¿Sí o no? Eso depende del interés social que defiendas.
Si apostás a mantener al aparato del Estado de la dictadura (esto es: las fuerzas represivas, los servicios de inteligencia, el personal político), coronando a Huidobro y Bonomi como ministros que resguarden a estos criminales; si apostás a mantener este aparato en decadencia, que es el que administra y controla las redes del crimen organizado en lugar de combatirlo; decile sí a la baja. Es la excusa perfecta para criminalizar a las juventudes y la marginalización, legitimando la represión y la violación de los derechos humanos.
Una salida al problema de la criminalidad no puede ser nunca reforzar la mano dura del Estado burgués. Leyes de mano dura
ya hay. Y la represión siempre se las ingenia para intensificar su aplicación, incluso eludiendo la misma ley. Los casos de gatillo fácil así lo prueban.
Para limpiar al aparato represivo de sus lazos con el delito hay que
intervenirlos. Una intervención de mano de quienes se alimentan de las cajas negras no puede durar más de unos meses, y eso estirando el tiempo lo máximo posible a favor.
Sólo la movilización popular, independiente del Estado y las patronales
cómplices activas y
responsables máximos, puede barrer las redes de trata, las zonas liberadas para el robo, el narcotráfico, etc. Con un sistema bancario
secreto,
que es utilizado por las redes criminales para lavar dinero, ¿Vas a descargar la represión sobre los menores?
La Clase escribió:Decimos: ¡No a la baja!
La política de la derecha
[...]
La aplicación del código penal adulto a los menores viola la Convención de los Derechos del Niño. Se ha argumentado, además, que los adolescentes son imputables desde los 13 años bajo el Código Penal Adolescente. Por otra parte, el resto de las medidas han sido contempladas por iniciativas del propio gobierno del Frente Amplio. Así, la creación del SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), aprobado en el parlamento en 2011 y puesto en funcionamiento a principios de 2012, responde al ítem 2. En 2011 modificaron las disposiciones que permiten mantener los antecedentes de los menores de 16 años (aunque el referéndum propone mantenerlos de forma indeterminada). Finalmente, el art. 59 del capítulo II del Código Penal, ya contempla responsabilizar a los adultos que utilicen menores para cometer delitos.
“Ya estamos por debajo de la baja”
De modo que muchas de las soluciones violentas y represivas impulsadas por la derecha, han sido tomadas por el gobierno configurando un “consenso conservador” adoptado por los partidos del régimen. Bonomi ha sido claro al respecto cuando afirmó que el FA “ no ha sabido decir que el menor ya es responsable desde los 13. A la baja de la edad de imputabilidad a los 16 no hay que decirle no, porque ya estamos por debajo de la baja” (La Diaria, 17/04).
La orientación de criminalizar la pobreza y a las jóvenes se inscribe en un conjunto de políticas represivas de gobierno como son el Proyecto de Internación Compulsiva, la Ley de faltas, las modificaciones propuestas al código penal adolescente que duplican las penas a los menores o la política de razzias en los barrios más pauperizados desarrolladas por el Ministerio del Interior. Esta es la alternativa 'progresista' que se propone continuar Tabaré Vázquez.
La conclusión evidente es que la campaña de No a la Baja debe realizarse con independencia política, denunciando a la derecha y al gobierno.
Conquistemos nuestro futuro
La cuestión de la “seguridad” y la consecuente política de represión pretende ocultar la responsabilidad del Estado en cuanto a las condiciones materiales en la que vive en la actualidad gran parte de la juventud uruguaya: La precarización laboral, las tercerizaciones, el trabajo en negro, los bajos salarios (800.000 trabajadores ganan menos de $14000 y la mitad de ellos son jóvenes) y la postergación de las necesidades de educación, salud o vivienda. Esta política sirve, entonces, para victimizar a los jóvenes precarizados y para justificar el ‘gatillo’ fácil -como como ocurrió con Sergio Lemos en Santa Catalina.
Desde La Clase luchamos por la eliminación de todas las leyes que apuntan a la criminalización de la juventud y de la pobreza. Pero no sólo esto. Se trata de modificar de raíz las condiciones sociales en las que viven miles de jóvenes y adultos en nuestro país; terminar con la flexibilización y precarización laboral, con el trabajo en negro y los salarios de miseria. Para acabar con la 'inseguridad ciudadana' es necesario poner fin a esta miseria social que causa el capitalismo y reemplazar el aparato de represión del Estado, que está al servicio de los explotadores, por organizaciones de los trabajadores mismos. Luchamos para que la juventud se organice y conquiste su futuro.
Fuente: La Clase.
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