Tabaré Vázquez prohibió los cortes de ruta en Uruguay

La reunión del Consejo de ministros del último lunes fue la ocasión elegida por el presidente Tabaré Vázquez para firmar el decreto que prohíbe los piquetes y cortes de ruta en todo el territorio uruguayo.

Este decreto no es una medida aislada, sino que continúa la línea seguida por todos los gobiernos del Frente Amplio de restringir el derecho a la protesta. El expresidente Mujica ya había firmado un decreto para prohibir la ocupación de oficinas públicas, habilitando la intervención policial y el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes. También fueron las distintas administraciones frenteamplistas las que firmaron decretos de esencialidad que atentan directamente contra el derecho a huelga obligando a prestar servicios básicos a docentes, municipales y trabajadores de la salud.

Con los argumentos de la derecha

La noticia fue anunciada por presidencia de la República y plantea que “resulta fundamental establecer una normativa que ampare aquellas situaciones donde se vulnera el libre tránsito de las personas”.

Con esta medida en realidad se está restringiendo uno de los pocos medios que tienen los sectores populares para efectuar reclamos e intentar ser oídos. Las dificultades en el tránsito que pueden ocasionar los cortes y piquetes son consecuencia en todo caso de la falta de respuesta de las autoridades cuando se trata de reclamos ante el Estado o de la intransigencia patronal cuando se trata de conflictos con empresarios.

Se trata de la misma medida que está intentando instalar en Argentina el gobierno de Macri, y de Rodriguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, a medida que aumentan las protestas en las calles por el creciente descontento social, y las movilizaciones de los docentes en lucha.

Con este tipo de decretos el gobierno del Frente Amplio se prepara para enfrentar posibles movilizaciones y conflictos cuando lleguen momentos de crisis y quieran descargar mayores ajustes contra los trabajadores.

stalingrado en la memoria escribió:A mediados del 2015, los docentes marcharon por la av.18 de julio pidiendo el 6% del PBI para la educacion publica, y el gobierno termino decretando la esencialidad. El ultimo gobierno que habia echo algo igual, haste ese momento habia sido el gobierno facho de Jorge Pacheco Areco, para describir dicho gobierno, basta con decir represion y persecucuion anti-sindical, como pa que vayas llevando...

Declaración de la Unidad Popular contra el decreto “antipiquetes”

Manifestamos nuestro más enérgico rechazo al decreto 76/017 que sancionó el gobierno seudoprogresista del Frente Amplio, el 20 de Marzo, y que permite a la policía dispersar cualquier manifestación popular que corte calles, sin orden judicial y con el argumento de garantizar la libre circulación. Con este decreto se limita el derecho de reunión (art. 38 de la Constitución) y a la libre expresión (art. 7 sobre la libertad y específicamente la libertad de protesta). La Constitución establece que sólo se pueden limitar derechos y libertades a través de una ley fundada en el interés general (art. 7 inciso 2). Por lo tanto, el decreto es inconstitucional. Más grave aún es la posibilidad de recurrir a otros organismos públicos (art. 1 del decreto), donde por ejemplo podrían entrar las Fuerzas Armadas a pedido del Ministerio del Interior. El artículo 4 del decreto establece que éste no se aplicaría en caso del ejercicio del derecho de huelga, pero el texto es demasiado vago, lo cual le da un margen de discrecionalidad al gobierno para reprimir las manifestaciones sindicales. Así pasó con trabajadores del SUTCRA, el 21/3, a quienes se detuvo por hacer una asamblea en una ruta.
En los hechos este decreto va contra la actividad sindical y otro tipo de manifestaciones populares en un momento donde persiste la crisis económica, con cierres de fábricas, se perdieron 50.000 puestos de trabajo en 2 años, se agrava la situación social del pueblo y se viene la Rendición de Cuentas, con ajuste fiscal y rebaja salarial. Se profundiza con este decreto al estilo del “pachecato”, el espíritu represivo de la Ley de Procedimiento Policial de 2008, usada por la policía para “disuadir” una manifestación de trabajadores del transporte frente al Ministerio de Trabajo en 2011, o las amenazas (“disuación”) en un piquete del FOICA, en el puerto de Montevideo en 2010. Este decreto busca “blanquear” este tipo de actuaciones con un sustento jurídico. El gobierno quiere dar una señal de mano dura a UPM, con la que negocia la instalación de su segunda mega-planta contaminante, de celulosa, y a los monopolios imperialistas que potencialmente puedan hacerlo. El gobierno proimperialista del Frente Amplio se prepara para imponer su política antiobrera y antipopular con más represión. Hay sectores del FA que vienen acompañando el conjunto de esa política desde el 2005 y que se quieren distanciar de la cara represiva para no perder su base social, pero esta es inseparable de esa política económica y social, y estos sectores son también responsables de ella. Desde la Unidad Popular llamamos al pueblo oriental a resistir con lucha este decreto represivo y desarrollar la lucha por todas sus reivindicaciones en el camino hacia un auténtico gobierno antiimperialista y popular.

UNIDAD POPULAR –AP

27 de marzo de 2017.

unidadpopular.org.uy

La UP impugna decreto represivo

En nuestro país hace ya un buen tiempo que en el contenido de los proyectos se va conociendo un amplio sentimiento antipopular. El Poder Ejecutivo en este último tiempo ha dado pasos por demás significativos, en materia de promover decretos que contribuyan al control social a través de medidas que afectan a distintas áreas de la vida social.

En estos días la acción del gobierno nacional está muy lejos de mostrar su mejor cara ante los trabajadores, estudiantes y pobladores del país que reclaman de la única forma que se conoce en nuestro país, que es saliendo a la calle, ante las repetidas ausencias en las respuestas salariales, sanitarias y productivas.

No es una novedad que la política de privatizaciones, de inversión extranjera de las grandes compañías de celulosa y forestales, particularmente las primeras que exigen un comportamiento social que regule las conductas laborales, cosa a la que el sindicalismo oficial se ha prestado a pie juntillas, pero ello ha provocado una irritante concentración de las ganancias y los grandes ingresos contrastando con los bajos ingresos de salarios y jubilaciones.

La política económica que se ha presentado e instrumentado durante todos estos años, empieza a tener límites, también en los aspectos macroeconómicos, donde el control del déficit fiscal, para mantener el “grado inversor” que exigen los bancos norteamericanos, se ha convertido en unos de los principales desvelos de la política económica del gobierno, y que siempre el control mayor será sobre el salario, jubilaciones y el llamado “gasto público” o lo que es lo mismo el recorte de los recursos financieros destinados a las necesidades sociales.

Cuanto ello no se produce aparece invariablemente la represión, o lo que es lo mismo el cercenamiento de las libertades públicas, donde muchos liberales claman por la libertad de expresión y los derechos democráticos en general, pero lo ven con beneplácito cuando se aplican leyes de contenido represivo.

El único partido que hoy está en el parlamento nacional con un solo diputado, es el que ha impugnado tal actitud del gobierno, mientras en la calle se producen manifestaciones sociales que rechazan tal actitud del Poder Ejecutivo que va directamente contra el movimiento popular.

Este hecho es por demás importante ya que éste será un año donde las demandas populares irán en aumento, por la actitud ya anunciada de economía donde no habrá ningún tipo de crecimiento del presupuesto para las demandas sociales. También es cierto que dentro del movimiento obrero oficial han existido expresiones contrarias al decreto del gobierno, pero que hasta el momento no han trascendido en otra actitud. Lo mismo con algunos parlamentarios del oficialismo.

Lo real es que el movimiento popular empieza a rechazar con fuerza estos hechos pues la política de gobierno en materia económica ya ha traspasado los límites que afectan las condiciones de vida de los trabajadores y de las personas más humildes y con menores recursos en nuestro país.

Por otra parte, los escándalos financieros reiterados en filas de gobierno que crean aun mayores condiciones para el desmantelamiento de las empresas del estado, y el avance de las privatizaciones provocan una política de cada vez mayor entrega de la soberanía del país y de privatizaciones.