[quote="Economicism"]
NSV Liit escribió: Economicism escribió: 2. Botswana (...)
Esto es manipular los datos, porque igual que tu coges esos, yo puedo coger otros y demostrarte lo contrario. De ahí que el compañero Mario. M-L haya acertado de pleno con su gráfica
por ejemplo:
países como Irlanda o Letonia tienen bastante libertad económica (Irlanda 78,7; Letonia 65,
, que Rusia o Belarús (índice de libertad económica: 47,9 para Belarús, 50,5 para Rusia)...
Pero si miramos el crecimiento económico de esos países, resulta que:
Irlanda: 2009- -7,6% (crecimiento del PIB), 2010: -1,6
Letonia: -18,9% (también en el 2009), 2010: -1,8
en cambio
Rusia -7,9% (2090), 3,8% (2010)
Belarús: 0,2% (2009), 4,8 (2010)
Así que no juguemos a lo tonto con lo datos ni los manipulemos. Por que según esto yo también puedo decir que los países que mejor han resistido la crisis son los que tienen una mayor intervención estatal en sus economías.
Por cierto, yo vivo en Hungría y hace unos cuantos años no hacían más que poner como ejemplo de lo que debía hacer Hungría con su economía .... a Irlanda o a Letonia.... hoy si un economista liberal vuelve a repetir eso, seguro que 10 millones de húngaros (y unos cuantos millones de irlandeses y letones) se partirían de la risa...
Por cierto, en cualqueir país de la Europa excomunista el camino a la liberalización de la economiá se tradujo en un empobrecimiento masivo de la población y en un descenso económico brutal. Eso es indiscutible.
Fuentes: indexmundi.com
Salud
¿Liberalismo en Islandia? ¿Qué chiste de mal gusto es ése?
El liberalismo ni siquiera apuesta por un sistema fiduciario nacional que permita la expansión de crédito a partir de bancos centrales extranjeros. En un sistema de patrón oro, que es por lo que abogamos los liberales si se inicia un proceso de endeudamiento con créditos extranjeros.
¿Qué entiendes por "liberar la economía"? ¿Qué el peso del estado sobre ésta en comparación con los países socialistas se reduzca?
Chiste de mal gusto es poner a China como ejemplo de Liberalismo cunado precisamente es todo lo contrario y el estado es propietario de los medios de producción principales y tienen total control de la economia
Por cierto, no te salgas de tono con ni un solo camarada. Es un aviso.
Puedes contar lo que quieras de tu "teoria", la practica demuestra que el problema no son los ESTADOS si no los monopolios y grandes empresas privadas que se aprovechan de estados corruptos para imponer sus intereses.
Tu manera de "control" de una empresa es , ( atentos todos ) la " ética libertaria " es decir, que un empresario se autocotrolaria para no ejercer de mala fé su poder economico. Eso si que es un chiste
Obtener el maximo beneficio con el minimo coste, eso es la premisa del capitalismo y se aplica hoy en dia a rajatabla. Un estado es ciertamente la herramienta de opresion por medio la cual proyectan los intereses los grandes monopolios sobre el resto de la población.
El problema no es el estado si no quien lo controla. Y aqui es donde hablamos de grandes empresas, osease de alta Burguesia, de la dictadura del capital.
Las medidas neoliberales que se van a aplicar en España, el pacto del Euro, las reformas constitucionales, aprovechando la crisis por que "el mercado asi lo dice" en beneficio de las empresas recortando concesiones del modelo de bienestar capitalista al trabajador.
Un engañabobos estas tonterias basado en falacias, mentiras, manipulaciones y incorrecciones cientificas de todo tipo. ¿Alguien se imagina a Bayer, Tyssen, Krupp, Siemens, General Motors, Ford, Nestlé, ( etc ), con su "Ética Libertaria"? Si ya de por si, financiaron y se benecifiaron de Hitler y sus politicas economicas y hoy en dia hacen lo que les da la gana como por ejemplo en la Guerra del Coltán lucrandose de dictadores genocidas que esclavizan niños en minas radioactivas, imaginaros a estos tipejos, con menos intervencion estatal....como si les afectase en algo ahora.
Con el alza de las cotizaciones de las materias primas, los gobiernos latinoamericanos no han vacilado en reforzar un modelo de acumulación que es, sin embargo, crítico. Mientras el objetivo de unos es mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, otros, en cambio, desean atraer los capitales externos. Tal es el caso de Colombia.
Alto Guayabal, en los confines de las provincias de Antioquia y Chocó, en el noroeste de Colombia. El 30 de enero de 2010, antes del amanecer, las Fuerzas Armadas colombianas lanzaron una ofensiva contra la vivienda tradicional de una familia indígena del pueblo Embera Katio. Asesinaron a un niño de 18 meses, hirieron a otras cuatro personas, destruyeron cultivos de subsistencia y descuartizaron animales domésticos. El ejército habló inmediatamente de un “error” en la persecución de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Para las organizaciones indígenas del país, se trata de un capítulo más en la ofensiva de las transnacionales mineras en Colombia. El bombardeo afectó a una de las comunidades que rodean al cerro Careperro, monte “sagrado” que la compañía estadounidense Muriel Mining Corp., atraída por la presencia de mineral aurífero, tiene en la mira. ¿Puro azar?
Los Embera Katio (en la foto), desplazados en el año 2000 por el conflicto armado interno, intentan actualmente regresar a sus tierras ancestrales, como los autoriza la Constitución de 1991. Durante su ausencia, la agencia gubernamental Ingeominas entregó nueve licencias de exploración y explotación a Muriel Mining, sin preocuparse por los procedimientos de consulta a las comunidades, previstos sin embargo por la ley. Según William Carupia, portavoz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la comunidad indígena estaría sufriendo, desde hace dos años, un “nuevo desplazamiento forzado” [1].
En un país donde la justicia respalda con demasiada frecuencia la dominación de los poderosos, la Corte Constitucional arbitró, el 29 de marzo de 2010, a favor de las comunidades indias y afrocolombianas de Chocó y Antioquia; sentó una jurisprudencia que confirmó los derechos constitucionales específicos de las comunidades, y enfatizó la obligación de todos -incluidas las transnacionales- de respetar los procedimientos legales y los imperativos de protección de la biodiversidad [2]. Un avance importante, puesto que frente a los Embera Katio estaban los representantes de los Ministerios del Interior y de Justicia, de Medio Ambiente, Defensa, Asuntos Sociales, de Minas y Energía, así como las Fuerzas Armadas del país. Un comité que ni el azar habría podido reunir por sí solo…
PARA SEDUCIR AL CAPITAL
El 21 de septiembre de 1999, el presidente estadounidense William Clinton y su par colombiano Andrés Pastrana lanzaron el Plan Colombia, “por la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, asegurando que el proyecto apuntaba a la lucha contra el narcotráfico. También se propusieron ayudar al ejército colombiano a acabar con las guerrillas que dominaban determinadas partes del territorio, mediante el desembolso de 1.600 millones de dólares en tres años [3].
Desde el 20 de octubre de 1999, una enmienda vino a subrayar la segunda función del plan: favorecer las inversiones extranjeras “insistiendo en que el gobierno colombiano complete las urgentes reformas destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior” [4]. Sus creadores entendieron que ambos objetivos estaban estrechamente ligados. En particular en el campo de la minería. Cuando, años más tarde, el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019 del Ministerio de Minas y Energía (publicado en 2006), señaló que “sólo el sector privado es capaz de desarrollar la industria minera en Colombia”, lo hizo para identificar qué empresas tenían necesidad de “seguridad”.
Diez años después, Arturo Quiroz, miembro de la Asociación de la Industria Minera Colombiana (Asominas) podía alegrarse: “Actualmente, tenemos un sector dinámico (…) que atrae a algunas de las más importantes empresas del mundo” [5]. Con la llegada de las empresas AngloGold Ashanti (sudafricana), BHP Billinton (anglo-australiana), Greystar Resources Ltd. (canadiense), Drummond Co. y Muriel Mining Company (estadounidenses), las inversiones extranjeras directas (IED) en el sector minero pasaron de 463 millones de dólares en 1999 a 3.000 millones de dólares en 2009, con un aumento del 640% [6]. En 2009, esta industria registraba el mayor crecimiento de la economía colombiana, representando el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). ¿El objetivo para los diez próximos años? Superar el 6% del ingreso nacional, como ocurrió en Perú o en Chile.
Para lograrlo, el gobierno acaba de gastar más de 5.000 millones de dólares en el acondicionamiento de infraestructuras vinculadas a los sectores de la minería y la energía: 2,5 veces sus gastos en infraestructuras del transporte, 10 veces más que las sumas gastadas en vivienda y 20 veces más que en la red de telecomunicaciones [7]. Por otro lado, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el poder desde 2002, flexibilizó, en 2009, el código minero para facilitar la obtención de las concesiones de exploración y su registro. Su duración se extendió de 5 a 11 años y el impuesto por la utilización de los terrenos, que en otros tiempos podía ascender a los 2.000 dólares por hectárea, acaba de llevarse al ámbito de lo razonable: 8 dólares por hectárea y por año en cualquier parcela.
Pero para Quiroz, “el entusiasmo internacional por Colombia en tanto gran centro de actividad para la extracción minera”, se explica ante todo por la política securitaria de la administración Uribe. Gracias al Plan Colombia, el país “hizo de la lucha contra los grupos insurrectos una prioridad” [8]. Que, de paso, el conflicto condujera al desplazamiento desafortunado (pero muy oportuno) de poblaciones que, al igual que los Embera Katio, tuvieron la mala idea de permitir a sus antepasados instalarse sobre unos yacimientos codiciados… no fue motivo de queja para las compañías mineras.
Para dimensionar este “entusiasmo”, basta observar el mapa del Ministerio de Medio Ambiente colombiano, que delimita los territorios que han sido objeto de una solicitud de concesión (ver mapa): estaría comprometido más del 40% del territorio, incluyendo algunas zonas supuestamente protegidas. Si se la trasladara a Francia, esta superficie correspondería a las regiones de Provenza-Alpes-Costa Azul (Paca), Languedoc-Rosellón, Pirineos Medios, Aquitania, Ródano-Alpes y Auvernia unidas.
En el centro de todas las codicias: el platino, el uranio, los metales y minerales escasos como el molibdeno o el coltán. Pero sobre todo el oro, a propósito del cual la revista digital Portafolio mencionaba recientemente una nueva corrida, comparándola con un “acceso de fiebre” [9]. Las cifras son elocuentes: entre 2006 y 2009, la producción de oro en Colombia se triplicó, alcanzando 1,75 millones de onzas en 2009. Esta tendencia es alimentada por la subida de las cotizaciones en los mercados mundiales, con un aumento mayor al 30% anual. Las previsiones para 2012 hablan de una producción de 3 millones de onzas.
Pero la industria minera está apenas en ciernes. Mario Ballesteros, director del Instituto de Geología y Minería colombiano (Ingeominas), estima que la superficie total actualmente explorada asciende a 1,69 millones de hectáreas. No obstante, Andrés Idarraga, especialista en asuntos mineros para el Centro Nacional de la Salud, el Medio Ambiente y el Trabajo (la ONG Censat) señala que “por el momento, hay muy pocos proyectos en fase de explotación”. Según él, la especulación estaría fomentando la “fiebre” actual: “Lo que pasa es que las compañías chicas realizan los trabajos de exploración con la intención de revender sus concesiones a las grandes transnacionales, apostando a la suba de los precios si confirman la presencia de minerales” [10]. O sea que las 19.800 demandas de concesión ya registradas estarían destinadas al regazo de las “gigantes” ya que, si se cuentan las 5.000 compañías mineras de Colombia, en realidad sólo tres de ellas -la sudafricana AngloGold Ashanti, la canadiense Greystar y la estadounidense Muriel Mining- se reparten el sector, la mayoría de las veces a través de filiales.
Resta saber de forma precisa dónde están localizadas las concesiones. Mientras el gobierno filtra minuciosamente el acceso a los catastros -aunque la ley estipula que los mapas del Ministerio de Medio Ambiente deben ser públicos-, las disposiciones que enmarcan la presentación de las solicitudes (Ley 685 de 2001) alimentan la confusión. Toda solicitud de concesión abre automáticamente la vía a los trabajos de exploración sin exigir ningún estudio medioambiental. La solicitud, facilitada al máximo, se efectúa en línea, mediante cuatro coordenadas GPS que determinan un polígono: un número de documento de identidad o pasaporte, un nombre acompañado por una dirección postal y un número de teléfono. Todo esto junto al pago de 400 dólares para el registro de la solicitud. No se efectúa ningún tipo de verificación de las garantías bancarias del demandante y menos aún de sus antecedentes judiciales. Como alcanza con que los polígonos no coincidan por completo, varias solicitudes pueden superponerse parcialmente, lo cual ocurre muy a menudo.
CONCESIONES MILLONARIAS
La legislación, que apunta a establecer un “clima de confianza favorable a los inversores extranjeros”, ignora el interés general… así como las cuestiones del medio ambiente. El 9 de febrero de 2010, se votó la Ley 1.382 para proteger los páramos (ecosistemas tropicales fríos de Los Andes colombianos) así como 500.000 hectáreas de reservas forestales estratégicas amenazadas por nuevos títulos y solicitudes. Pero el texto carece de efecto retroactivo sobre las concesiones que ya se hayan obtenido… Y además, suele suceder que los tribunales sepan entender los argumentos de las transnacionales, según los cuales una legislación demasiado coercitiva obstaculiza su desarrollo.
En mayo de 2010, la canadiense Greystar consiguió la aprobación. Obtuvo su apelación contra una denuncia del gobierno que le exigía presentar un nuevo estudio sobre el impacto medioambiental de sus futuras instalaciones en Angostura, en las montañas del departamento de Santander. Las autoridades colombianas habían evaluado inicialmente que el gigantesco proyecto de mina de oro a cielo abierto podía llegar a dañar los ecosistemas locales. Además, consideraban que las unidades de tratamiento del mineral (con cianuro), situadas en zonas muy altas de Los Andes, eran una amenaza para toda la red hídrica situada río abajo de los páramos, que funcionan como gigantescas esponjas naturales que alimentan a ríos y arroyos.
Tal vez no contaron con que el proyecto permitiría a Greystar apropiarse de más de 10 millones de onzas de oro. A más de 1.000 euros la onza en los mercados [11], semejante yacimiento ameritaba que la multinacional librara una batalla; que ganó cómodamente… Según su vicepresidente ejecutivo, Frederick Felder, la compañía nunca se inquietó: “En ese período, proseguimos nuestros estudios de factibilidad. (…) No dudábamos de que el gobierno finalmente validaría nuestro expediente” [12].
Pero las cuestiones relacionadas con la industria no son sólo de orden medioambiental. Adelso Gallo Toscano milita contra el acaparamiento de algunos grandes grupos mineros en territorio colombiano dentro de la coordinadora Red Colombia, que reúne a asociaciones, sindicatos y cooperativas agrícolas. El activista puntualiza: “Nosotros no nos oponemos a la mina en sí. Podría ser una industria interesante para el desarrollo del país si el gobierno aceptara discutir los proyectos con las organizaciones sociales. Y sobre todo, si la explotación de los recursos naturales del país se hiciera en beneficio de la población”. ¿Cómo? “Nacionalizando la industria o, por lo menos, garantizando una transferencia de tecnología para evitar depender, más adelante, del capital extranjero. Además, y sobre todo, habría que respetar el medio ambiente”.
Gallo Toscano alude, entusiasmado, a los ejemplos de Ecuador, Venezuela y Bolivia, donde las cosas se estarían dando mejor. Colombia no es el único país que promueve la extracción minera como uno de los ejes de su desarrollo económico: Latinoamérica, que antes recibía apenas el 12% de las inversiones mundiales en el sector minero, hoy recauda un tercio de las mismas [13]. Pero sería un tanto apresurado sugerir que la extracción del petróleo ecuatoriano y venezolano o del gas boliviano no encuentra ninguna resistencia en una parte de la población. Aunque se la destine al mejoramiento del nivel de vida general, a través del financiamiento de programas sociales -lo cual no parece ser el propósito en Colombia-, esa explotación suscita de todos modos preocupaciones, vinculadas simultáneamente con cuestiones ecológicas y los derechos de los pueblos indígenas, pero también con un modo de desarrollo que refuerza el carácter “primario” de las economías de la región. Así y todo, en estos países, el debate -a veces violento- parece -bien o mal- haberse iniciado. Colombia cuenta ya sus muertos.
En diciembre de 2009, en la región de Cauca, en Suárez, donde la empresa AngloGold Ashanti tiene mucha presencia, se dirigieron amenazas al representante sindical de la Central Unitaria de los Trabajadores colombianos (CUT), que lideró un movimiento de oposición a los trabajos de la transnacional. El 13 de febrero de 2010, se supo del asesinato, precedido de torturas, de Omar Alonso Restrepo y su hermano, José de Jesús, conocidos por su oposición a la presencia de AngloGold Ashanti en la región. Ambos eran integrantes del comité de acción comunitaria de la localidad de El Dorado y militaban en una organización de mineros artesanales y agricultores que desde hace varios años denuncia los estragos medioambientales, económicos y sociales de las transnacionales. Veintiséis organizaciones sociales que firmaron un comunicado denunciando esos asesinatos subrayaron “la macabra alianza entre el gobierno y las multinacionales del oro como AngloGold Ashanti”, así como la continuidad de la “militarización de la región hace posible la acción de los grupos paramilitares” [14].
La situación es tanto más seria en la medida en que el recién electo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el 17 de mayo de 2010 prometió: “En el sector minero haremos todo lo posible por estimular el mayor crecimiento posible, demostrando al mismo tiempo responsabilidad en lo referente al medio ambiente” [15]. Teniendo en cuenta que Santos eligió a su predecesor, Uribe Vélez, como modelo, las transnacionales mineras que operan en Colombia no deberían tener grandes motivos de quejas.
Por Laurence Mazure
Le Monde Diplomatique/Publicado en Adital/Omal
12 de agosto de 2010
En fin, un chiste. Si ya son unos piratas teniendo intervencion del estado de la " que se quejan " encima, imaginemos a que se dedicarian sin un estado que los controle, teniendo fé eso si en su "ética libertaria"
Mientras que crece la explotación y los beneficios por el oro, Colombia a declarado su incapacidad total en luchar contra la pobreza, la malnutrición, el analfabetismo en su pais, viendose incapacitada totalmente para cumplir los Objetivos del Milenio de la ONU. Paises como Venezuela o Cuba han cumplido ya casi todos los Objetivos.
La experiencia cientifica es simple: Cuanto mayor liberalismo economico mayor miseria, cuanto mas riqueza acapara el capitalista, mas desigualdades crea por que ESPECULA CON ELLA, y no la "reinvierte en la sociedad" como aseguran los Liberales ( que ni ellos se lo creen ), por iniciativa propia claro, pro su "ética libertaria".
Encarcelar a los niños por dinero Jueces corruptos encerraron a miles de menores tras ser sobornados por constructores y propietarios de cárceles privadas
Amy Goodman
Casi 5 000 niños en Pennsylvania fueron hallados culpables, y 2 000 de ellos fueron encarcelados por dos jueces corruptos que recibieron sobornos de empresas constructoras y propietarias de cárceles privadas que se beneficiaron de los encarcelamientos. Ambos jueces se declararon culpables, en un sorprendente caso de avaricia y corrupción que apenas comienza a revelarse.
Los jueces Mark A. Ciavarella Jr. y Michael T. Conahan recibieron 2,6 millones de dólares en sobornos por enviar a prisión a niños que, en la mayoría de los casos, no tenían acceso a un abogado. El caso ofrece una mirada extraordinaria a la vergonzosa industria de las cárceles privadas, que está floreciendo en Estados Unidos.
Vean por ejemplo la historia de Jamie Quinn. Cuando tenía 14 años de edad, estuvo presa durante casi un año. Jamie, quien ahora tiene 18, describió el incidente que causó su encarcelamiento:
"Me puse a discutir con una de mis amigas. Y todo lo que sucedió fue una simple pelea. Ella me dio una bofetada y yo se la devolví. No hubo marcas, ni testigos, nada. Fue solo su palabra contra la mía."
Jamie fue llevada a una de las dos cárceles polémicas, PA Child Care, y luego la pasearon por otros centros carcelarios. Estar en prisión durante 11 meses tuvo un impacto devastador en ella. Me dijo: "La gente me miraba diferente cuando salí, pensaban que era una mala persona, porque había estado en prisión por tanto tiempo. Mi familia comenzó a separarse... porque estaba fuera de casa y me encerraron, y estaba, pensé, ya sabes, que estaba siendo castigada por lo que había hecho, y creo que no debería haber sido así. Aún tengo dificultades en el colegio, porque el sistema escolar en este tipo de centros de detención es espantoso".
Comenzó a hacerse cortes, y dijo que eran resultado de la medicación que le obligaban a tomar: "Nunca estuve deprimida, nunca antes me habían dado medicación. Fui allí y comenzaron a darme medicación y ni siquiera sabía lo que era. Dijeron que si no la tomaba, no estaba siguiendo mi programa". Fue hospitalizada tres veces.
Jamie Quinn es tan solo una de los miles de niños y niñas que fueron encerrados por los dos jueces corruptos. El Centro de Derecho de Menores (Juvenile Law Center) con sede en Filadelfia, se involucró en el caso cuando Hillary Transue fue enviada a prisión por tres meses por crear un sitio web que parodiaba al subdirector de su escuela. Hillary claramente indicó que la página era una broma. Aparentemente, el subdirector no lo halló divertido y Hillary tuvo que enfrentarse al juez Ciavarella, conocido por su severidad.
Como me dijo Bob Schwartz, del Centro de Derecho de Menores: "Hillary, sin saberlo, había firmado un documento, y su madre también había firmado un documento, renunciando a su derecho a un abogado. Esto provocó que la audiencia de 90 segundos que tuvo ante el juez Ciavarella fuera una farsa". El Centro de Derecho de Menores (JLC, por sus siglas en inglés), descubrió que en la mitad de los casos de menores en el condado de Luzerne, los acusados habían renunciado a su derecho a un abogado. El juez Ciavarella desconoció, en reiteradas ocasiones, las recomendaciones de indulgencia tanto de los fiscales como de los oficiales de libertad condicional. La Corte Suprema de Pennsylvania oyó el caso de JLC y el FBI comenzó una investigación, que terminó la semana pasada con la firma de ambos jueces, de acuerdo para declararse culpables de evasión fiscal y fraude electrónico.
Está previsto que cumplan una condena de siete años en una cárcel federal. Se presentaron dos demandas colectivas independientes en representación de los niños y niñas encarcelados.
El escándalo involucra a tan solo un condado de Estados Unidos y a una cárcel privada relativamente pequeña. Según The Sentencing Project, "Estados Unidos es el líder mundial en encarcelamientos, actualmente hay 2,1 millones de personas en las prisiones o cárceles del país, lo que representa un aumento del 500% en los últimos treinta años". El Wall Street Journal informa que "las empresas que gestionan cárceles privadas se están preparando para una ola de nuevos negocios, ya que la recesión económica dificulta cada vez más que los funcionarios del gobierno, tanto a nivel federal como estatal, construyan y administren sus propias cárceles". Las empresas que gestionan cárceles con fines de lucro como Corrections Corporation of America y GEO Group (anteriormente conocida como Wackenhut) están posicionadas para obtener más ganancias. Aún no está claro qué impacto tendrá la ley de estímulo que se acaba de aprobar en la industria de las cárceles privadas (por ejemplo, la ley dispone 800 millones de dólares para la construcción de cárceles, pero recortó millones de dólares para la construcción de escuelas).
El Congreso aún está evaluando proyectos de ley para mejorar las políticas de la justicia de menores. La legislación propuesta, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, está "construida en base a pruebas claras de que los programas comunitarios pueden ser mucho más exitosos en la prevención de la delincuencia juvenil que las ya desacreditadas políticas de encarcelamiento excesivo".
Nuestros niños necesitan educación y oportunidades, no encarcelamiento. Dejemos que los niños del condado de Luzerne, que fueron encarcelados por jueces corruptos para obtener ganancias, nos den una lección. Como dijo la joven Jamie Quinn sobre (el juez corrupto y) los 11 meses que estuvo en prisión: "Me hace cuestionar realmente a otras figuras del poder y a la gente a quien, supuestamente, deberíamos admirar y en quienes deberíamos confiar". (Tomado de Democracy Now)
Pobres capitalistas que son victimas de las insituciones del estado. Venga ya, hombre, el Liberalismo, es un chiste. Lo que hacen empresas en la "mayor democracia del mundo" supuestamente USA, imaginemos que hacen en otros paises. Asesinato de sindicalistas , asesinatos de activistas medioambientales , desplazamiento de minorias étnicas , contaminación de tierras y aguas uso extensivo de productos quimicos ilegales, toxicos venenosos en paises donde se puede meter dinero y saltarse leyes mediohambientales, al año mueren 3 millones de personas por causa de pesticidas y envenenamiento producido por estos.
En fin, que la lista es interminable.
Grupos de solidaridad en el extranjero exigen una investigación exhaustiva y denuncian el Tratado de Libre Comercio (CAFTA)
El activista quien se opuso al proyecto de minería de oro propuesto por la empresa Pacific Rim en El Salvador, Ramiro Rivera Gómez, fue asesinado el 20 de diciembre en el departamento de Cabañas. Rivera fue vice-presidente del Comité Ambiental de Cabañas y líder comunitario en la lucha contra la minería que amenaza el medio ambiente en la región. Según testigos, Ramiro y su acompañante fueron asesinados por sicarios, y la hija de Rivera también fue herida en el ataque.
En agosto de este año, Ramiro Rivera había sido baleado ocho veces en una agresión. Una persona implicada en los atentados contra activistas anti-mineros en el pasado, Oscar Menjívar, había sido arrestado en el caso, y habitantes de Cabañas reportan que Menjívar había trabajado por Pacific Rim (aunque la empresa lo niega). Despues del atentado Rivera tenía la protección de dos miembros de la Unidad de Protección para Víctimas y Testigos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Cientos de personas en los Estados Unidos y Canadá han mandado mensajes a Rodolfo Delgado, director de la Unidad de Crimen Organizado de la oficina de la Fiscalía General de El Salvador, exigiendo una investigación exhaustiva de estos crímenes y sus motivos. Alexis Stoumbelis, directora del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), dijo que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA) "tiene mucho que ver con el conflicto en Cabañas", y entonces "es la responsabilidad de las personas en los países norteamericanos de impulsar un sistema de comercio justo que no permita este tipo de proyecto minero."
Según fuentes en El Salvador, el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, del partido FMLN, dijo que el asesinato "muy probablemente" se trató de "un asunto planificado" y no "un asalto común y corriente".
En junio fue asesinado otro activista en Cabañas, Marcelo Rivero (no familiar de Ramiro), con señales de tortura, y los ataques y amenazas de muerte en contra de miembros de la comunidad han persistido. Muchas organizaciones e individuos salvadoreños están impulsando una campaña contra la mina El Dorado en Cabañas. El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) le negó los permisos a Pacific Rim para la explotación del oro. Pacific Rim es una empresa canadiense con domicilio en Vancouver que después interpuso una demanda judicial de por lo menos $77 millones de dólares en contra del estado de El Salvador bajo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.(( miremos como los bastardos se meten a la fuerza y si no, se llama al tito sam a soltar bombas))
A pesar de la naturaleza política que caracteriza esta serie de hechos violentos, la policía local y el Fiscal General anterior declararon estos crímenes "violencia común". En El Salvador y el exterior se ha criticado fuertemente al PNC y a la Fiscalía General por su incapacidad y falta de voluntad para proteger a activistas como Rivera y para detener los atropellos de los derechos humanos. Según el activista Héctor Berríos, "La empresa minera Pacific Rim en la actualidad ha demandado al estado de El Salvador
y además impulsa una campaña de terror contra los que resisten al proyecto."
Francisco Pineda, coordinador del Comité Ambiental de Cabañas, dijo que "Nosotros vemos que la causa fundamental no puede ser otra más que estar en contra de estos proyectos y estar en defensa de la vida de las presentes y futuras generaciones."