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Las tres hijas del general chileno Carlos Prats, asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en 1974 en Buenos Aires por la policía secreta de Augusto Pinochet, demandaron hoy al Estado chileno y a los autores por quince millones de dólares, informaron fuentes del caso.
Se trata de una demanda solidaria, que se tramita en la justicia civil e incluye a los condenados por el doble crimen y al Estado, explicó a Efe el abogado Luciano Fouilloux, que patrocina la demanda.
Antecesor de Pinochet en la jefatura del Ejército y contrario al golpe militar de 1973, Prats se exilió en Buenos Aires, donde el 30 de septiembre de 1974 murió junto a su esposa por la explosión de una bomba instalada en su automóvil.
La resolución rebajó los fallos de primera y segunda instancia,que habían condenado a ambos a dos cadenas perpetuas por los homicidios más otros 20 años por asociación ilícita.
Además el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el exbrigadier José Zara y los coroneles Cristoph Willeke y Juan Morales Salgado fueron condenaos a quince años y un día de prisión por los homicidios y cien días por asociación ilícita.
Todos ellos encuentran en prisión por otras condenas vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura.
La escritora Mariana Callejas, que según el expediente fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba, fue condenada a cinco años de prisión que cumple en régimen de libertad vigilada.
Por su parte, el civil Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, y el ex suboficial Reginaldo Valdés Alarcón deben cumplir, también en libertad vigilada, cinco años de prisión y 541 días de presidio menor, respectivamente, como cómplices.
“Quedamos huérfanas y mutiladas afectivamente para siempre. A nuestros asesinados padres se les privó del derecho de ejercer como abuelos de nuestros hijos y a estos últimos del privilegio que por regla general todo nieto tiene”, señala la demanda civil de Sofía, Angélica y Cecilia Prats Cuthbert.
Para el abogado Fouilloux, sería interesante que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) “considerara en su mérito el daño ocasionado por agentes del propio Estado en un acto de esta magnitud”.
La demanda, añadió, supone para las hijas “cerrar el círculo del asesinato de sus padres, en el marco de un juicio civil en función de la calidad de funcionarios públicos que tenían los autores”.
Recordó que Contreras y toda la cúpula de la DINA contaron “con apoyo estatal, logístico, monetario, operativo y bajo las instrucciones políticas de quienes administraban el Estado en aquel entonces”, concluyó.
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Las tres hijas del general chileno Carlos Prats, asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en 1974 en Buenos Aires por la policía secreta de Augusto Pinochet, demandaron hoy al Estado chileno y a los autores por quince millones de dólares, informaron fuentes del caso.
Se trata de una demanda solidaria, que se tramita en la justicia civil e incluye a los condenados por el doble crimen y al Estado, explicó a Efe el abogado Luciano Fouilloux, que patrocina la demanda.
Antecesor de Pinochet en la jefatura del Ejército y contrario al golpe militar de 1973, Prats se exilió en Buenos Aires, donde el 30 de septiembre de 1974 murió junto a su esposa por la explosión de una bomba instalada en su automóvil.
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La resolución rebajó los fallos de primera y segunda instancia,que habían condenado a ambos a dos cadenas perpetuas por los homicidios más otros 20 años por asociación ilícita.
Además el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el exbrigadier José Zara y los coroneles Cristoph Willeke y Juan Morales Salgado fueron condenaos a quince años y un día de prisión por los homicidios y cien días por asociación ilícita.
Todos ellos encuentran en prisión por otras condenas vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura.
La escritora Mariana Callejas, que según el expediente fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba, fue condenada a cinco años de prisión que cumple en régimen de libertad vigilada.
Por su parte, el civil Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, y el ex suboficial Reginaldo Valdés Alarcón deben cumplir, también en libertad vigilada, cinco años de prisión y 541 días de presidio menor, respectivamente, como cómplices.
“Quedamos huérfanas y mutiladas afectivamente para siempre. A nuestros asesinados padres se les privó del derecho de ejercer como abuelos de nuestros hijos y a estos últimos del privilegio que por regla general todo nieto tiene”, señala la demanda civil de Sofía, Angélica y Cecilia Prats Cuthbert.
Para el abogado Fouilloux, sería interesante que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) “considerara en su mérito el daño ocasionado por agentes del propio Estado en un acto de esta magnitud”.
La demanda, añadió, supone para las hijas “cerrar el círculo del asesinato de sus padres, en el marco de un juicio civil en función de la calidad de funcionarios públicos que tenían los autores”.
Recordó que Contreras y toda la cúpula de la DINA contaron “con apoyo estatal, logístico, monetario, operativo y bajo las instrucciones políticas de quienes administraban el Estado en aquel entonces”, concluyó.
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