supone un retroceso de toda la jurisprudencia progresista de la Corte que había declarado inconstitucional el sistema que obliga a los trabajadores a recorrer primero un largo camino administrativo en las comisiones médicas".

El presidente de los abogados laboralistas señaló además que esas comisiones "tienen un listado de enfermedades del que no se pueden salir y que dejan afuera una gran cantidad de patologías profesionales".

El kirchnerismo también anticipó su oposición a la iniciativa. Héctor Recalde, abogado laboralista y presidente del bloque del FPV en Diputados, sostuvo que las comisiones médicas "son lo que más falló del actual sistema" y cuestionó que las decisiones de esos cuerpos puedan ser consideradas como "cosa juzgada".

Polémica en puerta

Menos juicios

El proyecto apunta a reducir el nivel de litigiosidad y la llamada "industria del juicio"

Reclamo administrativo

Se obliga a los trabajadores a recurrir a las comisiones médicas antes de ir a la Justicia

Críticas

Para abogados laboralistas, el proyecto favorece a las empresas y no enfatiza la prevención

Reformar la legislación de accidentes de trabajo por un DNU es una tropelía doble, contra la clase obrera y contra el Congreso. El apuro en dictar el decretazo fue para evitar una avalancha de juicios en febrero, ante la posible aprobación de una ley similar que tenía media sanción del Senado y que iba a ser tratada en Diputados.

El decretazo fue pactado con la UIA y demás cámaras patronales y con las ART, las grandes beneficiarias de un régimen que produce en la Argentina 700 mil accidentes por año. Los trabajadores estarán más lejos de poder apelar a la Justicia cuando su salud e integridad han sido dañadas. El Congreso, que tiene la potestad de legislar, quedó dibujado. Semejante operación cuenta con la anuencia de la CGT que se suma a la jauría que ataca la “industria del juicio”, un slogan que pasa por alto que hay 120 mil juicios porque hay seis veces más accidentes de trabajo, y esto sin contar las enfermedades laborales. Un aspecto más de la “revolución del trabajo” de Macri, que retrotrae a Argentina al siglo XIX. De este atentado a la República, ni Carrió ni la UCR dicen palabra. Aclaremos que la operación de bloqueo del trabajador a la Justicia empezó con Cristina Kirchner quien, en combinación con la UIA, eliminó la llamada “doble vía”.

La medida no está destinada a prevenir accidentes laborales, sino a bloquear los derechos de los trabajadores, convirtiéndolos ante la Justicia en ciudadanos de segunda. Lo que el presidente llama “reducción de la litigiosidad” es amparar la violación sistemática, por parte de las patronales, de las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. La reforma es parte de la ofensiva antilaboral de Macri.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo reconoce que entre enero y noviembre de 2016 los accidentes y enfermedades llegaron a un total de 514.622 con baja, y 678.342 sin baja. Estos datos sólo contabilizan a los trabajadores asegurados -la mitad de los trabajadores ocupados- y las enfermedades reconocidas en los listados oficiales.

La nueva ley apunta a liberar a los empleadores y a las ART del peso de los juicios por la reparación de los daños causados, forzando al trabajador a aceptar una ínfima indemnización tarifada o ir a un juicio civil de ocho años, pero fuera de la competencia de su juez natural, el laboral. Se trata de un incentivo adicional para que la patronal y sus ART asociadas no inviertan en prevención al interior de las empresas, al disminuir aún más el riesgo económico que entraña para ellas el abuso y el descuido de la salud física y psíquica de la fuerza de trabajo que explotan.

Dicho de otra manera, a la patronal le resulta más barato afrontar el accidente o la enfermedad laboral que prevenirla. Una conducta inhumana que el capital acentúa para descargar sobre los trabajadores su crisis de costos empresariales, como tarifazos, altas tasas de interés, falta de inversión tecnológica, de infraestructura y logística, problemas cambiarios, entre otros.

La reforma impone todo tipo de trabas médicas-administrativas para bloquear el acceso del trabajador accidentado a la justicia. Entre ellas, antepone la asistencia previa obligatoria a Comisiones Médicas Jurisdiccionales y establece la apelación ante la Comisión Médica Central, debiendo ser el reducidísimo cuerpo médico forense el que intervenga y no admitiendo la presencia de médicos y abogados del lado del trabajador. Tampoco se reconocen los plazos de dos años existentes en el fuero laboral para reclamar.

El respaldo de la CGT a esta ley la coloca como soporte de un nuevo ataque al movimiento obrero. Esta situación debe ser discutida en asambleas de trabajadores en todos los lugares de trabajo y marca la plena vigencia de una lucha por una nueva dirección en los sindicatos.

Los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda tenemos un proyecto presentado en el Congreso en 2014 y que prevé la constitución obligatoria en todos los establecimientos laborales de Comités de Control Obrero de la Seguridad, Salud e Higiene Laboral que pueden o no coincidir con las representaciones gremiales, pero deben ser electas por los trabajadores. Se trata de someter a las patronales, a las ART, al Estado, al control de los trabajadores en lo que hace a la prevención y protección de la salud y seguridad laboral. O sea al control de los protagonistas y víctimas de los riesgos del trabajo. Lo mismo para las empresas tercerizadas que actúen en cada establecimiento. Incluso, donde no hay delegados, la organización sindical puede comenzar por la comisión de control obrero de salubridad. Somos opuestos a la política centroizquierdista de “comisiones mixtas” que dependen del veto patronal y por lo tanto están absolutamente restringidas.

La oposición de los Massa y el FPV está dibujada. Al punto que el Senado dio media sanción a una ley similar al decretazo con solo dos votos en contra. La lucha por la salud obrera es una lucha por la independencia política del movimiento obrero de todo un sistema muertes y padecimientos del trabajador.

En el siglo XXI no hay insalubridad de una tarea, hay condiciones insalubres de esa tarea. La tecnología actual permite reducir al mínimo el accidente y la enfermedad laboral. Pero hay que invertir para ello, algo que será propio de la planificación socialista y la gestión obrera de la economía. En la transición luchamos para empezar tirando abajo el decreto macrista.

Con este planteo, el Partido Obrero se encuentra en una gran campaña con trabajadores de sindicatos fuertemente afectados, como el Subte -que ya acumula la pérdida de 5 vidas en los últimos 6 años-, el Sitraic y el Sutna, los trabajadores de enfermería y del transporte automotor, entre otros.

Ante la gravísima situación a la que ha conducido la gestión de la salud y seguridad laborales en manos de los explotadores, las ART y el Estado, el movimiento obrero debe hacer del destino de su salud y seguridad laboral otro gran terreno de lucha contra la clase capitalista y el poder político.

pablo13 escribió:La nueva ley apunta a liberar a los empleadores y
a las ART del peso de los juicios por la reparación
de los daños causados, forzando al trabajador a
aceptar una ínfima indemnización tarifada o ir a
un juicio civil de ocho años, pero fuera de la
competencia de su juez natural, el laboral. Se trata de un incentivo adicional para que la patronal y
sus ART asociadas no inviertan en prevención al
interior de las empresas, al disminuir aún más el
riesgo económico que entraña para ellas el abuso
y el descuido de la salud física y psíquica de la
fuerza de trabajo que explotan.

Dicho de otra manera, a la patronal le resulta más
barato afrontar el accidente o la enfermedad
laboral que prevenirla. Una conducta inhumana
que el capital acentúa para descargar sobre los
trabajadores su crisis de costos empresariales,
como tarifazos, altas tasas de interés, falta de inversión tecnológica, de infraestructura y
logística, problemas cambiarios, entre otros.

pablo13 escribió:
Y espera que todavía falta mas. Hace poco se anuncio una reforma laboral totalmente reaccionaria contra los trabajadores petroleros en "Vaca Muerta". Donde Macri afirmo que es una reforma que quiere expandirla a otros sectores. (http://www.forocomunista.com/t38191-vaca-muerta-la-coartada-de-una-reforma-laboral-reaccionaria)...

La necesidad de reducir la litigiosidad es un reclamo de las empresas y también del Presidente, que en más de una oportunidad cuestionó la llamada "industria del juicio". Macri llegó incluso a plantear en julio pasado que para que llegaran inversiones al país, la justicia laboral debía ser "más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte".

Las claves de la modificación de la ley de ART:

Comisiones médicas jurisdiccionales: serán las responsables de determinar si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización. Los médicos de las comisiones pertenecerán a las ART. Ahora el trabajador deberá asistir de manera obligatoria a estas comisiones, previo a iniciar un juicio. Tendrán un plazo de 60 días para expedirse, que podrá prorrogarse.

Comisión médica Central: si el trabajador no está conforme con la decisión de la comisión médica podrá apelar a la Comisión médica Central. Una vez agotadas estas instancias, recién el trabajador podrá iniciar un juicio. Es decir, el Gobierno agrega dos instancias administrativas, extendiendo los plazos, hasta que se pueda recurrir a la justicia.

Ubicación de las comisiones médicas: sólo hay 35 en todo el país y en 16 provincias sólo funciona una oficina. Es decir, que el trabajador que padece una enfermedad o está incapacitado producto de las jornadas laborales deberá trasladarse hasta las comisiones médicas.

Indemnizaciones: en el proyecto oficial original no se establecía un criterio. Luego se introdujo, que la indemnización se estime con el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), para que no se desactualice por la inflación.

Autoseguro Público Provincial: se creará el "Autoseguro Público Provincial" para que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan "autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo".

Ley de Protección y Prevención Laboral: la Superintendencia de Riesgos de Trabajo enviará dentro de tres meses al Consejo Tripartito Consultivo (integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y las aseguradoras), un anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral. Es decir en tres meses, recién se creará un proyecto de prevención laboral, pero ya aprueban extender los pasos para ir a juicio. No hay cambios concretos en lo que respecta a las jornadas laborales, ni establece comisiones de seguridad e higiene para que sean los mismos trabajadores los que controlen la producción, con el fin de mejorar la calidad de salud y seguridad.