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La historia de la lucha de Puerto Rico por su independencia, una de las más heroicas del pasado siglo, es desconocida e ignorada porque la potencia colonial que la tiene sometida es Estados Unidos. La colonización se teje con silencio.
Tras la guerra de 1898 contra España, mientras Cuba logró su independencia, Puerto Rico fue colonizada por Estados Unidos. Una de las islas puertorriqueñas, Vieques, pasó a depender directamente de la Armada de Estados Unidos, siendo ocupada durante más de 60 años (1940-2003) y convertida en un campo de tiro para experientar toda clase de armas: napalm, balas revestidas de uranio y sustancias químicas.
La Marina contaminó e intoxicó a la población con metales pesados. Se arrojaron más de 25.000 bombas cada año, quedando aún miles de ellas todavía en el suelo y en el lecho marino porque, según estimaciones, entre un 5 y un 15 por ciento no detonaron al caer y se oxidaron liberando tóxicos.
En 1952 la isla pasó a formar parte de Puerto Rico y después de una prolongada lucha de sus habitantes, Bush evacuó a la Marina de Guerra en 2003. Algunos años antes, en 1997, un periódico interno de la Armada había reconocido el uso de napalm en la isla y dos años después admitió también haber disparado por lo menos 267 granadas con ojivas de uranio en la isla.
Las protestas populares llegaron a la prensa e investigadores independientes comprobaron la intoxicación de los habitantes con metales pesados y la alta incidencia de lupus, cáncer, telarquia precoz, dermatitis y enfermedades mentales. Los análisis de los cabellos y heces fecales de niños y ancianos demostraron, en la mitad de los casos estudiados, altas concentraciones de antimonio, mercurio y uranio, entre otros metales pesados. Apareció un caso de deformaciones congénitas en un niño de 18 meses que en sus heces fecales presentó una concentración elevada de uranio que sólo pudo entrar en su cuerpo a través de la leche materna o la placenta.
El suelo y los alimentos también estaban contaminados. En 2000 el Departamento de Salud de Puerto Rico reconoció que de 1990 a 1994 la incidencia del cáncer en Vieques fue un 27 por ciento superior al resto de Puerto Rico, alcanzando un nivel de alerta. Ese mismo año 200 afectados reclamaron judicialmente contra de la Marina de Estados Unidos, exigiendo indemnizaciones por cáncer y otras enfermedades crónicas causadas por las bombas químicas y la contaminación ambiental como consecuencia de las maniobras navales en la isla.
Ante la alarmante situación sanitaria de la isla, la población exigió una investigación de la Agencia Federal para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades, que concluyó en 2002 afirmando que Vieques estaba limpio de metales pesados tóxicos. Kevin Green, contralmirante de la Armada dijo que la alta incidencia de cáncer era “una presunción política, no científica”.
En el 2006 el Departamento de Salud comprobó la intoxicación de los viequenses con metales pesados pero calificó su investigación como secreta y se la remitió a la referida Agencia. Sin embargo, nuevas evidencias seguidas de las correspondientes presiones populares forzaron a la Agencia a reabrir una investigación sobre la que ya habían recaído sospechas de manipulación y fraude en otras encuestas que se le habían encomendado, entre ellas la que había emprendido sobre el huracán Katrina.
La nueva investigación se reabrió en octubre del año pasado con la intervención de los investigadores independientes que habían denunciado la situación sanitaria de la población, más 25 toxicólogos de diferentes universidades de Estados Unidos, a quienes Howard Frumkim, presidente de la Agencia, entregó una copia del informe secreto que había recibido tres años antes. El 13 de noviembre de 2009 Frumkim remitió un comunicado al New York Times aceptando los “errores” de la investigación anterior y poco después dimitió de su cargo.
Si durante medio siglo -por lo menos- han estado intoxicando a la población puertorriqueña, la situación de los presos políticos ha sido aún peor, siendo utilizados como cobayas humanas por los colonialistas. En 1951 el dirigente independentista Pedro Albizu Campos denunció desde la cárcel de La Princesa de San Juan que estaba siendo sometido a radiaciones y que los estadounidenses utilizaban Puerto Rico como un laboratorio de guerra bacteriológica. El abogado y psiquiatra forense Jay Katz comprobó la veracidad de los documentos aportados por el periodista puertorriqueño Pedro Aponte Vázquez, que ha dedicado su vida profesional a investigar el asesinato de Pedro Albizu en las cárceles norteamericanas.
Tras la guerra de 1898 contra España, mientras Cuba logró su independencia, Puerto Rico fue colonizada por Estados Unidos. Una de las islas puertorriqueñas, Vieques, pasó a depender directamente de la Armada de Estados Unidos, siendo ocupada durante más de 60 años (1940-2003) y convertida en un campo de tiro para experientar toda clase de armas: napalm, balas revestidas de uranio y sustancias químicas.
La Marina contaminó e intoxicó a la población con metales pesados. Se arrojaron más de 25.000 bombas cada año, quedando aún miles de ellas todavía en el suelo y en el lecho marino porque, según estimaciones, entre un 5 y un 15 por ciento no detonaron al caer y se oxidaron liberando tóxicos.
En 1952 la isla pasó a formar parte de Puerto Rico y después de una prolongada lucha de sus habitantes, Bush evacuó a la Marina de Guerra en 2003. Algunos años antes, en 1997, un periódico interno de la Armada había reconocido el uso de napalm en la isla y dos años después admitió también haber disparado por lo menos 267 granadas con ojivas de uranio en la isla.
Las protestas populares llegaron a la prensa e investigadores independientes comprobaron la intoxicación de los habitantes con metales pesados y la alta incidencia de lupus, cáncer, telarquia precoz, dermatitis y enfermedades mentales. Los análisis de los cabellos y heces fecales de niños y ancianos demostraron, en la mitad de los casos estudiados, altas concentraciones de antimonio, mercurio y uranio, entre otros metales pesados. Apareció un caso de deformaciones congénitas en un niño de 18 meses que en sus heces fecales presentó una concentración elevada de uranio que sólo pudo entrar en su cuerpo a través de la leche materna o la placenta.
El suelo y los alimentos también estaban contaminados. En 2000 el Departamento de Salud de Puerto Rico reconoció que de 1990 a 1994 la incidencia del cáncer en Vieques fue un 27 por ciento superior al resto de Puerto Rico, alcanzando un nivel de alerta. Ese mismo año 200 afectados reclamaron judicialmente contra de la Marina de Estados Unidos, exigiendo indemnizaciones por cáncer y otras enfermedades crónicas causadas por las bombas químicas y la contaminación ambiental como consecuencia de las maniobras navales en la isla.
Ante la alarmante situación sanitaria de la isla, la población exigió una investigación de la Agencia Federal para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades, que concluyó en 2002 afirmando que Vieques estaba limpio de metales pesados tóxicos. Kevin Green, contralmirante de la Armada dijo que la alta incidencia de cáncer era “una presunción política, no científica”.
En el 2006 el Departamento de Salud comprobó la intoxicación de los viequenses con metales pesados pero calificó su investigación como secreta y se la remitió a la referida Agencia. Sin embargo, nuevas evidencias seguidas de las correspondientes presiones populares forzaron a la Agencia a reabrir una investigación sobre la que ya habían recaído sospechas de manipulación y fraude en otras encuestas que se le habían encomendado, entre ellas la que había emprendido sobre el huracán Katrina.
La nueva investigación se reabrió en octubre del año pasado con la intervención de los investigadores independientes que habían denunciado la situación sanitaria de la población, más 25 toxicólogos de diferentes universidades de Estados Unidos, a quienes Howard Frumkim, presidente de la Agencia, entregó una copia del informe secreto que había recibido tres años antes. El 13 de noviembre de 2009 Frumkim remitió un comunicado al New York Times aceptando los “errores” de la investigación anterior y poco después dimitió de su cargo.
Si durante medio siglo -por lo menos- han estado intoxicando a la población puertorriqueña, la situación de los presos políticos ha sido aún peor, siendo utilizados como cobayas humanas por los colonialistas. En 1951 el dirigente independentista Pedro Albizu Campos denunció desde la cárcel de La Princesa de San Juan que estaba siendo sometido a radiaciones y que los estadounidenses utilizaban Puerto Rico como un laboratorio de guerra bacteriológica. El abogado y psiquiatra forense Jay Katz comprobó la veracidad de los documentos aportados por el periodista puertorriqueño Pedro Aponte Vázquez, que ha dedicado su vida profesional a investigar el asesinato de Pedro Albizu en las cárceles norteamericanas.
