CONFESIONES ESCANDALOSAS DE EX TRABAJADORES 'ESCLAVOS' DE ARGENTINA
En el año 2001 María Velásquez estaba viviendo una situación económica desesperada en La Paz, Bolivia, donde se dedicaba a la venta ambulante. Una tía de su esposo le propuso entonces emigrar ilegalmente a Buenos Aires, donde ella tenía un taller de costura y podía ofrecerles un buen trabajo, casa y comida. Cuando la familla llegó a Argentina con un hijo de poco más de un año la situación fue muy diferente de lo que habían hablado.
”En una habitación de tres por tres estaban armadas dos cuchetas, éramos diez personas. Las parejas dormíamos en las cuchetas y los que estaban solos en el piso. El régimen de trabajo era de las siete de la mañana hasta la una de la madrugada. Pero yo generalmente me quedaba hasta las tres de la madrugada o cuatro de la mañana. Mi sueldo era de 25 dólares al mes”, dice María Velásquez, costurera y ex trabajadora del taller.
Corbis
Las condiciones laborales incluían la prohibición de abandonar el lugar. Sólo podían salir cada dos o tres meses y acompañados por la dueña. El maltrato llegó hasta al pequeño hijo de María, de un año y medio, que debía quedarse a los pies de su madre mientras ella trabajaba.
“Ella me decía: No puedes atender a tu hijo. Vos no viniste acá a la Argentina a atender a tu hijo. Vos viniste a trabajar....
Tomá una cadena y acadénalo ahí. Y ella agarró la cadena, lo encadenó y lo ató a la cocina, a la manija de la cocina. Y tenía ahí a mi lado a mi hijo. Yo cocinando y mi hijo encadenado, estaba ahí. Yo ya no podía aguantar más eso...”, afirma María.
En otro taller de costura clandestino, Luis Quispe, también de nacionalidad boliviana, sufrió similares condiciones de explotación. En su caso además el dueño acosaba al personal femenino. Luis se enteró tiempo después de que el hombre había intentado abusar sexualmente de su esposa en una habitación del lugar de trabajo mientras ella amamantaba a su bebé.
“Entonces en ese momento el hombre abría la puerta y le decía: "¿Qué estás haciendo aquí vos? Deberías estar trabajando con tu marido. Disimuladamente le agarraba la pierna, y la tocaba desde la pierna hasta el trasero."¡Qué buen cuerpo tiene señora!", le decía. "¡Qué le pasa a usted, ¿por qué me está tocando?", "Bueno, avísale a tu marido. No me interesa"... Por miedo, mi señora no me dijo nada”, se queja Luis.
María Velásquez y Luis Quispe fueron trabajadores ‘esclavos’. Luego de ser rescatados de las redes del tráfico de personas se integraron a la cooperativa La Alameda, donde ahora laboran junto a otras veinte personas con un salario digno de unos 500 dólares mensuales por una jornada de ocho horas.
Pero sólo en la ciudad de Buenos Aires se estima que en este momento siguen funcionando unos cinco mil talleres clandestinos en los que hay entre 30.000 y 50.000 personas que trabajan en condiciones esclavas.
La oposición política denuncia que el Gobierno no está poniendo todos los medios para poner fin a estas redes, ni para llegar hasta las grandes firmas textiles internacionales que son las que compran a bajo precio las mercancías que se producen en esos lugares.
Claudio Lozano, diputado nacional y gremialista, comenta estos casos: “No hay decisión de los gobiernos de discutir con firmas que tienen peso dominante en el mercado. Y el Gobierno termina validando ese tipo de comportamiento… Lo importante aquí, y que se ve con mucha nitidez en el caso textil, es el vínculo de la mano de obra esclava con la firma trasnacional dominante en el mercado que coloca la marca y es tributaria de ese proceso de producción. Por lo tanto nadie puede resolver este tema si solo enfoca el debate respecto de cómo resolver el problema del taller”.
Efectivamente, algunos estudios muestran que las ganancias del empresario explotador y del trabajador esclavo constituyen apenas el tres por ciento del valor de una prenda. La marca internacional y la cadena de comercialización se quedan con alrededor del 40 por ciento del precio que paga el público.
Las cooperativas de talleres de costura están funcionando entonces como una alternativa para devolverles a los trabajadores su dignidad, e incluso llegar al mercado con precios competitivos.
Este país posee desde 2008 una ley que permitió avanzar en la lucha contra estos delitos. El senador nacional Juan Carlos Marino dijo durante la celebración del primer Congreso Internacional sobre Abuso, Trata y Tráfico de jóvenes, que concluyó el 5 de noviembre: “En La Pampa, donde no somos mucho más de trescientos mil habitantes, estos casos no se pueden dar a menos que exista una clara connivencia con los poderes del Estado, porque allá nos conocemos todos y sabemos bien cuando algo no está funcionando como debiera. Es decir, si no existe una clara política conjunta para acabar con este flagelo jamás podremos avanzar en las investigaciones”.
La procuradora general de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo nombró aquellos casos como 'la moderna forma de esclavitud' y se mostró “preocupada y triste” tras dar a conocer diversos informes que concluyen que en Argentina existen actualmente un millón y medio de niños que son obligados a realizar trabajos forzados, a los cuales “no sólo se explota de manera vil sino que se les roba la infancia, las esperanzas y el futuro”.
En el año 2001 María Velásquez estaba viviendo una situación económica desesperada en La Paz, Bolivia, donde se dedicaba a la venta ambulante. Una tía de su esposo le propuso entonces emigrar ilegalmente a Buenos Aires, donde ella tenía un taller de costura y podía ofrecerles un buen trabajo, casa y comida. Cuando la familla llegó a Argentina con un hijo de poco más de un año la situación fue muy diferente de lo que habían hablado.
”En una habitación de tres por tres estaban armadas dos cuchetas, éramos diez personas. Las parejas dormíamos en las cuchetas y los que estaban solos en el piso. El régimen de trabajo era de las siete de la mañana hasta la una de la madrugada. Pero yo generalmente me quedaba hasta las tres de la madrugada o cuatro de la mañana. Mi sueldo era de 25 dólares al mes”, dice María Velásquez, costurera y ex trabajadora del taller.
Corbis
Las condiciones laborales incluían la prohibición de abandonar el lugar. Sólo podían salir cada dos o tres meses y acompañados por la dueña. El maltrato llegó hasta al pequeño hijo de María, de un año y medio, que debía quedarse a los pies de su madre mientras ella trabajaba.
“Ella me decía: No puedes atender a tu hijo. Vos no viniste acá a la Argentina a atender a tu hijo. Vos viniste a trabajar....
Tomá una cadena y acadénalo ahí. Y ella agarró la cadena, lo encadenó y lo ató a la cocina, a la manija de la cocina. Y tenía ahí a mi lado a mi hijo. Yo cocinando y mi hijo encadenado, estaba ahí. Yo ya no podía aguantar más eso...”, afirma María.
En otro taller de costura clandestino, Luis Quispe, también de nacionalidad boliviana, sufrió similares condiciones de explotación. En su caso además el dueño acosaba al personal femenino. Luis se enteró tiempo después de que el hombre había intentado abusar sexualmente de su esposa en una habitación del lugar de trabajo mientras ella amamantaba a su bebé.
“Entonces en ese momento el hombre abría la puerta y le decía: "¿Qué estás haciendo aquí vos? Deberías estar trabajando con tu marido. Disimuladamente le agarraba la pierna, y la tocaba desde la pierna hasta el trasero."¡Qué buen cuerpo tiene señora!", le decía. "¡Qué le pasa a usted, ¿por qué me está tocando?", "Bueno, avísale a tu marido. No me interesa"... Por miedo, mi señora no me dijo nada”, se queja Luis.
María Velásquez y Luis Quispe fueron trabajadores ‘esclavos’. Luego de ser rescatados de las redes del tráfico de personas se integraron a la cooperativa La Alameda, donde ahora laboran junto a otras veinte personas con un salario digno de unos 500 dólares mensuales por una jornada de ocho horas.
Pero sólo en la ciudad de Buenos Aires se estima que en este momento siguen funcionando unos cinco mil talleres clandestinos en los que hay entre 30.000 y 50.000 personas que trabajan en condiciones esclavas.
La oposición política denuncia que el Gobierno no está poniendo todos los medios para poner fin a estas redes, ni para llegar hasta las grandes firmas textiles internacionales que son las que compran a bajo precio las mercancías que se producen en esos lugares.
Claudio Lozano, diputado nacional y gremialista, comenta estos casos: “No hay decisión de los gobiernos de discutir con firmas que tienen peso dominante en el mercado. Y el Gobierno termina validando ese tipo de comportamiento… Lo importante aquí, y que se ve con mucha nitidez en el caso textil, es el vínculo de la mano de obra esclava con la firma trasnacional dominante en el mercado que coloca la marca y es tributaria de ese proceso de producción. Por lo tanto nadie puede resolver este tema si solo enfoca el debate respecto de cómo resolver el problema del taller”.
Efectivamente, algunos estudios muestran que las ganancias del empresario explotador y del trabajador esclavo constituyen apenas el tres por ciento del valor de una prenda. La marca internacional y la cadena de comercialización se quedan con alrededor del 40 por ciento del precio que paga el público.
Las cooperativas de talleres de costura están funcionando entonces como una alternativa para devolverles a los trabajadores su dignidad, e incluso llegar al mercado con precios competitivos.
Este país posee desde 2008 una ley que permitió avanzar en la lucha contra estos delitos. El senador nacional Juan Carlos Marino dijo durante la celebración del primer Congreso Internacional sobre Abuso, Trata y Tráfico de jóvenes, que concluyó el 5 de noviembre: “En La Pampa, donde no somos mucho más de trescientos mil habitantes, estos casos no se pueden dar a menos que exista una clara connivencia con los poderes del Estado, porque allá nos conocemos todos y sabemos bien cuando algo no está funcionando como debiera. Es decir, si no existe una clara política conjunta para acabar con este flagelo jamás podremos avanzar en las investigaciones”.
La procuradora general de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo nombró aquellos casos como 'la moderna forma de esclavitud' y se mostró “preocupada y triste” tras dar a conocer diversos informes que concluyen que en Argentina existen actualmente un millón y medio de niños que son obligados a realizar trabajos forzados, a los cuales “no sólo se explota de manera vil sino que se les roba la infancia, las esperanzas y el futuro”.