"Los esclavos del franquismo" - texto recopilatorio de Marcia Álvarez-Vega - publicado en la web argentina Franquismo: el Genocidio del que no se habla

"... medio millón de muertos, un cuarto de millón de exiliados dispersos en Francia, Rusia y varios países hispanoamericanos, 280.000 presos en cárceles y campos de concentración por los delitos más inverosímiles, miles de españoles heridos o mutilados por efectos de la guerra, produjeron un colapso en el mercado laboral de un país que necesitaba reconstruir sus infraestructuras y poner en funcionamiento empresas destrozadas o paralizadas por la guerra".

Así explica el periodista Isaías Lafuente, en el inicio de su libro "Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo" (Temas de hoy), el contexto histórico, político, económico y social en el que la dictadura franquista puso en marcha uno de sus más bárbaros y lucrativos métodos de represión y, al mismo tiempo, uno de sus secretos mejor guardados hasta ahora. Otros libros, jornadas de debate y hasta programas de televisión intentan sacar a la luz esta página negra de nuestra Historia, aunque sin éxito aparente hasta el momento.

Para Jordi García Soler se trata de la explotación laboral sistemática de centenares de miles de prisioneros políticos republicanos por parte de la dictadura, que les utilizó de hecho como auténticos esclavos prácticamente hasta las mismas postrimerías del franquismo, en concreto hasta el año 1970, cuando todavía algunas empresas privadas españolas tenían a su servicio a presos políticos obligados a realizar trabajos forzados para ver reducidas sus fuertes condenas de cárcel.

Con prácticamente dos centenares de pueblos e incluso ciudades destruidos en más del 60% de sus construcciones y edificios, un cuarto de millón de viviendas particulares reducidas completamente a escombros y otras tantas convertidas también en inhabitables, más del 40% del muy reducido parque automovilístico y ferroviario nacional absolutamente destrozado e inservible, con un quebranto gravísimo en las redes ferroviarias y de carreteras, así como en todo tipo de construcciones e infraestructuras públicas afectadas por los bombardeos sufridos durante los tres años de guerra, la España resultante de la guerra civil requería una ingente y económicamente muy cuantiosa labor de reconstrucción material.

Una deuda de casi 2.000 millones de pesetas oro con Alemania e Italia
Las inversiones públicas necesarias para hacer frente a esta reconstrucción eran realmente inasumibles por parte de un Estado cuya moneda oficial, la peseta, tenía en 1940 el 50% del valor que poseía antes del inicio de la guerra civil, apenas cuatro años antes, con una renta nacional que se había situado de repente al nivel existente en 1914 y con una renta per cápita inferior en un 14% a la de 1936, con tasas anuales de inflación que durante los años 40 oscilaron entre el 13 y el 23%, y con una población activa que se había visto reducida en más de medio millón de personas.

Con un país destrozado, empobrecido, apenas sin ningún tipo de producción industrial, con muy poco o nada que exportar, prácticamente sin otras relaciones comerciales que las entonces existentes con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y con ambos países aliados de la dictadura franquista exigiendo la devolución inmediata de la cuantiosa deuda contraída por Franco con ellos -1.200 millones y 600 millones de pesetas oro, respectivamente- a causa de sus importantes ayudas militares y financieras al bando franquista durante la guerra civil, de nada iban a servir las drásticas medidas de control económico impuestas por la dictadura. Unas medidas que, por otra parte, empobrecieron aún mucho más al conjunto de la población y enriquecieron de forma espectacular y repentina a un muy reducido número de estraperlistas y especuladores, todos ellos directa o indirectamente ligados a las más altas estructuras del propio poder franquista, con especial protagonismo de Luis Carrero Blanco y de Juan Antonio Suanzes Fernández, hombres de la máxima confianza del dictador.

En este contexto, como señala Isaías Lafuente en su ya citado libro, "Franco se inventó, con décadas de antelación, la primera Empresa de Trabajo Temporal que se implantó en España". La constitución de aquella primera ETT se realizó mediante la creación del denominado Fichero Fisiotécnico en el que se recopilaron todo tipo de datos sobre centenares de miles de prisioneros políticos republicanos de toda España, para utilizarles como auténticos esclavos al servicio del Estado franquista en la reconstrucción del país.

Antes del término del mismo año 1939, en el Fichero Fisiotécnico del Patronato para la Redención de Penas figuraban ya formal y oficialmente censados 67.711 presos, reunidos en un total de 24 industrias y llegando a abarcar hasta 602 oficios distintos. De ellos, en la misma fecha, casi 13.000 estaban ya laboralmente colocados, esto es trabajando teóricamente al servicio del Estado, casi siempre en unas condiciones laborales y de vida infrahumanas, constantemente sometidos a todo tipo de vejaciones y malos tratos, y sin recibir ningún tipo de salario o contraprestación económica, (dado que ese dinero era cobrado directamente de las empresas beneficiadas por Luis Carrero Blanco) sólo con la esperanza de poder redimir parte de sus casi siempre muy largas condenas de prisión, impuestas mediante el uso y abuso sistemático de la Ley de Responsabilidades Políticas, a través de los trabajos forzados.

Como señalaba orgullosa y, sin duda, cínicamente el denominado Patronato para la Redención de Penas al referirse en uno de sus numerosos documentos oficiales de la época al mencionado Fichero Fisiotécnico, "pocas Bolsas de Trabajo contarán con una tal variedad de profesiones y aptitudes personales" .

A principios de 1941, esto es un par de años después de finalizada la guerra civil, constaban en el Fichero Fisiotécnico 103.369 penados, de ellos cerca de 10.000 mujeres, una cifra casi coincidente con la de los presos que entonces ya habían sido juzgados y condenados por los numerosos tribunales civiles y militares puestos en marcha en toda España durante aquellos años.

Los más de 280.000 prisioneros políticos entonces encarcelados en toda España representaban el 10% del conjunto de la población activa del país y eran, en su gran mayoría, hombres de entre 20 y 40 años de edad. No obstante, los presos políticos seguían aumentando sin cesar durante aquellos años. Según ha podido documentar recientemente el historiador Antonio Miguel Bernal, sólo entre los años 1939 y 1943 el número de presos políticos del franquismo llegó a ser de más de 550.000, también con una muy clara mayoría de jóvenes entre ellos.

Aunque fue personalmente el propio Francisco Franco quien puso marcha este formidable negocio a costa de sus prisioneros políticos (y todos los indicios apuntan a que fue quien principalmente se lucró de ello), iniciado ya de hecho en mayo de 1937, al parecer fue el jesuita José Antonio Pérez del Pulgar quien lo inventó e institucionalizó de forma oficial, mediante la constitución del llamado Sistema de Redención de Penas. En su texto de enero de 1939 titulado "La solución que da España al problema de sus presos políticos" -para mayor inri, editado por Publicaciones Redención-, dicho sacerdote no defendía ningún tipo de piedad ni clemencia para con los presos políticos del franquismo: "no puede exigirse a la justicia social que haga tabla rasa de cuanto ha ocurrido", sino que preconizaba para todos ellos poco menos que la aplicación de la Ley del Talión: "Es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista".