La Primavera "Trágica" del 36

El repertorio frenético. La ocupación
de la calle en la primavera de 1936
RAFAEL CRUZ
Universidad Complutense de Madrid
… Puedo asegurar que actualidad en la ciudad existe tranquilidad extrema debido única exclusivamente medidas precautorias. Continuados cacheos, nadie sale armado a la calle por seguridad serían detenidos. He detenido diferentes veces a estos elementos verdaderamente indeseables y los he tenido en la cárcel el tiempo necesario para que comprendieran la verdadera calle sólo es de la Autoridad…1.(1 Telegrama del «Gobernador Civil a Ministro de Gobernación», Orense, 9 de mayo de 1936 (Archivo General de la Guerra Civil, PS Madrid 2376, pág. 1).

EN la grabación de un programa de televisión sobre el aniversario de la Guerra de 1936 participó la hija del oficial ayudante del general Mola en los días de la sublevación del 17 de julio,
constatando de entrada que en la primavera de 1936 había tal desorden y caos en España que las cosas no podían continuar así. Por su doble condición de familiar de un protagonista de aquel período y autora de un libro sobre su padre publicado en 2005 puede servir de puente entre protagonistas de entonces y analistas y observadores de hoy. En su mayoría, tanto unos como otros han divulgado la idea consistente en que durante ese período primó el desorden político, tanto en la calle como en las instituciones, los enfrentamientos violentos alcanzaron niveles insoportables para la convivencia política y los gobiernos surgidos de las elecciones del 16 de febrero se mostraron incapaces o débiles para controlar la situación. En fin, una situación idónea para un desenlace revolucionario, bien fuera de carácter militar o impulsado por algunos grupos de la izquierda obrera.
Era lógico que los partidarios de la rebelión militar del 17 de julio acudieran a ese tipo de interpretaciones para legitimar su intervención contra el Gobierno. Insistieron en que la rebelión «cívico-militar» sólo enterró el cadáver del régimen republicano y se adelantó a una ya efectiva revolución social. Por su parte, los adversarios de los sublevados entendieron el desorden de la primavera como una provocación planificada por los mismos rebeldes de julio, al boicotear las reformas republicanas e inducir a la caída del gobierno de Frente Popular2.
Una buena parte de los cronistas, historiadores y politólogos posteriores heredó y confirmó estos planteamientos políticos en distintas versiones, al centrar en el desorden y en la debilidad gubernamental la raíz del denominado «fracaso» de la República, condición básica para su asalto3.
Para sustentar este tipo de interpretaciones se han utilizado sobre todo testimonios personales publicados o de transmisión oral, pero también La Causa General elaborada por los propios rebeldes desde el verano de 1936, y algunos estudios recopiladores de víctimas de los enfrentamientos sucedidos en la primavera. En estos últimos se resalta el número e intensidad de incidentes violentos, superior a cualquier otro período de la historia de España y con respecto a otras experiencias europeas. La mayoría de los testimonios, informes y estudios, sin embargo, carecen de un relato o investigación de las circunstancias que rodearon los enfrentamientos, sustituido por una tendencia a la agrupación de incidentes desiguales, responsables distintos, condiciones particulares, y a la reducción de la política republicana del período al ejercicio de la violencia por parte de sus integrantes más señalados. Además,
los autores suelen acompañar a las estadísticas sus propias reflexiones que, en general, reproducen las interpretaciones de los contemporáneos.
Es decir, las cifras suelen avalar la argumentación legitimadora o deslegitimadora de las posiciones políticas de los protagonistas. Al señalar que a la violencia desmedida era lógica una reacción, los estudios sobre los enfrentamientos de la primavera de 1936 no se sustraen a exponer un esquema muy arraigado en ciencias sociales: que los conflictos siempre producen respuesta de los agraviados, olvidando las capacidades de las que puedan disponer para responder y la posibilidad de distintas respuestas. A la vez, se olvida en ocasiones que la injusticia no es transparente ni todas las personas la entienden de la misma manera. Por eso, la conflictividad debe ser interpretada, moldeada según estándares morales y enmarcada en las relaciones políticas vigentes. Uno de los rasgos sustanciales de esas relaciones fue el de la competencia política. Las interpretaciones elaboradas en la misma primavera sobre los enfrentamientos fueron consecuencia de esa competencia política y divulgadas como si fuera en realidad «lo que pasó»4. El texto que viene a continuación se encuentra desprovisto del lenguaje y de la argumentación utilizados por los grupos políticos para legitimarse y para deslegitimar a sus adversarios. Términos como anarquía, caos, desorden, persecución, gobierno débil o cómplice,
«prisionero» del socialismo, conspiración comunista… pertenecen a un lenguaje interesado en derribar gobiernos, anular a contrincantes políticos, excluir de las instituciones a opciones «enemigas», impedir el protagonismo de los oponentes, buscar aliados y seguidores, extender el miedo político… La conflictividad y los enfrentamientos fueron muy importantes —y para ellos las páginas que siguen—, pero las repercusiones políticas que provocaron resultan inseparables de un proceso simultáneo de interpretación, de argumentación, para dotar de determinados significados políticos a lo que estaba sucediendo. La República no fracasó en la primavera de 1936; lo que tuvo éxito fue la intervención de unos jefes y oficiales que interpretaron la situación política peligrosa para su particular concepción de su identidad e intereses corporativos y tuvieron suficientes capacidades —armadas— para rebelarse.

EL PODER DESPÓTICO DEL GOBIERNO REPUBLICANO
El triunfo de la coalición electoral de izquierda en las elecciones de febrero de 1936 supuso un cambio importante en la relación de fuerzas políticas con respecto a la «República conservadora» de la legislatura anterior. Si algo distingue a la II República española de la portuguesa entre 1910 y 1926 es el carácter abierto de las elecciones en España, sin que los gobiernos o un partido en concreto pudieran controlar el resultado electoral y fabricar su propia mayoría parlamentaria. Por eso, los partidos buscaban una oportunidad de vencer u obtener buenos resultados electorales. A la vez, entendían que formar parte de la mayoría parlamentaria constituía la vía legal más directa para alcanzar mucho poder político: el poder del Estado. Ser Gobierno o su aliado permitía, además de tener la mayoría parlamentaria, ocupar de manera previsible parte de los escalones altos de la Administración civil central —incluidos los gobiernos civiles—, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos. En todas estas instituciones podía ejercerse un auténtico poder central o local, al intervenir en numerosas facetas de la vida social, con la asignación y distribución de recursos económicos y, sobre todo, legales. Como afirma Joaquín Romero Maura, «había tanto Estado en España que hizo falta una guerra civil para conquistarlo »5. De ahí que, frente a la idea de la debilidad del Gobierno en la primavera de 1936, puede contemplarse la potencia gubernamental como dirigente de un Estado muy regulador e intervencionista, al que la mayoría de los grupos, organizaciones e individuos utilizaban como referencia para adquirir poder por el efecto del número de leyes, decretos, personal, castigos, beneficios, mediaciones, interferencias, etc. El Gobierno central era sólo una parte muy importante de ese Estado, mucho menos centralizado en la práctica que el francés y descoordinado entre instancias fundamentales de la Administración. La tesis de la debilidad gubernamental implica la exigencia al Gobierno por parte de los analistas del control de todas
las prácticas de la Administración, incluida la local. Ese, sin embargo, es un listón muy alto que en el pasado ningún gobierno español pudo alcanzar en términos reales. Si bien es cierto que el traspaso de poderes al Gobierno de Azaña supuso un vacío momentáneo de la autoridad al desaparecer los gobernadores civiles antes de ser sustituidos, y aunque las instituciones
principales del Estado tuvieran un funcionamiento irregular durante la primavera, como es el caso de las gestoras municipales y, sobre todo, del cese arbitrario de la Presidencia de la República por el Parlamento, el Gobierno central podía o no hacer cumplir las leyes de manera puntual en alguna parte del territorio español, pero siempre era referencia absoluta del Estado por tener la capacidad de iniciativa legal en el más recóndito rincón del territorio. Los representantes del Gobierno en la primavera de 1936 legislaron reformas, removieron funcionarios, cesaron y ampararon alcaldes, impusieron multas, prohibieron y permitieron actividades políticas, intervinieron en los conflictos sociales, distribuyeron recursos económicos, detuvieron y liberaron sospechosos, utilizaron a la policía para controlar la calle y los campos… una actividad política frenética sin comparación posible con las iniciativas de ninguna otra organización
en la España de aquella época. Frente a la tesis bastante extendida de dispersión de la autoridad y falta de control sobre las actividades de ciertas organizaciones que
parecían suplantar a las autoridades legales, a través de controles de carreteras, peticiones de dinero, ocupaciones de tierras, etc., parece de mucho más calado considerar el protagonismo del Estado —y del Gobierno, en particular— en las actividades sociales de la mayoría de la población española6. Como se advirtió antes, la formación de un gobierno republicano de izquierda con apoyo parlamentario de los partidos obreristas abrió una oportunidad para ocupar los gobiernos provinciales y locales, al sustituir a las autoridades de la legislatura anterior, diferentes a su vez de las del 12 de abril de 1931; una ocasión propicia para restablecer las instituciones representativas en Cataluña, suspendidas meses antes; una circunstancia favorable para presionar en pro de la liberación de los miles de presos detenidos en la anterior legislatura; un respaldo político a la reposición laboral de los miles de trabajadores despedidos con ocasión de la huelga general de octubre de 1934. Estos son sólo algunos ejemplos de la serie de iniciativas gubernamentales y sociales que generaron conflicto y movilización, además de un clima favorable al planteamiento público de todo tipo de demandas, como ocurrió en Francia tras la formación del gobierno de Léon Blum. El empuje reformista del Gobierno no se dirigió a «republicanizar» la Administración del Estado ni a profundizar —como sí sucedió en Francia— en la regulación de las condiciones de trabajo. El programa electoral que debía cumplimentar el Gobierno intentaba terminar sólo con la situación adversa heredada de la legislatura anterior por los seguidores y militantes de las organizaciones de izquierda. Amnistía, (re)posición de Ayuntamientos, (re)admisión de despedidos, (re)stablecimiento de instituciones como la Generalitat, (re)anudación de los asentamientos en el campo y de la sustitución de las escuelas religiosas de primaria, (re)stitución de tierras a los yunteros extremeños, (re)construcción de los jurados mixtos… Algunos de los vacíos del programa pactado se convirtieron
también en una oportunidad para que algunas organizaciones presionaran a favor de su inclusión en la agenda política, sustituyendo de esa manera a la autoridad republicana. El desplazamiento de la Iglesia católica del centro sagrado de las relaciones sociales se convirtió desde el primer instante en un tema político prioritario para diferentes grupos. El control de las relaciones laborales, acompañando o suplantando la restitución de los jurados mixtos en mayo, apareció como el tema fundamental de la política sindical a partir de entonces. La movilización en torno a estos y otros temas también añadió conflicto, negociación y enfrentamiento a la dinámica política de la primavera, al ser intención de los diferentes grupos que se establecieran leyes parlamentarias o decretos gubernamentales sobre ellos. En definitiva, que interviniera el Estado para dar cumplida cuenta legal al conflicto. No había ninguna organización, institución o grupo que poseyera el mismo poder del que disfrutaba el Estado para imponer una solución a los conflictos. Desde diferentes posiciones políticas, se reclamaba al Gobierno una intervención favorable, amplia, instantánea y eficaz, algo en realidad imposible de acometer en muchas áreas de la vida social y cumplida con creces en otras. Al mismo tiempo, casi todas las opciones políticas reclamaban al Gobierno otro tipo de intervención distinta a la que realizaba, porque perjudicaba intereses, identidades y planteamientos establecidos. Por ejemplo, se reclamaba igualdad de trato, otro control policial, negociación y no imposición de la mayoría parlamentaria, coherencia republicana en la Administración, mayor o menor sujeción a la legalidad, etc.
Si algo debe imputarse al conjunto de la Administración estatal de aquellos meses es por un lado su descoordinación, descentralización y falta de recursos económicos y humanos para la efectiva aplicación de las políticas gubernamentales, y por otro lado, su autoritarismo.
Descoordinación del gobierno con algunas de las administraciones y con numerosos gobernadores civiles, en teoría en plena sintonía con el Gobierno central. Descentralización en la mediación y canalización de los conflictos, al no existir apenas interlocutores centrales para negociar la mitigación del paro, las condiciones laborales y otras situaciones conflictivas. Falta de recursos humanos y económicos estatales para poner en práctica las políticas de reforma agraria, la inspección de trabajo o el control policial en las ciudades. En términos generales y como en el pasado, el poder infraestructural del Gobierno era muy escaso, carecía de las capacidades necesarias antes descritas para aplicar políticas enunciadas en el Consejo de Ministros y susceptibles de ser aprobadas en el Parlamento, dirigidas a desarrollar aspectos clave de la Constitución, como la elección de los gobiernos locales o la ampliación de los derechos de los trabajadores7.
Por el contrario, durante la primavera de 1936 el Gobierno llegó a controlar el centro de la política pública, con capacidades para legislar o para cesar a un Presidente de la República adverso, con una mayoría parlamentaria estable e incondicional, con posibilidades de recambio en el futuro, y capaz de negociar con la dirección central de las principales organizaciones aliadas. Además, el Gobierno disfrutaba de un poder despótico a partir de una legislación de emergencia aplicada con rigor y cotidianidad. El estado de alarma se prorrogó todos los meses para impedir informaciones adversas en la prensa. El derecho de reunión y manifestación permaneció limitado al arbitrio del ministro de la Gobernación y se decretó la disolución de algún partido, como la Falange, y la restricción de actividades políticas a las asociaciones de militares retirados. Además, la capacidad de imposición de acuerdos entre empresarios y sindicatos
fue muy alta a escala local, donde la administración tenía suficientes recursos.

El poder despótico se centró, sin embargo, en la capacidad de intervención de las diferentes organizaciones policiales en las políticas de enfrentamiento existentes en la España de 1936. Un control policial problemático y desequilibrado, en muchas ocasiones ineficaz, pero en esencia ilustrador del poder estatal sobre una parte de las actividades políticas de la mayoría de la población. El análisis de la movilización civil y policial contribuye a dar a conocer el papel primordial del Estado en los enfrentamientos de la primavera de 1936. Contribuye, asimismo, a dar a conocer el carácter no revolucionario —tanto en el sentido político como social— de los enfrentamientos, no por las intenciones de algunos de sus protagonistas,
sino por las características de su realización.


LAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMIENTO
La oleada de enfrentamientos de la primavera de 1936 surgió del aprovechamiento de una enorme oportunidad derivada del triunfo de la coalición electoral de izquierda el 16 de febrero y el cumplimiento de su programa restaurador. A partir de ahí, se abrieron más oportunidades para algunos grupos, como se cerraron para otros, conforme se producía la intervención del Estado en la vida política española en muchos ámbitos de las relaciones sociales, a escala central y local. Esa serie de oportunidades —nada extrañas en procesos de democratización— actúan como estímulos a la hora de escoger la respuesta a las situaciones de desigualdad existentes en sociedades complejas, organizadas, activas, en pleno cambio social, donde los conflictos son muy variados y las posibilidades de abordarlos también. Que hubiera mucha conflictividad es lógico, como corresponde a unas relaciones sociales basadas en la multiplicidad de identidades colectivas, organizaciones y situaciones de desigualdad. Que se produjera mucha movilización también es razonable, al entender que distintos grupos prefirieron este tipo de respuesta, pública, abierta y colectiva, a otras más individualistas y anónimas, como la resistencia cotidiana y oculta, o de huida, como la emigración. La respuesta movilizadora superó a la utilización de la «bomba de los débiles» por la existencia de organizaciones capaces de canalizar de manera pública y colectiva la protesta y por el bajo coste
inicial de la represión; superó también a la emigración, porque dentro de España no había focos de recepción alternativos y, fuera, los posibles centros de acogida se encontraban en plena crisis económica o con las puertas cerradas. En su lugar, la movilización representaba una respuesta en conjunto muy superior al resto, porque se encontró con el estímulo de una mayoría parlamentaria y un gobierno partidarios de las reformas y de invertir la situación desfavorable de la segunda legislatura para muchas organizaciones. Como resultado, puede considerarse que en España existía a la altura de 1936 una sociedad muy organizada en múltiples redes capaces de movilizar por muy diferentes motivos a sus integrantes en el marco de un clima favorable.
A diferencia de la huida, la movilización pública, abierta y colectiva produce conflicto, al perjudicar la acción de los desafiantes a sus adversarios y, en su caso, al Estado. Por eso, la movilización indica la existencia de un enfrentamiento entre al menos dos partes, con inclusión frecuente de una tercera, como es el Gobierno, a través de la intervención de la ley, de la policía, de otras organizaciones de la Administración o del propio Ejecutivo. La mayor parte de los enfrentamientos ocurridos durante la primavera de 1936 se produjeron o se iniciaron de manera pacífica. Pueden tomarse como ejemplo de ello los principales jalones movilizadores de aquel período, como las manifestaciones de «júbilo» con motivo de la victoria de la coalición de izquierda en las elecciones de febrero de 1936, que se prolongaron hasta los primeros días de marzo; la celebración de los rituales callejeros de carácter religioso durante la Semana Santa en abril; las distintas ceremonias conmemorativas del Quinto aniversario de la proclamación de la Segunda República; y la «Pascua del proletariado», las decenas de manifestaciones y otros tipos de acción durante el Primero de Mayo. A lo largo del período, también, se sucedieron cientos de mítines dominicales —la estrella,
sin duda, de las concentraciones—, desfiles urbanos de las juventudes de los partidos de izquierda, miles de recogidas de firmas, asambleas y reuniones, huelgas de carácter legal, etc. Todas estas movilizaciones tuvieron en común su carácter pacífico, tolerado por las autoridades, convencional en su realización y multitudinario por su acogida. Las movilizaciones convencionales y toleradas respondían a una variedad de conflictos, pero buena parte de ellas se convocaron con el propósito prioritario de llamar la atención y reivindicar el derecho a la movilización que el Gobierno y los adversarios cuestionaban cada vez con más insistencia8. Aunque los desafiantes procedían de distintas organizaciones, la frecuencia de la movilización de los grupos de izquierda se produjo como reverso de la experiencia de 1935, cuando los distintos gobiernos republicanos prohibieron de manera casi sistemática la
movilización en la calle de tales grupos. Por último, la enorme presencia de la gente en la calle respondió también a una forma de presión al Gobierno para legislar las reformas y apresurar su puesta en marcha, así como al lanzamiento de un mensaje a los adversarios sobre su superior respaldo social. En definitiva, una movilización multitudinaria que aprovechaba
el triunfo electoral de la coalición de izquierda y lo reproducía de manera continua en la calle. Lo lógico, sin embargo, es que la movilización no pudiera mantenerse con la misma intensidad y frecuencia en el tiempo. Por eso, conforme el gobierno o, en su nombre, los gobernadores civiles, dejaron de tolerar las acciones que podían concentrar a un número mayor de personas en la calle, por efecto también de la rutinización de las propias movilizaciones y su sustitución por otro tipo de actividades políticas como las huelgas, por todo ello, nada más terminar las celebraciones del Primero de Mayo el número y el tipo de movilizaciones convencionales y toleradas descendió de manera notable.

Hasta ahora no se ha incluido en este relato ni un gramo de violencia, porque las acciones pacíficas superaron con creces a los enfrentamientos con víctimas. Como el caso es que se produjo violencia, y con suficiente relevancia para ser destacada, ¿en qué circunstancias se provocó? ¿Hubo alguna relación de los enfrentamientos pacíficos antes descritos con la violencia, o ésta se desencadenó fuera de ellos? El despliegue de la violencia se produjo de manera clara en dos tipos de situaciones por completo distintas, sin relación directa una con otra. Sólo por los cómputos de víctimas, las estrategias de los dirigentes políticos de la época y los análisis posteriores las han mezclado.
En primer término, la violencia se desplegó alrededor de las movilizaciones iniciadas como convencionales y pacíficas, toleradas o no. Las manifestaciones de júbilo celebradas en cada rincón de la geografía española fueron pacíficas, con excepción de las de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Zaragoza y Alicante, donde se produjeron víctimas mortales; además se ocasionaron altercados con heridos en El Ferrol, Huelva, Murcia, Melilla y Ceuta. Las víctimas en todos los casos fueron manifestantes y los agresores resultaron ser
adversarios y, lo más habitual, agentes de policía o militares del Ejército regular. Es decir, las movilizaciones se rompieron al intervenir grupos y personas que no participaban en ellas. El resultado de la intervención ajena no sólo consistía en la creación inmediata de heridos o muertos, sino también en el cambio de escala de la movilización, al acudir más grupos a nuevas movilizaciones, o en el efecto espiral, al ser respondida la agresión con enfrentamientos posteriores que, a su vez provocan nuevas movilizaciones y nuevas respuestas violentas. El ejemplo más espectacular sucedió en Granada, a partir de la celebración el domingo 8 de marzo de un mitin y una manifestación electorales de carácter pacífico, a los que siguió una reyerta entre falangistas e izquierdistas, con resultado de heridos, una huelga general con manifestación, más enfrentamientos entre adversarios y policía, asaltos a iglesias, sedes de partidos políticos y tiendas de comestibles y, por último, el entierro de dos obreros muertos por disparos el día 13 de marzo9. Entre los protagonistas del intento de sabotaje de las manifestaciones y otros tipos de acciones pacíficas destacaron los falangistas, cuya actuación respondió a su estrategia de alcanzar protagonismo en la calle en pugna con los socialistas. Al no disponer de suficientes seguidores para movilizar de forma multitudinaria, pacífica y convencional, los falangistas optaron por la intervención de individuos, por lo general armados, que intentaban disolver las concentraciones izquierdistas o enfrentarlas con la policía. Además, si, como era más habitual en virtud del estado de alarma, el Gobierno establecía desde el inicio la prohibición de movilizarse, el propósito policial de disolver una manifestación llevaba consigo el uso frecuente de las armas largas, los disparos al aire y, como consecuencia de no hacerlo muy alto, los heridos y los muertos entre la población civil. Este tipo de situaciones se repitió de manera constante en casi
toda España desde el 17 de febrero hasta mediados de mayo, cuando se redujeron de manera notable las concentraciones multitudinarias. En principio, confluyeron dos clases de circunstancias en la provocación de víctimas por parte de la policía. El derecho de manifestación al aire libre se encontró restringido por orden de los distintos ministros de la Gobernación, en virtud de considerar la movilización en la calle no un derecho reconocido y garantizado de los ciudadanos, sino una cuestión de orden público. La ocupación de la calle se constituyó en un elemento de disputa entre la autoridad y la población civil, y al margen de cierto grado de tolerancia inicial, los gobernadores civiles y la policía consideraron la movilización al aire libre un peligro potencial para el Gobierno. Al entenderse así, el control policial con el uso de las armas siempre se justificó de manera legal. Los gobernadores intentaron en muchas ocasiones desplegar acciones preventivas que disuadieran a los grupos de una movilización prohibida o de romper los acuerdos establecidos de antemano en las movilizaciones toleradas. Tropezaron, sin
embargo, con la escasez de fuerzas para responder a los continuos desafíos, la precaria movilidad de las existentes y la falta de preparación técnica y política de muchos agentes. Ante la ineficacia de la prevención, la represión se convirtió en la fórmula más habitual de control policial. Y se ejerció con armas de fuego, sin que su uso indiscriminado tuviera coste político alguno para el Ministerio. Las facultades gubernativas otorgadas por la Constitución y sus leyes excepcionales, renovadas por el apoyo político de la mayoría parlamentaria, y la prioridad de la seguridad gubernamental sobre el derecho de ciudadanía, equivalían a conceder a la policía un cheque en blanco a la hora de controlar el espacio público10. Junto con la interferencia policial y de los adversarios, las movilizaciones pacíficas también pudieron ser origen de despliegues de actuaciones violentas cuando los «márgenes» de las concentraciones aprovechaban su celebración para realizar incendios, asaltos, hogueras y reyertas con los adversarios. Ocurría con frecuencia sin un despliegue policial de protección de las sedes de partidos, periódicos o iglesias, al estar la mayoría de los agentes vigilando la concentración pacífica y tolerada. Así, el 20 de febrero —un día en el que se extendió por media España el procedimiento, sin duda por la ausencia de gobernadores civiles en su puesto—, mientras se celebraba una manifestación tolerada por la reposición del Ayuntamiento elegido el 12 de abril de 1931 en Alicante, en otro lado de la ciudad unos individuos asaltaron el Círculo Radical, el Círculo RepublicanoIndependiente, la sede de la Derecha Regional Valenciana, de Falange, el Círculo Católico, la imprenta del diario El Día, todo ello con el resultado de dos heridos graves, dos muertos y treinta detenidos por la policía11. Si bien es cierto que la mayoría de los asaltos, incendios y hogueras se produjeron en otros contextos, en las primeras semanas después de las elecciones de febrero todos estos tipos de enfrentamiento surgieron de los márgenes de las manifestaciones de júbilo, es decir, a cargo de grupos que se aprovechaban de la movilización multitudinaria por el resultado de las urnas, la reposición de ediles o la salida de presos para intentar excluir de la vida política a sus principales adversarios derrotados en las elecciones. Con posterioridad, los motines anticlericales surgieron como respuesta a la propagación de rumores de ataques y agresiones de los grupos rivales, a la realización de atentados y asaltos falangistas, a la provocación de reyertas a cargo de individuos derechistas, etc. El que fuera con probabilidad el último incendio de una iglesia anterior a la rebelión militar, sucedido en Palma de Mallorca, se produjo en medio de las protestas por la explosión de una bomba en la ventana de la Casa del Pueblo de la ciudad, con el resultado de cuatro heridos. Al día siguiente de la bomba, el 5 de junio, los sindicatos convocaron huelga general, se celebró una manifestación pacífica, y durante su transcurso algunos individuos incendiaron dos iglesias e intentaron asaltar los locales de Renovación Española, del Círculo
Tradicionalista y de Acción Popular12. Esta dinámica de acción-reacción se generalizó a lo largo de la primavera. Los grupos de izquierda, en el marco de acción de comunidades vecinales de numerosos barrios, pueblos y pequeñas ciudades, no dejaron sin respuesta los ataques hacia sus miembros. En muchas ocasiones, la Guardia de Asalto, la Guardia Civil y el Ejército regular mediaban con sus armas en las agresiones, provocando las únicas o más nutridas víctimas de los enfrentamientos. Si el despliegue de la violencia partió con frecuencia de las múltiples interferencias de personas y grupos ajenos o lindantes a las movilizaciones pacíficas, destacando las intervenciones del control policial, también se desarrolló en acciones sin relación directa con las anteriores. Dos tipos de enfrentamiento pueden destacarse en este sentido: acciones enclavadas en el repertorio tradicional y las de violencia asimétrica.
Además de los asaltos a edificios religiosos, periodísticos y partidistas, de los que ya se ha hablado, las acciones del repertorio tradicional más frecuentes durante la primavera fueron las ocupaciones de tierras, las reyertas y, en menor medida, los asaltos a tiendas de comestibles y la destrucción de maquinaria. Las ocupaciones de tierras se generalizaron en los meses de marzo, abril y mayo, el período transcurrido entre el Decreto de restitución de tierras a los yunteros de Extremadura publicado el 3 de marzo y, sobre todo, la promesa del ministro de Agricultura, Ruiz Funes, hecha pública el 11 de marzo, de asentar a cuarenta mil yunteros extremeños en una semana, y el asesinato de 17 campesinos por la Guardia Civil, tras una ocupación de tierras en Yeste, Albacete, el 29 de mayo. La invasión de fincas implicaba su desalojo policial y provocaba por lo general la intervención de la Guardia Civil, con resultado de detenciones masivas y algunas decenas de muertos por el uso de las armas de la Benemérita. Aunque el número de víctimas fue muy superior a cualquier otro enfrentamiento, el ejemplo de Yeste es bien ilustrativo de la dinámica violenta surgida de las ocupaciones y de su final, porque a partir de entonces las acciones se redujeron hasta resultar esporádicas. Las iniciativas gubernamentales y el gatillo fácil de la policía marcaron la influencia estatal en el despliegue y suspensión de la violencia en los campos.
Las reyertas se generalizaron en el mismo período, al extenderse hasta el 12 de julio. Bajo esa denominación se incluyen las peleas entre dos grupos de personas, con intervención frecuente de la policía, causante de la mayoría de las víctimas mortales, al disparar sobre algunos de los protagonistas. Las reyertas de la primavera de 1936 fueron continuación de las habituales durante los años treinta, herederas a su vez de los rituales de enfrentamiento entre jóvenes en edad de emancipación. En la misma época de estudio pueden encontrarse ejemplos de reyertas entre mozos o quintos que en plena fiesta del alistamiento para el servicio militar se enzarzaban en peleas. Como antaño, fueron numerosas también las reyertas entre vecinos, que dilucidaban de esa manera los conflictos comunitarios13. La diferencia con épocas anteriores es que estos rituales se politizaron y la competencia juvenil o vecinal del baile, la universidad, los sorteos, la inmoralidad, los lindes de las propiedades, el trabajo o las jerarquías establecidas se envolvieron o transformaron en disputas entre representantes de diferentes opciones políticas y sindicales. De ellas las más frecuentes fueron falangistas y socialistas que, sobre todo, en los pueblos, practicaron con asiduidad el ritual de la reyerta.

Dos circunstancias convirtieron peleas tradicionales en enfrentamientos políticos con víctimas mortales o de gravedad: por un lado, el uso de pistolas por parte de alguno de los dos bandos en liza; por otro, la intervención de la Guardia Civil, cuyos agentes continuaron utilizando sus armas largas para zanjar también este tipo de disputas. El tema de las armas requeriría un estudio en profundidad, porque no se conoce aún el alcance de su disponibilidad ni la procedencia de las miles de pistolas distribuidas en aquel período. Se percibe la preocupación política de los distintos ministros de la Gobernación para desarmar a esa parte de la población que disponía de licencia de uso de armas —casi todas largas, muchas de caza—, concedida por los gobernadores civiles desde los inicios de la II República hasta la huelga general de octubre de 1934. Se dispone de alguna estadística de requisas por parte de la Guardia Civil, que desempeñaba un papel fundamental en la adquisición y suspensión de licencias. Pero las pistolas, al margen de las pertenecientes a los diferentes cuerpos policiales, debían proceder de los robos y del mercado ilegal. Los tipos de pistola y revólver más extendidos fueron la Star 9 corto, Star, 35, Astra 7,65, pistola F.N. y F.N. 7,65, Astra 700, 7,65, Astra 9 corto, Browning F.N., Super-Destroyer 9 corto, revólver Lafouchette, Tanquer 7,65, Demond, Praga, 9, Salvaje 7,65, y Smith 4414. A pesar de su enorme distribución en todo el territorio español, no fue suficiente para que algún grupo político se armara y pudiera desafiar al Gobierno de manera frontal. La vigilancia policial fue eficaz en ese sentido. Cuando los falangistas de Alicante quisieron adquirir armas para sesenta militantes sólo pudieron conseguir tres o cuatro. Las milicias socialistas no disponían de armamento para entrenarse en sus excursiones dominicales. Nunca hubo ninguna exhibición pública de milicias armadas y fueron descubiertos por la policía varios depósitos locales de armas que hicieron desistir de cualquier esfuerzo. La distribución de armas, por tanto, no transcurrió pareja con actividades clandestinas de organizaciones completas, ni siquiera a escala local, sino acaso fue un asunto de pequeñísimos grupos y, sobre todo, de alcance individual15. Ese grado limitado no evitaba que algunas reyertas terminaran atiros, ni tampoco que pudieran realizarse atentados en diferentes ámbitos de la vida social. Por ejemplo, de rivalidad laboral-sindical y política. El paso de la violencia asimétrica de relevancia corporativa y local a otra de alcance político central se produjo en la segunda semana de marzo, cuando Falange Española decidió iniciar los atentados contra políticos de primera fila y autoridades judiciales. La dinámica de este tipo de violencia se produjo en espiral, con la consabida puesta en práctica de la acción-reacción, basada en las represalias por los atentados cometidos por los adversarios.
El asesinato en Madrid de un joven socialista vendedor del periódico Renovación, el 8 de marzo, condujo al asesinato de un estudiante falangista madrileño el 11 del mismo mes que, a su vez, fue vengado al día siguiente en el atentado contra Jiménez de Asúa y su escolta, con el que comenzaba un cambio de escala de atentados falangistas. A partir de entonces, fueron figuras políticas o administrativas, como el magistrado Manuel Pedregal, Eduardo Ortega y Gasset, Francisco Largo Caballero o José del Castillo las que sufrieron atentados. La última experiencia de este tipo de violencia, el asesinato de José Calvo Sotelo, fue también producto de la represalia.
Las víctimas no eran escogidas por azar. En el caso de los atentados falangistas, sus blancos eran acusados de ser responsables últimos o directos de la persecución de los militantes de FE16.
La ilegalización y la disolución de este partido fueron inmediatamente posteriores al primer gran atentado, la misma secuencia ocurrida en Francia unos meses antes con la agresión contra Léon Blum y la ilegalización de Action Française. Los atentados contra autoridades resonaron en el centro de la política pública española y tuvieron
repercusiones políticas —la ilegalización de FE y el «agravio súbito» de la muerte de Calvo Sotelo—. Y aunque tuvieron su inicio en la rivalidad sindical y política entre falangistas y socialistas, se produjeron al margen de la movilización multitudinaria en la calle y adoptaron un cariz más mafioso que político, al vengar a sus camaradas caídos e intentar amedrentar a jueces, abogados, sindicalistas y políticos con el fin de tolerar las actividades delictivas de Falange. Ya clandestina, esta organización se convirtió en uno de los primeros grupos especializados en el ejercicio de la violencia asimétrica de la historia de España. Podría parecer que Falange se disponía a crear el clima político de crisis necesario para golpear de forma definitiva al Estado e intentar asaltarlo. Los grandes atentados y los cientos de falangistas detenidos en las cárceles colaboraban en crear esa situación de deslegitimación del Gobierno necesaria para obtener apoyos sociales y políticos, y al mismo tiempo desplazar a las autoridades. Pero, como muestran otras experiencias posteriores de violencia asimétrica en la historia española —por ejemplo, entre 1976 y 1981—, los gobiernos no son responsables de la violencia, ni su eliminación resulta obligatoria para que un Gobierno continúe siendo legítimo a juicio de la mayor parte de la población.

MOVILIZACIÓN Y VIOLENCIA NO REVOLUCIONARIAS
La imagen más extendida de la ocupación de la calle en la primavera de 1936 ha sido la de organizaciones poderosas de ámbito nacional que movilizaban a sus seguidores contra sus adversarios en cualquier rincón de España con el propósito de armar una situación favorable a sus objetivos revolucionarios, con el Gobierno de «cómplice», «prisionero» o superado por su incapacidad. Los atentados de los que se acaba de hablar, por ejemplo, formaron parte, sin embargo, de un despliegue de movilizaciones y violencia diferenciada, inconexa, dispersa y no revolucionaria. Habría que empezar por señalar que la intensa y muy variada conflictividad sólo tuvo un nexo de unión: el plantearse toda ella en el territorio español, entre una población sujeta a un Estado, que participaba en un proceso político y dentro de un mercado nacionalizado en diversas áreas de la actividad económica. Más allá de eso, nada tuvieron que ver conflictos como el encarecimiento de los artículos de primera necesidad con las disputas políticas entre falangistas y socialistas, entre los cambios de los gobiernos locales y las huelgas de la construcción. Los conflictos comunitarios, de competencia política o de índole laboral se conectaron entre sí en muy pocas ocasiones, más allá de excepciones como el apoyo de las redes barriales a los trabajadores con reivindicaciones laborales. Las muy frecuentes y variadas movilizaciones sólo tuvieron en común el aprovechamiento de la inmensa oportunidad suscitada por el triunfo electoral de la coalición de izquierda y la aplicación de su programa restaurador. En segundo término, también cobró importancia la competencia entre organizaciones sindicales y el propósito de éstas de presionar por el control exclusivo del mercado de trabajo. No hubo, sin embargo, conexión entre las ocupaciones de tierras y las huelgas en el campo, al suceder con ritmos diferentes. Tampoco se coordinaron las huelgas urbanas con las rurales, salvo excepciones como la de la provincia y la ciudad de Málaga en los primeros días de junio. La oleada huelguista de Madrid no se corresponde con la de inferior intensidad de Barcelona o Vizcaya, Zaragoza o Guipúzcoa. Los protagonistas de los conflictos y los responsables de las movilizaciones pertenecían a redes y organizaciones muy diversas y en muchos casos distantes entre sí. Barrios, sindicatos, pueblos, partidos, organizaciones juveniles, asociaciones religiosas, laicistas, de propietarios… participaron en enfrentamientos distintos, con frecuencia sólo a escala local, con un nivel muy bajo de coordinación entre diferentes opciones. Una situación muy alejada de la posibilidad de actuar de una mano oculta que fuera la responsable de casi toda la agitación. Además, rara vez se ha distinguido entre los enfrentamientos violentos en forma de reyertas o agresiones entre dos o cuatro personas y las grandes movilizaciones multitudinarias, en general vacías de violencia. De igual forma, en escasas ocasiones se ha tenido en cuenta que en realidad la organización más extendida, más coordinada, con más recursos materiales y humanos, más activa e influyente en los enfrentamientos fue la administración policial, compuesta de distintos cuerpos policiales y el Ejército regular. La Guardia Civil requisaba armas, retiraba pancartas y desalojaba propiedades. La Guardia de Asalto disolvía manifestaciones, cacheaba a los transeúntes, detenía a sospechosos. Los agentes del Cuerpo de Vigilancia efectuaban registros, clausuraban centros, controlaban mítines en locales cerrados. Los soldados y oficiales del Ejército regular patrullaban las ciudades para impedir movilizaciones o reprimir enfrentamientos. Hacia el mes de junio se redujo de manera muy notable la movilización multitudinaria, entre otras razones porque el control policial de la calle y de los campos era devastador. Al disminuir de manera drástica las manifestaciones y también los incendios de de comestibles, incendios de edificios religiosos, hogueras, cencerradas, destrucción de maquinaria, iluminaciones, humillaciones en efigie, reyertas, etc. Sin embargo, se generalizaron también las formas de acción frecuentes en el repertorio nuevo por su flexibilidad para responder a cualquier tipo de conflicto: manifestaciones, mítines, huelgas, asambleas, peticiones, marchas, concentraciones. Al sobrevivir el repertorio tradicional y consolidarse el nuevo, el conjunto de la movilización de la primavera de 1936 puede servir de experiencia histórica ejemplar del tránsito de un repertorio a otro que, por las circunstancias políticas de la guerra y de la dictadura franquista, se prolongó durante algunas décadas más17. Además de la violencia inherente al repertorio tradicional, con casi dos siglos de vigencia en España, la existencia de armas, incluidas las de la policía, provocó que en parte de este despliegue de movilizaciones se encadenaran heridos y muertos de bala. Los enfrentamientos por disputas políticas, el paro o la distribución de la propiedad de la tierra pudieron ser violentos, sobre todo, al hacer acto de presencia las armas de fuego y los especialistas en el ejercicio de la violencia. Pero ni en uno ni en otro caso la mayoría de los protagonistas civiles dispuso de muchas armas, ni ejerció un control sobre los enfrentamientos; es decir, ningún grupo político o social pudo enrolarse en una estrategia revolucionaria de conquista del poder, aunque se lo hubiera propuesto. Los falangistas fueron muy activos en los enfrentamientos callejeros violentos y puede afirmarse que fueron protagonistas o iniciaron una parte considerable de ellos. Encontraron útil y fomentaron esa vía de la «santa cruzada de violencias» para adquirir el poder político del que carecían después de haber sido humillados en las elecciones de febrero, al recibir un número ridículo de votos. Pero una cosa es incrementar su influencia política, el número de sus seguidores, y otra muy diferente estar dispuestos, preparados, para conquistar el poder a través de alguna Marcha sobre Roma o un hipotético asalto al Palacio de Invierno. En el supuesto de llevar a término su retórica, los socialistas más extremistas carecían de organización militar y de armas suficientes para intentar un asalto al poder. En su lugar, parece que la actividad huelguística y la presencia pública de sus milicias inermes estuvieron más relacionadas con la competencia política habitual en procesos democratizadores.

Los dirigentes de la CEDA o de Acción Católica, que disponían de suficiente respaldo social para ocupar la calle con el fin de derribar gobiernos y sustituirlos por otros más favorables, eligieron en la primavera de 1936 su propia reorganización y reprogramación del lugar ocupado hasta entonces en la política española. Los carlistas eran los únicos que disponían de la organización militar necesaria para sublevarse contra el Gobierno, pero sólo en una parte pequeña y periférica de España, a la manera de las revueltas muy localizadas de la primera mitad del siglo XIX.

EN CONCLUSIÓN
No había ningún grupo, ni posibilidad de coordinación entre ellos, que pudiera dominar la «enorme presencia» de la poblaciónen la calle. Tampoco hubo movilizaciones dirigidas al asalto del Estado. No se cumplían las condiciones históricas para la Revolución. Con sus propios recursos, los grupos políticos derrotados en las elecciones de febrero carecían de las capacidades necesarias para conquistar el Estado; ni siquiera pudieron derribar un Gobierno con su actividad parlamentaria y mediática. En los parámetros políticos existentes hasta el 17 de julio, las repetidas experiencias anarquistasen 1932 y 1933, o la socialista de octubre de 1934, eran irrepetibles en 1936. Los grupos vencedores en las elecciones, y los que se aprovecharon del triunfo de la coalición de izquierda, no sólo se encontraban privados de los recursos necesarios, sino que les faltaban argumentos políticos para intentar una acción revolucionaria. Por el contrario, en la medida de sus posibilidades, estos grupos impulsaron la movilización para presionar al Gobierno republicano en el cumplimiento del programa electoral, ocupar el poder local perdido en la segunda legislatura y reducir el poder político de sus adversarios en el contexto de una República parlamentaria
en pleno proceso de democratización. Quien ocupó la calle en casi todo el territorio español por medio de fuerzas especializadas en el uso de la violencia fue el Estado. Através del recurso del estado de alarma que autorizaba al Ministro de la Gobernación y a los distintos gobernadores civiles la restricción
de los derechos de libre expresión, reunión, manifestación y asociación; y mediante el control policial que elevó los costes de la movilización al provocar numerosos enfrentamientos y víctimas en el lado de los desafiantes, el Gobierno pudo limitar un «exceso de movilización» en la calle que entendía perjudicial para su desempeño.
En ese sentido, el Ejecutivo adquirió y aplicó un poder despótico que le permitió dominar la calle con más intensidad desde
junio de 1936.
Además, con la intervención directa, represiva y a veces preventiva de la policía, el Gobierno pudo «desaconsejar» a cualquier grupo político el intento de situar a sus seguidores en la calle para asaltar el Estado, ya que se enfrentaría a distintos cuerpos policiales y al Ejército regular en Madrid con la contundente violencia ya
expresada durante ese período. Los distintos grupos políticos lo debieron entender así. Por eso, los partidos de la minoría parlamentaria sabían que sólo una intervención del Ejército podría contrarrestar el poder despótico del Gobierno. Esa constatación era el mayor síntoma de la debilidad política de los pequeños partidos
monárquicos y de la casi desaparecida CEDA. En su lugar, el 17 de julio el Ejército comenzó a ocupar la calle.