Portal
Declaración del Movimiento Todos por el Clínicas, contra las PPP
El Hospital de Clínicas desde sus orígenes fue concebido como una propuesta profundamente transformadora del modelo asistencial, docente y administrativo existente hasta el momento en el país. Durante su proceso de creación generó profundos debates sobre el concepto hospitalario y de atención en salud, que resultó en la creación de un Hospital a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La pertenencia a la Universidad fue una lucha que se forjó desde el campo popular, y que se ganó en base a movilización, no fue un regalo del poder político, sino una victoria popular.
Su situación actual es crítica y se arrastra por decadas de subsistir con magros presupuestos recibidos y malas gestiones. Se funciona en pésimas condiciones sanitarias, de higiene, edilicias y de internación, vulnerando los derechos de los pacientes a una atención de calidad, así como condiciones laborales indignas para todos los trabajadores del hospital.
Durante el 2015 la Universidad solicitó dentro de su pedido presupuestal, montos para dar inicio a la refuncionalización del Hospital Universitario, pero esto fue negado por parte del gobierno, lo que se ha traducido en un impedimento de las mejoras necesarias en la atención a la salud, en las condiciones de estudio y de trabajo para quienes son día a día el sustento de nuestro Hospital. La reciente escasa asignación presupuestal empuja peligrosamente a profundizar el proceso de deterioro.
La Universidad cuenta hoy con un proyecto de remodelación y mejora de la planta física del Hospital que genera un amplio consenso. El proyecto implica un Hospital Universitario que contempla el componente asistencial y el componente docente, sin perder ese carácter, reagrupando las áreas asistenciales y docentes, de acuerdo a un nuevo modelo “docente-asistencial”, generando un nuevo modelo de áreas y circulaciones diferenciadas, públicas y restringidas. El proyecto cuenta con un estudio de viabilidad de la ejecución de las obras manteniendo el Hospital en funcionamiento. La obra estimada para al menos 7 años de construcción tiene un costo total que ronda los 120 millones de dólares.
El Gobierno propone como único mecanismo de financiamiento la Ley de Participación Público Privada (PPP). Esta alternativa además de implicar un gasto total de dinero público mayor que el capital original de la inversión y sus intereses, requiere adaptar el proyecto académico asistencial a los objetivos de rentabilidad del inversor privado. En este escenario el MEF ya ha sugerido que para lograr interés de los privados, el proyecto universitario debiera ser modificado, por ejemplo mediante la construcción de un nuevo edificio y la privatización de diversos servicios que conforman actualmente el funcionamiento del Hospital.
¿Qué son bien las PPP?
La versión moderna de la privatización – la PPP – fue aplicada por primera vez en Inglaterra en los años 1980 por el gobierno de Margaret Thatcher. La introducción de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal, pero el gobierno estaba obligado a invertir en infraestructura, y este mecanismo se volvió en la solución política a las medidas de austeridad.
En nuestro país la Ley 18.876, aprobada en 2011, permite que un privado financie, construya o gestione algún elemento del servicio público, y luego recupere la inversión mediante el pago de una cuota (canon) y mediante la privatización de algún área de la administración pública. La Ley prevé contratos de largo plazo (hasta 35 años).
En todos los casos los fondos con que finalmente se termina financiando el emprendimiento salen del Estado. En el caso del HC donde se privatizaría un servicio como la limpieza, el mantenimiento, etc, el dinero provendría del propio presupuesto universitario.
El gasto total de dinero público termina siendo mucho mayor que el capital original de la inversión y sus intereses, y es allí donde reside el negocio lucrativo que atrae al capital privado hacia este tipo de obras. Si bien a los inversores les gusta afirmar que las PPPs son una forma de recaudar financiación privada para respaldar proyectos públicos, los mayores flujos se producen exactamente al revés. Las empresas privadas y los fondos de capital privados utilizan una pequeña cantidad de su propio capital como fondos, y consiguen recaudar una inversión de capital adicional de los financiadores internacionales, así como contraer una deuda que está garantizada por el sector público, o incluso proporcionada directamente por el sector público en forma de préstamo. En nuestro país, una posible fuente de financiación son los Administradores de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
En este tipo de asociaciones intervienen distintos grupos económicos, desde la empresa que se encarga del proyecto en un inicio, los bancos que aportan el capital inicial (nacionales o extranjeros), la compañía de seguros que absorbe riesgos del negocio, las empresas constructoras hasta aquellas que realizan las operaciones diarias (mantenimiento, limpieza, gestión, etc.). Las propias consultoras (p. ej CPA Ferrere) obtienen beneficios de la labor jurídica y de asesoramiento que se deriva de los complejos procesos contractuales con las PPP. Cada uno de estos actores recibe una tajada que proviene del presupuesto nacional o de los propios usuarios. Es por ello que estas iniciativas son fuertemente promovidas por los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID) a través de la introducción de legislación en los distintos países, el marketing y el lobby, y mediante la creación unidades de promoción y gestión de las PPP dentro de la propia administración pública. Estos mecanismos son también promovidos en los tratados secretos TISA, TTP y TTIP a impulso de las grandes multinacionales.
¿A quién está respondiendo el gobierno con esto?
El motivo por e que el gobierno opta seguir este camino, responde a cómo se orienta la política económica, asegurar al capital opciones de negocio super rentables, en tiempos de crisis economica, redistribuyendo recursos publicos que salen principalmente de los impuestos que paga el pueblo hacia el capital. Todo ello arropado en el discurso de fomentar la inversión privada y en reducir “el costo del estado”.
En términos formales responde a una particular forma de contabilizar las inversiones públicas, resultante de un viejo acuerdo con el FMI en los años 80 (y que Uruguay no está obligado a mantener) y que indica calcular todo el gasto de una inversión a lo largo de un periodo de gobierno, poniendo todo el gasto en el primer año de ejercicio, lo cual implica que en ese primer año la cuenta de que se tiene un déficit fiscal grande, a pesar que el gasto real se haga a lo largo de varios años. Y a su vez el gobierno se impone como objetivo bajar el déficit fiscal, por lo que busca reducir los gastos en ese año inicial. El gobierno usa entonces las PPP como un estratagema contable, una manera de sortear las propias restricciones del gobierno (impuestas desde el extranjero por las calificadoras de riesgo) sobre el endeudamiento público – y esto ha sido reconocido oficialmente – de forma de mantener el grado inversor que asegure la llegada de Inversión Extranjera Directa a nuestro país.
Hay que tener presente que estos lineamientos del FMI tenían como objetivo liberalizar las economías y privatizar las empresas estatales. Hoy el gobierno nacional continúa tomando las decisiones con esa regla y la solución parece estar en variadas formas de incentivar al sector privado, en particular la Participación Pública Privada (PPP), asociación que no sólo privatiza la inversión, sino también el funcionamiento.
Prioridades
Tomando en cuenta que en el 2015 según el informe del MEF el presupuesto nacional financió gastos por el 31,8% del PIB, aproximadamente 17 mil millones de dólares y que según el último informe 2015 del Banco Central del Uruguay la deuda bruta del sector público a diciembre de ese año era de 31.390 millones de dólares y la deuda neta de 12 513 millones de dólares. Entendemos que es posible invertir en la remodelación del Clínicas, ya que el dinero necesario para la remodelación del Hospital de Clínicas requiere una inversión del entorno de los 120 millones de dólares, distribuido en al menos 5 años, esto implicaría un gasto de unos 24 millones de dólares por año, lo que representa montos comparativamente pequeños en relación al gasto público (0,14%) y la deuda pública (0,38%).
Resulta evidente que para el gobierno nacional la remodelación del Hospital de Clínicas no es una prioridad, pues si así lo fuera financiaría la obra sin dar vueltas y sin chantajes.
La orientación económica del gobierno ya no se observa solamente en los indicadores macroeconómicos, la extranjerización de los factores de producción, los niveles de dependencia, etc, sino que cada vez más tiene incidencia concreta en los asuntos cotidianos del pueblo: la salud y la educación pública son claros ejemplos de ello.
Porque si hablamos de prioridades públicas, el Hospital de Clínicas atiende usuarios del sistema público de salud y sin embargo no recibe un solo peso por FONASA, al que aportan todos los trabajadores y del que sí reciben cifras millonarias los privados.
El ahogo presupuestal al que se ha sometido al Hospital obliga a la Universidad de la República a ser la única fuente de financiamiento del HC, destinando más de la quinta parte de todo el presupuesto universitario.
Es importante entonces el reclamo de fondo, el Hospital de Clínicas debe recibir presupuesto acorde a la asistencia sanitaria que realiza y al imprescindible rol que tiene en la salud del país. El desconocimiento descarado de esta realidad y la ausencia de dinero acorde es la base del problema del Clínicas, tratándose de un política deliberada de hundir presupuestalmente al Hospital, llegando este a tener múltiples carencias y a no contar con los fondos suficientes para remodelarse para luego ofrecer como solución la vía de la asociación con capitales privados.
Unidos derrotaremos la privatización del Hospital del Pueblo
Quienes conformamos el Movimiento Todos por el Cínicas llamamos a todos los universitarios comprometidos y a la ciudadanía en general a defender la salud y la educación públicas, que son derechos humanos fundamentales cuyo ejercicio no puede quedar condicionado por el interés de los grandes capitales.
Invitamos a todos a sumarse a este Movimiento por el Hospital de Clínicas, con el objetivo de frenar el avance de su privatización y de poner a nuestro hospital universitario a la altura que el país y su gente merecen.
La Universidad de la República no tiene simplemente la posibilidad de ser la que cierre la puerta a las privatizaciones: tiene el deber político de hacerlo.
Cuando la PPP vuelva a estar sobre la mesa del CDC, serán los estudiantes, los trabajadores y los docentes que no hayan abandonados sus principios, quienes aportarán las reservas morales para combatir el avance de las privatizaciones en la educación y la salud.
El Hospital de Clínicas desde sus orígenes fue concebido como una propuesta profundamente transformadora del modelo asistencial, docente y administrativo existente hasta el momento en el país. Durante su proceso de creación generó profundos debates sobre el concepto hospitalario y de atención en salud, que resultó en la creación de un Hospital a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La pertenencia a la Universidad fue una lucha que se forjó desde el campo popular, y que se ganó en base a movilización, no fue un regalo del poder político, sino una victoria popular.
Su situación actual es crítica y se arrastra por decadas de subsistir con magros presupuestos recibidos y malas gestiones. Se funciona en pésimas condiciones sanitarias, de higiene, edilicias y de internación, vulnerando los derechos de los pacientes a una atención de calidad, así como condiciones laborales indignas para todos los trabajadores del hospital.
Durante el 2015 la Universidad solicitó dentro de su pedido presupuestal, montos para dar inicio a la refuncionalización del Hospital Universitario, pero esto fue negado por parte del gobierno, lo que se ha traducido en un impedimento de las mejoras necesarias en la atención a la salud, en las condiciones de estudio y de trabajo para quienes son día a día el sustento de nuestro Hospital. La reciente escasa asignación presupuestal empuja peligrosamente a profundizar el proceso de deterioro.
La Universidad cuenta hoy con un proyecto de remodelación y mejora de la planta física del Hospital que genera un amplio consenso. El proyecto implica un Hospital Universitario que contempla el componente asistencial y el componente docente, sin perder ese carácter, reagrupando las áreas asistenciales y docentes, de acuerdo a un nuevo modelo “docente-asistencial”, generando un nuevo modelo de áreas y circulaciones diferenciadas, públicas y restringidas. El proyecto cuenta con un estudio de viabilidad de la ejecución de las obras manteniendo el Hospital en funcionamiento. La obra estimada para al menos 7 años de construcción tiene un costo total que ronda los 120 millones de dólares.
El Gobierno propone como único mecanismo de financiamiento la Ley de Participación Público Privada (PPP). Esta alternativa además de implicar un gasto total de dinero público mayor que el capital original de la inversión y sus intereses, requiere adaptar el proyecto académico asistencial a los objetivos de rentabilidad del inversor privado. En este escenario el MEF ya ha sugerido que para lograr interés de los privados, el proyecto universitario debiera ser modificado, por ejemplo mediante la construcción de un nuevo edificio y la privatización de diversos servicios que conforman actualmente el funcionamiento del Hospital.
¿Qué son bien las PPP?
La versión moderna de la privatización – la PPP – fue aplicada por primera vez en Inglaterra en los años 1980 por el gobierno de Margaret Thatcher. La introducción de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal, pero el gobierno estaba obligado a invertir en infraestructura, y este mecanismo se volvió en la solución política a las medidas de austeridad.
En nuestro país la Ley 18.876, aprobada en 2011, permite que un privado financie, construya o gestione algún elemento del servicio público, y luego recupere la inversión mediante el pago de una cuota (canon) y mediante la privatización de algún área de la administración pública. La Ley prevé contratos de largo plazo (hasta 35 años).
En todos los casos los fondos con que finalmente se termina financiando el emprendimiento salen del Estado. En el caso del HC donde se privatizaría un servicio como la limpieza, el mantenimiento, etc, el dinero provendría del propio presupuesto universitario.
El gasto total de dinero público termina siendo mucho mayor que el capital original de la inversión y sus intereses, y es allí donde reside el negocio lucrativo que atrae al capital privado hacia este tipo de obras. Si bien a los inversores les gusta afirmar que las PPPs son una forma de recaudar financiación privada para respaldar proyectos públicos, los mayores flujos se producen exactamente al revés. Las empresas privadas y los fondos de capital privados utilizan una pequeña cantidad de su propio capital como fondos, y consiguen recaudar una inversión de capital adicional de los financiadores internacionales, así como contraer una deuda que está garantizada por el sector público, o incluso proporcionada directamente por el sector público en forma de préstamo. En nuestro país, una posible fuente de financiación son los Administradores de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
En este tipo de asociaciones intervienen distintos grupos económicos, desde la empresa que se encarga del proyecto en un inicio, los bancos que aportan el capital inicial (nacionales o extranjeros), la compañía de seguros que absorbe riesgos del negocio, las empresas constructoras hasta aquellas que realizan las operaciones diarias (mantenimiento, limpieza, gestión, etc.). Las propias consultoras (p. ej CPA Ferrere) obtienen beneficios de la labor jurídica y de asesoramiento que se deriva de los complejos procesos contractuales con las PPP. Cada uno de estos actores recibe una tajada que proviene del presupuesto nacional o de los propios usuarios. Es por ello que estas iniciativas son fuertemente promovidas por los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID) a través de la introducción de legislación en los distintos países, el marketing y el lobby, y mediante la creación unidades de promoción y gestión de las PPP dentro de la propia administración pública. Estos mecanismos son también promovidos en los tratados secretos TISA, TTP y TTIP a impulso de las grandes multinacionales.
¿A quién está respondiendo el gobierno con esto?
El motivo por e que el gobierno opta seguir este camino, responde a cómo se orienta la política económica, asegurar al capital opciones de negocio super rentables, en tiempos de crisis economica, redistribuyendo recursos publicos que salen principalmente de los impuestos que paga el pueblo hacia el capital. Todo ello arropado en el discurso de fomentar la inversión privada y en reducir “el costo del estado”.
En términos formales responde a una particular forma de contabilizar las inversiones públicas, resultante de un viejo acuerdo con el FMI en los años 80 (y que Uruguay no está obligado a mantener) y que indica calcular todo el gasto de una inversión a lo largo de un periodo de gobierno, poniendo todo el gasto en el primer año de ejercicio, lo cual implica que en ese primer año la cuenta de que se tiene un déficit fiscal grande, a pesar que el gasto real se haga a lo largo de varios años. Y a su vez el gobierno se impone como objetivo bajar el déficit fiscal, por lo que busca reducir los gastos en ese año inicial. El gobierno usa entonces las PPP como un estratagema contable, una manera de sortear las propias restricciones del gobierno (impuestas desde el extranjero por las calificadoras de riesgo) sobre el endeudamiento público – y esto ha sido reconocido oficialmente – de forma de mantener el grado inversor que asegure la llegada de Inversión Extranjera Directa a nuestro país.
Hay que tener presente que estos lineamientos del FMI tenían como objetivo liberalizar las economías y privatizar las empresas estatales. Hoy el gobierno nacional continúa tomando las decisiones con esa regla y la solución parece estar en variadas formas de incentivar al sector privado, en particular la Participación Pública Privada (PPP), asociación que no sólo privatiza la inversión, sino también el funcionamiento.
Prioridades
Tomando en cuenta que en el 2015 según el informe del MEF el presupuesto nacional financió gastos por el 31,8% del PIB, aproximadamente 17 mil millones de dólares y que según el último informe 2015 del Banco Central del Uruguay la deuda bruta del sector público a diciembre de ese año era de 31.390 millones de dólares y la deuda neta de 12 513 millones de dólares. Entendemos que es posible invertir en la remodelación del Clínicas, ya que el dinero necesario para la remodelación del Hospital de Clínicas requiere una inversión del entorno de los 120 millones de dólares, distribuido en al menos 5 años, esto implicaría un gasto de unos 24 millones de dólares por año, lo que representa montos comparativamente pequeños en relación al gasto público (0,14%) y la deuda pública (0,38%).
Resulta evidente que para el gobierno nacional la remodelación del Hospital de Clínicas no es una prioridad, pues si así lo fuera financiaría la obra sin dar vueltas y sin chantajes.
La orientación económica del gobierno ya no se observa solamente en los indicadores macroeconómicos, la extranjerización de los factores de producción, los niveles de dependencia, etc, sino que cada vez más tiene incidencia concreta en los asuntos cotidianos del pueblo: la salud y la educación pública son claros ejemplos de ello.
Porque si hablamos de prioridades públicas, el Hospital de Clínicas atiende usuarios del sistema público de salud y sin embargo no recibe un solo peso por FONASA, al que aportan todos los trabajadores y del que sí reciben cifras millonarias los privados.
El ahogo presupuestal al que se ha sometido al Hospital obliga a la Universidad de la República a ser la única fuente de financiamiento del HC, destinando más de la quinta parte de todo el presupuesto universitario.
Es importante entonces el reclamo de fondo, el Hospital de Clínicas debe recibir presupuesto acorde a la asistencia sanitaria que realiza y al imprescindible rol que tiene en la salud del país. El desconocimiento descarado de esta realidad y la ausencia de dinero acorde es la base del problema del Clínicas, tratándose de un política deliberada de hundir presupuestalmente al Hospital, llegando este a tener múltiples carencias y a no contar con los fondos suficientes para remodelarse para luego ofrecer como solución la vía de la asociación con capitales privados.
Unidos derrotaremos la privatización del Hospital del Pueblo
Quienes conformamos el Movimiento Todos por el Cínicas llamamos a todos los universitarios comprometidos y a la ciudadanía en general a defender la salud y la educación públicas, que son derechos humanos fundamentales cuyo ejercicio no puede quedar condicionado por el interés de los grandes capitales.
Invitamos a todos a sumarse a este Movimiento por el Hospital de Clínicas, con el objetivo de frenar el avance de su privatización y de poner a nuestro hospital universitario a la altura que el país y su gente merecen.
La Universidad de la República no tiene simplemente la posibilidad de ser la que cierre la puerta a las privatizaciones: tiene el deber político de hacerlo.
Cuando la PPP vuelva a estar sobre la mesa del CDC, serán los estudiantes, los trabajadores y los docentes que no hayan abandonados sus principios, quienes aportarán las reservas morales para combatir el avance de las privatizaciones en la educación y la salud.
