“
El baile rojo”, de
Yezid Campos, se puede
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Texto publicado en
2011 en la
web Marxismo crítico sobre
El baile rojo:
El título del filme proviene del nombre con el que se conoció la operación de exterminio contra la llamada Unión Patriótica (UP), un movimiento legal izquierdista propuesto en 1984 por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como salida política a la guerra civil.
El documental de Yezid Campos va en busca del premio Palmarés 2004 a Grandes Reportajes del Festival Internacional de Programas Audiovisuales, en el festival que se realizará desde este martes y hasta el 25 de este mes en la sudoccidental ciudad francesa Biarritz.
En esa obra se muestran los testimonios de 25 víctimas sobrevivientes de nueve casos, entre 3.000 que han sido contabilizados por Reiniciar, una organización no gubernamental que lleva la causa colectiva de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Campos, un antropólogo y documentalista colombiano sin vínculos con sectores políticos, decidió abordar el tema “por hacer algo por el país y expresar la angustia que estoy sintiendo”, según explicó a IPS.
“El baile rojo” fue exhibido a mediados de diciembre en Bogotá, junto con un libro del mismo título que recoge, completos, los mismos testimonios del filme de una hora de duración.
La UP surgió como parte de los acuerdos de paz alcanzados en marzo de 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC y debía servir de herramienta para que esta mayor fuerza guerrillera del país dejara las armas que había levantado 20 años atrás contra el Estado. De ese modo era la vía para vincularse a la vida civil y a la actividad política legal.
En un ambiente de optimismo y esperanza, reconocidos líderes políticos propiciaron la conformación de la UP mediante alianzas con movimientos regionales de distintas tendencias. A la UP ingresó el Partido Comunista, que tenía presencia nacional, por ejemplo, y los guerrilleros participaban en reuniones públicas donde explicaban los propósitos de la UP.
Así, la nueva agrupación logró en la primera y exitosa incursión electoral en 1986 poner 14 representantes suyos en el Congreso legislativo, entre ellos dos comandantes de las FARC, 18 diputados para 11 asambleas departamentales (cuerpos legislativos regionales) y 335 concejales municipales para 187 ciudades y pueblos.
Ese mismo año, el ex magistrado Jaime Pardo Leal alcanzó, con su candidatura presidencial por la UP, la votación más alta obtenida hasta entonces en Colombia por un partido diferente a los tradicionales Liberal o Conservador.
Pero el experimento de paz fue truncado mediante la eliminación física lisa y llana de los militantes upecistas, algunos en asesinatos colectivos, otros en ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos de manera forzada, enjuiciamientos penales infundados, atentados y amenazas de todo tipo.
“La muerte abrió la ventana hacia la oscuridad”, dice en entrevista para el filme Jahel Quiroga, directora de Reiniciar. Los asesinatos se cometieron de modo preferente en regiones donde la UP contaba con las mayorías electorales.
Sólo a fines de 1986 ya habían caído asesinados tres congresistas, un diputado, 11 concejales, un magistrado, 61 líderes políticos, 69 militantes de base, 24 guerrilleros que se habían acogido a la tregua y 34 simpatizantes.
Los portavoces del movimiento señalaron reiteradamente, de manera pública y ante organismos estatales, la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas y de sus aliados, los paramilitares derechistas, en esos asesinatos.
La matanza llevó, a fines de 1987, al rompimiento de la tregua por parte de las FARC, que renunciaron a desmovilizarse y se retiraron de la UP. Entonces el aniquilamiento continuó y en 1993 Reiniciar ya documentaba 1.163 ejecuciones extrajudiciales, 1.234 desapariciones, 43 sobrevivientes de atentados y 225 personas amenazadas de muerte.
Pardo Leal fue asesinado en octubre de 1987 y su sucesor en la candidatura presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, sucumbió en un atentado en marzo de 1990.
Fue tan grave la desarticulación física de la UP, que el reportaje cinematográfico de Campos rescata informaciones que constituyen una primicia incluso para los cercanos a esa organización política.
Aunque hoy se calcula en 3000 la cantidad de personas asesinadas o desaparecidas y en unos 1.000 más los amenazados y sobrevivientes de atentados, “desde el punto de vista humano los damnificados son millones, si se tienen en cuenta el entramado familiar y los allegados que sufrieron las pérdidas”, comentó Campos a IPS.
En 2002, la UP perdió la posibilidad de participar en elecciones, cuando el Consejo Nacional Electoral dispuso la extinción legal del movimiento debido a que incumplía los requisitos de ley, al no acreditar 50.000 votos y no obtener representación en el Congreso.
Pero los crímenes no cesaron. Entre 2000 y el año pasado se agregaron a la cuenta 26 desapariciones forzadas y 89 asesinatos de personas vinculadas a la UP. De ellos, “30 han sido muertos y 17 han sido desaparecidos durante el gobierno de Alvaro Uribe”, iniciado en agosto de 2002, aseguró Quiroga a IPS.
Además, en lo que va de gobierno Uribe “decenas han sido encarcelados en poblaciones que están siendo estigmatizadas por ser regiones de tradicional influencia comunista”, agregó.
Para realizar “El baile rojo”, Campos buscó a los sobrevivientes de la UP en el exilio en España, Suecia y Suiza, así como en la propia Colombia. En su búsqueda de testimonios encontró que algunos ya no querían recordar, “otros que han perdido la razón y otros que viven en el silencio huyendo del terror”.
También confirmó que la respuesta de algunos que estaban en la mira fue pasar a la insurgencia. “Estoy vivo porque me vine para la guerrilla”, dijo a esta corresponsal en septiembre de 2001 el combatiente que se hace llamar Andrés París, un ex dirigente estudiantil en los 70 y luego líder de UP.
“Con muchos de los demás compañeros (comandantes guerrilleros actuales) ocurrió igual”, agregó.
“Fue mucho peor de lo que yo pensaba, porque lo que encontré es prácticamente un genocidio sistemático, planificado, y los gobiernos no hicieron nada para detenerlo. La impunidad casi es total”, dijo Campos a IPS. En un informe del Defensor del Pueblo de 1992 se documenta 717 asesinatos de miembros de la UP entre 1985 y 1992. Sólo 10 de esos casos habían sido juzgados, y de éstos seis culminaron con sentencia absolutoria. La situación de impunidad no ha mejorado hasta hoy. “Es un caso aberrante de intolerancia”, agregó Campos, para quien el exterminio de la UP refleja “un comportamiento y una práctica política de carácter totalitario”, que impone sus intereses y puntos de vista recurriendo a “la exclusión extrema del otro mediante su aniquilación, su desaparición, su silenciamiento y su condena al olvido”.
Campos encontró que la mayoría de los entrevistados “no quieren venganza. Quieren que su dolor no se olvide y, ante todo, entender qué pasó”.
“En Colombia tenemos miles de muertos que no pasan de ser una estadística. Pero esos muertos tenían rostro, sueños, familia, dolientes. Hay que rescatar la memoria de estos muertos. La memoria es vital para reconstruir a Colombia”, añadió.
Para Campos, “nuestros gobiernos y quienes detentan el poder no quieren recordar, y no quieren saber lo que ocurre, porque la realidad es la mejor prueba de su incapacidad”.
“Uno empieza a ver que la supuesta normalidad en la que aparenta vivir la sociedad colombiana es aberrante”, dijo Campos, quien percibe este drama como “un holocausto”.
El exterminio de la UP “no es sólo una afrenta a Colombia sino a la civilización, pues la humanidad no puede aceptar lo que está ocurriendo en Colombia porque es una afrenta contra ella”, precisó.
“No hice este reportaje para avivar odios sino para que la gente sepa qué esto está ocurriendo en Colombia. Para que entienda que por este camino no podemos seguir si queremos sobrevivir como sociedad”, apuntó el cineasta, para quien “El baile rojo” es “un material valioso para aprender a respetar las ideas ajenas”.
En “El baile rojo”, Campos entrevista también a Eric Sottas, director de la Organización Mundial contra la Tortura, quien indica que el intento de “aniquilar a un grupo político entero” es un crimen que “todavía no tiene una tipificación clara a nivel internacional”.
“La ecuación que conocíamos, es decir que ’democracia’ significaba hasta cierto punto ’respeto a los derechos humanos’, no funcionó en Colombia”, donde “han aumentado más y más las eliminaciones selectivas”, advirtió Sottas.
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