Congreso no tiene otra salida que derogar polémica Ley Laboral Juvenil
Cinco bancadas, que contarían con unos 68 votos, aseguraron su respaldo a la propuesta de la anulación. Se sumaría Sergio Tejada, quien anoche consumó su renuncia al nacionalismo.
José Víctor Salcedo
Después de cuatro marchas de los jóvenes y el creciente rechazo ciudadano, el Congreso no tiene otra opción que derogar la ley 'pulpín' en la legislatura extraordinaria de hoy.
La mayoría de legisladores parece haberse visto obligada a optar por la anulación para disipar el clima de confrontación social, mucho más cuando se ha puesto en evidencia que el 76% de la población rechaza la norma, según la última encuesta de GFK.
Para el congresista del bloque Acción Popular-Frente Amplio, Yonhy Lescano, ante el mayoritario rechazo al pleno solo le queda ese camino para evitar que el descontento de los jóvenes desencadene en violencia en las calles.
De igual opinión fue el dirigente aprista Jorge del Castillo. Según él, no se debe insistir en la ratificación de la Ley del Empleo Juvenil porque agudizará la posición crítica de un sector de la población que se opone a ella. "Queremos un ánimo de paz. En los próximos días se conmemora el fallo de la corte de La Haya", expresó.
A las diez de la noche como máximo -por acuerdo de la Junta de Portavoces- los legisladores votarán la derogatoria, anulación o suspensión de la ley, en una jornada que arrancará a las nueve de la mañana. De entrada, se votará una autorización de viaje del presidente Humala a Costa Rica, pero luego la presidenta, o el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, dará cuenta de las seis iniciativas legislativas que están en manos del Legislativo. Culminado el debate, se expondrá un dictamen que recoja todas las propuestas.
Pero para evitar que el debate se prolongue, la bancada de Acción Popular–Frente Amplio planteará una cuestión previa para que la votación se haga sin previo debate.
“Si se aprueba la derogatoria, ya no habría la necesidad de discutir las otras propuestas de cambio o suspensión. Esperemos que sea aprobada”, anotó la legisladora Verónika Mendoza.
VOTO DE PERÚ POSIBLE
Cinco bancadas del Congreso han asegurado su respaldo a la propuesta de derogatoria de la 'Ley Pulpín'. A los 57 votos de Acción Popular – Frente Amplio (AP-FA), Concertación Parlamentaria, Dignidad y Democracia y Fuerza Popular se sumó el bloque de 11 congresistas de Perú Posible (PP).
Anoche, la bancada de la Chakana hizo un lado la alianza y emitió un pronunciamiento confirmando que votará por la anulación de la norma.
"Nuestro voto es por la derogatoria, pero, para cambiar; no para que las cosas continúen como están. Es necesario que el gobierno instale una Mesa de Diálogo con los jóvenes para resolver el problema de la informalidad en el empleo", señalan en el documento.
De igual forma, proponen que se cree un fondo de 200 millones de dólares (50% del sector público y 50% de sector privado) para construir institutos tecnológicos superiores en las regiones para aumentar la mano de obra calificada.
En el bloque del Partido Popular Cristiano-Alianza Para el Progreso (PPC-APP) todavía no tomaron la decisión, pero hay una inclinación por respaldar la posición que esgrima la mayoría. Y en la bancada de Unión Regional fijarán posición una hora antes del inicio de la legislatura extraordinaria. En cambio, en la bancada oficialista de Gana Perú, la crisis se ha agudizado debido a la renuncia de Sergio Tejada, uno de sus principales líderes.
DEFENSA OFICIAL
En el Ejecutivo esperan que impere la madurez al momento de la votación de la ley que fue aprobada por amplia mayoría en diciembre del 2014, aunque reconocen que la derogatoria es una alternativa que tiene posibilidad de imponerse.
De ahí que el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, aseguró que aceptarán la determinación del pleno del Legislativo. "Respetaremos lo que decida el Congreso", ofreció.
Otárola sostuvo que es respetable la posición de los congresistas que siempre estuvieron en contra del Régimen Laboral Juvenil, pero cuestionó a las bancadas del Apra y el fujimorismo que "cuando vieron que podrían perder votitos, cambiaron de posición".
Sin embargo, el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Daniel Maurate, insistió en que el cuestionado dispositivo legal beneficiará a un millón 800 mil jóvenes de entre 18 y 24 años que actualmente "trabajan en negro, sin ningún derecho ni beneficio".
Maurate negó que la norma agreda los derechos laborales debido a que está dirigida a aquellos que accederán a su primer empleo. “Es para aquellos que tienen su primer empleo, para ese millón 800 mil que no tiene beneficios y ni siquiera un contrato”, insistió.
En el mismo sentido se pronunció el ministro de la Producción, Piero Guezzi, quien sostuvo que la norma en cuestión sí apunta a combatir la informalidad laboral, porque “tres de cada cuatro jóvenes” laboran en condiciones desventajosas.
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