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Palomares y la radiactividad - El baño de Manuel Fraga y los duraderos efectos de un encontronazo atómico.
Salvador López Arnal
enero de 2011
Han aparecido en la prensa española de estos últimos días titulares de ese tenor: “La radiactividad crece en Palomares”. Un apunte histórico-informativo sobre ello.
Palomares es una pequeña población de Almería, situada en el término municipal de Cuevas de Almanzora. Hace más de 40 años se produjo un “accidente de aviación” en la zona. Una explicación sucinta de lo sucedido arroja pistas sobre la guerra fría nuclear realmente existente, la gloriosa “independencia nacional” del estado franquista y la protección de la ciudadanía [1].
El accidente se produjo el 16 de enero de 1966, durante una operación de abastecimiento de combustible en vuelo. La colisión ocasionó la destrucción y caída de dos aviones de las fuerzas armadas USA, un octoreactor B-52 y un avión nodriza KC-135 que provenía de Morón de la Frontera, Sevilla, una de las bases usamericanas en España. Fallecieron los cuatro tripulantes del KC-135 y tres de los siete tripulantes del B-52. Los otros militares salvaron su vida.
¿Operaciones de abastecimiento?, ¿un B-52 y un avión nodriza en el espacio aéreo español? En esas fechas, más de 300 superbombaderos B-52 del SAC -Strategic Air Command (Comando Aéreo Estratégico)- se mantenían permanentemente en el aire sobrevolando el planeta [2]. Cada uno transportaba una carga de cuatro bombas termonucleares de 1,5 megatones con un poder destructor 75 veces superior a la lanzada sobre Hiroshima. Las cuatro bombas de cada B-52, con potencia conjunta de 6 megatones, equivalían a más de 300 bombas de Hiroshima. En total, unas 100.000 bombas de Hiroshima se desplazaban por los cielos que observaran Bruno, Kepler y Galileo.
Esta estrategia militar [3], basada en la necesidad inexorable, desde un punto de vista ofensivo militar, de estar lo más cerca posible del objetivo, del hipotético enemigo en caso de urgencia en el ataque o contraataque nuclear, comportaba una estructura militar anexa de apoyo a la aviación norteamericana en todo el planeta. La España franquista de los 25 años de paz formaba parte de ella. Los acuerdos de 1953 entre el general-ísimo Franco y el presidente, también general, Eisenhower, el “Pacto de Madrid”, permitieron bases militares de utilización “conjunta”.
Todo parece indicar que en los tratados firmados entre España y USA en 1953, y en 1963, no se mencionaba, en sus cláusulas conocidas, que aviones norteamericanos, cargados con explosivos atómicos, pudiesen sobrevolar el espacio aéreo español y utilizar las bases para dar soporte logístico y repostar combustible en vuelo. Pero, de hecho, los B-52 salían cada mañana de Seymour Jonson, una base de las fuerzas aéreas norteamericanas en Goldsboro, Carolina del Norte, en dirección a la frontera turco-soviética. Al sobrevolar España repostaban combustible en vuelo, generalmente suministrado por aviones-nodriza de la base aérea norteamericana de Zaragoza en un punto situado entre la ciudad de Vicente Cazcarra y Mariano Hormigón y la costa mediterránea. En el caso del encontronazo de Palomares, el avión nodriza provenía de la base de Morón y la maniobra se realizó sobre la costa mediterránea de Almería.
El accidente se produjo cuando el B-52 256 repostaba de regreso a la base de Goldsboro. Como consecuencia de un fallo en la maniobra de acoplamiento, colisionaron las dos aeronaves, se produjo la destrucción y caída del superbombardero y del avión nodriza, y se desprendieron las cuatro bombas termonucleares tipo Mark 28, modelo B28RI. Tres bombas cayeron en tierra y fueron localizadas rápidamente; la otra cayó al mar. Se tardó unos 80 días en localizarla [4]. Dos bombas, que cayeron con sus respectivos paracaídas, se recogieron intactas; una cerca de la desembocadura del río Almanzora, la otra en el mar. Las otras dos bombas cayeron sin paracaídas. Probablemente, la colisión provocó el derrame del combustible del KC-135, del avión nodriza, unos 12.000 litros de keroseno, y también su ignición. Al pasar por la nube de fuego, se quemaron los paracaídas de las segundas bombas. Una de ellas cayó en un solar del pueblo, la otra en una sierra cercana.
Tras el choque violento con el suelo y a causa de la detonación del explosivo convencional que llevaban incorporado esas armas como iniciador, se produjo la fragmentación de las bombas, la ignición de una parte de su núcleo y la formación de una potente nube de partículas compuesta por los óxidos de los elementos transuránicos constitutivos del núcleo fundamental. Al romperse éstas se liberó, vaporizándose, el tritio, hidrogeno-3, radiactivo beta débil, elemento esencial para la reacción de fusión termonuclear definitoria de ese ingenio militar.
La nube de los óxidos de los elementos transuránicos se desplazó. El viento que soplaba en aquellos momentos en la zona dispersó el aerosol que se había formado en los dos puntos de contacto. Sus componentes se depositaran en una zona de unas 226 hectáreas, más de 2 kilómetros cuadrados, que abarcaba, monte bajo, campos de cultivo y zonas urbanas. La zona quedó contaminada por diversos isótopos del plutonio (Pu-239 y cantidades menores de Pu-240) y, en menor proporción, americio 241. La contaminación alcanzó valores superiores a 7.400 Bq de radiación alfa por m2 en la superficie indicada, con notables diferencias según los suelos considerados [5]. La contaminación alcanzó sus valores máximos en las proximidades de los puntos de contacto de las bombas con el suelo, claro está, disminuyendo con la distancia. Sin embargo, la dirección del viento determinó que en áreas ubicadas a casi 1 km y medio del impacto se registrasen actividades de 420.000 Bq/m2. La mayor parte de las viviendas, una zona urbana muy dispersa, quedaron situadas en la zona que no resultó contaminada directamente o que resultó afectada en menor medida [6].
Según un informe del WISE (World Information Service on Energy: Servicio Mundial de Información sobre la Energía) de enero de 1986, con información que pudo obtener Greenpeace, a partir del momento del accidente se desarrolló por parte de los EEUU un programa de descontaminación con recogida de vegetales, tierra y fragmentos de los aviones y bombas. Se le llamó la “Operación Flecha Rota”, un plan de contingencia previsto por las Fuerzas Armadas USA en caso de accidente nuclear. Se cree que unas 1.700 toneladas de material contaminado se trasladaron a Estados Unidos en el interior de 5.500 bidones de 209 litros de capacidad. A medida que cada una de las casi 900 propiedades afectadas se “descontaminaban”, se entregaban unos certificados de descontaminación radiactiva firmados por ambas administraciones, la española y la norteamericana. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, hizo un seguimiento de los 1.700 soldados y ciudadanos norteamericanos que se desplazaron a la zona. El seguimiento se seguía realizando al cabo de los años [7].
La Junta española de Energía Nuclear, organismo dependiente del Ministerio de Industria y Energía, determinó la contaminación externa de la población de la zona. Concluyó que la población no debía ser evacuada. Antes de ello, algunos vecinos habían sido desplazados de sus viviendas, especialmente los que vivían cerca del lugar donde cayeron las bombas. Unas dos mil personas pasaron los controles de contaminación externa que se realizaron en un cine de Palomares. Veinte años después se desconocían los estudios. Las fichas de los controles radiológicos externos estaban en poder de Emilio Iranzo, el doctor jefe del plan de vigilancia de la zona desde la fecha del accidente. Posteriormente se controló el acceso a la zona para evitar que otras personas se contaminaran: ciudadanos de Villaricos, Cuevas del Almanzora y del mismo Palomares, y de otras localidades cercanas, se desplazaron a la zona para ver las bombas, movidas por la curiosidad y, desde luego, sin ninguna protección ni advertencia.
No se hizo un estudio en profundidad de lo que quedaba enterrado bajo la superficie. Años después, cuando hubo movimientos de tierra para construcción de viviendas o para usos agrícolas, aparecieron indicios de contaminación soterrada. Los controles de niveles de contaminación interna se limitaron al plutonio 239. Para ello se efectuaron análisis de orina, se seleccionaron 69 personas a las que allí mismo se les recogió una muestra de orina. La muestra de la población se amplió más tarde a 100 personas que fueron trasladadas a Madrid, en grupos de 10, en dos vehículos, siendo atendidos en la División de Medicina y Protección de la Junta de Energía Nuclear. Allí fueron sometidos a una serie de análisis y controles de los que nunca nadie les informó hasta el 6 de noviembre de 1985, casi 20 años más tarde, día en el que, después de una larga campaña. de casi dos años de duración, exigiendo información promovida por las personas afectadas, la JEN les entregó parte de los datos que obraban en su poder.
Los casos de cánceres y enfermedades que los vecinos asociaban a estar sometido a las radiaciones ionizantes nunca fueron detectados en los controles de la JEN. Sobre este punto, la información de la que se ha dispuesto durante muchos años provenía de los propios afectados. En un grupo de ellos se detectaba, veinte años después del accidente, eliminación de Pu 239 en la orina, superior en algunos casos a los máximos considerados “admisibles”, si bien la JEN lo atribuía a contaminación de las muestras en sus propios laboratorios de Madrid. En los años 80 se había comenzado a utilizar para cultivos de invernadero tierras antes incultas, con el consiguiente removimiento de suelo contaminado que exponía al plutonio a los trabajadores y otras personas residentes en esas áreas.
W. H. Langham, jefe de investigación biomédica de Los Álamos National Laboratory de EEUU, el lugar donde estudió en humanos los efectos de los radioelementos y cuyos resultados estuvieron clasificados durante muchos años, dirigió y supervisó todo el proceso. Él mismo se desplazó a Palomares. Se inició con ello el “Proyecto Indalo”. La comisión de Energía Atómica del gobierno norteamericano siguió supervisando un plan de seguimiento, cuyos objetivos, por otra parte, siempre fueron ocultos, y que nunca ha llegado a cubrir al conjunto de la población afectada –o cuanto menos sometida- al riesgo de seguir inhalando plutonio 239 y otros transuránicos.
Eduard Rodríguez Farré, junto a Catalina Eibenschutz Hartman, Salvador Moncada i Lluís y Josep Martí i Valls, participó en un estudio que el CAPS, el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, realizó con la ayuda de la Fundación ESICO a mediados de 1985. Algunas de sus reflexiones: “Te señalo sólo algunos puntos. Por ejemplo, durante los primeros días intervino en la zona del accidente solamente personal de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, nadie más. De hecho, el acuerdo de colaboración entre la JEN y la AEC (la Comisión para la Energía Atómica de los Estados Unidos; Atomic Energy Commission), se firmó el 25 de febrero de 1966, casi 40 días después de la colisión aérea. Hasta ese momento no se tiene información de qué trabajos realizó la JEN en cumplimiento de la legislación que le otorgaba todas las competencias en materia de seguridad nuclear. Es posible que se dejara todo en manos norteamericanas o que la dirección estuviera en sus manos. Por otra parte, no existe documentación o informe alguno en España sobre lo realizado por las FF. AA. estadounidenses durante la primera fase de descontaminación. Toda la información de la que se disponía por aquellas fechas de esa fase provenía de relatos orales de miembros de la JEN que se desplazaron al lugar del accidente”.
Las acciones inmediatas llevadas a cabo por el personal norteamericano: “[…] recogieron los fragmentos visibles de las bombas; hicieron una recolección de la vegetación cultivada y silvestre contaminada y la enterraron en un pozo de la zona; se lavaron las casas con agua a presión y detergentes, se desconcharon y rascaron. Como dije no se consideró nunca la evacuación de los habitantes de la zona. En las zonas pedregosas contaminadas se trató de eliminar la contaminación mediante herramientas a mano y se eliminó una capa de tierra contaminada de 5 a 10 cm de grosor con actividades superiores a 3,6 millones de Bq, envasándola en bidones que posteriormente, como ya hemos comentado, se trasladaron a Estados Unidos, y que se trataron más tarde como residuos nucleares en el depósito final de Savannah River Plant, en Aiken, Carolina del Sur. El resto de superficie contaminada con actividades elevadas -¿420Kbq?, los datos son discrepantes- fue arado para soterrarlo”.
Las principales conclusiones del estudio, según el propio Edudr Rodríguez Farré, fueron: “En primer lugar, la contaminación residual por plutonio y americio de la zona de Palomares, de toda la zona del accidente, debería haber sido un problema de salud pública de la máxima importancia. Durante algunos años, y no es ninguna exageración, fue la zona habitada de la Tierra con mayores niveles de contaminación por elementos transuránicos. La contaminación residual que quedó a finales de los años 80 tanto por los radionúclidos fijados en el suelo como por los existentes en las áreas que no fueron descontaminadas -unas 100 Ha- fue aproximadamente de 2.500 a 3.000 veces superior a la media depositada en el hemisferio norte por las pruebas atómicas en la atmósfera. Esta situación exigía un tratamiento sanitario-científico adecuado para determinar y sentar las bases de la prevención, y el impacto ambiental y ecológico que supuso y aún supone. En segundo lugar, nunca deben ser aceptables procedimientos de investigación que supongan la exposición experimental humana a riesgos para la salud, mas aún cuando esta investigación se realiza de forma callada y los riesgos no son del todo conocidos. Se dieron en el momento del accidente, y en años posteriores, reiteradas muestras de incapacidad para realizar el abordaje científico que el tema merecía y sigue mereciendo. La JEN mostró un neto desinterés por informar adecuadamente a la opinión pública de sus investigaciones y conclusiones, por no hablar de las probables presiones políticas a las que estuvo sometida. No es de extrañar los recelos con los que mucha gente, y muchos investigadores, observaron a este organismo. De hecho, después de la investigación, nosotros propusimos la creación de una comisión en la que participasen asociaciones y personalidades científicas y técnicas ajenas a la JEN y al CSN, comisión que debería dirigir un plan de investigación adecuado a las necesidades de la situación e informar a la población de su resultado” [el énfasis es mío].
Se han realizado otras investigaciones. ERF ha citado la de Sánchez Cabeza y otros científicos del Departamento de Física y del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes detectaron en muestras recogidas en 1992 y 1993 concentraciones de plutonio y americio en el plancton de la costa de Palomares, con una actividad unas cinco veces más elevada que la media de otras muestras del Mediterráneo. También en una investigación posterior dirigida por Jiménez-Ramos se corroboró la presencia de americio 241 y plutonio 239-240 e incluso uranio en la superficie de Palomares, lo que ha sido reconocido por el propio Departamento de Energía Estados Unidos.
Pues bien, Miguel Ángel Criado recordaba recientemente [9] que según había denunciado el delegado de Ecologistas en Acción para el caso de Palomares, Igor Parra, "cada día que pasa, hay más radiactividad" en la zona: han pasado unos 45 años desde que cayeron las cuatro bombas termonucleares “y el tiempo, en vez de tapar el problema, lo está desterrando. El plutonio esparcido por la zona se está descomponiendo en otro elemento, el americio, que es aún más peligroso”.
Francisco Castejón, responsable de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción y miembro del departamento de Física Teórica del Ciemat, el centro encargado de la vigilancia radiológica de Palomares, ha señalado igualmente que "si el tiempo de desintegración del plutonio es de 27.000 años y han pasado 45 desde que ocurrió el suceso, ya debe haber algunos gramos de americio". Ecologistas en Acción cree que ha llegado el momento de limpiar la zona. El Ciemat realizó su informe de caracterización de la zona y ha elaborado un plan técnico de descontaminación: el coste estimado para tratar los, aproximadamente, 50.000 metros cúbicos de tierra es de unos 25 millones de euros. La limpieza llevaría unos dos años. Tras la criba, según Francisco Castejón, remarcaba el periodista de Público, quedarían unos 6.000 metros cúbicos de residuos [10].
Por su parte, el alcalde de Cuevas de Almanzora advirtió a finales de 2010 que daban dos meses de plazo a la Administración para iniciar la limpieza. En caso contrario, se iniciarán las movilizaciones. Se ha propuesto que si no se limpia Palomares, parte de la tierra radioactiva podría acabar en Madrid. Ante la embajada norteamericana o ante la Moncloa, por ejemplo.
Me olvidaba. En la mañana del 10 de marzo de 1966, poco tiempo después del asesinato de Julián Grimau y unos diez años antes de las muertes de Vitoria (Llach: “Campanades a mort”), el ministro de Información y Turismo del general golpista africanista, largo y denso pasado del que, como es notorio, nunca ha renegado, actual presidente de honor o cargo afín del hondamente democrático Partido Popular, Manuel Fraga, decía, fue a bañarse a una playa que se afirmó estaba muy próxima a Palomares en compañía del embajador de los Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke [10]. Con aquel baño en pleno mes de marzo, dos meses después del accidente y ante las cámaras de Televisión Española, el paternalismo franquista trató de demostrar a la ciudadanía que aquel accidente nuclear era inocuo, que no tenía importancia alguna, que con el franquismo la paz y la seguridad seguían firmes. La palabra “nuclear” apenas apareció en las informaciones sobre el accidente.
Pero, según parece, el ministro que firmó penas de muerte y el embajador no se bañaron en las playas más próximas a Palomares. La falsedad y la manipulación planificadas eran parte esencial del kernel franquista y de sus señores [11]. Muchos ciudadanos y ciudadanas nos tragamos en su día la píldora, otra más de la interminable receta.
Salvador López Arnal
enero de 2011
Han aparecido en la prensa española de estos últimos días titulares de ese tenor: “La radiactividad crece en Palomares”. Un apunte histórico-informativo sobre ello.
Palomares es una pequeña población de Almería, situada en el término municipal de Cuevas de Almanzora. Hace más de 40 años se produjo un “accidente de aviación” en la zona. Una explicación sucinta de lo sucedido arroja pistas sobre la guerra fría nuclear realmente existente, la gloriosa “independencia nacional” del estado franquista y la protección de la ciudadanía [1].
El accidente se produjo el 16 de enero de 1966, durante una operación de abastecimiento de combustible en vuelo. La colisión ocasionó la destrucción y caída de dos aviones de las fuerzas armadas USA, un octoreactor B-52 y un avión nodriza KC-135 que provenía de Morón de la Frontera, Sevilla, una de las bases usamericanas en España. Fallecieron los cuatro tripulantes del KC-135 y tres de los siete tripulantes del B-52. Los otros militares salvaron su vida.
¿Operaciones de abastecimiento?, ¿un B-52 y un avión nodriza en el espacio aéreo español? En esas fechas, más de 300 superbombaderos B-52 del SAC -Strategic Air Command (Comando Aéreo Estratégico)- se mantenían permanentemente en el aire sobrevolando el planeta [2]. Cada uno transportaba una carga de cuatro bombas termonucleares de 1,5 megatones con un poder destructor 75 veces superior a la lanzada sobre Hiroshima. Las cuatro bombas de cada B-52, con potencia conjunta de 6 megatones, equivalían a más de 300 bombas de Hiroshima. En total, unas 100.000 bombas de Hiroshima se desplazaban por los cielos que observaran Bruno, Kepler y Galileo.
Esta estrategia militar [3], basada en la necesidad inexorable, desde un punto de vista ofensivo militar, de estar lo más cerca posible del objetivo, del hipotético enemigo en caso de urgencia en el ataque o contraataque nuclear, comportaba una estructura militar anexa de apoyo a la aviación norteamericana en todo el planeta. La España franquista de los 25 años de paz formaba parte de ella. Los acuerdos de 1953 entre el general-ísimo Franco y el presidente, también general, Eisenhower, el “Pacto de Madrid”, permitieron bases militares de utilización “conjunta”.
Todo parece indicar que en los tratados firmados entre España y USA en 1953, y en 1963, no se mencionaba, en sus cláusulas conocidas, que aviones norteamericanos, cargados con explosivos atómicos, pudiesen sobrevolar el espacio aéreo español y utilizar las bases para dar soporte logístico y repostar combustible en vuelo. Pero, de hecho, los B-52 salían cada mañana de Seymour Jonson, una base de las fuerzas aéreas norteamericanas en Goldsboro, Carolina del Norte, en dirección a la frontera turco-soviética. Al sobrevolar España repostaban combustible en vuelo, generalmente suministrado por aviones-nodriza de la base aérea norteamericana de Zaragoza en un punto situado entre la ciudad de Vicente Cazcarra y Mariano Hormigón y la costa mediterránea. En el caso del encontronazo de Palomares, el avión nodriza provenía de la base de Morón y la maniobra se realizó sobre la costa mediterránea de Almería.
El accidente se produjo cuando el B-52 256 repostaba de regreso a la base de Goldsboro. Como consecuencia de un fallo en la maniobra de acoplamiento, colisionaron las dos aeronaves, se produjo la destrucción y caída del superbombardero y del avión nodriza, y se desprendieron las cuatro bombas termonucleares tipo Mark 28, modelo B28RI. Tres bombas cayeron en tierra y fueron localizadas rápidamente; la otra cayó al mar. Se tardó unos 80 días en localizarla [4]. Dos bombas, que cayeron con sus respectivos paracaídas, se recogieron intactas; una cerca de la desembocadura del río Almanzora, la otra en el mar. Las otras dos bombas cayeron sin paracaídas. Probablemente, la colisión provocó el derrame del combustible del KC-135, del avión nodriza, unos 12.000 litros de keroseno, y también su ignición. Al pasar por la nube de fuego, se quemaron los paracaídas de las segundas bombas. Una de ellas cayó en un solar del pueblo, la otra en una sierra cercana.
Tras el choque violento con el suelo y a causa de la detonación del explosivo convencional que llevaban incorporado esas armas como iniciador, se produjo la fragmentación de las bombas, la ignición de una parte de su núcleo y la formación de una potente nube de partículas compuesta por los óxidos de los elementos transuránicos constitutivos del núcleo fundamental. Al romperse éstas se liberó, vaporizándose, el tritio, hidrogeno-3, radiactivo beta débil, elemento esencial para la reacción de fusión termonuclear definitoria de ese ingenio militar.
La nube de los óxidos de los elementos transuránicos se desplazó. El viento que soplaba en aquellos momentos en la zona dispersó el aerosol que se había formado en los dos puntos de contacto. Sus componentes se depositaran en una zona de unas 226 hectáreas, más de 2 kilómetros cuadrados, que abarcaba, monte bajo, campos de cultivo y zonas urbanas. La zona quedó contaminada por diversos isótopos del plutonio (Pu-239 y cantidades menores de Pu-240) y, en menor proporción, americio 241. La contaminación alcanzó valores superiores a 7.400 Bq de radiación alfa por m2 en la superficie indicada, con notables diferencias según los suelos considerados [5]. La contaminación alcanzó sus valores máximos en las proximidades de los puntos de contacto de las bombas con el suelo, claro está, disminuyendo con la distancia. Sin embargo, la dirección del viento determinó que en áreas ubicadas a casi 1 km y medio del impacto se registrasen actividades de 420.000 Bq/m2. La mayor parte de las viviendas, una zona urbana muy dispersa, quedaron situadas en la zona que no resultó contaminada directamente o que resultó afectada en menor medida [6].
Según un informe del WISE (World Information Service on Energy: Servicio Mundial de Información sobre la Energía) de enero de 1986, con información que pudo obtener Greenpeace, a partir del momento del accidente se desarrolló por parte de los EEUU un programa de descontaminación con recogida de vegetales, tierra y fragmentos de los aviones y bombas. Se le llamó la “Operación Flecha Rota”, un plan de contingencia previsto por las Fuerzas Armadas USA en caso de accidente nuclear. Se cree que unas 1.700 toneladas de material contaminado se trasladaron a Estados Unidos en el interior de 5.500 bidones de 209 litros de capacidad. A medida que cada una de las casi 900 propiedades afectadas se “descontaminaban”, se entregaban unos certificados de descontaminación radiactiva firmados por ambas administraciones, la española y la norteamericana. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, hizo un seguimiento de los 1.700 soldados y ciudadanos norteamericanos que se desplazaron a la zona. El seguimiento se seguía realizando al cabo de los años [7].
La Junta española de Energía Nuclear, organismo dependiente del Ministerio de Industria y Energía, determinó la contaminación externa de la población de la zona. Concluyó que la población no debía ser evacuada. Antes de ello, algunos vecinos habían sido desplazados de sus viviendas, especialmente los que vivían cerca del lugar donde cayeron las bombas. Unas dos mil personas pasaron los controles de contaminación externa que se realizaron en un cine de Palomares. Veinte años después se desconocían los estudios. Las fichas de los controles radiológicos externos estaban en poder de Emilio Iranzo, el doctor jefe del plan de vigilancia de la zona desde la fecha del accidente. Posteriormente se controló el acceso a la zona para evitar que otras personas se contaminaran: ciudadanos de Villaricos, Cuevas del Almanzora y del mismo Palomares, y de otras localidades cercanas, se desplazaron a la zona para ver las bombas, movidas por la curiosidad y, desde luego, sin ninguna protección ni advertencia.
No se hizo un estudio en profundidad de lo que quedaba enterrado bajo la superficie. Años después, cuando hubo movimientos de tierra para construcción de viviendas o para usos agrícolas, aparecieron indicios de contaminación soterrada. Los controles de niveles de contaminación interna se limitaron al plutonio 239. Para ello se efectuaron análisis de orina, se seleccionaron 69 personas a las que allí mismo se les recogió una muestra de orina. La muestra de la población se amplió más tarde a 100 personas que fueron trasladadas a Madrid, en grupos de 10, en dos vehículos, siendo atendidos en la División de Medicina y Protección de la Junta de Energía Nuclear. Allí fueron sometidos a una serie de análisis y controles de los que nunca nadie les informó hasta el 6 de noviembre de 1985, casi 20 años más tarde, día en el que, después de una larga campaña. de casi dos años de duración, exigiendo información promovida por las personas afectadas, la JEN les entregó parte de los datos que obraban en su poder.
Los casos de cánceres y enfermedades que los vecinos asociaban a estar sometido a las radiaciones ionizantes nunca fueron detectados en los controles de la JEN. Sobre este punto, la información de la que se ha dispuesto durante muchos años provenía de los propios afectados. En un grupo de ellos se detectaba, veinte años después del accidente, eliminación de Pu 239 en la orina, superior en algunos casos a los máximos considerados “admisibles”, si bien la JEN lo atribuía a contaminación de las muestras en sus propios laboratorios de Madrid. En los años 80 se había comenzado a utilizar para cultivos de invernadero tierras antes incultas, con el consiguiente removimiento de suelo contaminado que exponía al plutonio a los trabajadores y otras personas residentes en esas áreas.
W. H. Langham, jefe de investigación biomédica de Los Álamos National Laboratory de EEUU, el lugar donde estudió en humanos los efectos de los radioelementos y cuyos resultados estuvieron clasificados durante muchos años, dirigió y supervisó todo el proceso. Él mismo se desplazó a Palomares. Se inició con ello el “Proyecto Indalo”. La comisión de Energía Atómica del gobierno norteamericano siguió supervisando un plan de seguimiento, cuyos objetivos, por otra parte, siempre fueron ocultos, y que nunca ha llegado a cubrir al conjunto de la población afectada –o cuanto menos sometida- al riesgo de seguir inhalando plutonio 239 y otros transuránicos.
Eduard Rodríguez Farré, junto a Catalina Eibenschutz Hartman, Salvador Moncada i Lluís y Josep Martí i Valls, participó en un estudio que el CAPS, el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, realizó con la ayuda de la Fundación ESICO a mediados de 1985. Algunas de sus reflexiones: “Te señalo sólo algunos puntos. Por ejemplo, durante los primeros días intervino en la zona del accidente solamente personal de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, nadie más. De hecho, el acuerdo de colaboración entre la JEN y la AEC (la Comisión para la Energía Atómica de los Estados Unidos; Atomic Energy Commission), se firmó el 25 de febrero de 1966, casi 40 días después de la colisión aérea. Hasta ese momento no se tiene información de qué trabajos realizó la JEN en cumplimiento de la legislación que le otorgaba todas las competencias en materia de seguridad nuclear. Es posible que se dejara todo en manos norteamericanas o que la dirección estuviera en sus manos. Por otra parte, no existe documentación o informe alguno en España sobre lo realizado por las FF. AA. estadounidenses durante la primera fase de descontaminación. Toda la información de la que se disponía por aquellas fechas de esa fase provenía de relatos orales de miembros de la JEN que se desplazaron al lugar del accidente”.
Las acciones inmediatas llevadas a cabo por el personal norteamericano: “[…] recogieron los fragmentos visibles de las bombas; hicieron una recolección de la vegetación cultivada y silvestre contaminada y la enterraron en un pozo de la zona; se lavaron las casas con agua a presión y detergentes, se desconcharon y rascaron. Como dije no se consideró nunca la evacuación de los habitantes de la zona. En las zonas pedregosas contaminadas se trató de eliminar la contaminación mediante herramientas a mano y se eliminó una capa de tierra contaminada de 5 a 10 cm de grosor con actividades superiores a 3,6 millones de Bq, envasándola en bidones que posteriormente, como ya hemos comentado, se trasladaron a Estados Unidos, y que se trataron más tarde como residuos nucleares en el depósito final de Savannah River Plant, en Aiken, Carolina del Sur. El resto de superficie contaminada con actividades elevadas -¿420Kbq?, los datos son discrepantes- fue arado para soterrarlo”.
Las principales conclusiones del estudio, según el propio Edudr Rodríguez Farré, fueron: “En primer lugar, la contaminación residual por plutonio y americio de la zona de Palomares, de toda la zona del accidente, debería haber sido un problema de salud pública de la máxima importancia. Durante algunos años, y no es ninguna exageración, fue la zona habitada de la Tierra con mayores niveles de contaminación por elementos transuránicos. La contaminación residual que quedó a finales de los años 80 tanto por los radionúclidos fijados en el suelo como por los existentes en las áreas que no fueron descontaminadas -unas 100 Ha- fue aproximadamente de 2.500 a 3.000 veces superior a la media depositada en el hemisferio norte por las pruebas atómicas en la atmósfera. Esta situación exigía un tratamiento sanitario-científico adecuado para determinar y sentar las bases de la prevención, y el impacto ambiental y ecológico que supuso y aún supone. En segundo lugar, nunca deben ser aceptables procedimientos de investigación que supongan la exposición experimental humana a riesgos para la salud, mas aún cuando esta investigación se realiza de forma callada y los riesgos no son del todo conocidos. Se dieron en el momento del accidente, y en años posteriores, reiteradas muestras de incapacidad para realizar el abordaje científico que el tema merecía y sigue mereciendo. La JEN mostró un neto desinterés por informar adecuadamente a la opinión pública de sus investigaciones y conclusiones, por no hablar de las probables presiones políticas a las que estuvo sometida. No es de extrañar los recelos con los que mucha gente, y muchos investigadores, observaron a este organismo. De hecho, después de la investigación, nosotros propusimos la creación de una comisión en la que participasen asociaciones y personalidades científicas y técnicas ajenas a la JEN y al CSN, comisión que debería dirigir un plan de investigación adecuado a las necesidades de la situación e informar a la población de su resultado” [el énfasis es mío].
Se han realizado otras investigaciones. ERF ha citado la de Sánchez Cabeza y otros científicos del Departamento de Física y del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes detectaron en muestras recogidas en 1992 y 1993 concentraciones de plutonio y americio en el plancton de la costa de Palomares, con una actividad unas cinco veces más elevada que la media de otras muestras del Mediterráneo. También en una investigación posterior dirigida por Jiménez-Ramos se corroboró la presencia de americio 241 y plutonio 239-240 e incluso uranio en la superficie de Palomares, lo que ha sido reconocido por el propio Departamento de Energía Estados Unidos.
Pues bien, Miguel Ángel Criado recordaba recientemente [9] que según había denunciado el delegado de Ecologistas en Acción para el caso de Palomares, Igor Parra, "cada día que pasa, hay más radiactividad" en la zona: han pasado unos 45 años desde que cayeron las cuatro bombas termonucleares “y el tiempo, en vez de tapar el problema, lo está desterrando. El plutonio esparcido por la zona se está descomponiendo en otro elemento, el americio, que es aún más peligroso”.
Francisco Castejón, responsable de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción y miembro del departamento de Física Teórica del Ciemat, el centro encargado de la vigilancia radiológica de Palomares, ha señalado igualmente que "si el tiempo de desintegración del plutonio es de 27.000 años y han pasado 45 desde que ocurrió el suceso, ya debe haber algunos gramos de americio". Ecologistas en Acción cree que ha llegado el momento de limpiar la zona. El Ciemat realizó su informe de caracterización de la zona y ha elaborado un plan técnico de descontaminación: el coste estimado para tratar los, aproximadamente, 50.000 metros cúbicos de tierra es de unos 25 millones de euros. La limpieza llevaría unos dos años. Tras la criba, según Francisco Castejón, remarcaba el periodista de Público, quedarían unos 6.000 metros cúbicos de residuos [10].
Por su parte, el alcalde de Cuevas de Almanzora advirtió a finales de 2010 que daban dos meses de plazo a la Administración para iniciar la limpieza. En caso contrario, se iniciarán las movilizaciones. Se ha propuesto que si no se limpia Palomares, parte de la tierra radioactiva podría acabar en Madrid. Ante la embajada norteamericana o ante la Moncloa, por ejemplo.
Me olvidaba. En la mañana del 10 de marzo de 1966, poco tiempo después del asesinato de Julián Grimau y unos diez años antes de las muertes de Vitoria (Llach: “Campanades a mort”), el ministro de Información y Turismo del general golpista africanista, largo y denso pasado del que, como es notorio, nunca ha renegado, actual presidente de honor o cargo afín del hondamente democrático Partido Popular, Manuel Fraga, decía, fue a bañarse a una playa que se afirmó estaba muy próxima a Palomares en compañía del embajador de los Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke [10]. Con aquel baño en pleno mes de marzo, dos meses después del accidente y ante las cámaras de Televisión Española, el paternalismo franquista trató de demostrar a la ciudadanía que aquel accidente nuclear era inocuo, que no tenía importancia alguna, que con el franquismo la paz y la seguridad seguían firmes. La palabra “nuclear” apenas apareció en las informaciones sobre el accidente.
Pero, según parece, el ministro que firmó penas de muerte y el embajador no se bañaron en las playas más próximas a Palomares. La falsedad y la manipulación planificadas eran parte esencial del kernel franquista y de sus señores [11]. Muchos ciudadanos y ciudadanas nos tragamos en su día la píldora, otra más de la interminable receta.
