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La sanción por parte del Ministerio de Seguridad de un protocolo para el uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad nacional ha despertado una indignación que, una vez más, aúna a la militancia de izquierda con el kirchnerismo. El nuevo protocolo ha sido presentado como una “legalización” del gatillo fácil, un fenómeno que parece privativo exclusivamente del macrismo. Parece mentira, pero a esta altura del partido hay que recordar que el gatillo fácil existe hace mucho y no desde 2015. El último informe de la Correpi (noviembre de 2017), aunque su metodología y sus conclusiones puedan ser discutibles, nos permite aproximarnos al fenómeno.1 El archivo de la Correpi, aunque engloba casos de diferente naturaleza (desde gatillo fácil y muertos en condiciones de detención, hasta muertes “intrafamiliares” o “intrafuerza” en donde efectivos de las fuerzas de seguridad recurren a las armas para resolver conflictos particulares), es claro al mostrar la progresión ascendente del fenómeno. Los casos vienen en ascenso de 1983 a esta parte. Solo por mostrar un ejemplo (que no será del agrado de los indignados de hoy), los casos registrados en 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al poder, fueron 174. En el 2015, cuando Cristina dejó la presidencia, llegaron a 300. Aunque Correpi se empeñe en marcar el ascenso de los casos con la llegada de Macri, no todos los números lo condenan. Aunque el macrismo ostenta el mayor promedio de muertes por día, los números absolutos se inclinan hacia otro lado. La mayor cantidad de asesinatos desde 1983 se produjeron durante el período presidencial de Cristina, seguido por el de Néstor: 2.164 para la primera (39,62% de la muestra de Correpi) y 996 (18,24%) para el segundo. Macri por ahora va tercero, con 725 casos. Aunque Macri consiguió en 2016 un record anual, con 441 casos, no es claro que se vaya a mantener la tendencia. Aunque los datos para 2017 no están completos, Correpi contabilizaba 258 casos, debajo de varios de los picos del kirchnerismo. Como sea, lo claro es que estamos ante un fenómeno estructural de una sociedad en descomposición. Algo que no arrancó con Macri. Los muertos a manos del aparato represivo no hacen más que crecer año a año desde la restauración democrática, una tendencia a la que obviamente no escapa el macrismo.
La violencia callejera no es más que un subproducto de la descomposición capitalista. Los negocios ilícitos proliferan cuando el capital no tiene otra inversión rentable en el horizonte, y así año a año aumenta el crimen organizado, desde el narco y la trata, hasta las bandas que se dedican a los secuestros, el robo a gran escala o los desarmaderos de autos. En paralelo es el propio Estado el que se va descomponiendo: los negocios ilícitos proliferan a su sombra, amparados por funcionarios corruptos políticos y policiales. La política se financia, en buena medida, de la recaudación ilegal, y son las jerarquías policiales las que recaudan (y se enriquecen) con este mecanismo. En ese submundo, políticos y burócratas sindicales reclutan a los encargados de los trabajos sucios. Y así llegamos al eslabón más débil de la cadena: los que ponen el cuerpo en la calle, el “delincuente de a pie” todo servicio, que vende droga, sale de caño o custodia los negocios de los capos. Así, la degradación alcanza a la clase obrera, la misma de la que salen “chorros” y policías2. Esa degradación los enfrenta y los mata.
El nuevo protocolo
Pero con el nuevo protocolo es necesario separar la paja del trigo. A menos que pensemos que la inseguridad es un problema exclusivamente burgués (o sea, que a los obreros no debiera importarnos que nos maten para robarnos la miseria que llevamos en el bolsillo o que los policías que ponen en riesgo su vida para impedirlo no son obreros), no cualquier uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad es igualmente cuestionable.
En primer lugar, la iniciativa es el producto de una interna política y policial. El protocolo solo atañe a las fuerzas federales, dejando de lado a la policía metropolitana y a las provinciales. Es claro que Bullrich quiere mostrar que favorece a esta fuerza en la interna con la de la ciudad (cuyos ecos se vieron en el desastroso operativo “conjunto” en el River-Boca). Larreta ya dijo que iba a “evaluar” esa implementación en la ciudad. Lo mismo hizo Vidal.
Es necesario, entonces, analizar con más detalle el protocolo. Empecemos por lo más sencillo. El artículo 3 ha levantado polvareda porque establece excepciones para que los policías se identifiquen como tales antes de disparar. Allí se señala:
“Ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita. Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso.”
No parece mayormente problemático. Otra vez, salvo que pensemos que la inseguridad es un problema exclusivamente burgués, a nadie se le ocurriría cuestionar a quien no dio la voz de alto en medio de un tiroteo.
Más complejo es el artículo 2, que establece que “se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, y detalla a continuación los casos:
“a) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.
b) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.
c) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.
d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.”
Los dos primeros casos no merecen mayor cuestionamiento, salvo que alguien piense que la policía no debe disparar aún cuando su vida o la de cualquier otra persona esté en peligro. Los otros dos son claramente ambiguos, y habilitan a un uso discrecional de la fuerza letal: ¿Qué significa el “peligro inminente”? Si no hay riesgo de vida, nada indica que las fuerzas de seguridad no puedan reducir o perseguir a un sospechoso sin disparar armas de fuego. El artículo 5 detalla entonces en qué consiste el “peligro inminente”:
“a) Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas.
b) Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.
c) Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones:
c.1.- Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas.
c.2.- Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros.
c.3.- Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma.
d) Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque.
e) Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona.
f) Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves.
g) Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.”
Es claro que el artículo mezcla diferentes situaciones, algunas donde hay vidas en peligro y otras que no, sancionando la discrecionalidad con la que la propia policía actúa normalmente ante estas circunstancias. Alguien que se fugue luego de “haber intentado causar lesiones graves” no es necesariamente un peligro inmediato para la vida de nadie, y nada impide que la policía (si estuviera debidamente capacitada para ello) lo persiga y reduzca sin recurrir a armas de fuego. La “posesión” de un arma letal, si no existe amenaza de un uso inminente, tampoco habilita a disparar. El criterio amplio del decreto habilita a cubrir con un manto de legalidad muchas de las arbitrariedades que cotidianamente protagonizan las fuerzas de seguridad.
El nuevo protocolo es pura demagogia, porque el Código Penal tipifica estos casos como un delito. Una reglamentación del Ejecutivo no tiene fuerza de ley. Y una ley no puede estar por encima de los Códigos. Es decir, los policías federales no van a estar eximidos de nada. Es una verdadera trampa también para los trabajadores de la policía.
Es claro que el nuevo protocolo “legaliza” un accionar de seguridad que no es nuevo, en donde una policía poco profesional y sin capacitación tiende a resolver situaciones dudosas a los tiros. Una vuelta de tuerca más a una política que busca solucionar un problema complejo sin gastar un peso. La izquierda debe oponerse a él, pero de ahí a comprar cualquier buzón K hay un largo trecho. Ni el protocolo habilita a la policía a disparar a cualquiera que ande por la calle, ni representa una transformación sustantiva en el accionar de las fuerzas de seguridad. El gatillo fácil no arrancó con Macri… El archivo no miente, y el macrismo está lejos de representar un salto cualitativo en materia represiva en relación a sus antecesores. Nos cansamos de decirlo: si contamos los militantes asesinados, ganan los K,3 si miramos el reforzamiento del aparato represivo, ganan los K,4 incluso con el gatillo fácil, como vimos, todavía ganan los K. Es bueno recordar que en materia de “combate contra el delito”, Bullrich no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a los ministros de Seguridad de Scioli. En particular desde que el motonauta se dio cuenta que con la “mano dura” ganaba votos, y puso de ministro al “sheriff” Alberto Granados. Es bueno recordar, para tanto kirchnerista indignado que pulula por ahí, los decretos de “emergencia en materia de seguridad” que sancionó, las denuncias que organismos kirchneristas como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria hacían sobre el aumento del gatillo fácil o las torturas en comisarías bonaerenses. Macri no es la “dictadura”, hace años que vivimos en la dictadura del capital y estas son las consecuencias.
Qué hacer
Cómo mejorar esto en lo inmediato: mientras continúen vigentes las relaciones capitalistas en la Argentina, la descomposición social tenderá a incrementarse como lo viene haciendo. Eso significa droga en las calles, delitos cada vez más violentos, y muertes. Aunque es claro que hacen falta soluciones sociales de fondo, que no vendrán de la mano de nuevos gobiernos burgueses, no podemos hacernos los tontos y pedir una policía desarmada, o que no pueda usar sus armas. Mientras no cambie el fondo del asunto, es necesaria una verdadera política de seguridad, no marketing electoral derechoso que apela una vez más a la “mano dura”. Para que la policía no salga disparando ante cada situación complicada, necesitamos agentes formados y profesionales, que sepan enfrentar esas situaciones y sepan cuándo y cómo es necesario usar un arma de fuego. La instrucción de los policías de calle no puede ser de 6 o 9 meses como hasta ahora, porque en manos de esa gente está nuestra vida. Necesitamos policías que se encuentren lúcidos al momento de enfrentar esas situaciones, y que no estén demolidos porque como el sueldo no alcanza se pasan los descansos haciendo adicionales aquí y allá. No necesitamos más policías ni licencias para matar, necesitamos mejores condiciones de trabajo para los uniformados y una capacitación adecuada para resolver situaciones de riesgo.
Todo eso solo podrá ser posible de la mano de la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Esa es la única forma de poner un coto a la descomposición del aparato policial. Hasta ahora, comisarios y políticos vienen rechazando la sindicalización policial porque ello implica insertar un elemento extraño en la cadena de mandos. Con un sindicato que lo respalde, un policía puede negarse a acatar ciertas órdenes, algo que ahora no puede hacer. Eso implica poner un límite a la extensión de la corrupción policial y al dominio de las mafias. A su vez, al mejorar las condiciones de trabajo de la tropa policial, disminuirán los peligros que afrontamos todos cotidianamente. Una policía capacitada, que no necesita corromperse ni trabajar todo el día para llegar a fin de mes, es un problema menos en la calle. Un sindicato, además, deberá velar por la vida de sus afiliados. Salvo que pensemos que cuando un obrero se pone una gorra pasa a ser un psico killer, a nadie escapará que cualquier policía prefiere evitar toda confrontación en la que está en juego su vida. O su integridad psíquica: matar tampoco es gratis, sobre todo para la cabeza del que tiene que hacerlo. Ningún policía quiere morir ni matar. Pero para poder evitar esa situación hace falta capacitación, algo que cualquier sindicato preocupado por las condiciones de trabajo del personal policial deberá demandar. Resguardar la vida y la salud física y psíquica del personal policial no es solo una garantía para ellos, sino también para nosotros. Un policía preparado es un riesgo menos.
No al Protocolo de Patricia Bullrich.
Por la libertad de sindicalización de los trabajadores policiales.
Razón y Revolución
Notas
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2Ya hemos abundado sobre la condición de clase del personal policial. Remitimos al lector a: Sartelli, E.: “De la negación a la acción. El conflicto salarial de las fuerzas represivas del Estado y las tareas de la izquierda”, El Aromo, Nº 69, 2012, [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
3“¿La década ganada? Los muertos de Néstor y Cristina”, La Hoja Socialista, Nº 9, 2017, [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
4Sanz Cerbino, G. y S. Ponce: “La armada herencia. El presupuesto para fuerzas represivas”, El Aromo, Nº 103, 2018, [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
