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No es ninguna casualidad que en las películas y libros sobre la mafia, muchas de las actividades delictivas de la “cosa nostra” se centren en la captación de suculentos contratos por parte de la Administración Pública y, más en concreto, en la gestión y tratamiento de los residuos urbanos (RSU). En efecto, durante buena parte del siglo XX las basuras han sido un negocio monopolizado tanto en determinadas zonas de Estados Unidos como en las zonas más propensas de Italia: (Sicilia y Nápoles) por empresas de corte mafioso.
Salvando las distancias, y ya más cerca de nuestra vida cotidiana, en el Estado Español tenemos un buen ejemplo de cómo la gestión y tratamiento de los residuos constituyen una actividad muy atractiva para mercantiles ávidas de beneficios que no dudan en usar métodos delictivos para maximizar sus plusvalías. Recientemente, la denominada operación Brugal desarrollada en la Comunidad Valenciana ha dejado patente algunas de estas prácticas. Emparentada con la Operación Gürtel, esta investigación ha destapado los trapicheos ilegales utilizados en la Comunidad Valenciana para adjudicar el servicio de basuras en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante). Varias empresas del sector pujaron ofreciendo favores y sobornos a los políticos implicados en la toma de decisiones en una auténtica subasta ilegal.
Por suerte un empresario grabó conversaciones telefónicas muy comprometedoras con concejales y directivos varios, acabando muchos de ellos detenidos e imputados, entre ellos el Presidente de la Diputación de Castellón, o el máximo accionista del Hércules CF (lo que ha sacado a luz una trama de sobornos deportivos, buscar en Diagonal el artículo al respecto).
Los sujetos que pujaban en esta particular subasta no eran bandas mafiosas sino algunas de las empresas más potentes del sector de la construcción y de la obra pública de España, Urbaser, Acciona, Fomento, Construcciones y Contratas (FCC) y otras Uniones Temporales de Empresas.
Los nocivos efectos de la privatización de los servicios públicos (a lo que habría que sumar la desastrosa planificación y desgobierno de las Diputaciones, Ayuntamientos e Instituciones Autonómicas) se hacen visibles en un sector como el de las basuras que mueve cientos de millones de euros y que nos afecta muy cerca a la ciudadanía.
De hecho, una de las empresas involucradas en el caso BRUGAL fue URBASER, empresa vinculada a ACS y Florentino Pérez, que según las conversaciones pinchadas llegó a ofrecer tres millones de euros en pago de comisiones a tres políticos por la adjudicación del Servicio de Basuras de Alicante. Casualmente esta empresa junto a Fomento Construcciones y Contratas (FCC) –mercantil controlada por Esther Koplowitz– forman la Unión Temporal de Empresas UTE LEGIO VII. Esta UTE tiene una particular leyenda negra en la Comunidad Autónoma de Castilla y León: explotación de trabajadores, vertederos ilegales, oscurantismo y muchas incógnitas, que dejamos para la próxima entrega de esta sección. Permanecer atentos.
Extraído de la revista El Insolente
Puedes descargarte la revista completa o leer los artículos directamente en la web
www.elinsolente.wordpress.com
http://castillayleon.juventudes.org
Salvando las distancias, y ya más cerca de nuestra vida cotidiana, en el Estado Español tenemos un buen ejemplo de cómo la gestión y tratamiento de los residuos constituyen una actividad muy atractiva para mercantiles ávidas de beneficios que no dudan en usar métodos delictivos para maximizar sus plusvalías. Recientemente, la denominada operación Brugal desarrollada en la Comunidad Valenciana ha dejado patente algunas de estas prácticas. Emparentada con la Operación Gürtel, esta investigación ha destapado los trapicheos ilegales utilizados en la Comunidad Valenciana para adjudicar el servicio de basuras en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante). Varias empresas del sector pujaron ofreciendo favores y sobornos a los políticos implicados en la toma de decisiones en una auténtica subasta ilegal.
Por suerte un empresario grabó conversaciones telefónicas muy comprometedoras con concejales y directivos varios, acabando muchos de ellos detenidos e imputados, entre ellos el Presidente de la Diputación de Castellón, o el máximo accionista del Hércules CF (lo que ha sacado a luz una trama de sobornos deportivos, buscar en Diagonal el artículo al respecto).
Los sujetos que pujaban en esta particular subasta no eran bandas mafiosas sino algunas de las empresas más potentes del sector de la construcción y de la obra pública de España, Urbaser, Acciona, Fomento, Construcciones y Contratas (FCC) y otras Uniones Temporales de Empresas.
Los nocivos efectos de la privatización de los servicios públicos (a lo que habría que sumar la desastrosa planificación y desgobierno de las Diputaciones, Ayuntamientos e Instituciones Autonómicas) se hacen visibles en un sector como el de las basuras que mueve cientos de millones de euros y que nos afecta muy cerca a la ciudadanía.
De hecho, una de las empresas involucradas en el caso BRUGAL fue URBASER, empresa vinculada a ACS y Florentino Pérez, que según las conversaciones pinchadas llegó a ofrecer tres millones de euros en pago de comisiones a tres políticos por la adjudicación del Servicio de Basuras de Alicante. Casualmente esta empresa junto a Fomento Construcciones y Contratas (FCC) –mercantil controlada por Esther Koplowitz– forman la Unión Temporal de Empresas UTE LEGIO VII. Esta UTE tiene una particular leyenda negra en la Comunidad Autónoma de Castilla y León: explotación de trabajadores, vertederos ilegales, oscurantismo y muchas incógnitas, que dejamos para la próxima entrega de esta sección. Permanecer atentos.
Extraído de la revista El Insolente
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