Las FARC.

Todo lo que debe saber sobre la salida de los adolescentes de las FARC-EP
MARCHA PATRIÓTICA 29 JANUARY 2017


La Mesa de diálogos de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional ha tocado todo tipo de fibras en la sociedad colombiana; los más de cuatro años de negociación estuvieron atravesados por momentos de esperanza, incertidumbre, temor, dolor y perdón. La votación del plebiscito polarizó el país en dos bandos y por varios meses los colombianos fueron fácilmente clasificables entre los que votaban “SÍ” al Acuerdo Final, los que le decían “NO” al documento y un último grupo, victorioso en el plebiscito, que se abstenía de dar opinión alguna.

Pero existe un tema que parece haber unificado criterios y ante el cual todas las fuerzas políticas han encontrado consenso: Es urgente definir el destino de los menores de edad que aún hacen parte de las filas de las FARC-EP. Sin embargo, el consenso es limitado y este tema, como todos los que han pasado por la mesa de negociaciones, ha estado sujeto a la interpretación que cada sector político ha hecho en función de sus intereses.

Recientemente, el Senado de la República ha amenazado con no continuar el proceso legislativo para la Paz hasta que todos los menores de edad se encuentren reincorporados a la vida civil. ¿Qué hay detrás de ello? ¿Las FARC han incumplido con la entrega de los menores? ¿En qué va el proceso?

Desde Marcha Patriótica le presentamos esta guía para entender qué es lo que está pasando al respecto.

1. LO ACORDADO

El compromiso de entrega de menores fue pactado en la Mesa de Negociaciones y notificado a lo sociedad colombiana a través de los Comunicados Conjuntos #70 (Ver aquí) y 77 (Ver aquí) en los que se especifica que saldrán de las filas de las FARC-EP, en un primer momento, los menores de quince años y que, en un segundo momento, se construirá una hoja de ruta para la salida de los adolescentes entre los 15 y los 18 años, así como un Programa Integral para su reincorporación a la vida civil.

Tanto el protocolo de salida como el Programa Integral tienen como principios rectores el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos su derecho a participar activamente en las decisiones que les afecten, el reconocimiento de su condición de víctimas y un enfoque comunitario para que la reincorporación a la vida civil incluya la solución a las condiciones estructurales por las que el menor ingresó a las FARC (acceso a vivienda, salud, educación), además del enfoque de género que priorizará los derechos de las adolescentes.

Por su parte, las FARC EP se comprometieron a no reclutar más menores, entregar información detallada de los adolescentes que se encuentren en sus filas para garantizar su acceso al Programa Integral y a informar del Acuerdo a la guerrillerada, con el fin de que todos los Frentes estuviesen comprometidos y facilitaran la salida de los menores.

El gobierno acordó conformar una Mesa Técnica con la participación de la Cruz Roja Internacional, la UNICEF, la OIM y tres organizaciones sociales o especializadas para encargarse de diseñar el protocolo de salida (1) y el Plan Integral, además de acompañar la entrega y salida de los menores.

2. EL PROTOCOLO DE SALIDA

Para la entrega de los menores, las FARC-EP y el gobierno nacional establecen puntos de recogida. Allí, la Cruz Roja y dos representantes de las organizaciones sociales se encargan de hacer una primera revisión del estado de salud de los menores, confirman su identidad y firman el Acta de Salida de los campamentos.

Este equipo traslada a los menores a los lugares transitorios de acogida dispuestos previamente por la UNICEF, en los que se les hará una nueva valoración médica y psicológica para identificar cualquier situación que necesite ser atendida. En los lugares de acogida, los menores empiezan el proceso de restablecimiento de derechos y reincorporación a la vida civil, a la espera de su inclusión en el Programa Integral.

Un equipo técnico sería el encargado de emitir conceptos sobre la situación de los menores, para facilitar el restablecimiento de sus derechos por parte de los Defensores de Familia.

3. LO QUE SE HA AVANZADO

La Cruz Roja confirmó la recepción de un primer grupo de 13 menores el pasado 10 de septiembre de 2016 y anunció que durante las dos siguientes semanas a la firma del Acuerdo en Cartagena (26 de septiembre) se realizarían más misiones de este tipo.

Sin embargo, ante la victoria del “NO” en el plebiscito, el escenario de incertidumbre ante lo pactado no permitió la salida de los menores pues, al no haber Acuerdo, no existían garantías para el correcto restablecimiento de sus derechos.

4. LO QUE HACE FALTA

El pasado jueves, Pastor Alape confirmó que hacen falta 23 adolescentes por salir y que las FARC-EP reactivarán el Protocolo de Salida cuando la guerrillerada se encuentre ubicada en las Zonas Veredales.

También, en comunicado del Consejo Nacional de Reincorporación se señaló que ya se definieron los lineamientos del Programa Integral acordado en el Comunicado Conjunto #70 y que lleva por nombre: “Camino diferencial de vida: una estrategia integral para la atención y consolidación de los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes que salen de las FARC-EP”

Este Programa contempla las siguientes fases: restablecimiento de derechos, reparación y reincorporación e inclusión social de los adolescentes.

5. LA POLÉMICA

Mientras algunos miembros del Congreso, entre ellos Uribe Vélez y Claudia López, amenazaban con no continuar legislando hasta que la totalidad de los adolescentes salieran de las filas de las FARC-EP, las organizaciones sociales veedoras del proceso señalaron insuficiencias en el proceso de salida de los menores: Desde incapacidad logística para albergar al primer grupo de 13, hasta la aplicación de la normatividad ordinaria que no contempla las particularidades propias del proceso de Paz.

Lo paradójico de la situación es que la nueva normatividad que permitiría la reincorporación digna de los menores -bajo los principios de enfoque comunitario y de reconocimiento de derechos – también se vería frustrada en el caso de que los Congresistas decidieran suspender sus labores.

Las organizaciones sociales señalan también que el primer grupo de menores salió de los campamentos guerrilleros sin tener listo el Programa que diría cómo se haría su reincorporación a la vida civil, lo que significó un gesto de profunda confianza por parte de las FARC-EP, un escenario de total incertidumbre para los adolescentes y un ejemplo contundente de que el gobierno no está listo para la implementación de los acuerdos.

En el tema particular de infancia y adolescencia Colombia ha demostrado no gozar de la mejor política pública. Pocas instituciones han sido tan cuestionadas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF que, en 2016 (al mismo tiempo que las FARC-EP anunciaban dejar de incorporar menores a sus filas) anunciaba la muerte por desnutrición de varios niños en La Guajira.

Según reporta el ICBF, la UNICEF y la Defensoría del Pueblo, en el 2015 un total de 1297 niños fueron abandonados, se cometieron en promedio de 43 violaciones sexuales a menores cada día, uno de cada 10 niños sufrió desnutrición crónica y un total de 38 murieron por la misma causa. Así las cosas, el Estado parece no estar demasiado preparado para atender a sus menores y los 23 adolescentes combatientes de las FARC parecen dejar de ser el problema más grave en cuanto a infancia que tiene el país.

Si bien tanto las partes de la Mesa, como los Congresistas y en general toda la población civil coinciden en que es urgente la salida de los menores de los campamentos, ninguno de los que se ha pronunciado o ha exigido que se apresure el proceso tiene una fórmula clara para hacer, de manera integral, ágil y efectiva, la reincorporación a la vida civil de estos adolescentes.

Por ahora sólo resta confiar en las partes, en la voluntad de paz del Gobierno, de las FARC y en el papel determinante que están cumpliendo las organizaciones sociales y demás participantes del proceso. La ciudadanía debe ser veedora del cumplimiento de los Acuerdos en su integralidad pues no servirá de nada que los menores dejen de ser combatientes, si al regresar a sus comunidades se encontrarán con las mismas causas que guiaron su ingreso a la guerrilla: el hambre, el analfabetismo, la falta de salud y la desigualdad estructural.

El país deberá reiventarse para garantizar la no repetición de la guerra y eso, a pesar del afán del Congreso, es un proceso a más largo aliento.



Oficina de Prensa Marcha Patriótica

RT escribió:Aniversario de los acuerdos de paz: 32 excombatientes de las FARC asesinados con "total impunidad"

La comisión de derechos humanos del partido integrado por la fuerza guerrillera que firmó la paz con el Gobierno denuncia el incumplimiento del Estado en varios de los acuerdos.

El pasado 12 de noviembre, Dalaider de Jesús Vásquez, un exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue asesinado en el departamento de Antioquia, al noreste de ese país.

Según la versión policial, difundida por el diario El Espectador, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra el exmiliciano guerrillero y sus acompañantes. Vásquez murió de inmediato, mientras otras cuatro personas resultaron heridas.

Con esta muerte son más de 30 los exguerrilleros asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, recuerda en declaraciones a RT, Camilo Fagua, abogado e integrante de la comisión de Derechos Humanos del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Las fallas de los acuerdos de paz

Hasta la fecha, "32 excombatientes de las FARC han sido asesinados", explica Fagua, precisando que también han muerto de forma violenta 12 familiares de exguerrilleros, de los que 9 son hombres y 3 mujeres.

Por otra parte, y según los registros que lleva el partido, "un familiar" de uno de los excombatientes se encuentra "desaparecido desde el pasado 28 de octubre", fruto de un episodio ocurrido en el departamento Norte de Santander, señaló el abogado.

Asimismo, agregó que este secuestro se atribuye a "grupos paramilitares" que operan en zonas donde las FARC llevaron a cabo su actividad insurgente a lo largo de varias décadas.

Para el defensor de los derechos humanos, "todas las fallas en el cumplimiento —de los acuerdos de paz— han traído consigo que integrantes de las FARC queden expuestos ante la inseguridad presente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, Caquetá".

En este sentido, precisó que la principal deuda del Estado colombiano radica en la ausencia de garantías para "la seguridad y la reincorporación económica y social" de los excombatientes.

Los motivos de los crímenes

Camilo Fagua explica a RT que los crímenes contra las FARC tienen un claro objetivo político: "Desestabilizar el proceso de paz e impedir la reincorporación de excombatientes de una fuerza insurgente que firmó un acuerdo de paz".

Según el abogado, a ello se unen "los intereses de poderes regionales y nacionales que se beneficiaron por años de la guerra". "Los hemos visto en el Congreso de la República, cuando se abstienen de votar leyes destinadas a lograr la implementación de los acuerdos", afirma.

[b]¿Hay soluciones?[/b]

El vocero del partido enfatiza que ninguno de los 32 asesinatos tiene resolución judicial. "Los casos se encuentran en total impunidad y solo en uno de ellos el atacante fue capturado por agentes de la policía", lamenta Fagua.

El abogado considera una obligación del Gobierno la adopción de medidas "para que no se vuela a perpetrar un genocidio político". Asimismo, evoca lo ocurrido en la década de los 90 en contra de los milicianos de la Unión Patriótica (UP), partido formado por guerrilleros de las FARC tras las negociaciones realizadas con el presidente Belisario Betancourt en los años 80.

Según la Fiscalía colombiana, "agentes del Estado ejecutaron un plan de exterminio" que acabó con la vida de dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales, 11 alcaldes y un número aún desconocido de dirigentes de ese partido en todo el país, informa Telesur.

También se recuerda como antecedente el asesinato del jefe guerrillero Guillermo León Sáenz Vargas, más conocido como Alfonso Cano.

A pesar de ello, Fagua no se atreve a afirmar que se trate de un "exterminio similar", ya que, en su opinión "el pueblo colombiano no lo va a permitir". En este sentido, afirma que son las élites (políticas y económicas) las que quieren la guerra, mientras "el pueblo colombiano quiere la paz".

Esa voluntad popular, señala el abogado, obliga a las autoridades a realizar "cambios estructurales" y a darle cumplimiento a puntos esenciales del acuerdo, como "la sustitución de cultivos de usos ilícito, la implementación de planes de desarrollo regional y la garantía de participación política y apertura democrática".

Ernesto J. Navarro

telesur escribió:Reacciones por el asesinato de dos excombatientes de la FARC



La FARC exigió al Gobierno de Colombia frenar la ola de asesinatos contra sus militantes, iniciada tras la firma del Acuerdo Final de Paz.

Organizaciones nacionales e internacionales expresaron su rechazo al asesinato de dos excombatientes y actuales militantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya, ocurrido el martes pasado en el departamento colombiano de Antioquia (noreste).

La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por el hecho y consideró que "constituye el primer atentado mortal en el marco del proceso electoral de 2018".

"La Misión de Verificación de la ONU en Colombia condena el asesinato de Wilmar Asprilla Allim y Ángel Montoya Ibarra, integrantes de la FARC quienes participaban en actividades electorales en el municipio de Peque, en el departamento de Antioquia", reiteró en un comunicado.

Asimismo, el movimiento Marcha Patriótica denunció que el asesinato sistemático de excombatientes y sus familiares corresponde a "las lógicas de los violentos, que han perdurado por años y quieren estropear los acuerdos de paz".

Por su parte, la Izquierda Unida (IU) de España condenó firmemente el atentado, se solidarizó con "todos los líderes populares y defensores de derechos humanos que han sido víctimas indefensas de los enemigos de la paz".

El enviado especial de la Unión Europea (UE) para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, sostuvo que es vital para la población "ejercer su derecho a la participación política en un entorno seguro y propicio".

FARC exige al Gobierno detener asesinatos

La FARC exigió al Gobierno de Colombia frenar la ola de asesinatos contra sus excombatientes, pues hasta la fecha "sumamos ya más de 30 muertos, luego de la firma del Acuerdo de Paz", reiteró el dirigente Iván Márquez en su cuenta Twitter.

Asesinatos de militantes de @FARC_EPueblo demuestra la incapacidad del Gobierno para dar implementación y cumplimiento al Programa de protección especializada para personas integrantes del Partido. ¿Cuántos muertos necesita el Gobierno para garantizar seguridad efectiva?

Por otro lado, Rodrigo Londoño insistió en que esto demuestra "la incapacidad del Gobierno para dar implementación y cumplimiento al programa de protección especializada para personas integrantes del partido".

140 líderes sociales y 47 integrantes de la comunidad fariana han sido asesinados (34 excombatientes y 13 familiares). Más los dos camaradas de anoche en Peque Antioquia, da un total de 36 excombatientes y 13 familiares asesinados.

chavarria1823 escribió:No son mas que unos miserables terroristas, mataban gente inocente mientras plantaban drogas, y ahora sus lideres, como Timochenko e Ivan Marquez, criminales disfrazados de revolucionarios, se burlan de las victimas.

annurtv escribió:

“En Colombia se asesina a la gente por pensar distinto”

Por Enric Llopis

En el contexto de la violencia política contra la Unión Patriótica (5.000 asesinados en la década de los 80 y 90 del siglo XX), Victoria Sandino Simanca (Tierralta, Córdoba, 1965) se unió a la lucha de las FARC-EP. Fue en diciembre de 1992. Mucho antes, en 1964, unos 50 campesinos de la región de la Marquetalia fundaron el movimiento guerrillero que dirigieron Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Victoria Sandino había militado en el Partido Comunista de Colombia y en la Unión Patriótica. En las FARC-EP, la guerrilla más antigua de América Latina, desarrolló múltiples actividades: trabajo político de relación con las comunidades, organizaciones sociales de los territorios y mujeres; tareas de educación, alfabetización y comunicación con los compañeros, entre otras. Ya en una etapa posterior –las negociaciones de paz con el gobierno de Santos- la excomandante guerrillera coordinó la Subcomisión de Género por parte de las FARC-EP y fue plenipotenciaria de la Mesa de Negociaciones de La Habana. Actualmente Victoria Sandino forma parte del Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la antigua guerrilla marxista-leninista de las FARC), en cuyas listas se presenta como candidata al Senado en las elecciones presidenciales del 27 de mayo. La entrevista tuvo lugar el pasado 5 de diciembre, día siguiente a la presentación en Valencia del documental Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia, obra del periodista Sergi Tarín y producido por la ONG Atelier.

- A finales de noviembre, 142 organizaciones de víctimas y derechos humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional que el Estado colombiano ha modificado, en el último año, el Acuerdo de Paz de La Habana de acuerdo con los intereses de los sectores políticos, económicos y militares “de alto rango”. El documento critica el “manto de impunidad” para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, entre otras razones por las modificaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Acordado por el Gobierno y las FARC en septiembre de 2015, este mecanismo incluye un Tribunal para la Paz, Salas de Justicia y establece como principio “una paz sin impunidad”.

- Lo que se buscaba con la JEP era la Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición para las víctimas. A la JEP tenían que comparecer, en principio, todas las personas que, de una u otra manera, habían causado grave daño en el contexto del conflicto armado. Hablamos de la insurgencia, los militares, el Estado en su conjunto y los particulares o “terceros”. Establecer esta Jurisdicción era obligatorio, porque la Justicia en Colombia no funciona: es muy corrupta y está muy politizada. Por esta razón se buscó un mecanismo especial para elegir a los magistrados del Tribunal para la Paz y de las Salas. Pero la Ley de Reglamentación de la JEP aprobada por el Congreso el 28 de noviembre se crea sólo para los militares y, particularmente, la insurgencia. Fuera de la Jurisdicción quedan el Estado en su conjunto y los “terceros” –como paramilitares o grupos terratenientes que han financiado el paramilitarismo-, que sólo comparecerán de manera voluntaria.

- A primeros de noviembre fue detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación el hacendado Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio en Santa Rosa de Osos (norte de Antioquía). El motivo, su presunta participación en la masacre del Aro, perpetrada en el municipio antioqueño de Ituango por paramilitares de las ACCU; ocurrió en octubre de 1997: fueron asesinados 17 campesinos y 1.200 personas resultaron desplazadas. ¿Es un ejemplo de la impunidad paramilitar?

- Las grandes masacres que se produjeron en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, por ejemplo contra las comunidades rurales, con 20, 30 y más de 50 muertos en una sola acción, no han sido judicializadas. Obra de fuerzas paramilitares, las matanzas estuvieron ordenadas, financiadas y promovidas principalmente por terratenientes. No están en la cárcel ni se ha hecho justicia, que es lo que se buscaba precisamente con la Jurisdiscción Especial para la Paz.

- El periódico Semana se hace eco de una lista global sobre la concentración de riqueza en relación con el PIB, publicada por el periódico alemán Die Welt con datos de Bloomberg. En Colombia la fortuna de las cinco personas más ricas equivale al 12,5 por ciento del PIB, lo que sitúa a este país en el quinto del mundo respecto a la acaparación de la riqueza. Además, según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo a escala mundial. ¿Es un contexto poco propicio para que se imparta justicia?

- Pero es que además hay una realidad en Colombia… Los congresistas son los mismos terratenientes y gamonales de los territorios, quienes se han beneficiado de todos los despojos de las tierras a las comunidades campesinas. Algunos se han ido a la cárcel ahora por la “parapolítica”, pero porque es evidente su participación, la forma de asesinar a la gente y a los líderes en particular. Ellos están legislando en beneficio propio.

- ¿Es el presidente Santos un integrante más de las clases dominantes o, por el contrario, consideras que hay poderes que le trascienden?

- Santos es parte de la oligarquía nacional. Y esos “otros” poderes a los que me refiero son regionales y de los departamentos. En la Cámara son muchos los representantes que vienen de los territorios, donde se les ha elegido, y por supuesto no van a legislar contra lo que ha sido su práctica. Por esta razón han decidido que sea voluntaria la declaración en la JEP, ya que de lo contrario tendrían que comparecer muchos de los que están sentados en el Congreso. No digo que todos, pero sí muchos de ellos. Además la Reforma Política, que era fundamental para la participación de sectores democráticos, no salió adelante (El pasado 29 de noviembre el Senado votó a favor de archivar el proyecto de Reforma Política; tres días antes la FARC calificó en un comunicado la reforma como “Frankenstein irreconocible que no refleja el espíritu del acuerdo de paz; han desaparecido contenidos como el control del dinero privado en las campañas, los recursos judiciales para la celeridad en las decisiones electorales, las medidas de democratización interna de los partidos y las listas cerradas”. Nota del entrevistador).

- La Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado que entre enero de 2016 y marzo de 2017 se produjeron 156 homicidios, cinco desapariciones forzadas y 33 casos de atentado contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Atribuye en parte el fenómeno a la presencia de grupos armados que intentan implantarse en las zonas abandonadas por las FARC. También Naciones Unidas ha reportado durante 2017 un total de 105 homicidios de defensores y líderes de movimientos sociales en Colombia, en un 59 por ciento de los casos ejecutados por sicarios.

- Ocurre que la política no ha cambiado. El Estado y el Gobierno, empezando por el presidente Santos, tienen que elaborar unos planes específicos –a partir de los acuerdos de La Habana- para el ataque y desmantelamiento del paramilitarismo; y esto no se ha hecho. Por ejemplo, desde principios de año había que designar a la directora de la Unidad Especial de Investigación constituida en la Fiscalía para desmantelar las organizaciones responsables de masacres y el paramilitarismo; y fue a finales de noviembre cuando el Fiscal General nombró a la nueva directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, Martha Jeaneth Mancera. Además, la Fiscalía dispone de documentación sobre 15.000 casos relacionados con la acción de civiles durante el conflicto armado, pero judicialmente no se ha avanzado. ¿Qué ocurre? El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha sido abogado de multinacionales y ha estado vinculado a empresas que financiaron el paramilitarismo; sería como atacar a sus amigos…

- El próximo 27 de mayo se celebrarán elecciones presidenciales en Colombia, en las que participas como candidata al Senado por la FARC junto a Iván Márquez, Pablo Catatumbo o Griselda Lobo. ¿Cómo se afrontan?

- Con la esperanza de la participación, y con una gran preocupación. Aspirábamos a que no sólo nosotros, sino también los demás partidos y movimientos sociales con aspiraciones a participar en la vida política lo hicieran. Pero no va a ser posible, porque no se aprobó la Reforma Política. Además tenemos que competir el voto con unas prácticas muy complicadas; el sufragio en Colombia no es obligatorio, y a la gente le ofrecen cualquier cosa: un almuerzo, materiales de construcción, zinc, cemento, un rollo de alambre para la parcela… Mucha gente da su voto a cambio de esto, no se trata de una elección consciente.

- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia recuerda que altos funcionarios del Estado han declarado, ante los medios informativos, que asesinatos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos “son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”. Según Naciones Unidas, “esto es muy peligroso ya que se parece querer justificar los asesinatos”. Por otra parte, las mujeres de la FARC denunciaron en un comunicado (No jueguen con el honor de las farianas) la utilización mediática de la violencia sexual “como arma contra nuestros compañeros”.

-Están sacando todo esto y más cosas. Algunos delitos han quedado fuera de la JEP, por ejemplo los de carácter sexual, cometidos durante el conflicto armado. Nosotros pedíamos que estos delitos no fueran indultables ni amnistiables, y no sólo para los nuestros que hayan podidos cometerlos, sino para cualquiera. Queríamos, por tanto, que estos delitos se mantuvieran en la JEP, ya que nunca fueron juzgados por la justicia ordinaria. De hecho, en Colombia a las mujeres se las viola diariamente, cada tres días una mujer es asesinada en el país y diariamente se producen 55 abusos sexuales. Ahora que el Congreso aprobó que las violaciones salgan de la Jurisdicción Especial y vayan por la justicia ordinaria, se ha empezado a decir que algunas personas nuestras están implicadas en delitos sexuales.

- Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 15.076 personas –en más de un 90 por ciento de los casos, mujeres adultas, niñas y adolescentes- sufrieron la violencia sexual durante 60 años de conflicto armado. ¿Se utilizó el cuerpo de la mujer como arma de guerra?

-Yo creo que sí, fundamentalmente por los paramilitares y también por la fuerza pública. En los territorios donde llegaba el paramilitarismo se perpetraban masacres y también se violaba a las mujeres; es lo que hoy en día queremos que salga en la Comisión de la Verdad, ya que nunca se investigó. Simplemente se dijo que se produjeron masacres, pero no se indagó en lo que ocurrió antes y durante los crímenes. Actualmente, partidos como el Centro Democrático y la ultraderecha pretenden “empapelar” a todo nuestro personal, sobre todo a los hombres, afirmando que están implicados en delitos sexuales o de narcotráfico.

- ¿Y cómo caracterizaría al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común? ¿Sirven las tradicionales etiquetas de “marxista-leninista” o “socialdemócrata”?

- Creo que en la parte teórica hemos aprendido muchas lecciones del contexto internacional. Aquí no se trata de que nuestra línea político-ideológica tenga que ser el socialismo marxista-leninista, socialdemócrata, trotskista o maoísta, no. Primero defendemos la autodeterminación de los pueblos. Entre todos los colombianos nos hemos de poner de acuerdo en qué tipo de país queremos. Promovemos además algunos principios como el “buen vivir” y garantías sociales para la población. Es decir, una sociedad más justa, se llame socialismo o del modo que se quiera. Pero que sea más justa y “a la colombiana”, por eso trabajamos.

- Desde que las FARC-EP nacieran en 1964 en las montañas del sur del departamento del Tolima, hasta la rúbrica de los Acuerdos de La Habana en 2016, ¿cuál fue el principal logro del movimiento guerrillero?

- El Acuerdo de Paz, porque sienta las bases para una sociedad distinta y los elementos del “buen vivir”. En los Acuerdos se aborda la cuestión de las víctimas, la tierra, la democracia y la participación. Colombia es un país donde a la gente se la asesina por pensar distinto.

- Por último, ¿qué recuerdos te marcaron especialmente durante la guerra como dirigente de las FARC, organización en la que te enrolaste en diciembre de 1992?

- Hay experiencias muy duras, por ejemplo la pérdida de las vidas humanas. Compañeros que se perdieron en la guerra… Gente como Alfonso Cano: yo estuve en su unidad y fue mi jefe durante muchos años; era una relación muy de confianza, cercana, muy humanista. Su pérdida me dolió mucho. También la muerte de muchos compañeros y compañeras que estuvieron conmigo, bajo mi mando. Recuerdo a Laura González, que me marcó mucho. Pero también hubo cosas muy bonitas, como la colectividad; la manera colectiva como vivíamos y nos relacionábamos. Era no tener nada, pero saber que lo poco que teníamos lo compartíamos. Ahora estamos más dispersos, cada cual tiene su casita en los territorios y comunidades… Y hay más privacidad.