Este es el sentir de la mayoría de los cubanos.
Carta a la Comunidad Internacional
Desde la entrada en el poder del Sr. Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente de la República de Cuba, la escalada de violaciones de los derechos humanos y la represión han ido en aumento. Las víctimas de estos abusos, además de activistas políticos y/o de los derechos humanos, son ahora los intelectuales, los artistas, los médicos y, desde el 11 de julio, también la población en general.
Desde abril de 2018 hasta la fecha constan más de 9000 detenciones arbitrarias, y más de 4239 retenciones arbitrarias, lo cual representan como mínimo más de 13 mil medidas represivas de la libertad de movimiento de ciudadanos cubanos por motivos políticos. También hay más de 600 presos políticos y de conciencia verificados, y otra gran cantidad por verificar.
Las acciones represivas, junto con las insensibles medidas llevadas a cabo por el gobierno cubano en materia económica y social, han generado resultados muy negativos.
Informes de organismos internacionales como el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos (OCDH) destacan cómo más del 70% de los cubanos viven en la pobreza; 8 de cada 10 no han podido conseguir medicamentos en las farmacias, el 73% califica la alimentación de su familia como deficiente, más del 80% sufre constantes cortes de electricidad.
Por otro lado, el Observatorio Cubano de Conflictos ha monitoreado la situación de las protestas en Cuba y las mismas han ido en aumento constante. De septiembre de 2020 a octubre de 2021 la cifra de hechos de protesta asciende a más de 3000, teniendo diferentes escalas y alcances.
Especial mención ameritan los acontecimientos del 11 de julio cuando estallaron en todo el país protestas masivas antigubernamentales que exigían cambios políticos, económicos y sociales importantes, y debían conducir, como poco, a la reflexión y el diálogo. Ante el reclamo del pueblo desarmado en las calles, el Presidente Diaz-Canel emitió una “orden de combate” no solo dirigida a los cuerpos de policía, militares y paramilitares, sino incitando a la movilización de civiles afines para “enfrentar” a todo aquel que se manifestara. Su objetivo era acallar por la fuerza todo ejercicio de disenso a su política y gobierno, declarando que “las calles son [solo] de los revolucionarios”.
El saldo de esta orden de combate fueron cientos de heridos, un muerto. Hubo muchos miles de detenciones arbitrarias, de las que han sido censadas ya 1175. Hay cientos de denuncias de secuestros, desaparición, incomunicación, tratos inhumanos, torturas y agresiones físicas y psicológicas por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Departamento de Seguridad del Estado (DSE).
Desde los acontecimientos del 11J, permanecen aún en centros de detención y prisiones cientos de personas, 600 de las cuales están identificadas. Entre éstas se han verificado 15 menores de 18 años, pero pueden ser decenas más. Cientos de estos detenidos fueron procesados por delitos imaginarios, fabricados en procesos judiciales sumarios, sin derecho a la defensa, sin pruebas, sin el debido proceso, condenados desde meses hasta decenas de años por el solo hecho de haber participado pacíficamente en las manifestaciones, haber tomado vídeos de los hechos o haberse intentado evitar los golpes y arrestos arbitrarios. Entre los cientos de procesados, los hay que ni siquiera participaron en la manifestación.
Aunque el gobierno los califique a todos como delincuentes comunes, el hecho es que las solicitudes fiscales de penas de hasta más de 20 años de condena para estos jóvenes revelan que se quiere dar un castigo ejemplarizante a la indefensa población.
Contrarios a la forma en que se conduce el país, presentamos a las autoridades nuestra intención de efectuar una Marcha contra la violencia para el 20 de noviembre. Pero, en respuesta, el gobierno programó para tal día una movilización que militarizaba todo el país. Con el fin de evitar cualquier conflicto en el espacio público, cambiamos la fecha al 15 de noviembre.
Sin embargo, ésta vez la respuesta fue más directa y frentista, declarando este ejercicio cívico y constitucional como ilícito, aprovechando la ausencia del estado de derecho y de su necesaria división de los poderes públicos. Se niega nuestro derecho por razones manifiestamente políticas.
Igualmente, se nos niega el derecho a acudir a un tercero independiente, ya sea un tribunal de garantías o un arbitraje vinculante, que dirima sobre una prohibición general e injustificada contra la libertad de reunión y manifestación que viola flagrantemente “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos” amparados por el artículo 56 de la vigente Constitución. Además, las autoridades han desatado una feroz campaña de amenazas, intimidación y coacción a los promotores de la iniciativa y a toda persona que públicamente declarase su apoyo a ésta.
Se está creando un clima peligroso para la sociedad cubana y sus familias. Las autoridades no han tenido reparos en incitar al odio y a la violencia de un ciudadano contra el otro. Se está estimulando que los partidarios del gobierno reduzcan a través del uso de la fuerza a los manifestantes pacíficos este 15 de noviembre. Sin embargo, a la ciudadanía que manifieste su descontento contra el gobierno se le amenaza con expulsiones laborales, intimidación sobre sus entornos afectivos, linchamientos en la televisión nacional, prisión y severas sanciones. En sus comparecencias públicas, el Presidente Diaz-Canel ha amenazado con volver a dar la “orden de combate” como la que diera el 11 de julio.
Así como son principios de la Carta de las Naciones Unidas la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otro estado, también está contemplado en la Carta que los miembros deben respetar y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de expresión y la de manifestación y reunión pacíficas (arts. 19 y 20 de la DUDH). La Soberanía no puede ser invocada, sin pruebas ni argumentos objetivos, para justificar la violación generalizada de los derechos humanos de una parte cada vez más mayoritaria de la población.
En la Cumbre Mundial del 2005 se aprobó el concepto de “responsabilidad de proteger” (R2P) encaminado a identificar la responsabilidad de todo Estado de proteger sus poblaciones contra el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno cubano pretende omitir ese deber para con su ciudadanía. Ya lo hizo de manera flagrante y pública a raíz de los acontecimientos del 11 de julio y días subsiguientes, y a juzgar por sus acciones recientes contra los promotores de esta Marcha pacífica del 15N, pretende volver a agredir a su propio pueblo.
Nuestra marcha no busca ningún tipo de confrontación violenta con el poder; por el contrario, es una invitación a la paz y un rechazo a los discursos y acciones violentas, vengan de quien vengan. Ante las amenazas de los gobernantes, de los órganos represivos y de sus partidarios más radicales, nos preocupa mucho la seguridad de los manifestantes. Las medidas y sugerencias que estamos dando a la ciudadanía para prevenir la represión, ante lo comentado, podrían no ser suficientes.
En 2016 la República de Cuba suscribió un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea entre cuyos principios está “el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” y que reconoce además como actores de la cooperación a la sociedad civil.
Amparándonos en el mencionado Acuerdo de Cooperación, como actores de la sociedad civil cubana que somos, nos dirigimos a la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarles a que estén pendientes de las calles cubanas el próximo 15 de noviembre.
Igualmente hacemos extensible esta invitación a todos los países del mundo con sede diplomática en Cuba y así como pedimos la presencia de los medios de comunicación internacionales.
Todos coincidimos que el acompañamiento de actores internacionales es, dados los acontecimientos y amenazas reinantes, casi el único recurso que podría persuadir a las autoridades cubanas de emplear la violencia contra manifestantes pacíficos. Bajo la seriedad de esta situación, hacemos este llamado a una solidaridad efectiva y eficiente para la protección de los manifestantes, civiles inocentes y sus familias.
Queremos que sea un día recordado por la concordia, el respeto y el civismo; haremos todo lo que esté en nuestras manos por garantizar la seguridad de los manifestantes y agradecemos de antemano toda ayuda y apoyo que comparta los mismos objetivos de esta Marcha Cívica del Pueblo Cubano: el respeto a los derechos fundamentales, el activismo pacífico contra la violencia y la liberación de todos los presos políticos.
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