"Las víctimas de la Guerra civil y la postguerra" - texto de Marcia Álvarez-Vega realizado a partir de escritos de Stanley G. Payne, Ian Gibson y Julián Casanova - publicado en la web Franquismo: el Genocidio del que no se habla - Interesante

La zona sublevada se militarizó desde los primeros días de la contienda. Se prohibieron los partidos políticos;únicamente se mantuvieron legales la Falange y el carlismo que desarrollaron una actividad más militar que civil. Esta militarización alcanzó a la magistratura: los jueces debían demostrar simpatía por los sublevados. Los primeros en sufrir la represión fueron las autoridades civiles. Sometidos a simulacros de juicio que duraban menos de cinco minutos, en su mayoría, fueron condenados a la pena de muerte y, casi de inmediato, fusilados. Fueron candidatos a sufrir la represión todos aquellos que, no pudiendo demostrar simpatías por los sublevados, desempeñaban cargos públicos en el momento de la sublevación. Promulgada una huelga general en contestación a la sublevación fueron fusilados, sin juicio, los sindicalistas que se significaron. Masones, socialistas, sindicalistas y nacionalistas eran condenados a muerte por el simple hecho de serlo. Esta represión fue llevada a cabo principalmente por el ejército, aunque también participaron en ella las milicias de la Falange y los carlistas.

Significativa fue la represión en Navarra, donde la sublevación triunfó el primer día sin apenas enfrentamientos. El general Mola, el día 19 de julio, dio instrucciones explícitas: "Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación [...]. cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado".

Destacó, también, el terror ejercido por Queipo de Llano en Andalucía, jactándose por radio de las hazañas represivas que cometía. Málaga, Granada y Córdoba fueron las provincias andaluzas más castigadas. Esta última sufrió un doble castigo primero a cargo del Frente Popular y, después, por parte de los nacionalistas. La masacre de la carretera Málaga-Almería acaecida el 8 de febrero de 1937, durante la entrada en Málaga de las tropas franquistas, causó la muerte a varios miles que intentaban alejarse da la ciudad.

En Valladolid, una denominada "patrulla del amanecer", grupo de falangistas dirigidos por Onésimo Redondo, cofundador de las JONS, fusilaba a unas cuarenta personas cada día. Allí, como en otras ciudades de la zona sublevada, los presos eran sacados por la noche en camiones para ser fusilados en las afueras de la ciudad sin siquiera el simulacro de un juicio. El general Mola enviaría un comunicado pidiendo que estas ejecuciones se hiciese en lugares más discretos y que se enterrase a los muertos, algo que hasta entonces no se hacía.

En Zaragoza se asesinaron a más de 6.000 personas, la mayoría de las cuales en los primeros meses de la contienda.

La toma de Badajoz supuso una gran matanza protagonizada por las fuerzas moras que tomaron la ciudad al mando del general Yagüe.

La represión en cifras en la zona sublevada
Cuantificar el número de víctimas de la represión en la zona franquista ha sido hasta ahora un problema. Durante el franquismo, éste intentó silenciar esta represión y, en todo caso, minimizar su dimensión. Tradicionalmente, los estudios más o menos documentados sobre estas víctimas, han corrido a cargo de historiadores cercanos al franquismo y basándose en los datos suministrados por el propio franquismo. Los registros utilizados por estos historiadores (Instituto Nacional de Estadística y Registros Civiles, principalmente) se han demostrado no fiables, reflejando tan sólo la mitad, incluso sólo la tercera parte, de las muertes.

A partir de 2008, este problema comenzó a superarse. Poco a poco fueron apareciendo estudios que mediante trabajos de campo y consulta de archivos desvelaron el verdadero alcance de la represión. Estos trabajos avanzan despacio, en parte, por las dificultades intrínsecas de esta labor y, en parte, por la resistencia de los Gobiernos Militares expresada por los investigadores y por dificultades en el acceso a determinados archivos. En 2008, los estudios apenas cubrían la mitad de la geografía española. La Ley sobre la Recuperación de la memoria Histórica puede contribuir a dar un impulso a estos trabajos y lograr un mejor conocimiento de estos hechos.

Con los datos disponibles en 2009, el número de víctimas mortales en la retaguardia de los sublevados puede cifrarse en 100.000 (no incluye las ejecuciones y muertes del franquismo posteriores a la guerra); siendo éstas, principalmente, sindicalistas, intelectuales, políticos republicanos y nacionalistas (el colectivo de maestros fue objetivo de una dura represión) y la población en general acusada de colaborar con la República o de no ofrecer resistencia a esta.

Puede ser interesante conocer las cifras que se han ido barajando hasta 2009, acercamientos que denotan las dificultades que los historiadores han encontrado ante la falta de registros fiables (estos estudios no desglosaban las víctimas producidas durante la guerra y las producidas por la posterior represión franquista).

Historiadores, en 2002, ya cifraban el número de víctimas en 150.000. Las asociaciones de la memoria histórica cifraron este número en 130.000 y algunos historiadores elevan esta cifra. El historiador británico Paul Preston calculó el número de víctimas en 180.000 y, el también historiador, Santos Juliá aporta una cifra mínima de 90.000 para las 36 provincias que ha estudiado. Eduardo Guzmán, estudiando especialmente la represión de postguerra, da la cifra de 200.000 muertos.

En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó a Ayuntamientos y otros organismos un listado de desaparecidos durante la Guerra y la postguerra. El listado, que se reunió el 22 de septiembre de 2008 incluía 143.353 nombres, aunque sus propios autores avisan que faltan muchísimos nombres y, al mismo tiempo, que muchos de los nombres podrían estar duplicados e incluso triplicados (lo que hicieron en el momento de hacer entrega del material para evitar suspicacias). Presenta la siguiente distribución geográfica (según las actuales comunidades autónomas): Galicia (7.000), Asturias (6.000), Cantabria (2.535), País Vasco (1.900), Navarra (3.920), La Rioja (2.070), Cataluña (3.338), Baleares (1.486), Aragón (9.538), Castilla-La Mancha (8.851), Castilla y León (14.660), Extremadura (9.486), Madrid (3.424), Andalucía (42.131), Valencia (29.034), Murcia (1.000), Canarias (2.211), Ceuta y Melilla (768).

Represión en la postguerra
El régimen había llegado al poder como resultado de una violenta propaganda que, en especial en sus primeros años, se basó en una coacción extremada, con el fin de mantener bajo control a los enemigos declarados. […] La terminación de la Guerra Civil no puso fin a la represión, sino que facilitó una más eficaz sistematización de ella.

"La época de Franco" (por Stanley G. Payne)
Acabada la guerra, con el triunfo de los sublevados, los vencedores iniciaron otra etapa de represión cuya finalidad fue atemorizar a todos aquellos que no se identificaban con el nuevo régimen. En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, según la cual, no solo aquellos que habían colaborado con el gobierno legal de la República podían ser condenados, sino también aquellos que supuestamente hubieran mostrado una “pasividad grave”. Entre otras arbitrariedades, haber pertenecido a una logia masónica, personal obsesión de Franco, fue suficiente para ser procesado. En la geografía española surgieron numerosos campos de concentración donde se hacinaban los detenidos viviendo en condiciones durísimas, sometidos a malos tratos y muertes arbitrarias. La primera represión la ejercieron las milicias falangistas que se presentaban en estos campos y se llevaban a aquellos a los que consideraban debían darles el "paseo".

Antes de terminar la guerra ya funcionaba el campo de concentración de Castuera que se construyó una vez caída en manos del ejército franquista la comarca de La Serena. En el campo de concentración de Albatera fueron ingresados muchos republicanos que no pudieron exiliarse desde Alicante en los últimos momentos de la contienda. A finales de 1940 estos campos ya habían sido desmantelados en su mayoría y los presos pasaron a diferentes cárceles en las que las condiciones no eran mucho mejores. no obstante, los campos de concentración siguieron existiendo hasta 1947, año en que se cierra el último, el campo de concentración de Miranda de Ebro.

La primera depuración la sufrió el sistema judicial: el franquismo tuvo especial cuidado en que los tribunales estuviesen compuestos por elementos afines. Estaban compuestos principalmente por militares, el defensor era otro militar al que no se le pedía una formación jurídica y debía subordinación al presidente del tribunal, también militar. Estos tribunales se encargaron de juzgar a aquellos que, como en un mundo al revés, eran acusados de promover o apoyar la insurrección. Los juicios duraban breves minutos, en ocasiones se juzgaban a grupos de sesenta personas las que podían o no ser escuchadas. Otro sector especialmente castigado fue el de la enseñanza. Se continuó con la represión iniciada con la sublevación militar. «Además de los asesinatos, con formación de causa o sin ella, durante el proceso de depuración resultaron sancionados en torno a dieciséis mil maestros y maestras, alrededor del 25% del cuerpo. Casi el 10% fueron expulsados del ejercicio de la profesión».

En 1939, el número de detenidos esperando juicio superaba los 270.000. Ramón Salas, en los años 1970, daba la cifra de 30.000 ejecuciones dictadas por estos tribunales. En la actualidad se calcula en unas 50.000 las personas que fueron ejecutadas (aunque, aun hoy, esta cifra puede considerarse provisional). A esta cifra habría que sumar todas aquellas muertes que se produjeron en las cárceles como consecuencia de las pésimas condiciones en las que intentaban sobrevivir los presos. «En la cárcel Modelo de Valencia llegaron a concentrarse 15.000 prisioneros en algunos meses de 1939 y 1940, pese a que la capacidad prevista de ese recinto construido en 1907 era para 528 personas».Como ejemplo, se conoce que en Albacete, donde hubo un millar de ejecuciones, murieron en la cárcel 300 personas. Los datos sobre las víctimas que murieron ejecutadas o en las cárceles franquistas se obtienen por extrapolación de los pocos datos con los que cuentan los investigadores, ya que el franquismo se preocupó de que muchos de estos crímenes no figuraran en registros oficiales y los datos existentes, aún hoy son de difícil acceso.

Población reclusa tras la Guerra Civil Española
(con fecha de 31 de diciembre de cada año)
1939 ---- 270.719
1940 ---- 233.373
1941 ---- 159.392
1942 ---- 124.423
1943 ---- 74.095
1944 ---- 54.072
1945 ---- 43.812
1946 ---- 36.379
1947 ---- 38.139
1948 ---- 37.451
1949 ---- 36.127
1950 ---- 30.610

En la primavera de 1939 de los más de 250.000 reclusos, solo 103.000 lo estaban por sentencias judiciales. En 1941, en el segundo aniversario de la terminación de la guerra se promulgó una amnistía que alcanzó a los condenados a sentencias inferiores a doce años y el 17 de diciembre de 1943 otra amnistía dejó también en libertad provisional a aquellos cuyas condenas eran inferiores a los veinte años. Se dictó un decreto que reducía las condenas en un tercio por la realización de trabajos “voluntarios” en la reconstrucción del país. La principal obra que acometieron estos batallones de reclusos fue la construcción del Valle de los Caídos, basílica que alojó la tumba del propio Franco, cuyo proyecto se dio a conocer el 1º de abril de 1940.

Los Tribunales y los procesos no sólo sirvieron a una finalidad represora sino que también tuvieron la misión de amedrentar a la población. Como ejemplo, el caso conocido de Albacete, donde los tribunales militares juzgaron a 34.000 personas lo que supuso que el 9% de la población pasó por estos tribunales.

Otra forma de represión fue la administrativa y la económica. El franquismo, en su afán de combatir al "enemigo interior", depuró todos los organismos oficiales (siendo maestros y catedráticos sospechosos, puso especial atención en la depuración de la enseñanza) y la economía se montó favoreciendo a los adictos al régimen, excluyendo de ella a todo sospechoso de desafección. En todas las ciudades y pueblos, la autoridad civil y religiosa, esta última encarnada por el párroco, emitían informes que, en el caso de ser negativos, conllevaban sanciones de todo tipo. Se impusieron sanciones no sólo a los condenados sino también a familias completas y determinadas regiones y provincias fueron castigadas por haber permanecido fieles a la República o ser consideradas izquierdistas. La represión no sólo alcanzó a aquellos que se habían opuesto al Régimen sino que se extendió a aquellos a los que se les consideró discrepantes. «Los avances en la comprensión de la represión como un fenómeno de más amplio alcance que las ejecuciones y los asesinatos van haciendo cada vez más inteligible la nueva realidad social que se fue configurando en torno al régimen».

Especial fue la dedicación a la represión de la mujer del bando vencido. «Las sanciones que se ejecutaban sobre las "mujeres rojas" actuaba sobre la imagen de la mujer», se les rapaba el pelo al cero, se les suministraba aceite de ricino para provocar la posterior mofa por sus efectos, o se las obligaba a barrer las iglesias y las casas de los señoritos.

Las familias de los condenados rojos debían saber cargar con el estigma de los vencidos. Rojas y mujeres de rojos eran lo mismo. Se las podía violar, confiscar sus bienes. Había que vigilarlas, reeducarlas y purificarlas, con aceite de ricino si era necesario, para que arrojaran los demonios de su cuerpo. Como portadoras de culpa que eran, comenta Michael Richards, se les rapaba la cabeza, una imagen cotidiana de los años cuarenta, para que los vencedores señalaran todavía más a la «pelona».

"Refugiados y exiliados" (Por Julián Casanova)
Los primeros meses del conflicto provocaron desplazamientos de población, principalmente en las regiones fronterizas con Francia, que se sentían amenazadas por la acción de ambos contendientes y especialmente, numerosas personas afectadas por la violencia durante la revolución social y la acción de milicias. La provisionalidad y carácter minoritario de estos primeros refugiados fue dejando paso a formas más permanentes y masivas que afectaron mayormente a la población de las zonas de control "republicano" a medida que progresaban las áreas bajo autoridad de las fuerzas franquistas, para generar al término del conflicto, una situación de exilio o de no retornó a cientos de miles de personas.

Los desplazamientos masivos se produjeron como consecuencia de la batalla del Norte, periodo durante el cual cerca de 200.000 personas cruzaron a Francia, de las cuales 165.000 regresaron a España para reincorporarse a la zona republicana. Desde entonces Francia recogería un goteo de exiliados hasta que en los últimos momentos de la guerra, con la caída de Cataluña, se produjera la gran oleada en la que pasaron a Francia otras 350.000 personas. En los días siguientes al cese de hostilidades y final de la contienda, desde Alicante, zarparon unas 15.000 personas, la mayoría con destino al norte de África y la Unión Soviética. En total se calcula que fueron unos 450.000 personas las que permanecían exiliadas en la primavera de 1939, inmediatamente después de acabada la Guerra Civil, de ellas, casi la totalidad, 430.000, lo estaban en Francia, confinadas, en su mayoría, en campos de concentración habilitados para acogerlas.

Francia no previó la gran cantidad de españoles que cruzarían la frontera, no destinó suficientes medios y los campos de concentración se convirtieron en lugares inhabitables donde los exiliados se hacinaban en condiciones de vida penosas. Francia negoció con Franco para que aceptara el retorno de aquellos exiliados que quisieran regresar y a finales de 1939 el número de refugiados que permanecían en los campos se redujo a 140.000, otros 42.000 se distribuyeron en otros países. Rusia, Argentina, Cuba, Santo Domingo y especialmente Chile, por los esfuerzos de Pablo Neruda (en aquel tiempo embajador en París) y, México, que llegaría a acoger a unos 22.000 refugiados, fueron los principales países de acogida.

Los campos de Francia no se desmantelaron hasta bien entrado el año 1940. Los refugiados fueron incorporándose a la Legión extranjera y compañías de trabajo destinadas a trabajadores extranjeros.

Con la ocupación alemana de Francia, los exiliados españoles pasaron a sufrir una nueva represión. Dirigentes del Frente Popular fueron reclamados por Franco y entregados a la policía franquista, éste fue el caso del Presidente de la Generalitat Companys, y el de Peiró y Zugazagoitia que posteriormente fueron ejecutados. 13.000 españoles fueron enviados a campos de concentración en Alemania: el campo de concentración de Mauthausen fue su destino principal, pero también a otros, como Sachsenhausen-Oranienburg al que fue enviado Largo Caballero. De los 13.000 españoles que fueron enviados a campos de concentración nazis únicamente lograron sobrevivir 2.000, pereciendo el 85% de ellos, porcentaje de muertos superior al de cualquier otra nacionalidad. Entre 30.000 y 40.000 españoles fueron enviados a campos de trabajo en Alemania.

Con el inicio de la II Guerra Mundial, la mayoría de los refugiados que permanecían en Francia se incorporaron a unidades militares para combatir a Alemania y unos 10.000 refugiados, principalmente comunistas, se integraron en la resistencia jugando un papel importante en la lucha contra la ocupación alemana. Los combatientes españoles liberaron gran parte del sur de Francia. Una de las primeras unidades en entrar París la integraban exiliados españoles y los batallones Guernica y Libertad participaron en liberación de posiciones en la zona del Atlántico. El número de exiliados españoles muertos en la II Guerra Mundial puede acercarse a la cifra de 25.000. Acabada la II Guerra Mundial, los exiliados españoles en Francia adquirieron un estatus legal, del que carecían con anterioridad, que les permitió permanecer en el país. También es de destacar la comunidad de exiliados en México.

El exilio republicano permanente se calcula en 200.000 exiliados, compuesto principalmente por combatientes del Frente Popular, cargos públicos, profesionales e intelectuales. En determinadas áreas como la poesía, las ciencias o el pensamiento, quienes emigraron representaban una parte trascendental de la cultura española, por lo que la sociedad española se vio mutilada por la desaparición de esas personas.

Ian Gibson
El franquismo, desde un primer momento, se preocupó de dar el debido reconocimiento a las víctimas de la represión en la zona republicana. Estas víctimas fueron identificadas y sus cuerpos exhumados para proporcionales una sepultura digna.

Contrariamente, las víctimas de la represión franquista fueron, en el mejor de los casos, ignoradas, cuando no denigradas. Muchas de estas víctimas se encuentran enterradas en fosas comunes dispersas por la geografía española; sus muertes, en muchos casos ni siquiera figuran en los registros civiles. Superado el franquismo e instaurada la democracia, por las particularidades de la Transición, tuvieron que pasar varias décadas para que aflorara a la opinión pública la reivindicación de su memoria.

A finales de los años 90, pasados 25 años desde que se instaurase la democracia sin que ninguna institución pública se hubiera preocupado de promover una investigación general sobre estas víctimas, familiares de represaliados comenzaron a reivindicar de forma organizada la localización y exhumación de los cuerpos de sus allegados para proporcionarles una sepultura digna. Estos esfuerzos se han visto acompañados por la labor de historiadores interesados en llegar al conocimiento de la verdadera magnitud, y otros extremos, de la tragedia. Estas familias, agrupadas en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, desde el año 2000 han promovido la apertura de las fosas comunes y en septiembre de 2008 el número de cuerpos exhumados era de 2.317.

Entre marzo y abril de 2001, la Comisión Cívica de Alicante conmemoró el 70 aniversario de la II república y el 62 del fin de la Guerra Civil con el lema "Recuperar la Memoria Histórica", comentando sus promotores que "si un pueblo olvida su historia no comprende el presente ni puede labrarse el futuro".

El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados, con la única oposición del Partido Popular (PP), que el año 2006 fuese declarado año de la memoria histórica. El 28 de junio de ese año, el Gobierno de Rodríguez Zapatero presentó el proyecto de la Ley de Memoria Histórica de España con el fin de reconocer, amplían derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. El PP se opuso a este proyecto alegando que ya se habían adoptado "numerosas iniciativas a favor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura" y que el PSOE con la propuesta de esta ley, se estaba traicionando a sí mismo al haber roto la "reconciliación" pactada en la Transición, acusándolo de "hipocresía", "disfrazando de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia". Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida presentaron otros proyectos alternativos por considerarlo insuficiente.[47] El Congreso de los Diputados aprobó la ley el 31 de octubre de 2007.[48]

El desarrollo de la ley de la Memoria Histórica apenas ha sido un tímido avance en el tema que se propone. Hay realidades que son esclarecedoras, (en otoño de 2008) la Generalitat de Cataluña tenía un presupuesto superior, destinado a la investigación de estos hechos y la dignificación de las fosas comunes, que el propio gobierno de la nación; y mientras comunidades autónomas colaboran con ella (Andalucía, Asturias, Aragón,...) otras, las gobernadas por el PP, no han destinado fondos ni han inicado investigaciones.

El 28 de agosto de 2008, para decidir si era competente en la querella presentada por cuatro asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica (las asociaciones de Cataluña, Valencia, Aragón y Ponteareas), el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recabó información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936. Las asociaciones y varios particulares pedían esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos por el bando franquista a partir del golpe de Estado franquista.

La Conferencia Episcopal se negó a acatar el requerimiento, declarándose incompetente ante la petición del juez. El Ministerio de Defensa respondió al juez que no tenía documentación sobre el número de víctimas, siendo el Ejército de Tierra, el único de los tres ejércitos que manifestó que, en sus archivos, podría disponer de alguna información sobre casos puntuales. El 23 de septiembre de 2008, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica envió al Juez Garzón el listado de 143.353 desaparecidos víctimas de la represión franquista.

Esta iniciativa del juez Garzón para investigar el paradero de estas víctimas y las circunstancias de su muerte se ha encontrado con obstáculos de diferente tipo. Aunque algunos ayuntamientos e instituciones han mostrado su disposición para colaborar, a la negativa de la Conferencia Episcopal y los escasos datos que se encuentran en los archivos militares se suma las reticencias de ayuntamientos gobernados por el PP y el boicot de alguno de ellos, como el de Almería.[53] El PP acogió la iniciativa arremetiendo contra el juez Garzón, acusándole de "perder el norte" y considerando la iniciativa de "disparate", "error gravísimo", y "esperpéntico".

La prensa internacional calificó la iniciativa de "hecho histórico". El The New York Times, The Guardian, The Daily Telegraph, El Clarín, Le Monde,... se hicieron eco de la iniciativa

El 7 de noviembre de 2008, la Audiencia Nacional, a solicitud del Fiscal del Estado, tras un tenso debate, suspendía la apertura de fosas y exhumaciones solicitadas por el Juez Garzón. El día 18, el juez Garzón se inhibe de investigar la causa contra el ‘franquismo’ por considerarla extinguida al comprobarse el fallecimiento de los acusados. En el auto remitió las investigaciones de los desaparecidos a los juzgados territoriales donde se hallen situadas las fosas.

Que una investigación sea difícil no significa que sea imposible ni mucho menos general. General y sistemática fue la acción criminal desplegada, y, ahora se trata de delimitar los aspectos concretos y particulares que pueden ser objeto de investigación y, por eso, se han marcado e identificado los diferentes grupos de víctimas y por eso se trata de aquilatar al máximo el número de las mismas y por eso la Justicia debe actuar, en cada una e las jurisdicciones que sean competentes.


En septiembre de 2009 el grupo del partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados, en proposición de ley, instó al gobierno a identificar los restos de los republicanos enterrados en el Valle de Los Caídos. En su día, estos restos fueron exhumados y trasladados sin el consentimiento ni el conocimiento de sus familiares que, en algunos casos, siguieron llorándolos allí donde primeramente fueron enterrados. El grupo socialista pidió el reconocimiento hacia esas víctimas y recordó la responsabilidad del Estado al estar enterradas en suelo Patrimonio del Estado. La misma proposición de ley instó al gobierno para que en el plazo de seis meses se pusiera en contacto con los familiares de las víctimas, les comunicasen el actual paradero de sus allegados y les posibilitasen decidir sobre el destino final de sus restos. La proposición, a iniciativa de ICV-IU-ERC y de Nafarroa Bai, fue aprobada el 30 del mismo mes de noviembre con la única oposición de PP que consideró que "la propuesta no tiene en cuenta la Ley de Protección de Datos ni las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid."

Los datos totales o parciales, disponibles sobre treinta y tres provincias indican que hubo más de 35.000 ejecuciones, ya contabilizadas, en la posguerra. Es verdad que entre esas provincias aparecen ya la mayoría de las que permanecieron en zona republicana casi toda la guerra, pero todavía faltan cifras fiables sobre Vizcaya, Asturias, Badajoz, Toledo, Santander y Madrid. Convendría añadir, cientos de casos de muertes violentas debidas a asesinatos arbitrarios, no registrados por orden militar, especialmente en la primavera de 1939, y los miles de fallecidos en las cárceles. De hambre y epidemias murieron, con los datos disponibles para trece provincias, 4.663 presos en la posguerra. La conclusión, a la espera de nuevas investigaciones, parece clara: al menos 50.000 personas habrían sido ejecutadas en la década posterior al final de la guerra, sin contar esos miles de muertes causadas por el hambre y las enfermedades en los diferentes centros penitenciarios.

La doctrina de los sublevados partía de una supuesta enfermedad moral e incluso genética, por parte de las mujeres «rojas», como exponía de forma explícita Antonio Vallejo Nájera, el que fuera primer jefe de los Servicios Psiquiátricos del ejercito franquista y, tras la victoria, profesor de la UCM y miembro de la Real Academia de la Historia, con todos los honores.

El debate sobre las cifras de mujeres encarceladas, entre las valoraciones de José Sabín y Richard Vinyes, deja la cifra más alta en 50.400 para toda España durante el bienio 1940-1942. Sin embargo, tiene un mayor protagonismo en la «otra represión». La estrategia de la violencia menos normalizada pero igualmente intensa en lugar y tiempo, ejercida sobre la base de coacciones morales, la violencia oculta, amenazas y amedrantamiento. La estrategia tenía como puerto final el silencio y el aislamiento para las supervivientes.