Cadena de errores Shoa-ONEMI en Tsunami

Tsunami paso a paso: los escandalosos errores y omisiones del SHOA y la ONEMI

En Valparaíso, los marinos del SHOA mantuvieron la cancelación de la alarma de tsunami pese a que la oceanógrafa de turno les advirtió del peligro de “olas destructivas”. En Santiago, funcionarios de la Onemi supieron que una ola había devastado Juan Fernández y no dieron aviso. En las siguientes horas dos enormes olas mataron a 36 personas. Estas son sólo dos de la decena de graves errores cometidos por autoridades civiles y navales que debían velar por la seguridad de los chilenos en la madrugada del 27 de febrero de 2010 y que esta investigación de CIPER devela por primera vez paso a paso.

En esta investigación de CIPER se reconstruye por primera vez en forma completa los episodios claves vividos en los principales centros de decisión de la Armada y del gobierno y que explican la inoperancia de las autoridades en las cinco primeras horas de la tragedia, cuando aún se podrían haber salvado vidas. La magnitud de la inoperancia se grafica en que recién cerca del mediodía del 27 de febrero de 2010, ocho horas después de que llegaran las primera olas a la costa chilena, los marinos del SHOA constataron que en Chile había habido un tsunami. Más grave aún: durante horas esos marinos desoyeron los datos de una mujer experta oceanógrafa que les insistía en que estaban leyendo mal los datos y que era probable que “olas destructivas” llegaran a la costa. La misma advertencia que hizo llegar desde Hawai personal del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) una hora y diez minutos después del terremoto.
La contraparte civil del SHOA, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), no actuó mejor. Los antecedentes reunidos por CIPER muestran que funcionarios claves de ese organismo no comprendían los procedimientos del SHOA y malinterpretaron la alerta enviada por ese organismo. Peor aún, pasadas las 05:00 de ese terrible día, recibieron información de que el archipiélago de Juan Fernández había sido arrasado por un tsunami. ¿Por qué no dieron la alerta? En ese momento aún faltaban dos olas por llegar: 32 personas murieron sin que nadie les advirtiera del peligro. Es por esas muertes que la fiscalía podría acusar de hasta “cuasi delito de homicidio” a funcionarios de la Onemi y de la Armada.

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El suave vaivén inicial lo puso en alerta. Se despertó cuando el terremoto recién comenzaba y en lugar de asustarse, aguzó los sentidos. Cuando el dormitorio comenzó a agitarse con furia, fue su mujer la que saltó de la cama para poner a resguardo a los tres niños. Él ni se alteró ni buscó refugio. A diferencia de los casi 12 millones de chilenos repartidos en las seis regiones más pobladas del país que despertaron aterrados, Jorge Henríquez Cárcamo se puso de pie y contra lo que dicta el instinto de supervivencia intentó medir la fuerza que descargaba la tierra.

En esa madrugada del 27 de febrero de 2010, Henríquez era jefe de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de la Región del Biobío. En términos técnicos, lo que se conoce como un “observador entrenado”. En la oscuridad calibró el crujir de las construcciones, el corcovear de los muebles y el estruendo de objetos que se estrellaban en el piso. Pero el síntoma más evidente de que el sismo se convertiría en tragedia, era que él mismo apenas lograba mantenerse en pie. Calculó la intensidad en grados Mercalli y de inmediato pensó en la posibilidad de un tsunami. Lo hizo porque estaba a unos tres kilómetros de la costa de Concepción, en San Pedro de la Paz.

Henríquez tomó el teléfono cuando la tierra aún descargaba latigazos y marcó el número de la Onemi central, en Santiago. Sabía que las comunicaciones colapsarían apenas el suelo volviera a calmarse.

Le respondió uno de los tres funcionarios de turno en el Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Onemi. Pudo ser el jefe de turno Osvaldo Malfanti Torres, el radioperador Rafael López Meza o el chofer Manuel Bravo Pacheco. A la carrera, Henríquez reportó que el sismo era de intensidad IX a X en la escala de Mercalli. Del otro lado le indicaron que la información que tenían era que se trataba de un grado VII. Henríquez se irritó:

-Mira conchetumadre, esto es un terremoto y es grado IX a X.

Henríquez nunca habló de esto con otros colegas de la Onemi. Hasta que en una cena de camaradería, en abril de 2011, por primera vez Carmen Fernández, la ex directora de la Onemi que dimitió tras el terremoto, oyó el relato de Henríquez:

-Sentí que se me doblaban las piernas cuando lo escuché -dijo Carmen Fernández a CIPER.

El relato de Henríquez dejaba en evidencia que en la madrugada del terremoto uno de los tres hombres de turno en el CAT desestimó un dato clave para evaluar tempranamente la posibilidad de un maremoto. El registro que esa madrugada difundió oficialmente el CAT indicó erróneamente que en la Región del Biobío el terremoto fue sólo grado VIII Mercalli.

-Nunca fui informada que el jefe de la Onemi regional había percibido, en el borde costero, una intensidad tan alta. Si esa información hubiese circulado esa madrugada, probablemente se hubiesen tomado otras decisiones -indica Carmen Fernández.

Incrédula, la ex directora de la Onemi le preguntó a Henríquez si su relato era fiel a lo que comunicó en la madrugada del terremoto. Su ex subalterno se lo confirmó y agregó que era exactamente lo que le había contado al fiscal del Ministerio Público que le tomó declaración a mediados de 2010.

La declaración de Henríquez figura en una carpeta reservada de la investigación que lleva la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Las pesquisas son lideradas por la fiscal regional, Solange Huerta, secundada por los fiscales Andrés Castellanos y Luis Tapia. El grupo se ha dedicado en estos dos años a establecer las responsabilidades penales de quienes, faltando a sus deberes, podrían haber propiciado que 178 personas murieran en el maremoto (22 de ellas aún desparecidas). La investigación se ha centrado en los funcionarios de la Onemi que no difundieron la alerta de tsunami; en la dotación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), que erróneamente canceló esa alerta y en las autoridades que informaron que ya no había riesgo cuando aún no terminaban de arribar las olas asesinas.