De cómo la Guardia Civil franquista mataba inocentes para conseguir ascensos - tomado del blog Jerez Recuerda - sobre un artículo del diario Público de 2010

Con el título “Muertos por condecoraciones. La exhumación de una fosa común en Lugo documenta el modo de proceder de la Guardia Civil del franquismo”, el diario Público denunció el carácter violento y represivo de la Guardia Civil durante la dictadura franquista y la impunidad con la que actuó en la comisión de asesinatos.

Si alguien sintiera realmente la necesidad de conocer la verdadera historia de la Guardia Civil, no sería precisamente su página web, vinculada al Ministerio del Interior del Gobierno de España, la que objetivamente pudiera satisfacer sus deseos de información, debido principalmente a la falta de rigurosidad histórica y a la escasez de información –por no decir nula-, que se desprende de la lectura de algunos de sus pasajes en los que la interpretación de la identificación de esta institución armada con la represión de personas y movimientos emancipadores fue realmente un hecho que actualmente, y de forma no oficial, está generalmente más que asumido, salvo para los diseñadores de la página web en cuestión.

La opinión oficial que se pretende dar en la actualidad es, y citamos textualmente, que “después de más de 150 años de existencia, la Guardia Civil constituye uno de los patrimonios más queridos y estrechamente vinculados al pueblo español, que ha visto reflejadas en su trayectoria gran parte de sus señas de identidad”, obviando que en la imaginería popular española aún perviven ciertos miedos y recelos hacia este cuerpo armado como consecuencia de actuaciones del mismo al servicio de sistemas políticos e intereses económicos que han sido resaltados en la abundante literatura española, así como en la bibliografía existente sobre la Historia de España y en diversas investigaciones realizadas en zonas geográficas definidas y períodos históricos concretos.

Como muestra, el mismo Federico García Lorca, el gran poeta universal asesinado por los golpistas de julio de 1936 -entre los que se encontraba la Guardia Civil-, había escrito entre 1924 y 1927 su Romancero Gitano en el que se incluía el “Romance de la Guardia Civil española”, captando con maestría esa imagen de los miembros del instituto armado a los que denomina “jorobados y nocturnos” con “capas siniestras” que avanzan “sembrando hogueras” en una ciudad que el autor identifica como Jerez de la Frontera -denominándola también “ciudad de los gitanos”- cuyas puertas son testigos de cómo “cuarenta guardias civiles entran a saco por ellas”. Del mismo modo, el genial novelista social Vicente Blasco Ibáñez, en su obra La Bodega (1905), realiza algunas referencias exponiendo el “odio” que los braceros del campo sentían por ella, o explicando su papel eminentemente represivo en algunos fragmentos de su obra como el que sigue: “comenzó por todo Jerez la cacería de hombres. Pelotones de Guardia civil y de infantería de línea guardaban inmóviles la entrada de las calles... y la fuerza armada sólo daba caza a las mantas, a los sombreros de campo, a los chaquetones rudos: a todos los que tenían aspecto de trabajadores...”

Visto de este modo, no es difícil pensar que el mencionado “pueblo español” de la página virtual referida sea un concepto algo ambiguo porque no acaba de definir exactamente a qué parte de la ciudadanía española alude, ya que según se interpreta de la justificación de la represión que se hace en dicho espacio, parece ser que aquella definición está bastante acotada. Prueba de ello son las palabras que preceden a la cita anterior en los siguientes términos: “A lo largo de su dilatada historia, la Guardia Civil ha prestado valiosos servicios en la lucha contra la delincuencia especializada, casi siempre con importantes resultados. Así lo demuestra el hecho de haber acabado con el bandolerismo del siglo XIX, el anarquismo de la mano negra, el anarquismo urbano, el fenómeno del maquis de la postguerra...”

Es decir, que en pleno siglo XXI, el estado español, que es incapaz todavía de asumir las responsabilidades en materia de derechos humanos, al no comprometerse directamente en la exhumación de las fosas comunes (dejándola en manos de entidades privadas dependientes de limitadas subvenciones), sí se puede permitir en cambio, y a través de la página oficial de marras, el difundir la infamia que supone la identificación de la delincuencia con los movimientos populares de liberación social, las organizaciones sindicales y las personas luchadoras por la libertad y la democracia. Al mismo tiempo, se observa un interés en mantener la existencia de mitos como el de la Mano Negra, a pesar de que la mayoría de los investigadores e investigadoras coinciden en que ello fue un montaje político-policial –en el que también participó la Guardia Civil- para reprimir y desmantelar el movimiento campesino andaluz y acabar con las protestas que generaban el hambre, el trabajo basado en la semiesclavitud y las condiciones penosas de los trabajadores del campo.

Parecido trato es el que se dispensa a las víctimas de la dictadura cuando se cita ligeramente al “maquis de la postguerra”, “lucha contra la delincuencia especializada ...”, asumiendo de esta manera la justificación de la represión de la dictadura surgida como consecuencia del golpe de estado: toda una muestra de la falta de compromiso con los derechos humanos y con los valores democráticos.

Debemos entender, por tanto, que las víctimas inocentes muertas a manos de la Guardia Civil durante el franquismo –sin incluir las relacionadas con las del período 1936-1939 cuando, salvo excepciones, se involucró al máximo desde el primer momento del "putsch" militar de julio-, también estaban encuadradas en esa terminología tan especial que se escoge para esconder el verdadero fondo del asunto.

Asimismo, recientemente hemos sido testigos de una noticia relacionada que no ha llegado a tener la trascendencia y el espacio mediáticos que realmente correspondería a un asunto de estado como el que tratamos. Una cuestión que en realidad no interesa airear mucho, aunque conlleve intrínsecamente un énfasis por realzar sucesos con unos niveles de gravedad importantes, como son las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del estado español durante el período de la dictadura. Con el título “Muertos por condecoraciones. La exhumación de una fosa común en Lugo documenta el modo de proceder de la Guardia Civil del franquismo”, el Diario Público denunció el carácter violento y represivo de la Guardia Civil durante la dictadura franquista, y la impunidad con la que ésta actuó en la comisión de asesinatos.

Como consideramos que el contenido de esta información ha de ser difundido por la magnitud del tema, hemos preferido transcribirlo literalmente. El artículo en cuestión dice así:

“Desde hace algunos años, cada vez que aparecen cuerpos con signos de violencia en una fosa común del franquismo, se interpone con frecuencia la correspondiente denuncia en el juzgado pertinente.
Este modo de proceder se instauró a partir del año 2000, cuando se abrió la primera fosa con métodos científicos en Priaranza del Bierzo (León), pero nunca ha dado los resultados esperados. Por añadidura, desde que la Audiencia Nacional declarara a Garzón incompetente para investigar los crímenes del franquismo, pocos jueces se han atrevido a dar pasos que conduzcan al esclarecimiento de estos delitos.
En el caso de la fosa de la aldea de Vilavella (Lugo), en la que el pasado agosto se rescataron los cuerpos de tres guerrilleros antifranquistas procedentes de León, el juez que se personó en la exhumación decretó el sobreseimiento del caso alegando que 'no aparece justificada la perpetración de delito' y que el 15 de noviembre de 1943, tras 'la autopsia practicada', se procedió a un 'enterramiento legal', ya que la Guardia Civil dejó constancia de 'la inscripción de sus defunciones en el registro civil de Triacastela'.
'Se daban casos en que las muertes producían ascensos y condecoraciones'


Muertes sin combate
'En 1943 ya no había guerra y los asesinatos se daban amparándose en la legitimidad del régimen', explica Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que trabajó en la exhumación de los cuerpos de la fosa de Vilavella y planteó la denuncia ante el juzgado de Instrucción número 1 de Becerreá.
La documentación que obra en el expediente sobre esta fosa incluye el atestado que instruyó la Guardia Civil en 1943 en el que indicaba que las tres víctimas eran 'bandoleros buscados por sus delitos', de modo que su muerte 'no fue extrajudicial', indica Macías: 'Los mataron directamente en lugar de detenerlos'.
La particularidad de este caso reside en que a la hora de enterrarlos, 'les identificaron mal'. 'En la fosa exhumamos los cuerpos de Pedro Voces Canóniga, Antonio Vega Guerrero y Félix Yáñez González, tal y como demuestran los informes de identificación, pero según el atestado de la Guardia Civil de 1943 en esa fosa figuraban enterrados: Salvador Voces (hermano de Pedro) y Ovideo Peláez junto con Pedro Voces (el único en el que acertaron)'.

El juez ha sobreseído la causa alegando que el enterramiento 'es legal' '
Lo que se traduce de esta confusión es que se daban casos en los que el cuerpo armado del franquismo 'mataba a gente que no era a quien buscaban con el objetivo de conseguir ascensos y condecoraciones', esclarece el vicepresidente de la ARMH. 'Este punto es el que debería aclarar el juez, el hecho de que en la fosa hubiera enterradas dos personas diferentes a las que figuraban en el atestado de 1943', denuncia Macías respecto al sobreseimiento del caso por parte del juez instructor de Becerreá.
Las dos personas que se encontraban enterradas en la fosa de Vilavella y que no coincidían con las del atestado de la Guardia Civil (Antonio Vega y Félix Yáñez) 'no debían figurar en ninguna lista o bien, pudo tratarse de guerrilleros de menor peso que aquellos que estaban en el atestado de 1943', razona Macías para aclarar el porqué de la identificación errónea de los cuerpos por parte de la Guardia Civil de la época.
Este episodio da cuenta una vez más del cruel modo de proceder de los artífices de la represión franquista. 'Cuanto más buscada era la víctima, mayor era la recompensa que recibía el responsable de su muerte', indica Macías para dar mayor luz sobre estos episodios documentados.
Tras la exhumación, el juez de Becerreá recibió todas las pruebas recopiladas por el equipo que trabajó en la fosa y que constataban el error en las identidades de los cuerpos pero el titular del juzgado, 'que podía haber pedido las pruebas de ADN', recalca Macías, se ha limitado a indicar que el 'enterramiento es legal' y que 'no hay pruebas suficientes del delito'.

Finalmente, no se nos ocurre una mejor forma de homenajear a las víctimas que recordar en esta ocasión la memoria de una de ellas mediante su poesía y su arte. Nos referimos en este caso a Federico García Lorca: