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Comunicado del Comité Central del Partido del Trabajo Democrático.
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Nuestro país vuelve a ocupar las portadas -sobre todo las de medios internacionales- tras la fuga del Rey Emérito, Juan Carlos de Borbón, el cual se halla en Arabia Saudí, un destino que le resulta muy familiar. La imagen vertida al mundo no podría ser peor. Un ex-Jefe de Estado fugándose cuando la Justicia se le aproxima por gravísimos indicios de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, y buena parte del arco parlamentario y las grandes corporaciones alabando su “servicio a la patria” o guardando un hiriente silencio.
La monarquía es una institución central del régimen español nacido en 1978. Fue elegida de manera más que cuestionable y con la persistencia del franquismo como alternativa. Los españoles hubieron de votar entre “franquismo” y “monarquía parlamentaria” con el delfín del dictador a la cabeza. Y todo esto hace más de cuarenta años, sin tener las generaciones posteriores opción a ser consultados sobre algo tan relevante.
La Corona permitió que las élites españolas en el franquismo, mantuvieran su posición de privilegio en la etapa posterior al Caudillo. Desde entonces actúa como mediador entre las distintas facciones del capitalismo español, incluyendo las burguesías periféricas. A cambio de este servicio de “estabilización política” y equilibrio empresarial, ha disfrutado de toda una serie de beneficios económicos (más allá del dinero público que es asignado a la Casa Real en los Presupuestos Generales de Estado).
Teniendo en cuenta el papel que juega la Monarquía en España, golpear a esta institución, desestabilizaría el consenso de las élites españolas abriendo grietas entre ellas, al menos temporalmente. Por tanto, el paso a una república y que la Jefatura del Estado esté sometida a cierto control democrático (mientras que ahora se trata de una figura inviolable), no es una cuestión menor en la lucha política en el país. Todo lo contrario, hablamos de una conquista democrática de primer orden.
La inviolabilidad y la inelegibilidad del Jefe de Estado permite un mayor control político de la burguesía y un último muro defensivo frente a leyes que sean beneficiosas para los trabajadores y que golpeen los intereses y beneficios empresariales, por ejemplo. Así, la sanción de las leyes es una competencia fundamental del Rey que escapa al control democrático de la población trabajadora que ha de resolverse.
Aunque todavía no hay datos estadísticos definitivos, la popularidad de la monarquía entre las capas populares está reduciéndose considerablemente. Por eso los grandes partidos que actúan como representantes políticos de los millonarios así como las corporaciones mediáticas, edulcoran lo sucedido y, además, pretenden marcar una falsa distancia entre Juan Carlos I y su hijo Felipe VI. Recuerda parcialmente a lo que procuraron hacer con los casos de corrupción de organizaciones como el Partido Popular, aunque todos los caminos conducían a Génova.
Así se deriva el debate sobre el modelo y la elección del Jefe de Estado a una cuestión personalista, buscando que el árbol no permita ver el bosque. Si esta aparente caída en la popularidad de la institución monárquica podrá traducirse en movilizaciones y acción política, es algo que está por ver. Pero sí consideramos que estamos ante una tesitura que puede abrir la posibilidad de ampliar la democracia en nuestro país. Para lo cual es fundamental sumar a grandes sectores populares y de trabajadores.
Es por esto que desde el PTD consideramos que debe haber un acuerdo político de la izquierda no-neoliberal y las fuerzas sociales más importantes, para promover de forma organizada, coordinada y participativa un movimiento social de amplia base que exija, como acuerdo de mínimos, un referéndum legal sobre la elección por sufragio universal directo de la Jefatura del Estado.
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Nuestro país vuelve a ocupar las portadas -sobre todo las de medios internacionales- tras la fuga del Rey Emérito, Juan Carlos de Borbón, el cual se halla en Arabia Saudí, un destino que le resulta muy familiar. La imagen vertida al mundo no podría ser peor. Un ex-Jefe de Estado fugándose cuando la Justicia se le aproxima por gravísimos indicios de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, y buena parte del arco parlamentario y las grandes corporaciones alabando su “servicio a la patria” o guardando un hiriente silencio.
La monarquía es una institución central del régimen español nacido en 1978. Fue elegida de manera más que cuestionable y con la persistencia del franquismo como alternativa. Los españoles hubieron de votar entre “franquismo” y “monarquía parlamentaria” con el delfín del dictador a la cabeza. Y todo esto hace más de cuarenta años, sin tener las generaciones posteriores opción a ser consultados sobre algo tan relevante.
La Corona permitió que las élites españolas en el franquismo, mantuvieran su posición de privilegio en la etapa posterior al Caudillo. Desde entonces actúa como mediador entre las distintas facciones del capitalismo español, incluyendo las burguesías periféricas. A cambio de este servicio de “estabilización política” y equilibrio empresarial, ha disfrutado de toda una serie de beneficios económicos (más allá del dinero público que es asignado a la Casa Real en los Presupuestos Generales de Estado).
Teniendo en cuenta el papel que juega la Monarquía en España, golpear a esta institución, desestabilizaría el consenso de las élites españolas abriendo grietas entre ellas, al menos temporalmente. Por tanto, el paso a una república y que la Jefatura del Estado esté sometida a cierto control democrático (mientras que ahora se trata de una figura inviolable), no es una cuestión menor en la lucha política en el país. Todo lo contrario, hablamos de una conquista democrática de primer orden.
La inviolabilidad y la inelegibilidad del Jefe de Estado permite un mayor control político de la burguesía y un último muro defensivo frente a leyes que sean beneficiosas para los trabajadores y que golpeen los intereses y beneficios empresariales, por ejemplo. Así, la sanción de las leyes es una competencia fundamental del Rey que escapa al control democrático de la población trabajadora que ha de resolverse.
Aunque todavía no hay datos estadísticos definitivos, la popularidad de la monarquía entre las capas populares está reduciéndose considerablemente. Por eso los grandes partidos que actúan como representantes políticos de los millonarios así como las corporaciones mediáticas, edulcoran lo sucedido y, además, pretenden marcar una falsa distancia entre Juan Carlos I y su hijo Felipe VI. Recuerda parcialmente a lo que procuraron hacer con los casos de corrupción de organizaciones como el Partido Popular, aunque todos los caminos conducían a Génova.
Así se deriva el debate sobre el modelo y la elección del Jefe de Estado a una cuestión personalista, buscando que el árbol no permita ver el bosque. Si esta aparente caída en la popularidad de la institución monárquica podrá traducirse en movilizaciones y acción política, es algo que está por ver. Pero sí consideramos que estamos ante una tesitura que puede abrir la posibilidad de ampliar la democracia en nuestro país. Para lo cual es fundamental sumar a grandes sectores populares y de trabajadores.
Es por esto que desde el PTD consideramos que debe haber un acuerdo político de la izquierda no-neoliberal y las fuerzas sociales más importantes, para promover de forma organizada, coordinada y participativa un movimiento social de amplia base que exija, como acuerdo de mínimos, un referéndum legal sobre la elección por sufragio universal directo de la Jefatura del Estado.
