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Cuando l@s anarquistas se arremangan...
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"COMUNIDAD LA ESPERANZA": UN PROYECTO DE OCUPACIÓN SIN PRECEDENTES EN CANARIAS
Aunque ha dejado de ocupar las portadas de los grandes medios de comunicación, el drama de los desahucios que sufren decenas de miles de familias en todo el Estado español continúa agravándose cada año.
En Canarias, el número de desalojos se cuadriplicó entre 2008 y 2013, con un total de 9.439 ejecuciones hipotecarias durante ese periodo. En lo que va de 2014, los desahucios debidos a la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas volvieron a aumentar un 24,15%. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, cada día del presente año catorce familias del Archipiélago han sido expulsadas de sus casas.
Sin políticas sociales que les ayuden a salir adelante, la mayoría de estos miles de trabajadores a los que el Estado desaloja, para satisfacer las demandas de las grandes entidades financieras, se encuentra abocada a la exclusión y la desintegración familiar.
Hoy, sin embargo, comienzan a surgir proyectos colectivos que luchan contra esta flagrante injusticia social.
En febrero de 2013, la Federación Anarquista de Gran Canaria realojaba a más de veinte familias necesitadas y sin techo en unos bloques de viviendas abandonados en esta isla. Desde entonces, la comunidad, bautizada como "La Esperanza", ha continuado creciendo. Actualmente alberga a más de 200 vecinos - entre ellos 103 niños - que ocupan 65 viviendas y se organizan de forma asamblearia.
"Aquí -explica Ruymán Rodríguez, uno de los impulsores de la Comunidad - hay personas con todos los perfiles de los excluidos de la sociedad. Hay un gran número de padres de familias que con la caída del sector de la construcción se han visto sin nada, de un día para otro; madres solteras, mujeres maltratadas; inmigrantes irregulares; enfermos que no reciben ningún tipo de ayuda gubernamental…".
Canarias-semanal tuvo la oportunidad de recabar los testimonios de algunos de estos vecinos, que no solo se esfuerzan cada día por sacar adelante sus familias, sino también por ayudarse mutuamente en la medida de sus posibilidades. Sus vivencias constituyen la crónica más auténtica de una realidad social que reclama, a gritos, ser transformada radicalmente.
Más de 70 familias ocupan unos edificios del banco malo en Gran Canaria. Hay 149 niños. Tras dos años en las casas, denuncian el “acoso” de la Guardia Civil
En la comuna La Esperanza, al norte de la isla de Gran Canaria, viven 71 familias. Son 250 personas que no tenían hogar, de las que más de la mitad son menores. A principios de 2013 dos decenas de personas, con su vida a cuestas, ocuparon las primeras 20 viviendas de los cuatro edificios que una constructora abandonó por problemas de licencia y cédulas de habitabilidad. La llamaron La Esperanza, lo último que se pierde
Es el refugio para gente sin recursos, ubicado en el municipio de Santa María de Guía, al norte de la isla de Gran Canaria. Servicios Sociales ha derivado allí a cuatro familias. Dos de han quedado. Ruymán Rodríguez, uno de los promotores, dice que la comunidad no tiene problemas para escuchar las situaciones familiares e intentar encajarlas en las viviendas disponibles. Todo iba como la seda, sostiene, y ahora no entiende por qué la Guardia Civil “acosa” a varios vecinos de la comuna. Él mismo fue detenido la semana pasada y pasó 24 horas en el calabozo, después de que le pidieran la identificación en una parada de autobuses. En el juicio rápido celebrado por "resistencia a la autoridad", el abogado de la Benemérita le pedía cinco años de cárcel. El juez desestimó la petición y lo rebajó a un delito de faltas.
Los cuatro edificios y los terrenos aledaños que conforman La Esperanza han sido absorbidos por el Sareb, el banco malo, según los vecinos. Sin embargo, fuentes del Sareb matizan que no consta que sean los propietarios de dicha promoción, aunque probablemente las viviendas sean "colaterales" de un préstamo (una garantía del crédito al promotor ). Los habitantes esperan que el litigio por deudas de la constructora se prolongue y poder vivir allí algunos meses más. O que conviertan las casas en viviendas sociales y alquilarlas por un precio que puedan pagar.
A principio de mes cada vecino de la comuna aporta 25 euros. Son voluntarios. “Si no tienen, lo intentamos poner entre el resto”, explica Rodríguez. Cuando llegaron, en 2013, explicaron a la constructora propietaria la situación. Eran familias sin techo que habían entrado en unas viviendas vacías listas para ser habitadas. Una gasolinera, instalada allí antes que los edificios, impedían que pudieran ser vendidas. Hubo varios robos de cables de cobre y la propietaria temía que lo siguiente en desaparecer fueran grifos y puertas. En esas circunstancias, entregó las llaves a los nuevos propietarios, seis familias que habían sido desahuciadas o no podían pagar un alquiler.
Natalia, que tiene tres hijos y espera otro a sus 32 años, recuerda también ese momento. “Estoy de cinco meses. La Esperanza es un nido de fertilidad”, concede con una sonrisa. Se retira las gafas y explica que su objetivo fue “mantener a la familia unida”. En 2013 ni ella ni su pareja tenían ingresos y optaron por ocupar una casa en La Esperanza.
Cada último domingo de mes celebran la asamblea en la que se presenta el balance de tesorería. Cada comisión explica en qué ha trabajado durante el mes. Ahora mismo las 71 viviendas están ocupadas bajo el requisito de “ser familias con hijos a cargo o estar pasando hambre extrema”. A la sala en la que celebran las reuniones la han llamado Asambleatorio. Los encargados de los talleres para los niños tienen bastante tarea con los 149 críos y ahora planean abrir un nuevo espacio de juego en un solar cercano.
Guillermo, de 49 años, es delgado, alto y rubio. Trabajó de encofrador durante el boom de la construcción. Estuvo algunos años desahuciado, alimentándose en comedores sociales. Con él, en La Esperanza, viven su mujer y una de sus hijas. Es el encargado de la nueva zona infantil. “Si fuera más joven, me iría fuera y me buscaría la vida. Pero, ¿dónde voy con casi 50 años?”, se pregunta. Guillermo se gana los cuartos recogiendo chatarra, “parezco Batman, salgo de noche a buscar basura para venderla”.
El huerto lo coordina Julio, que acaba de cumplir 40 años y trabajó durante 10 como cerrajero. Colaboró en desahucios “más de lo que usted se imagina” antes de la crisis. “Y ahora soy yo el que ha tenido que ocupar, así es la vida”, dice. A un despido se sumó un divorcio problemático y se quedó en la calle de la noche a la mañana. “Veo la vida con más miedo y en La Esperanza, cuando no tengo, siempre hay alguien que ayuda”, reflexiona.
En el patio está Coraima. Tiene 22 años. Vivió en un centro de mujeres maltratadas, después de que su marido le golpease en repetidas ocasiones. No encontraba trabajo ni estabilidad y tuvo que abandonarlo. Se vio con su hijo en la calle y acabó en La Esperanza. Con ella habla Roberto, que es de Tuluá, Colombia, tiene 42 años y lleva 14 en Gran Canaria. Llegó hace algo poco más de un año a la comuna. “Tengo cuatro chiquillos a mi cargo, mi mujer que no cobra nada y ahorita lo que entra es muy poco”, explica. Y remata: “aquí tengo un techo, es peor estar en la calle”.
En La Esperanza ha habido nacimientos y también muertes. Los habitantes recuerdan el niño de 15 años que murió de leucemia. “No había dinero ni para enterrarlo”, rememora Ruyman. Hay varias personas con enfermedades crónicas o terminales. Dos miembros de una misma familia tienen cáncer.
La voz de los vecinos no se ha escuchado desde que ocuparon los edificios. Han buscado vivir con sigilo, de forma discreta, organizarse y tener fuerza para explicar que ocuparon por que no podían más. La Esperanza, más que ser lo último que se pierde, se ha convertido en un lugar en el que no hay nada que perder.
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La Represión se pone en marcha...
Comunicado de apoyo a "La Esperanza" y contra la represión a Ruymán Rodríguez
El pasado 29 de abril (2015) el militante anarquista Ruymán Rodríguez fue detenido, sin razón aparente, en Santa María de Guía por dos policías secretas de la Guardia Civil. En dependencias policiales fue insultado, amenazado, golpeado y torturado (entre otras cosas fue estrangulado hasta en tres ocasiones). Después de 24 horas de malostratos y agresiones reiteradas, el detenido comparece ante el juez que no ve motivos constitutivos de delito. Los agentes de forma inaudita recurren la decisión judicial y quieren que se le impute al acusado el delito de “atentado a la autoridad” para que según sus propias palabras en el cuartillo “se trague al menos 5 años de cárcel”. Actualmente se está a la expectativa de si se acepta o rechaza dicha apelación.
Sea cual sea la decisión judicial esto no se acabará aquí. Este abuso policial se engloba dentro de una campaña de acoso y derribo contra la Comunidad “La Esperanza”. Dicha Comunidad es un proyecto social iniciado por la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria) en enero del 2013 y que consiste en 4 bloques de viviendas (propiedad de la SAREB) expropiados y puestos a disposición de 71 familias, 250 personas, 140 niños. Posiblemente la ocupación masiva más grande del Estado.
Sabiendo que se acercan las elecciones y que la Comunidad se dispone a hacer públicas sus exigencias de normalizar su situación, los cuerpos policiales, teledirigidos por los aparatos políticos, quieren sembrar el miedo en la Comunidad para desestabilizarla. Incapaces de entender que pueda subsistir una comunidad humana horizontal, asamblearia, autogestionada, autosuficiente y solidaria, necesitan inventarse la existencia de “líderes”, y ese es el papel que quieren atribuirle a Ruymán. La intención policial es intimidarlo y obligarle a a abandonar el municipio, creyendo que así cundirá el pánico entre el resto de vecinos.
La realidad es que esto debe hacernos más fuertes y obligar a todos los colectivos, organizaciones e individualidades a prestar nuestro apoyo a esta causa: la de un individuo injustamente represaliado y sobre todo la de una comunidad de vecinos que arroja un rayo de esperanza sobre la realidad social canaria.
Por ello los bajo firmantes solicitamos que cese la persecución contra Ruymán Rodríguez y la Comunidad “La Esperanza”, y que se permita que este proyecto de lucha por la vivienda tenga el desenlace positivo que se merece y que la situación de emergencia humanitaria en la que vivimos los más pobres requiere.
Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2015
Firman este comunicado conjunto de apoyo a la Comunidad La Esperanza:
Intersindical Canaria
Frente Sindical Obrero de Canarias
Resistencia Popular Canaria
Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan)
Asociación Canaria de Economía Alternativa
Podemos - Santa María de Guía
Telde Responde
Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas
Alternativa Nacionalista Canaria
Ateneo Libertario Xosé Tarrío
Procés Embat
Federación Estudiantil Libertaria
Juventudes Libertarias de Málaga
Sindicato Único de CGT - Tenerife
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La Solidaridad se extiende...
Aplazado el desahucio de Guanarteme. La acción directa ha conseguido ganar tiempo para Ignacio
El pasado día 26 de septiembre (2014) la sombra del desalojo amenazaba el taller/vivienda de Ignacio y su hijo Samuel. La Federación Anarquista de Gran Canaria (que llevaba una semana convocando un piquete con la intención de impedirlo) y varias decenas de vecinas y vecinos de la Comunidad “La Esperanza” recorrimos, en varios vehículos, una gran cantidad de kilómetros para llegar a Guanarteme, donde estaba previsto que se produjera el desahucio.
Cuando llegamos las fuerzas congregadas eran escasas (una mayoría eran compañeras y compañeros de La Tomatera y una minoría de la Asamblea 15-M Guanarteme y de la Asamblea de Parados; el resto eran familiares del afectado, activistas independientes, algunos vecinos y curiosos). Aunque los anarquistas somos conscientes de que, siendo una minoría de minorías, ningún desahucio se puede parar sin contar con el apoyo popular y a veces con el de otros colectivos sociales, en esta ocasión nuestro sentido de justicia nos obliga a señalar algo que en otras circunstancias no comentaríamos: al menos la mitad del piquete eran vecinos de la Comunidad “La Esperanza”. Teniendo en cuenta el desplazamiento y que para la mayoría era el primer piquete anti-desahucio en el que participaban, el dato es más que meritorio. Sean para otros lo titulares y las flores; nosotros destacamos esto para que se sepa que gente sin más ideología que el apoyo mutuo acudió a enfrentarse a un abuso sin más meta que la de hacer lo correcto e impedir que una familia perdiera su casa tal y como ya les había pasado a ellos (la mayoría de vecinos de la Comunidad han sido desahuciados en el pasado).
La llegada de los compañeros ácratas con más experiencia en detener desahucios fortificó las posiciones: recomendaron cerrar las puertas del taller cuanto antes, aglutinarse en la acera donde estaba ubicado el inmueble, repartirse entre las dos posibles entradas, dieron consejos de tipo estratégico y también jurídicos en caso de detención, etc. La idea era levantar un muro de carne que impidiera la intervención policial y judicial1.
A la hora prevista apareció la comisión judicial que no tardó en ser repelida por los concentrados (a pesar de que no faltó quien quería que les dejáramos la entrada franca). Después de esta escaramuza, que demostró a la policía que su intervención era desaconsejable, el piquete siguió firme, sin que la aparente retirada de la policía local y de dicha comisión nos ofreciera ningún motivo para confiarnos. Uno de los factores que nos hacían permanecer atentos era la presencia de tres policías secretas (agentes de la Brigada de Información) perfectamente identificados gracias a su impericia y mínima capacidad de mimetizarse.
Pasadas las horas, y según se acercaba el cierre de juzgados, nos iba quedando claro que el desahucio se había aplazado (luego supimos que por 40 días). Esto no es una victoria; es sólo una tregua. Tiempo para que Banca March2 acepte negociar con Ignacio, si dicha entidad no quiere que su imagen se siga deteriorando y tener que acometer un segundo lanzamiento aún más duro y encarnizado.
El aplazamiento de este desahucio nos ha servido para ratificarnos en viejos análisis y para realizar otros nuevos. Y no sólo a nosotros, sino también a los que participaban en la paralización de un desalojo por primera vez:
Han comprendido que por muchas lecturas políticas que intenten hacerse de un desahucio y por mucho afán de protagonismo que haya entre algunos, un piquete anti-desahucio debe tener, por obvio que parezca, un objetivo principal: que el afectado conserve su vivienda.
Que tan importante como el número de asistentes de un piquete es la actitud y la estrategia.
Que los colectivos que monopolizan mediáticamente la participación en el frente de la vivienda, como la PAH, pueden tranquilamente inhibirse de intervenir en este tipo de concentraciones a pesar de que el desahuciador sea un banco y no un particular.
Que la voluntad de paralizar un desahucio pesa más que cualquier otra consideración, y que en ocasiones, y aunque no sea lo deseable, más de una veintena de personas provenientes del otro extremo de la isla pueden suplir la escasa participación de los propios vecinos del barrio.
Haciendo una lectura meramente particular, este desahucio también ha permitido a muchos realojados de la Comunidad “La Esperanza” ser conscientes de su potencial, de que los desahucios pueden pararse mientras haya una verdadera intención de conseguirlo, de que sólo el apoyo mutuo y la acción directa capacitan al pueblo para obtener lo que necesitan (y no las promesas electorales de los partidos y sus marcas blancas3) y de que por sí mismos suponen ya una fuerza formidable.
Deseamos que en este mes Ignacio pueda negociar a su favor e imponer sus exigencias. Si no volveremos a Guanarteme... Más y más fuertes.
“Si ellos tienen la fuerza en el Ministerio, la nuestra está en la calle y en la razón” (Cultura y Acción, 10 de diciembre de 1931).
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Vecinos de la Comunidad "La Esperanza" componen el grueso del piquete
Los antecendentes...
Grupo de Respuesta Inmediata
Ante la oleada de desahucios que cada vez se ejecutan con más celeridad (300 al día, 105.000 al año) es necesario organizarse contra ellos, tal y como ya lo están haciendo muchas plataformas, pero con más contundencia.
Con más contundencia, porque cuando la gente, a causa de los desahucios, está perdiendo a sus hijos (secuestrados por el Estado y recluidos en centros de menores), cuando están perdiendo a sus padres (enfermos y sin recursos), están perdiendo el techo y están perdiendo la vida (hostigados hasta la muerte por los desahuciadores) no queda más que la vía de la Acción Directa.
¿Qué quiere decir actuar con más contundencia? Quiere decir dejar las medias tintas, los paños calientes, la conciliación y demás medidas que sólo satisfacen a la clase propietaria en detrimento de la clase desposeída. ¿Qué quiere decir Acción Directa? Quiere decir actuar sin reconocer más gestores de los problemas que los propios afectados (y esto no hace sólo alusión a la clase inquilina y bajo amenaza de desahucio, sino a la totalidad de la población acusada por el endeudamiento y la carestía) y una vía de resolución de conflictos que, preferentemente, no se inhibe de la confrontación.
A continuación pasamos a glosar cuál sería la batería de medidas que engrosan estos procedimientos de actuación Inmediata, Contundente y Directa (si bien abrimos el abanico de alternativas, aunque sea a nivel de asesoramiento, pues tenemos en cuenta las distintas circunstancias y necesidades de las personas que puedan solicitar nuestra colaboración):
1º Asesoría Jurídica: Como Anarquistas esta vía nos parece insuficiente, cuando no contraproducente o innecesaria. Sin embargo, y atendiendo a esas distintas circunstancias y necesidades a las que hacíamos alusión, ponemos a disposición de los solicitantes asesoramiento (incluso de corte profesional) sobre esta materia que, personalmente, nos parece una vía fallida.
2º Difusión: Desde el Grupo de Respuesta Inmediata estamos dispuestos, si se requiere, a iniciar una guerra de tinta contra todo desahucio y contra toda situación de abuso e injusticia derivada del mismo. La idea es usar todos los medios a nuestro alcance (difusión web, radio, cartelería, panfletos, etc.) para darle publicidad a cualquier caso concreto en que un individuo o familia se vean pisoteados por la maquinaria de los desahucios.
3º Parar Desalojos: Aunque ésta es una vía aplicada ya por distintas plataformas y colectivos cuya labor reconocemos (y cuya colaboración es siempre deseable), creemos que el protocolo de tirarse al suelo y esperar a que la policía nos vaya golpeando y desalojando, como si de una rutina se tratara, se ha demostrado bien intencionada, pero improductiva. A través de vías legales no puede conseguirse más que la sanción y reafirmación de la misma ley a través de la cual se nos desahucia (esto es tan cierto como que no se puede salvar a un ahogado sumergiéndolo en agua). Por tanto, ante esa postura “ciudadanista” (que incluso en pleno desahucio ha llegado a exigir “que nadie insulte a la policía”), nosotras y nosotros hacemos un llamamiento a la resistencia activa. Los desahucios no pueden pararse siempre con la mera oposición física, pero inerte, del propio cuerpo, sino con todos los medios a nuestro alcance para impedir el acceso de los secretarios judiciales y los agentes policiales a la vivienda en cuestión. Esto pasa por la oposición física activa, por el establecimiento de barricadas, la utilización de cadenas, alambrada de espinos, rotura de cerraduras y cualquier elemento que las circunstancias y los afectados vean necesario y deseable. Esto no debe quedar circunscrito sólo a la vivienda sino también a las calles aledañas. Lo ideal sería que todo un barrio movilizado levantara las barricadas que impidieran el acceso policial y judicial.
4º Sabotaje: Se debe de recurrir al sabotaje contra todo elemento o sujeto que coadyuve y participe, como colaborador necesario, en la ejecución de un desahucio. Esto alude tanto a los camiones de transporte usados para trasladar muebles y enseres como a la propia complicidad de los cerrajeros.
5º Realojo de los desahuciados: Si ha sido inviable parar el desalojo, han de iniciarse los procedimientos adecuados para volver a realojar al individuo o familia afectados en la misma casa. Tantas veces como deseen o sea necesario.
6º Ocupación: Si por cualquier motivo no fuera posible o deseable re-ocupar la misma casa, se buscará otro inmueble, preferentemente propiedad de la misma entidad desahuciadora (sea bancaria, pública o de un rentista particular) en la que esa familia pueda hallar cobijo. La idea es habilitar esa casa, pinchando siempre que sea necesario agua y luz, y procediendo a su saneamiento. El Grupo de Respuesta Inmediata se propone socializar el mayor número de inmuebles susceptibles de ser ocupados (liberados, si se prefiere) para darles la utilidad de viviendas sociales gratuitas. Con ese fin, intentará elaborarse un listado público de direcciones y lugares óptimos para dicho cometido.
7º Represalias: Una de las principales medidas disuasorias que puede emplearse para que los desahuciadores se lo piensen dos veces antes de ejecutar hipotecas y proceder a los desalojos es que experimenten en carne propia represalias contra sus propios hogares (hablamos de inmuebles, no de personas). En primer lugar, y si los afectados están dispuestos, sería interesante localizar las viviendas de todos los jueces, fiscales, banqueros, rentistas, funcionarios judiciales y policías que participan en la consecución de un desahucio y ocupar, con especial preferencia, dichas viviendas junto al resto de sus propiedades. De ser imposible, sería interesante que todo el mundo supiera que ahí vive un sujeto sin escrúpulos capaz de echar a la gente de su casa.
8º Huelga de Alquileres: Si la situación estuviera lo suficientemente madura y tanto los afectados como su entorno (el propio barrio) estuvieran lo bastante comprometidos, sería el momento de aplicar un arma que históricamente se ha demostrado temible, pero que requiere de grandes dosis de solidaridad y apoyo mutuo. Si un vecino fuera a ser desalojado, la idea es que todos los vecinos de dicho edificio, y a ser posible de la misma manzana o incluso del mismo barrio, declararan, colectivamente y sine die, una Huelga de Alquileres, negándose a pagar los mismos. Si hay amnistía fiscal para las grandes fortunas, ¿por qué no una amnistía que suprima las deudas de todas las personas en riesgo de desahucio? Como las amnistías se conceden, y nosotros lo que queremos es fabricar nuestras propias soluciones, ¿por qué no negarnos a pagar unas deudas abusivas, asfixiantes y humillantes, en un contexto en el que se rescatan bancos precisamente con el dinero que han aportado las personas que después serán desahuciadas por esos mismos rescatados bancos? Si hay huelgas laborales y también políticas (abstención electoral), ¿por qué no una Huelga de Alquileres? Declarémonos Insumisos y Desobedientes y, con la certeza de que tarde o temprano nos será imposible pagar los alquileres, hagámoslo ahora de forma consciente, hasta que se supriman todos los desahucios de forma permanente.
Para poner en común, coordinar e informar de la naturaleza del grupo, de sus objetivos y de los procedimientos ya desglosados, se intentará convocar cuanto antes, dándole toda la difusión necesaria, una Asamblea de Inquilinos, Desahuciados y Futuros Desahuciados en la que intentaremos compartir e intercambiar toda la información posible, empezar a conocer problemáticas concretas y a desarrollar las correspondientes acciones para paliarlas.
Si tu situación es muy alarmante y no puedes esperar a dicha asamblea; si te gustan los métodos propuestos o simplemente quieres asesorarte; ponte en contacto con nosotros a través del siguiente correo: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], y cuéntanos, lo más detalladamente posible, tus circunstancias y de qué forma preferirías abordar el problema.
El Grupo de Respuesta Inmediata, creado por la FAGC, quiere dejar por último una cosa clara: No pensamos permitir que nadie vuelva a quitarse la vida mientras la mayoría mira hacia otro lado; no aceptaremos que nadie se sienta solo bajo la guadaña del desahucio; no dejaremos que ningún desahucio quede impune.
“¡Muy diferente sería el resultado si los trabajadores reivindicaran el derecho del bienestar! Por eso mismo proclamamos su derecho a apoderarse de toda la riqueza social; a tomar las casas e instalarse en ellas con arreglo a las necesidades de cada familia; a tomar los víveres acumulados y consumirlos, de suerte que conozcan la hartura tanto como conocen el hambre”.
Piotr Kropotkin (La Conquista del Pan, 1892).
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Aunque ha dejado de ocupar las portadas de los grandes medios de comunicación, el drama de los desahucios que sufren decenas de miles de familias en todo el Estado español continúa agravándose cada año.
En Canarias, el número de desalojos se cuadriplicó entre 2008 y 2013, con un total de 9.439 ejecuciones hipotecarias durante ese periodo. En lo que va de 2014, los desahucios debidos a la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas volvieron a aumentar un 24,15%. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, cada día del presente año catorce familias del Archipiélago han sido expulsadas de sus casas.
Sin políticas sociales que les ayuden a salir adelante, la mayoría de estos miles de trabajadores a los que el Estado desaloja, para satisfacer las demandas de las grandes entidades financieras, se encuentra abocada a la exclusión y la desintegración familiar.
Hoy, sin embargo, comienzan a surgir proyectos colectivos que luchan contra esta flagrante injusticia social.
En febrero de 2013, la Federación Anarquista de Gran Canaria realojaba a más de veinte familias necesitadas y sin techo en unos bloques de viviendas abandonados en esta isla. Desde entonces, la comunidad, bautizada como "La Esperanza", ha continuado creciendo. Actualmente alberga a más de 200 vecinos - entre ellos 103 niños - que ocupan 65 viviendas y se organizan de forma asamblearia.
"Aquí -explica Ruymán Rodríguez, uno de los impulsores de la Comunidad - hay personas con todos los perfiles de los excluidos de la sociedad. Hay un gran número de padres de familias que con la caída del sector de la construcción se han visto sin nada, de un día para otro; madres solteras, mujeres maltratadas; inmigrantes irregulares; enfermos que no reciben ningún tipo de ayuda gubernamental…".
Canarias-semanal tuvo la oportunidad de recabar los testimonios de algunos de estos vecinos, que no solo se esfuerzan cada día por sacar adelante sus familias, sino también por ayudarse mutuamente en la medida de sus posibilidades. Sus vivencias constituyen la crónica más auténtica de una realidad social que reclama, a gritos, ser transformada radicalmente.
Más de 70 familias ocupan unos edificios del banco malo en Gran Canaria. Hay 149 niños. Tras dos años en las casas, denuncian el “acoso” de la Guardia Civil
En la comuna La Esperanza, al norte de la isla de Gran Canaria, viven 71 familias. Son 250 personas que no tenían hogar, de las que más de la mitad son menores. A principios de 2013 dos decenas de personas, con su vida a cuestas, ocuparon las primeras 20 viviendas de los cuatro edificios que una constructora abandonó por problemas de licencia y cédulas de habitabilidad. La llamaron La Esperanza, lo último que se pierde
Es el refugio para gente sin recursos, ubicado en el municipio de Santa María de Guía, al norte de la isla de Gran Canaria. Servicios Sociales ha derivado allí a cuatro familias. Dos de han quedado. Ruymán Rodríguez, uno de los promotores, dice que la comunidad no tiene problemas para escuchar las situaciones familiares e intentar encajarlas en las viviendas disponibles. Todo iba como la seda, sostiene, y ahora no entiende por qué la Guardia Civil “acosa” a varios vecinos de la comuna. Él mismo fue detenido la semana pasada y pasó 24 horas en el calabozo, después de que le pidieran la identificación en una parada de autobuses. En el juicio rápido celebrado por "resistencia a la autoridad", el abogado de la Benemérita le pedía cinco años de cárcel. El juez desestimó la petición y lo rebajó a un delito de faltas.
Los cuatro edificios y los terrenos aledaños que conforman La Esperanza han sido absorbidos por el Sareb, el banco malo, según los vecinos. Sin embargo, fuentes del Sareb matizan que no consta que sean los propietarios de dicha promoción, aunque probablemente las viviendas sean "colaterales" de un préstamo (una garantía del crédito al promotor ). Los habitantes esperan que el litigio por deudas de la constructora se prolongue y poder vivir allí algunos meses más. O que conviertan las casas en viviendas sociales y alquilarlas por un precio que puedan pagar.
A principio de mes cada vecino de la comuna aporta 25 euros. Son voluntarios. “Si no tienen, lo intentamos poner entre el resto”, explica Rodríguez. Cuando llegaron, en 2013, explicaron a la constructora propietaria la situación. Eran familias sin techo que habían entrado en unas viviendas vacías listas para ser habitadas. Una gasolinera, instalada allí antes que los edificios, impedían que pudieran ser vendidas. Hubo varios robos de cables de cobre y la propietaria temía que lo siguiente en desaparecer fueran grifos y puertas. En esas circunstancias, entregó las llaves a los nuevos propietarios, seis familias que habían sido desahuciadas o no podían pagar un alquiler.
Natalia, que tiene tres hijos y espera otro a sus 32 años, recuerda también ese momento. “Estoy de cinco meses. La Esperanza es un nido de fertilidad”, concede con una sonrisa. Se retira las gafas y explica que su objetivo fue “mantener a la familia unida”. En 2013 ni ella ni su pareja tenían ingresos y optaron por ocupar una casa en La Esperanza.
Cada último domingo de mes celebran la asamblea en la que se presenta el balance de tesorería. Cada comisión explica en qué ha trabajado durante el mes. Ahora mismo las 71 viviendas están ocupadas bajo el requisito de “ser familias con hijos a cargo o estar pasando hambre extrema”. A la sala en la que celebran las reuniones la han llamado Asambleatorio. Los encargados de los talleres para los niños tienen bastante tarea con los 149 críos y ahora planean abrir un nuevo espacio de juego en un solar cercano.
Guillermo, de 49 años, es delgado, alto y rubio. Trabajó de encofrador durante el boom de la construcción. Estuvo algunos años desahuciado, alimentándose en comedores sociales. Con él, en La Esperanza, viven su mujer y una de sus hijas. Es el encargado de la nueva zona infantil. “Si fuera más joven, me iría fuera y me buscaría la vida. Pero, ¿dónde voy con casi 50 años?”, se pregunta. Guillermo se gana los cuartos recogiendo chatarra, “parezco Batman, salgo de noche a buscar basura para venderla”.
El huerto lo coordina Julio, que acaba de cumplir 40 años y trabajó durante 10 como cerrajero. Colaboró en desahucios “más de lo que usted se imagina” antes de la crisis. “Y ahora soy yo el que ha tenido que ocupar, así es la vida”, dice. A un despido se sumó un divorcio problemático y se quedó en la calle de la noche a la mañana. “Veo la vida con más miedo y en La Esperanza, cuando no tengo, siempre hay alguien que ayuda”, reflexiona.
En el patio está Coraima. Tiene 22 años. Vivió en un centro de mujeres maltratadas, después de que su marido le golpease en repetidas ocasiones. No encontraba trabajo ni estabilidad y tuvo que abandonarlo. Se vio con su hijo en la calle y acabó en La Esperanza. Con ella habla Roberto, que es de Tuluá, Colombia, tiene 42 años y lleva 14 en Gran Canaria. Llegó hace algo poco más de un año a la comuna. “Tengo cuatro chiquillos a mi cargo, mi mujer que no cobra nada y ahorita lo que entra es muy poco”, explica. Y remata: “aquí tengo un techo, es peor estar en la calle”.
En La Esperanza ha habido nacimientos y también muertes. Los habitantes recuerdan el niño de 15 años que murió de leucemia. “No había dinero ni para enterrarlo”, rememora Ruyman. Hay varias personas con enfermedades crónicas o terminales. Dos miembros de una misma familia tienen cáncer.
La voz de los vecinos no se ha escuchado desde que ocuparon los edificios. Han buscado vivir con sigilo, de forma discreta, organizarse y tener fuerza para explicar que ocuparon por que no podían más. La Esperanza, más que ser lo último que se pierde, se ha convertido en un lugar en el que no hay nada que perder.
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La Represión se pone en marcha...
Comunicado de apoyo a "La Esperanza" y contra la represión a Ruymán Rodríguez
El pasado 29 de abril (2015) el militante anarquista Ruymán Rodríguez fue detenido, sin razón aparente, en Santa María de Guía por dos policías secretas de la Guardia Civil. En dependencias policiales fue insultado, amenazado, golpeado y torturado (entre otras cosas fue estrangulado hasta en tres ocasiones). Después de 24 horas de malostratos y agresiones reiteradas, el detenido comparece ante el juez que no ve motivos constitutivos de delito. Los agentes de forma inaudita recurren la decisión judicial y quieren que se le impute al acusado el delito de “atentado a la autoridad” para que según sus propias palabras en el cuartillo “se trague al menos 5 años de cárcel”. Actualmente se está a la expectativa de si se acepta o rechaza dicha apelación.
Sea cual sea la decisión judicial esto no se acabará aquí. Este abuso policial se engloba dentro de una campaña de acoso y derribo contra la Comunidad “La Esperanza”. Dicha Comunidad es un proyecto social iniciado por la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria) en enero del 2013 y que consiste en 4 bloques de viviendas (propiedad de la SAREB) expropiados y puestos a disposición de 71 familias, 250 personas, 140 niños. Posiblemente la ocupación masiva más grande del Estado.
Sabiendo que se acercan las elecciones y que la Comunidad se dispone a hacer públicas sus exigencias de normalizar su situación, los cuerpos policiales, teledirigidos por los aparatos políticos, quieren sembrar el miedo en la Comunidad para desestabilizarla. Incapaces de entender que pueda subsistir una comunidad humana horizontal, asamblearia, autogestionada, autosuficiente y solidaria, necesitan inventarse la existencia de “líderes”, y ese es el papel que quieren atribuirle a Ruymán. La intención policial es intimidarlo y obligarle a a abandonar el municipio, creyendo que así cundirá el pánico entre el resto de vecinos.
La realidad es que esto debe hacernos más fuertes y obligar a todos los colectivos, organizaciones e individualidades a prestar nuestro apoyo a esta causa: la de un individuo injustamente represaliado y sobre todo la de una comunidad de vecinos que arroja un rayo de esperanza sobre la realidad social canaria.
Por ello los bajo firmantes solicitamos que cese la persecución contra Ruymán Rodríguez y la Comunidad “La Esperanza”, y que se permita que este proyecto de lucha por la vivienda tenga el desenlace positivo que se merece y que la situación de emergencia humanitaria en la que vivimos los más pobres requiere.
Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2015
Firman este comunicado conjunto de apoyo a la Comunidad La Esperanza:
Intersindical Canaria
Frente Sindical Obrero de Canarias
Resistencia Popular Canaria
Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan)
Asociación Canaria de Economía Alternativa
Podemos - Santa María de Guía
Telde Responde
Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas
Alternativa Nacionalista Canaria
Ateneo Libertario Xosé Tarrío
Procés Embat
Federación Estudiantil Libertaria
Juventudes Libertarias de Málaga
Sindicato Único de CGT - Tenerife
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La Solidaridad se extiende...
Aplazado el desahucio de Guanarteme. La acción directa ha conseguido ganar tiempo para Ignacio
El pasado día 26 de septiembre (2014) la sombra del desalojo amenazaba el taller/vivienda de Ignacio y su hijo Samuel. La Federación Anarquista de Gran Canaria (que llevaba una semana convocando un piquete con la intención de impedirlo) y varias decenas de vecinas y vecinos de la Comunidad “La Esperanza” recorrimos, en varios vehículos, una gran cantidad de kilómetros para llegar a Guanarteme, donde estaba previsto que se produjera el desahucio.
Cuando llegamos las fuerzas congregadas eran escasas (una mayoría eran compañeras y compañeros de La Tomatera y una minoría de la Asamblea 15-M Guanarteme y de la Asamblea de Parados; el resto eran familiares del afectado, activistas independientes, algunos vecinos y curiosos). Aunque los anarquistas somos conscientes de que, siendo una minoría de minorías, ningún desahucio se puede parar sin contar con el apoyo popular y a veces con el de otros colectivos sociales, en esta ocasión nuestro sentido de justicia nos obliga a señalar algo que en otras circunstancias no comentaríamos: al menos la mitad del piquete eran vecinos de la Comunidad “La Esperanza”. Teniendo en cuenta el desplazamiento y que para la mayoría era el primer piquete anti-desahucio en el que participaban, el dato es más que meritorio. Sean para otros lo titulares y las flores; nosotros destacamos esto para que se sepa que gente sin más ideología que el apoyo mutuo acudió a enfrentarse a un abuso sin más meta que la de hacer lo correcto e impedir que una familia perdiera su casa tal y como ya les había pasado a ellos (la mayoría de vecinos de la Comunidad han sido desahuciados en el pasado).
La llegada de los compañeros ácratas con más experiencia en detener desahucios fortificó las posiciones: recomendaron cerrar las puertas del taller cuanto antes, aglutinarse en la acera donde estaba ubicado el inmueble, repartirse entre las dos posibles entradas, dieron consejos de tipo estratégico y también jurídicos en caso de detención, etc. La idea era levantar un muro de carne que impidiera la intervención policial y judicial1.
A la hora prevista apareció la comisión judicial que no tardó en ser repelida por los concentrados (a pesar de que no faltó quien quería que les dejáramos la entrada franca). Después de esta escaramuza, que demostró a la policía que su intervención era desaconsejable, el piquete siguió firme, sin que la aparente retirada de la policía local y de dicha comisión nos ofreciera ningún motivo para confiarnos. Uno de los factores que nos hacían permanecer atentos era la presencia de tres policías secretas (agentes de la Brigada de Información) perfectamente identificados gracias a su impericia y mínima capacidad de mimetizarse.
Pasadas las horas, y según se acercaba el cierre de juzgados, nos iba quedando claro que el desahucio se había aplazado (luego supimos que por 40 días). Esto no es una victoria; es sólo una tregua. Tiempo para que Banca March2 acepte negociar con Ignacio, si dicha entidad no quiere que su imagen se siga deteriorando y tener que acometer un segundo lanzamiento aún más duro y encarnizado.
El aplazamiento de este desahucio nos ha servido para ratificarnos en viejos análisis y para realizar otros nuevos. Y no sólo a nosotros, sino también a los que participaban en la paralización de un desalojo por primera vez:
Han comprendido que por muchas lecturas políticas que intenten hacerse de un desahucio y por mucho afán de protagonismo que haya entre algunos, un piquete anti-desahucio debe tener, por obvio que parezca, un objetivo principal: que el afectado conserve su vivienda.
Que tan importante como el número de asistentes de un piquete es la actitud y la estrategia.
Que los colectivos que monopolizan mediáticamente la participación en el frente de la vivienda, como la PAH, pueden tranquilamente inhibirse de intervenir en este tipo de concentraciones a pesar de que el desahuciador sea un banco y no un particular.
Que la voluntad de paralizar un desahucio pesa más que cualquier otra consideración, y que en ocasiones, y aunque no sea lo deseable, más de una veintena de personas provenientes del otro extremo de la isla pueden suplir la escasa participación de los propios vecinos del barrio.
Haciendo una lectura meramente particular, este desahucio también ha permitido a muchos realojados de la Comunidad “La Esperanza” ser conscientes de su potencial, de que los desahucios pueden pararse mientras haya una verdadera intención de conseguirlo, de que sólo el apoyo mutuo y la acción directa capacitan al pueblo para obtener lo que necesitan (y no las promesas electorales de los partidos y sus marcas blancas3) y de que por sí mismos suponen ya una fuerza formidable.
Deseamos que en este mes Ignacio pueda negociar a su favor e imponer sus exigencias. Si no volveremos a Guanarteme... Más y más fuertes.
“Si ellos tienen la fuerza en el Ministerio, la nuestra está en la calle y en la razón” (Cultura y Acción, 10 de diciembre de 1931).
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Vecinos de la Comunidad "La Esperanza" componen el grueso del piquete
Los antecendentes...
Grupo de Respuesta Inmediata
Ante la oleada de desahucios que cada vez se ejecutan con más celeridad (300 al día, 105.000 al año) es necesario organizarse contra ellos, tal y como ya lo están haciendo muchas plataformas, pero con más contundencia.
Con más contundencia, porque cuando la gente, a causa de los desahucios, está perdiendo a sus hijos (secuestrados por el Estado y recluidos en centros de menores), cuando están perdiendo a sus padres (enfermos y sin recursos), están perdiendo el techo y están perdiendo la vida (hostigados hasta la muerte por los desahuciadores) no queda más que la vía de la Acción Directa.
¿Qué quiere decir actuar con más contundencia? Quiere decir dejar las medias tintas, los paños calientes, la conciliación y demás medidas que sólo satisfacen a la clase propietaria en detrimento de la clase desposeída. ¿Qué quiere decir Acción Directa? Quiere decir actuar sin reconocer más gestores de los problemas que los propios afectados (y esto no hace sólo alusión a la clase inquilina y bajo amenaza de desahucio, sino a la totalidad de la población acusada por el endeudamiento y la carestía) y una vía de resolución de conflictos que, preferentemente, no se inhibe de la confrontación.
A continuación pasamos a glosar cuál sería la batería de medidas que engrosan estos procedimientos de actuación Inmediata, Contundente y Directa (si bien abrimos el abanico de alternativas, aunque sea a nivel de asesoramiento, pues tenemos en cuenta las distintas circunstancias y necesidades de las personas que puedan solicitar nuestra colaboración):
1º Asesoría Jurídica: Como Anarquistas esta vía nos parece insuficiente, cuando no contraproducente o innecesaria. Sin embargo, y atendiendo a esas distintas circunstancias y necesidades a las que hacíamos alusión, ponemos a disposición de los solicitantes asesoramiento (incluso de corte profesional) sobre esta materia que, personalmente, nos parece una vía fallida.
2º Difusión: Desde el Grupo de Respuesta Inmediata estamos dispuestos, si se requiere, a iniciar una guerra de tinta contra todo desahucio y contra toda situación de abuso e injusticia derivada del mismo. La idea es usar todos los medios a nuestro alcance (difusión web, radio, cartelería, panfletos, etc.) para darle publicidad a cualquier caso concreto en que un individuo o familia se vean pisoteados por la maquinaria de los desahucios.
3º Parar Desalojos: Aunque ésta es una vía aplicada ya por distintas plataformas y colectivos cuya labor reconocemos (y cuya colaboración es siempre deseable), creemos que el protocolo de tirarse al suelo y esperar a que la policía nos vaya golpeando y desalojando, como si de una rutina se tratara, se ha demostrado bien intencionada, pero improductiva. A través de vías legales no puede conseguirse más que la sanción y reafirmación de la misma ley a través de la cual se nos desahucia (esto es tan cierto como que no se puede salvar a un ahogado sumergiéndolo en agua). Por tanto, ante esa postura “ciudadanista” (que incluso en pleno desahucio ha llegado a exigir “que nadie insulte a la policía”), nosotras y nosotros hacemos un llamamiento a la resistencia activa. Los desahucios no pueden pararse siempre con la mera oposición física, pero inerte, del propio cuerpo, sino con todos los medios a nuestro alcance para impedir el acceso de los secretarios judiciales y los agentes policiales a la vivienda en cuestión. Esto pasa por la oposición física activa, por el establecimiento de barricadas, la utilización de cadenas, alambrada de espinos, rotura de cerraduras y cualquier elemento que las circunstancias y los afectados vean necesario y deseable. Esto no debe quedar circunscrito sólo a la vivienda sino también a las calles aledañas. Lo ideal sería que todo un barrio movilizado levantara las barricadas que impidieran el acceso policial y judicial.
4º Sabotaje: Se debe de recurrir al sabotaje contra todo elemento o sujeto que coadyuve y participe, como colaborador necesario, en la ejecución de un desahucio. Esto alude tanto a los camiones de transporte usados para trasladar muebles y enseres como a la propia complicidad de los cerrajeros.
5º Realojo de los desahuciados: Si ha sido inviable parar el desalojo, han de iniciarse los procedimientos adecuados para volver a realojar al individuo o familia afectados en la misma casa. Tantas veces como deseen o sea necesario.
6º Ocupación: Si por cualquier motivo no fuera posible o deseable re-ocupar la misma casa, se buscará otro inmueble, preferentemente propiedad de la misma entidad desahuciadora (sea bancaria, pública o de un rentista particular) en la que esa familia pueda hallar cobijo. La idea es habilitar esa casa, pinchando siempre que sea necesario agua y luz, y procediendo a su saneamiento. El Grupo de Respuesta Inmediata se propone socializar el mayor número de inmuebles susceptibles de ser ocupados (liberados, si se prefiere) para darles la utilidad de viviendas sociales gratuitas. Con ese fin, intentará elaborarse un listado público de direcciones y lugares óptimos para dicho cometido.
7º Represalias: Una de las principales medidas disuasorias que puede emplearse para que los desahuciadores se lo piensen dos veces antes de ejecutar hipotecas y proceder a los desalojos es que experimenten en carne propia represalias contra sus propios hogares (hablamos de inmuebles, no de personas). En primer lugar, y si los afectados están dispuestos, sería interesante localizar las viviendas de todos los jueces, fiscales, banqueros, rentistas, funcionarios judiciales y policías que participan en la consecución de un desahucio y ocupar, con especial preferencia, dichas viviendas junto al resto de sus propiedades. De ser imposible, sería interesante que todo el mundo supiera que ahí vive un sujeto sin escrúpulos capaz de echar a la gente de su casa.
8º Huelga de Alquileres: Si la situación estuviera lo suficientemente madura y tanto los afectados como su entorno (el propio barrio) estuvieran lo bastante comprometidos, sería el momento de aplicar un arma que históricamente se ha demostrado temible, pero que requiere de grandes dosis de solidaridad y apoyo mutuo. Si un vecino fuera a ser desalojado, la idea es que todos los vecinos de dicho edificio, y a ser posible de la misma manzana o incluso del mismo barrio, declararan, colectivamente y sine die, una Huelga de Alquileres, negándose a pagar los mismos. Si hay amnistía fiscal para las grandes fortunas, ¿por qué no una amnistía que suprima las deudas de todas las personas en riesgo de desahucio? Como las amnistías se conceden, y nosotros lo que queremos es fabricar nuestras propias soluciones, ¿por qué no negarnos a pagar unas deudas abusivas, asfixiantes y humillantes, en un contexto en el que se rescatan bancos precisamente con el dinero que han aportado las personas que después serán desahuciadas por esos mismos rescatados bancos? Si hay huelgas laborales y también políticas (abstención electoral), ¿por qué no una Huelga de Alquileres? Declarémonos Insumisos y Desobedientes y, con la certeza de que tarde o temprano nos será imposible pagar los alquileres, hagámoslo ahora de forma consciente, hasta que se supriman todos los desahucios de forma permanente.
Para poner en común, coordinar e informar de la naturaleza del grupo, de sus objetivos y de los procedimientos ya desglosados, se intentará convocar cuanto antes, dándole toda la difusión necesaria, una Asamblea de Inquilinos, Desahuciados y Futuros Desahuciados en la que intentaremos compartir e intercambiar toda la información posible, empezar a conocer problemáticas concretas y a desarrollar las correspondientes acciones para paliarlas.
Si tu situación es muy alarmante y no puedes esperar a dicha asamblea; si te gustan los métodos propuestos o simplemente quieres asesorarte; ponte en contacto con nosotros a través del siguiente correo: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], y cuéntanos, lo más detalladamente posible, tus circunstancias y de qué forma preferirías abordar el problema.
El Grupo de Respuesta Inmediata, creado por la FAGC, quiere dejar por último una cosa clara: No pensamos permitir que nadie vuelva a quitarse la vida mientras la mayoría mira hacia otro lado; no aceptaremos que nadie se sienta solo bajo la guadaña del desahucio; no dejaremos que ningún desahucio quede impune.
“¡Muy diferente sería el resultado si los trabajadores reivindicaran el derecho del bienestar! Por eso mismo proclamamos su derecho a apoderarse de toda la riqueza social; a tomar las casas e instalarse en ellas con arreglo a las necesidades de cada familia; a tomar los víveres acumulados y consumirlos, de suerte que conozcan la hartura tanto como conocen el hambre”.
Piotr Kropotkin (La Conquista del Pan, 1892).
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