Andrés Felipe Arías,apodado Uribito, que fué ministro de agricultura durante la administración Uribe, fue encarcelado.

Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura y uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe, irá a la cárcel mientras avanza en su contra el juicio por las irregularidades en el programa de subsidios Agro Ingreso Seguro (AIS).

La decisión fue tomada este martes por el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro, quien funge como juez de control de garantías. Tras recordar los argumentos de la Fiscalía a la hora de pedir la medida de aseguramiento, el jurista consideró que el pedido de detención de Arias resulta adecuado y necesario.

“La comisión de estos comportamientos merecen un trato drástico”, dijo el magistrado, quien recordó que la medida de aseguramiento en cárcel permite lograr el fin de salvaguardar la verdad y la justicia.

Por eso decidió: “imponer en contra del imputado Andrés Felipe Arias medida de aseguramiento consistente en condición preventiva, como probable autor de delitos en contra de la administración pública”.

El magistrado se refería a los delitos imputados a Arias la semana pasada por la fiscal general de la Nación, Viviane Morales: peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Fierro ordenó la detención inmediata del exministro y pidió su traslado al centro penitenciario La Picota, en Bogotá.

"Siento que he cumplido con mi deber con el país", dijo la fiscal Viviane Morales al término de la diligencia.

La defensa, por su parte, se abstuvo de reponer la decisión.

Según voceros del Inpec, ya se tiene la notificación de las autoridades para trasladar a Arias a La Picota, sin embargo, es incierta hasta el momento la hora en la que se realizará el traslado al lugar de reclusión. Tras practicarle su reseña, Arias pasó la noche en el búnker de la Fiscalía, mientras se sometía a exámenes médicos.

Sobre los delitos

Antes de tomar una decisión, el magistrado Orlando Fierro expuso un resumen de los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, y entregó un concepto sobre el material probatorio entregado durante esta primera etapa del proceso.

Sobre el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, Fierro afirmó que Andrés Felipe Arias incurrió en una conducta prohibida al querer “cobijar a través de ella tanto a seguidores de rango medio, que interfieren en la tramitación de contratos, como a aquellos titulares, que celebran y liquidan el contrato”.

El jurista agregó que la “suscripción de contratos, acuerdos o convenios que comprometen recursos de la Nación exigen del funcionario una vigilancia, porque su labor no termina con la suscripción del documento”.

“Debe estar atento a las irregularidades que impidan su desarrollo y de que se ejecute de manera normal”, recalcó Fierro, quien agregó que tampoco se aplicaron los principios de confianza y buena fe.

Fierro entró en detalles y recordó que fueron suscritos seis convenios entre el Ministerio de Agricultura en Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), de los cuales –dijo– “llama poderosamente la atención el primero”, que fue suscrito el 11 de agosto de 2006, por más de 3.000 millones de pesos.

La razón de la sorpresa del magistrado es que el convenio fue firmado antes de la expedición de la ley 1133 que creó el programa AIS.

Luego habló del convenio 003 de 2007, suscrito por las partes el 2 de enero de 2007, por valor de 47.000 millones de pesos. Sobre este particular, Fierro dijo que se encontró que “era un borrador que no cumple con los requisitos legales y reglamentarios”.

Para el jurista, “el Ministerio echó mano a las normas de los convenios para desarrollar actividades de ciencia y tecnología cuando se estaba celebrando un convenio para la administración de recursos”.

Luego habló de los convenios 055, del año 2008, y 052, del año 2009, que al ser sometidos al mismo ejercicio de evaluación anterior arrojaron las mismas falencias.

“No se requiere de mayor análisis para determinar que el proceso de contratación no respetó las normas”, concluyó el magistrado.

Sobre el delito de peculado, el magistrado concluyó que en el caso de tres convenios suscritos entre la cartera y el IICA se trató de acuerdos para la administración de recursos que fueron adjudicados de forma directa, y no convenios de cooperación tecnológica y científica, como los presentó el Ministerio.

“El detrimento patrimonial ascendió a la suma de 43.668’131.299 pesos”, aseguró el magistrado.

Sobre la defensa

El magistrado Orlando Fierro, además, hizo varias críticas a los argumentos presentados por la defensa ante los señalamientos de la Fiscalía durante la imputación de cargos.

“La defensa dice que no hay elementos para demostrar los delitos, pero se enfoca en la legitimidad política y jurídica de AIS. A juicio del despacho este no es el escenario para evaluar el éxito o fracaso de esa política de Estado”, consideró el magistrado.

Ante la denuncia de la fiscal sobre la cartilla denominada Lo que no quieren que usted sepa sobre Agro Ingreso Seguro, la cual, según Morales, "fue publicada con el clarísimo propósito de hacer apología con el programa AIS (...) y mantener la plataforma administrativa de Arias durante el periodo que el Partido Conservador suspendió su apoyo a la campaña", el magistrado Fierro afirmó que dicha cartilla evidencia la relevancia política del programa AIS para el exminsitro.

Luego, al hablar sobre la respuesta de la defensa frente a la solicitud de medida de aseguramiento, que en parte fue sustentada por la Fiscalía en el riesgo de obstrucción de la justicia (Arias visitó en prisión en varias oportunidades a exfuncionarios vinculados al proceso), el magistrado Fierro consideró que “el exministro utilizó su influencia para conocer el pliego de cargos de la Procuraduría y que en las reuniones se buscaba una especie de chivo expiatorio para que asumiera la responsabilidad de las irregularidades”.

Incluso, el magistrado aseguró que Arias valiéndose de su influencia logró realizar dichas visitas en horarios no permitidos en una cárcel de máxima seguridad, y desestimó lo dicho por la defensa: “que las entradas a la prisión fueron actos humanitarios o de solidaridad”.