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Caso Scala. Terrorismo de Estado en la “modélica” transición española
Fargov
Extracto del libro “El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más” del autor Xavier Cañadas Gascón
publicado en La Haine en enero de 2021
Operación montada por los Servicios Especiales de la Brigada Político-Social con sendas celadas al Movimiento Libertario, siendo la CNT la principal destinataria de los efectos finales de la represión.
Habría que preguntar al Gobierno de UCD y a su entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa: ¿quiénes, cómo y por qué atentaron contra el Scala y asesinaron a cuatro trabajadores? Y habría que preguntar también a toda la izquierda parlamentaria de la época por qué permitió, con su beneplácito, que el Caso Scala fuera atribuido a la CNT y al Movimiento Libertario, cuando tenían plena certeza de que se trataba de un acto indiscutible de terrorismo de Estado.
El 30 de enero de 1977, ocho días después de la “Matanza de Atocha” en un despacho de abogados laboralistas en Madrid, la “Conferencia para la Reconstrucción de la Federación Anarquista Ibérica (FAI)”, que se celebra en Barcelona, era “descubierta” por la policía y sus 54 asistentes, detenidos. Según los abogados, no había signos sólidos de inculpación; el “derecho de reunión” ya estaba siendo practicado por todo el mundo que salía de la clandestinidad. Únicamente se trataba de desmontar la acusación de “reconstrucción de una organización clandestina”.
En realidad, estas detenciones fueron la primera fase de una operación que de simple carácter policial iba a convertirse, cinco días después, en un “brillante servicio de política antiterrorista”, al ser descubierto en Murcia un “Grupo de FAI” con un “arsenal de armas y explosivos”. Una operación de relojería montada por el “supercomisario” Roberto Conesa, jefe de los Servicios Especiales de Información de la “Brigada Operativa” Político-Social. El método: se infiltraba un confidente, Joaquín Gambín Hernández, en un “Grupo de la FAI” de Murcia, al que se le ofrecía dos maletas, una de armas y otra de explosivos (ambas facilitadas a Gambín por la Policía). “Situado y controlado” el material, la Brigada no actuaba en Murcia sino en Barcelona… Primero se produce el impacto político: los asistentes a la citada conferencia de la FAI detenidos, entre ellos representantes de Portugal, Italia y Francia. La noticia estaba servida: “Organización anarquista, clandestina, con ramificaciones internacionales”.
Cinco días después se produce la detención de Murcia, con el “descubrimiento” del “arsenal” y, automáticamente, se añade al sumario de Barcelona (con la aceptación sumisa de los jueces), con lo que el primer impacto político se convierte en una brillante “operación antiterrorista”. Operación montada por los Servicios Especiales de la Brigada Político-Social con sendas celadas al Movimiento Libertario, siendo la CNT la principal destinataria de los efectos finales de la represión.
La “operación de relojería” que acabo de describir era, tanto por su perfil como por sus perspectivas y resultados, una operación artesanal, comparada con la que justo un año después iban a realizar los mismos protagonistas: el confidente Joaquín Gambín Hernández, el “supercomisario” Roberto Conesa y sus equipos de la Brigada Operativa y del Grupo Antianarquista, el 15 de enero de 1978, el “Caso Scala”.
En el primer montaje, el de enero de 1977, el escenario estaba compuesto por la Policía, el confidente Gambín, el “arsenal” y el pretexto: una reunión plenaria de la FAI. El resultado, prácticamente nulo. Pero la intención del Estado y de la Brigada de Información de Madrid no era esta chapuza judicial, sino la introducción de Joaquín Gambín Hernández en los Grupos Libertarios de Barcelona.
Joaquín Gambín Hernández, un delincuente habitual de 47 años edad, con 28 condenas en su haber, que se remontan a 1947, y hasta entonces conocido en el mundo de la delincuencia como “el Grillo”, pasa de la noche a la mañana de ser un delincuente común a militante político; es amnistiado ese mismo año y rebautizado por la policía y por algunos sectores cenetistas con el sobrenombre de “el Viejo Anarquista”. La finalidad del Estado sigue siendo “cortarle las alas” a la CNT y destruir el Movimiento Libertario, que en el último trimestre de 1976 había protagonizado tres hechos importantes:
La movilización contra el intento de creación de una “Central Sindical Única”, cuyo primer paso era formar la “Coordinadora de Organizaciones Sindicales” (COS), que fracasó por el firme rechazo de la CNT. La solidaridad de la CNT, apoyada por las corrientes libertarias, con la huelga de los trabajadores de Roca, por lo que ésta pudo mantenerse más de tres meses, a pesar de la oposición a la huelga de CC.OO. y UGT. La huelga general convocada por la CNT, para todas las empresas del Bajo Llobregat, en apoyo a los trabajadores de Roca.
El segundo montaje, el del Caso Scala, un año después, el 15 de enero de 1978, presenta un escenario distinto: el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa; la misma Brigada de Policía; el mismo confidente Gambín; la connivencia de los hermanos Riba (propietarios del Scala); la destrucción de un edificio de siete plantas; la muerte de cuatro trabajadores; el “embarque” por el confidente de jóvenes libertarios y militantes de la CNT y la FAI; la implicación abierta, política y pública de la CNT por los medios de comunicación y declaraciones institucionales, y el beneplácito de toda la “izquierda” parlamentaria. La finalidad de este montaje ya no es el de “cortar las alas” a la CNT, sino el amenazante dilema: integrarla o aplastarla. En efecto, en el curso de todo el año 1977, la pujanza de la CNT se ha desvelado claramente:
Los primeros mítines multitudinarios convocados por la CNT en Madrid (San Sebastián de los Reyes), la Plaza de Toros de Valencia, la montaña de Montjuïc en Barcelona, con una concurrencia, en su conjunto, de unas 400.000 personas (más del doble de lo conseguido entre CC. OO. y UGT juntas en toda la historia del sindicalismo español).Las Jornadas Libertarias Internacionales en el Parque Güell de Barcelona, convocadas por la CNT, durante una semana, con medio millón de asistentes, situadas por algunos especialistas en el segundo lugar del ranking mundial de actos populares de programación espontánea. La primera huelga de gasolineras, que alcanza un gran nivel “paralizante” de la circulación viaria. La distribución de carnets de afiliación a la CNT alcanza ese año, sólo en Cataluña, la cifra de 140.000.En octubre de 1977, la CNT arrastra a CC. OO. y a UGT, en Barcelona, a una manifestación concurrida por 400.000 trabajadores contra los Pactos de la Moncloa, de inminente firma en aquellos momentos.
La influencia y la capacidad de la CNT, tal como estos hechos demuestran, con el apoyo de las corrientes libertarias, producía la conexión de diversos espacios populares, sociales, laborales y culturales, causando gran pánico a los políticos de derechas y de izquierdas, “arquitectos de la Reforma Pactada”. Éstas son las razones por las que se monta el atentado del Scala. El guion de los hechos, que los tribunales obviaron escandalosamente, prueba la responsabilidad política y práctica de los estamentos oficiales:
La provisión de fondos, para “primeros gastos”, que Gambín recibe el 2 de enero de 1978 de la Brigada de Información desde Madrid.La llegada de Gambín a Barcelona el 11 de enero de 1978, cumpliendo la orden perentoria que le imparte el comisario Manuel Gómez Sandoval, jefe de la Brigada Operativa de Madrid. El contacto de Gambín con su agente de conexión, José María Escudero, 24 horas antes del incendio.El desplazamiento desde Madrid del citado Escudero, el mismo día de los hechos, lo que indica que la operación es supervisada desde Madrid por el “supercomisario” Roberto Conesa. Las declaraciones institucionales, acusatorias contra la CNT, realizadas por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, antes de que hubieran empezado las diligencias judiciales. La circular reservada del ministro del Interior, dirigida personalmente a todos los directores de los medios de comunicación, al objeto de orquestar una campaña contra la CNT.La desaparición —es decir, “la destrucción de pruebas”— de un informe pericial que constataba la existencia de fósforo (material de uso exclusivo del Ejército) en las ruinas del Scala. La negativa a investigar la existencia de varios focos simultáneos, en distintos y distantes puntos del edificio, como causas iniciales del incendio, para impedir que se pudiera probar que el edificio estaba previamente preparado para arder. El encubrimiento estatal y periodístico de que los hermanos Riba habían comprado la sala de Fiestas Scala y la Discoteca 2001 –adjunta a la sala de fiestas- unos meses antes del incendio.La declaración documentada del gobernador civil de Barcelona, José María Belloch Puig, afirmando que se trataba de un “atentado político”, con fecha 18 de enero de 1978, es decir, tres días después de los hechos, al objeto de facilitar a los hermanos Riba el cobro del seguro. Detenido por otros delitos en 1979, Joaquín Gambín Hernández, el confidente, es puesto en libertad a pesar de hallarse en busca y captura por el Caso Scala.
Esta relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el punto de inflexión de una dinámica de represión, políticamente concebida y previamente estudiada en los altos niveles del Gobierno, pues dichos hechos escapan a la competencia exclusiva de un estamento, de una sola brigada o servicio policial, de un sólo magistrado, de un sólo Ministerio. El Caso Scala representa el punto de partida de una línea represiva político-policial “pluridimensional”, que progresivamente, pero directamente, nos conduce al GAL.
Habría que preguntar al Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) y, más concretamente a su entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, al jefe de los Servicios de Información de la época o al entonces jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado: ¿quiénes, cómo y por qué atentaron contra el Scala y asesinaron a cuatro trabajadores? Y habría que preguntar también a toda la izquierda parlamentaria de la época por qué permitió, con su beneplácito, que el Caso Scala fuera atribuido a la CNT y al Movimiento Libertario, cuando tenían plena certeza de que se trataba de un acto indiscutible de terrorismo de Estado.
Fargov
Extracto del libro “El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más” del autor Xavier Cañadas Gascón
publicado en La Haine en enero de 2021
Operación montada por los Servicios Especiales de la Brigada Político-Social con sendas celadas al Movimiento Libertario, siendo la CNT la principal destinataria de los efectos finales de la represión.
Habría que preguntar al Gobierno de UCD y a su entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa: ¿quiénes, cómo y por qué atentaron contra el Scala y asesinaron a cuatro trabajadores? Y habría que preguntar también a toda la izquierda parlamentaria de la época por qué permitió, con su beneplácito, que el Caso Scala fuera atribuido a la CNT y al Movimiento Libertario, cuando tenían plena certeza de que se trataba de un acto indiscutible de terrorismo de Estado.
El 30 de enero de 1977, ocho días después de la “Matanza de Atocha” en un despacho de abogados laboralistas en Madrid, la “Conferencia para la Reconstrucción de la Federación Anarquista Ibérica (FAI)”, que se celebra en Barcelona, era “descubierta” por la policía y sus 54 asistentes, detenidos. Según los abogados, no había signos sólidos de inculpación; el “derecho de reunión” ya estaba siendo practicado por todo el mundo que salía de la clandestinidad. Únicamente se trataba de desmontar la acusación de “reconstrucción de una organización clandestina”.
En realidad, estas detenciones fueron la primera fase de una operación que de simple carácter policial iba a convertirse, cinco días después, en un “brillante servicio de política antiterrorista”, al ser descubierto en Murcia un “Grupo de FAI” con un “arsenal de armas y explosivos”. Una operación de relojería montada por el “supercomisario” Roberto Conesa, jefe de los Servicios Especiales de Información de la “Brigada Operativa” Político-Social. El método: se infiltraba un confidente, Joaquín Gambín Hernández, en un “Grupo de la FAI” de Murcia, al que se le ofrecía dos maletas, una de armas y otra de explosivos (ambas facilitadas a Gambín por la Policía). “Situado y controlado” el material, la Brigada no actuaba en Murcia sino en Barcelona… Primero se produce el impacto político: los asistentes a la citada conferencia de la FAI detenidos, entre ellos representantes de Portugal, Italia y Francia. La noticia estaba servida: “Organización anarquista, clandestina, con ramificaciones internacionales”.
Cinco días después se produce la detención de Murcia, con el “descubrimiento” del “arsenal” y, automáticamente, se añade al sumario de Barcelona (con la aceptación sumisa de los jueces), con lo que el primer impacto político se convierte en una brillante “operación antiterrorista”. Operación montada por los Servicios Especiales de la Brigada Político-Social con sendas celadas al Movimiento Libertario, siendo la CNT la principal destinataria de los efectos finales de la represión.
La “operación de relojería” que acabo de describir era, tanto por su perfil como por sus perspectivas y resultados, una operación artesanal, comparada con la que justo un año después iban a realizar los mismos protagonistas: el confidente Joaquín Gambín Hernández, el “supercomisario” Roberto Conesa y sus equipos de la Brigada Operativa y del Grupo Antianarquista, el 15 de enero de 1978, el “Caso Scala”.
En el primer montaje, el de enero de 1977, el escenario estaba compuesto por la Policía, el confidente Gambín, el “arsenal” y el pretexto: una reunión plenaria de la FAI. El resultado, prácticamente nulo. Pero la intención del Estado y de la Brigada de Información de Madrid no era esta chapuza judicial, sino la introducción de Joaquín Gambín Hernández en los Grupos Libertarios de Barcelona.
Joaquín Gambín Hernández, un delincuente habitual de 47 años edad, con 28 condenas en su haber, que se remontan a 1947, y hasta entonces conocido en el mundo de la delincuencia como “el Grillo”, pasa de la noche a la mañana de ser un delincuente común a militante político; es amnistiado ese mismo año y rebautizado por la policía y por algunos sectores cenetistas con el sobrenombre de “el Viejo Anarquista”. La finalidad del Estado sigue siendo “cortarle las alas” a la CNT y destruir el Movimiento Libertario, que en el último trimestre de 1976 había protagonizado tres hechos importantes:
La movilización contra el intento de creación de una “Central Sindical Única”, cuyo primer paso era formar la “Coordinadora de Organizaciones Sindicales” (COS), que fracasó por el firme rechazo de la CNT. La solidaridad de la CNT, apoyada por las corrientes libertarias, con la huelga de los trabajadores de Roca, por lo que ésta pudo mantenerse más de tres meses, a pesar de la oposición a la huelga de CC.OO. y UGT. La huelga general convocada por la CNT, para todas las empresas del Bajo Llobregat, en apoyo a los trabajadores de Roca.
El segundo montaje, el del Caso Scala, un año después, el 15 de enero de 1978, presenta un escenario distinto: el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa; la misma Brigada de Policía; el mismo confidente Gambín; la connivencia de los hermanos Riba (propietarios del Scala); la destrucción de un edificio de siete plantas; la muerte de cuatro trabajadores; el “embarque” por el confidente de jóvenes libertarios y militantes de la CNT y la FAI; la implicación abierta, política y pública de la CNT por los medios de comunicación y declaraciones institucionales, y el beneplácito de toda la “izquierda” parlamentaria. La finalidad de este montaje ya no es el de “cortar las alas” a la CNT, sino el amenazante dilema: integrarla o aplastarla. En efecto, en el curso de todo el año 1977, la pujanza de la CNT se ha desvelado claramente:
Los primeros mítines multitudinarios convocados por la CNT en Madrid (San Sebastián de los Reyes), la Plaza de Toros de Valencia, la montaña de Montjuïc en Barcelona, con una concurrencia, en su conjunto, de unas 400.000 personas (más del doble de lo conseguido entre CC. OO. y UGT juntas en toda la historia del sindicalismo español).Las Jornadas Libertarias Internacionales en el Parque Güell de Barcelona, convocadas por la CNT, durante una semana, con medio millón de asistentes, situadas por algunos especialistas en el segundo lugar del ranking mundial de actos populares de programación espontánea. La primera huelga de gasolineras, que alcanza un gran nivel “paralizante” de la circulación viaria. La distribución de carnets de afiliación a la CNT alcanza ese año, sólo en Cataluña, la cifra de 140.000.En octubre de 1977, la CNT arrastra a CC. OO. y a UGT, en Barcelona, a una manifestación concurrida por 400.000 trabajadores contra los Pactos de la Moncloa, de inminente firma en aquellos momentos.
La influencia y la capacidad de la CNT, tal como estos hechos demuestran, con el apoyo de las corrientes libertarias, producía la conexión de diversos espacios populares, sociales, laborales y culturales, causando gran pánico a los políticos de derechas y de izquierdas, “arquitectos de la Reforma Pactada”. Éstas son las razones por las que se monta el atentado del Scala. El guion de los hechos, que los tribunales obviaron escandalosamente, prueba la responsabilidad política y práctica de los estamentos oficiales:
La provisión de fondos, para “primeros gastos”, que Gambín recibe el 2 de enero de 1978 de la Brigada de Información desde Madrid.La llegada de Gambín a Barcelona el 11 de enero de 1978, cumpliendo la orden perentoria que le imparte el comisario Manuel Gómez Sandoval, jefe de la Brigada Operativa de Madrid. El contacto de Gambín con su agente de conexión, José María Escudero, 24 horas antes del incendio.El desplazamiento desde Madrid del citado Escudero, el mismo día de los hechos, lo que indica que la operación es supervisada desde Madrid por el “supercomisario” Roberto Conesa. Las declaraciones institucionales, acusatorias contra la CNT, realizadas por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, antes de que hubieran empezado las diligencias judiciales. La circular reservada del ministro del Interior, dirigida personalmente a todos los directores de los medios de comunicación, al objeto de orquestar una campaña contra la CNT.La desaparición —es decir, “la destrucción de pruebas”— de un informe pericial que constataba la existencia de fósforo (material de uso exclusivo del Ejército) en las ruinas del Scala. La negativa a investigar la existencia de varios focos simultáneos, en distintos y distantes puntos del edificio, como causas iniciales del incendio, para impedir que se pudiera probar que el edificio estaba previamente preparado para arder. El encubrimiento estatal y periodístico de que los hermanos Riba habían comprado la sala de Fiestas Scala y la Discoteca 2001 –adjunta a la sala de fiestas- unos meses antes del incendio.La declaración documentada del gobernador civil de Barcelona, José María Belloch Puig, afirmando que se trataba de un “atentado político”, con fecha 18 de enero de 1978, es decir, tres días después de los hechos, al objeto de facilitar a los hermanos Riba el cobro del seguro. Detenido por otros delitos en 1979, Joaquín Gambín Hernández, el confidente, es puesto en libertad a pesar de hallarse en busca y captura por el Caso Scala.
Esta relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el punto de inflexión de una dinámica de represión, políticamente concebida y previamente estudiada en los altos niveles del Gobierno, pues dichos hechos escapan a la competencia exclusiva de un estamento, de una sola brigada o servicio policial, de un sólo magistrado, de un sólo Ministerio. El Caso Scala representa el punto de partida de una línea represiva político-policial “pluridimensional”, que progresivamente, pero directamente, nos conduce al GAL.
Habría que preguntar al Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) y, más concretamente a su entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, al jefe de los Servicios de Información de la época o al entonces jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado: ¿quiénes, cómo y por qué atentaron contra el Scala y asesinaron a cuatro trabajadores? Y habría que preguntar también a toda la izquierda parlamentaria de la época por qué permitió, con su beneplácito, que el Caso Scala fuera atribuido a la CNT y al Movimiento Libertario, cuando tenían plena certeza de que se trataba de un acto indiscutible de terrorismo de Estado.
