Udalbiltzako auziperatuak errugabetuta/Encausados de Udalbiltza absueltos

http://www.gara.net/azkenak/01/244198/es/Absueltos-todos-ciudadanos-vascos-juzgados-Udalbiltza

A ver qué dirán los órganos de prensa del terrorismo de estado que decían que ese era "un juicio al entorno de ETA".

Es una buena noticia, pero es triste que tengamos que celebrar el resultado de un juicio que nunca debió existir. Y lo que es peor, ¿quién pagará por aquellas personas que sufrieron prisión por este sumario y hoy han sido absueltas?

El problema es que el gobierno echa 10 palazos de cal, por cada uno de arena.

Lo triste también es que seguramente sin el proceso de paz abierto los encausados de Urdalbiltza hubiesen sido decñlarados culpables...una muestra maś de la independencia judicial española.

¿Y se clausuraran aquellos órganos de propagada en los que se llamaba a la caza político-judicial de los encausados por ser "del entorno de ETA"? ¡¡PRISA apunta, RuGALcaba dispara!!

A ver cuánto tarda en decir algún tontolculo que ésta sentencia demuestra que no hay ninguna "represión política" ya que "solo se persigue a lo que es ETA y sun entorno".

Absueltos todos los ciudadanos vascos juzgados por Udalbiltza

La Audiencia Nacional española afirma que en "un Estado democrático quedan fuera del ámbito penal la acción política y las opiniones y manifestaciones ideológicas, gusten éstas o no, sean mayoritaria o minoritarias, sean compartidas o no" y absuelve a los ciudadanos vascos procesados y juzgados por el sumario abierto contra Udalbiltza.


Sentencia íntegra (240kb)

Voto particular (12kb)

Entrevista a Xarlo Etxezaharreta en Kazeta.info



Absueltos por el sumario abierto contra Udalbiltza
posan antes de la rueda de prensa en Bilbo.



La fotografía de Xabier Alegria, que actalmente
está preso por el sumario 18/98 ha estado presente
en la rueda de prensa de los absueltos.


La Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a Loren Arkotxa, Xabier Iragorri, Joseba Garmendia, Juan Carlos Alduntzin, Maribi Ugarteburu, Lander Etxebarria, Ibon Arbulu, Expe Iriarte, Eider Casanova, Imanol Esnaola, Larraitz Sanzberro, Karmele Urbistondo, Miren Josu Aranburu, Urko Irastorza, Miren Odriozola, Oskar Goñi, Txema Jurado, Jasone Astibia, Leire Idoiaga, Xabier Alegria y Miriam Campos, para quienes, en su mayoría, el fiscal pedía diez años de cárcel.

El fallo contiene un voto particular del magistrado Ramón Saéz Valcárcel, quien muestra su acuerdo con "todos los pronunciamientos" de la sentencia, salvo con la referida a las costas declaradas de oficio que, a su juicio, debe de imponerse a la acción popular ejercida por Dignidad y Justicia.

La sentencia considera que la tesis de la acusación "queda reducida" a la coincidencia o adhesión ideológica de los procesados con "algunos de los objetivos políticos que los terroristas proclaman como justificación de su conducta criminal, lo que, por sí, no constituye delito alguno" y "sería suficiente para dictar sentencia absolutoria".

Subraya que en "un estado democrático quedan fuera del ámbito penal la acción política y las opiniones y manifestaciones ideológicas, gusten o no, sean mayoritarias o minoritarias, sean compartidas o no. Y lo hace incluso –agrega– cuando éstas repugnen a la inmensa mayoría, como ocurre con el silencio o la falta de condena de los atentados terroristas".

En el análisis de las "imputaciones individuales", la sentencia toma en cuenta que los procesados negaron que Udalbiltza estuviera bajo el control de ETA y que los policías que comparecieron en la vista declararon que "no se hizo una investigación personal sobre cada procesado, sino sólo en los casos en que fue solicitado por el juez, de modo que en realidad todas las acusaciones dependen de que se afirmara la dependencia Udalbiltza-ETA y el control de aquella por ésta".

Constituida a principios de 1999 fue recabando adhesiones y en setiembre concitó 1.778 cargos electos en el Palacio Euskalduna de Bilbo en 1999. El 29 de abril de 2003 el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre de las sedes de la primera institución nacional de Euskal Herria y la detención de muchos de los que después fueron juzgados en la Audiencia Nacional española.

Desde el banquillo de los acusados, subrayaron siete años después que la primera institución nacional nació para trabajar en favor de Euskal Herria y en la clausura del juicio confiaron en la absolución para seguir trabajando.


GARA

Yo aun así tengo una suposición "perversa": ¿No será que sacando a éstos (que de los juicios era de los más absurdos) y dando más de palos a SEGI se intenten agudizar la contradicción entre la línea Zutik (entreguista según los críticos) y la línea "dura" (Inmovilista según los Zutik)? En plan a éstos les damos porque son ETA sin ninguna duda, a los otros les dejamos. A ver qué dirán aralar, EA y compañía de ésto.

La solución mantenernos unidos. Celebramos que no vayan al trullo (no su absolución, ya que absolución es una categoría jurídica, y ese juicio no debería haberse producido), pero recordemos que el juicio no debería haberse producido, que el juicio era inválido desde el minuto uno. El juicio ha sido un instrumento político de ésta "justicia" de mierda.

Por otra parte, aprovecho para cagarme en Garzón, juez orgánico e ideólogo de toda esta puta mierda, y en su cohorte de progres, tan hijos de puta como él.

Udalbiltza reclamará el reinicio de su actividad y los fondos confiscados

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, puso el acento ayer en que la absolución de Udalbiltza «no influye» sobre la legalización o no de la izquierda abertzale. Sin embargo, en 2003 la operación policial –ahora desmontada por la propia Audiencia Nacional– fue utilizada como elemento clave para ejecutar las primeras prohibiciones de candidaturas electorales. Se argumentó como prueba que los detenidos tenían documentos o pegatinas de AuB.


Repasando la hemeroteca de aquellas jornadas frenéticas de primeros de mayo de 2003, en que se apartó de la carrera electoral por vez primera a 241 candidaturas vascas, se encuentran frases auténticamente premonitorias. El abogado Kepa Landa comparaba la carrera para forzar ilegalizaciones de listas con una película de los hermanos Marx. Y Joxerra Etxebarria, candidato de Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), denunciaba ante los juzgados de Bilbo que «esta prohibición ha sido un cocidito madrileño: ellos se lo guisan y ellos se lo comen».

Efectivamente, tras la absolución de los acusados de Udalbiltza ha quedado probada su denuncia pública de que aquella redada se había realizado como instrumento añadido para forzar el primer veto electoral contra la izquierda abertzale. Un veto que, a su vez, ha alimentado posteriores prohibiciones a través de argumentos como la repetición de personas en las diferentes listas.

La operación contra Udalbiltza fue desencadenada sólo un par de días antes de que concluyera el plazo para impugnar listas. Rápidamente se difundió que a algunos detenidos se les habían incautado documentos, pegatinas o carteles relacionados con las listas sospechosas, lo que se esgrimía como prueba de cargo definitiva toda vez que a los arrestados se les catalogaba sin duda como miembros de ETA. De hecho, el juez Baltasar Garzón los encarceló al día siguiente, sin agotar esta vez el plazo de incomunicación. Y al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado daba a conocer que utilizaría esos autos de prisión para impugnar listas.

El Tribunal Supremo hizo suyos esos argumentos, con ejemplos como éste: la candidatura de la izquierda abertzale en la capital navarra (Iruñea Berria) fue vetada con el argumento de que «la candidata número uno ha sido miembro de la Ejecutiva Nacional de Udalbiltza». Ahora, ocho años más tarde, Expe Iriarte ha quedado absuelta, como todos sus compañeros. La Audiencia Nacional ha sentenciado que formar parte de Udalbiltza no suponía ser «terrorista», sino sólo abertzale.

El Constitucional confirmó el veto del Supremo, con algunas excepciones concretas, entrada ya la campaña electoral. Pero antes de que dieran las 0.00 del 9 de mayo, hubo otro detalle significativo: en una orden derivada de la redada contra Udalbiltza, Garzón ordenó registrar una imprenta de Iruñea en busca de papeletas de AuB. Fue otro ataque destinado a facilitar la ilegalización de listas por vía de hechos consumados y que, según la sentencia conocida anteayer, no tenía base alguna.

Rubalcaba y Rodríguez

Quizás porque es consciente de esta historia, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de ayer Rubalcaba insistió en defender que la sentencia «no influye» en la legalización o no de la izquierda abertzale.

«Aquí lo que hay es un partido ilegal, Batasuna, porque los tribunales han dicho que forma parte de ETA. Si quiere volver a ser legal, tiene que demostrar que ya no forma parte de ETA», reiteró Rubalcaba. En relación concreta al fallo firmado por el juez Javier Gómez Bermúdez, dijo que el Ejecutivo «la respeta y acata, o la acata y respeta», y rechazó que se hagan interpretaciones políticas sobre el mismo.

En Euskal Herria, el parlamentario del PSE Óscar Rodríguez escribió en su blog que «es una buena noticia». Y destacó este párrafo del fallo: «En un estado democrático quedan fuera del ámbito penal la acción política y las manifestaciones ideológicas (...) incluso cuando repugnen a la inmensa mayoría, como ocurre con el silencio o la falta de condena de atentados».


Siete años de cárcel para Unai Hernández por el 18/98

Un día después de conocerse la absolución del «caso Udalbiltza» se hizo pública una nueva condena por otro macrosumario ya sentenciado incluso en el Tribunal Supremo: el 18/98. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y un día de prisión a Unai Hernández Sistiaga, para el que la Fiscalía pedía ocho años tras la conclusión de la vista.

Hernández no fue juzgado en el macroproceso que se celebró en la Casa de Campo de Madrid entre noviembre de 2005 y marzo de 2007 porque no compareció. Más tade fue detenido en el Estado francés y, tras aplicarle una euroorden, se le juzgó finalmente por este caso entre los días 15 y 19 de noviembre pasados.

Llegó a la vista oral con una petición de quince años de cárcel, que luego la fiscal, Dolores Delgado, rebajó hasta ocho afirmando que quería así ajustarla al dictamen final del Supremo para el resto de los procesados.

Unai Hernández, vecino de Santurtzi, fue juzgado junto a Pello Sánchez en esta vista oral separada. Se le condena por relación con ETA a través de la pertenencia a la organización Ekin.



GARA

Tasio en GARA (21-01-2011)