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No cabe duda que los medios de comunicación como Teleamazonas siguen usando el engaño, la tergiversación, la imposición de agendas informativas y de opinión con claros propósitos desestabilizadores. Para nadie es desconocido que este medio de comunicación, propiedad del magnate financiero Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha, ha estado opuesto a todo el proceso de cambio que se lleva adelante en el Ecuador. Este canal de TV, a más de constituirse en un vocero del grupo financiero al que pertenece, es también uno de arietes políticos en contra del gobierno y de las fuerzas sociales y políticas que están sustentando los procesos de transformación en el Ecuador.
Teleamazonas, como otras cadenas de propiedad de grupos oligárquicos, está acostumbrada a emitir información y opinión desde el ángulo de sus mezquinos intereses grupales; lo hace sin ninguna consideración de los derechos a la información que requieren los ciudadanos: sus lentes han invisibilizado muchos hechos y protagonistas de la vida del país, han estigmatizado las acciones de las organizaciones sociales, las han satanizado, han falseado los fines de su lucha, mientras por otro lado han realizado apología del sometimiento a potencias extranjeras, al neoliberalismo. Cuando un medio pierde de vista los intereses de la colectividad, no hay principio ético que valga más allá del que tiene el dueño, en este caso del “lindo canal”.
Es evidente que este canal ha irrespetado los criterios básicos de la ética periodística y disposiciones legales expresas, como aquella que establece que los medios de comunicación están prohibidos de “trasmitir noticias basadas en supuestos que puedan producir perjuicio o conmociones sociales y políticas”. En este sentido se le imputan dos hechos: la transmisión desde el centro de contingencia del CNE, ubicándolo como un centro clandestino, y la información alrededor de la explotación de gas natural en la isla Puná por parte de PDVSA y la supuesta afectación a la pesca, sustento de las comunidades que viven en esa isla.
Aunque parezca absurdo, esta política de desinformación y tergiversación es presentada sin ningún escrúpulo como una violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Usando el perverso recurso de descontextualizar, hoy se presentan como las víctimas de la represión gubernamental y han empezado a realizar mítines en Quito y Guayaquil. La oligarquía guayaquileña ha desempolvado los crespones negros con las que marcharon junto a Febres Cordero en defensa del banquero corrupto Jaime Aspiazu, las cámaras empresariales se aprestan a poner en escena todo el libreto en defensa de la libertad de empresa.
Con esta conducta buscan sensibilizar a la población, ganar razón para su mentira y eventualmente crear convulsión con la bandera de la “libertad de expresión”. Es evidente que si penetramos un poco más en el asunto, Fidel Egas y Teleamazonas saben que la nueva Constitución Política establece claramente en el artículo 17 que “no permitirá el oligopolio y monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios comunicación y del uso de las frecuencias”. Este es el fondo del asunto: Fidel Egas y su “lindo canal” no quieren perder los privilegios de los cuales han gozado y en ese sentido han diseñado una estrategia de resistencia en tres actos: primero, se oculta precisamente el hecho esencial, que Telemazonas no puede seguir siendo parte del oligopolio Egas; segundo, desarrollan acciones de provocación al efectuar los reportajes manipulados, que a todas luces sabían que tendría una reacción del gobierno; tercero, establecen un trama para ser reconocidos como víctimas y, partir de esto, generar un escenario para continuar la confrontación y el desgaste del gobierno.
Este episodio poselectoral abre nuevamente el debate alrededor de los medios de comunicación y los derechos a la información establecidos en la Constitución, pone nuevamente en evidencia la lucha de clases en el país, la confrontación entre el pueblo y la oligarquía, entre las fuerzas democráticas, patrióticas, antiologárquicas y de izquierda y la derecha. Es evidente, también, que en este tema se expresarán las contradicciones dentro de la tendencia, no faltaran aquellos que busquen mediatizar el asunto, buscarle un justo término y, quizá, algún despistado que se sume a la estrategia del “lindo canal”.
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Argentina: El monopolio mediático se victimiza sin razón Destacado
por Eminio Marín / La Arena
Domingo, 18 de Diciembre de 2011 02:22
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Argentina: El monopolio mediático se victimiza sin razón
Proyecto sobre papel de diarios afecta al monopolio, no las libertades. Diputados dio media sanción el jueves al proyecto relativo al papel para periódicos y el jueves 22 sería aprobado por el Senado. Es una gran noticia para la democracia, que los monopolios presentan como Todo Negativo.
El gobierno nacional sigue construyendo poder con el método tantas veces objetado de “una de cal y otra de arena”. Si el acercamiento a las cúpulas empresarias más concentradas generó preocupación en muchos de sus votantes, el impulso a la ley sobre pasta de celulosa y papel para diarios, los reconfortó.
La justa iniciativa provocó un estrépito político. Todo se precipitó esta semana, luego que el oficialismo citara un plenario de cinco comisiones con la nueva composición de la Cámara de Diputados. Obtuvo allí un dictamen de mayoría con 85 firmas propias y de aliados.
Así estuvo en condiciones de llevar el proyecto al plenario, que el jueves pasado y tras siete horas de debate, lo aprobó por 134 votos a 92. El alineamiento político de los bloques estaba cantado: el kirchnerismo y aliados de centroizquierda de Nuevo Encuentro, de un lado; el PRO, peronismo duhaldista, UCR, CC y el FAP de Hermes Binner, del otro. Algunos sub-bloques de esta última fuerza, como Unidad Popular, de Víctor De Genaro y Claudio Lozano, se abstuvieron. Igual conducta tuvieron Proyecto Sur y Felipe Solá y sus pocos emigrantes del “peronismo federal”.
Los detractores estaban furiosos con el rápido tratamiento, pero no pudieron refutar el argumento del FPV: el PEN había remitido el proyecto en setiembre de 2010, enriquecido luego por una iniciativa de Cecilia Merchán (en ese momento Libres del Sur-Proyecto Sur), aprobada en comisión.
Otra explicación oficialista también fue contundente. Aludía a que este debate generó mucha participación a lo largo del año pasado y del que está feneciendo. Unas 120 entidades dieron su opinión favorable, muchas de estas eran publicaciones pequeñas y medianas, sobre todo del interior, víctimas de los manejos monopólicos de Papel Prensa.
El director de “La Nación”, Julio Saguier, presentó una nota de apuro ante el plenario de Comisiones, que ya había iniciado el debate. En todo el tiempo transcurrido desde que el Ejecutivo giró el proyecto al Congreso, los dueños de Papel Prensa (el diario citado y Clarín) no se dignaron a darse una vuelta por Diputados para expresar su opinión. Lo suyo, esta semana, fue un manotazo de ahogado…
Por otro lado, aunque se quejaron de la celeridad con que fue citado el plenario de las comisiones de Comercio, Comunicaciones, Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, la convocatoria fue correcta. Y allí hubo un dictamen claro por mayoría, en tanto algunos opositores como el GEN de Margarita Stolbizer, aliada de Binner, redactaron el suyo en disidencia.
Luego sobrevino el debate, en el recinto, con el resultado ya consignado de victoria cómoda para la ley en ciernes. Para desgracia de los defensores de “Clarinete” y “Gaceta Ganadera”, ese jueves 15 fue citada la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado, y en un trámite veloz, de dos horas de debate, aprobó lo llegado de la Cámara Baja. Si no ocurre nada raro, el 22 de diciembre lo votarán afirmativamente.
En el arbolito de Navidad
Si los senadores completan el tratamiento, la ley sobre papel para diarios estará como regalo de Navidad. No sólo en el árbol de la presidenta, como dice el monopolio, sino en el árbol de regalos de la mayoría de medios pequeños y medianos de todo el país.
La norma obliga a PP a operar a pleno de su capacidad operativa y ejecutar, cada tres años, un plan de inversiones para satisfacer la demanda interna. Si no pudiera cumplirlo, el Estado puede realizar los aportes necesarios que servirán para acrecentar su participación accionaria en la empresa. Esto está planteado en los artículos 40 y 41, y son los que más oposición desataron en los legisladores opositores. Estos reflotaron los argumentos empresariales de que esa mayor inversión estatal licuaría el control privado del paquete accionario. Actualmente el Estado tiene el 27 por ciento, La Nación el 22 y Clarín el 47.
Si los dueños privados no cumplen con la producción, el abastecimiento y el precio de sus bobinas de papel, el ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, podrá aplicarles sanciones y aún clausurar la planta productora en San Pedro.
La justificación de la iniciativa gubernamental es de fácil comprensión. Como expresó en su intervención en el plenario la legisladora Juliana Di Tullio, titular de la Comisión de Comercio, el caso de Papel Prensa es único en el mundo. Los que monopolizan la -de hecho- única empresa fabricante de papel son a la vez los que detentan la posición dominante entre los diarios.
Confirmando que se trata de un proyecto antimonopólico, fue respaldado por los diarios y publicaciones menos poderosas agrupadas en Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra). Esta asociación apoyó el dictamen de las Cinco Comisiones calificando al papel como “un insumo esencial que no sólo hace a la libertad de expresión en general, y a la de prensa en particular, sino que es constitutivo de la soberanía nacional”. Su comunicado agregó: “el Estado argentino debe garantizar la producción de papel, no sólo con intervención en Papel Prensa, sino también a través de políticas activas, que deriven en un salto cualitativo en la producción de pasta para alcanzar niveles de productividad competitivos con los estándares internacionales de calidad y precio”.
Esta posición de los asociados de Dypra ilustra que está en juego un insumo esencial y el valor de la libertad de expresión. Los medios monopólicos dicen que quien pone en peligro esos valores son el gobierno y la futura ley.
Números y política
La argumentación de los monopolios para salvar sus privilegios de Papel Prensa es ridícula y errática.
Es errática porque los editoriales de esos controlantes afirman que venden papel a 170 medios. “Esta empresa, que abastece hoy a más de 170 diarios argentinos”, sostuvo Clarín el 15/12. Su socio editorializó: “es falso, pues, el argumento de que Papel Prensa constituye un monopolio. No sólo abastece a más de 170 publicaciones”.
Pero esa cifra es diferente a la que difundió el columnista de “la tribuna de doctrina” ruralista, Adrián Ventura. Su columna “Papel Prensa abastece a 440 medios en todo el país”, de ayer, habló de 440. ¿Cuál es la cantidad correcta?
Y es ridícula, porque sean 170 o 440, eso no puede ser prueba de la inexistencia de un monopolio, como alegan los dueños de la empresa papelera sino exactamente de lo contrario. Hay un pulpo que tiene tomados de las gónadas a los dueños de centenares de publicaciones, porque produce el 75 por ciento del papel que se emplea en el país para diarios y que aplica precios diferenciados a Clarín-La Nación que al resto de los mortales.
Es muy revelador este párrafo de la declaración de Dypra: sus miembros “peticionaron incansablemente a esa empresa (PP), e invariablemente obtuvieron siempre la misma y perversa respuesta: ´No se puede producir más que lo que produce´”.
Estos aspectos económicos, comerciales y financieros del tema en cuestión se deben poner en contexto con la política. Es que la fábrica fundada en tiempos de la dictadura militar-cívica fue apropiada por la empresa de Herrera de Noble-Magnetto y la de Mitre-Saguier, aprovechando que los propietarios originarios estaban secuestrados y torturados por los grupos de tareas del terrorismo de Estado.
Por eso en agosto del año pasado la presidenta de la Nación anunció el envió al Congreso del proyecto de ley para papel de diarios a la vez que difundió el informe “Papel Prensa la verdad”, que consignaba esas violaciones a los derechos humanos cometidas contra el grupo de David Graiver, Lidia Papaleo y otros familiares. A partir de allí la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación promovió un juicio a esos adquirentes videlistas por esos hechos aberrantes.
Hay entonces dos aspectos del diferendo: el económico y el político. Y en ambos la línea demarcatoria de los campos en pugna se parece demasiado a los que se plantaron durante 2009 cuando se discutió la ley de servicios de comunicación audiovisual. De una parte los muchos centenares de entidades democráticas que apoyaban la iniciativa de anular la ley de la dictadura y promover otra democrática, pluralista, con más voces y expresiones. Y del otro Clarín, La Nación, Grupo Uno, Telefé, etc, apoyados por el Grupo A de la derecha política y entidades patronales como Adepa y la SIP de Miami.
Entonces se combatía a los monopolios audiovisuales y saltaron estos intereses concentrados, más los medios gráficos, que son parte de la misma “familia”. Ahora el tema es el papel y saltan todos. Es “Todo Negativo”. Este diciembre de 2011 se parece tanto a ese octubre de 2009. Todavía no llegaron los feriados de Carnaval, pero doña Ernestina ya se puso el raído disfraz de la libertad de prensa.
No cabe duda que los medios de comunicación como Teleamazonas siguen usando el engaño, la tergiversación, la imposición de agendas informativas y de opinión con claros propósitos desestabilizadores. Para nadie es desconocido que este medio de comunicación, propiedad del magnate financiero Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha, ha estado opuesto a todo el proceso de cambio que se lleva adelante en el Ecuador. Este canal de TV, a más de constituirse en un vocero del grupo financiero al que pertenece, es también uno de arietes políticos en contra del gobierno y de las fuerzas sociales y políticas que están sustentando los procesos de transformación en el Ecuador.
Teleamazonas, como otras cadenas de propiedad de grupos oligárquicos, está acostumbrada a emitir información y opinión desde el ángulo de sus mezquinos intereses grupales; lo hace sin ninguna consideración de los derechos a la información que requieren los ciudadanos: sus lentes han invisibilizado muchos hechos y protagonistas de la vida del país, han estigmatizado las acciones de las organizaciones sociales, las han satanizado, han falseado los fines de su lucha, mientras por otro lado han realizado apología del sometimiento a potencias extranjeras, al neoliberalismo. Cuando un medio pierde de vista los intereses de la colectividad, no hay principio ético que valga más allá del que tiene el dueño, en este caso del “lindo canal”.
Es evidente que este canal ha irrespetado los criterios básicos de la ética periodística y disposiciones legales expresas, como aquella que establece que los medios de comunicación están prohibidos de “trasmitir noticias basadas en supuestos que puedan producir perjuicio o conmociones sociales y políticas”. En este sentido se le imputan dos hechos: la transmisión desde el centro de contingencia del CNE, ubicándolo como un centro clandestino, y la información alrededor de la explotación de gas natural en la isla Puná por parte de PDVSA y la supuesta afectación a la pesca, sustento de las comunidades que viven en esa isla.
Aunque parezca absurdo, esta política de desinformación y tergiversación es presentada sin ningún escrúpulo como una violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Usando el perverso recurso de descontextualizar, hoy se presentan como las víctimas de la represión gubernamental y han empezado a realizar mítines en Quito y Guayaquil. La oligarquía guayaquileña ha desempolvado los crespones negros con las que marcharon junto a Febres Cordero en defensa del banquero corrupto Jaime Aspiazu, las cámaras empresariales se aprestan a poner en escena todo el libreto en defensa de la libertad de empresa.
Con esta conducta buscan sensibilizar a la población, ganar razón para su mentira y eventualmente crear convulsión con la bandera de la “libertad de expresión”. Es evidente que si penetramos un poco más en el asunto, Fidel Egas y Teleamazonas saben que la nueva Constitución Política establece claramente en el artículo 17 que “no permitirá el oligopolio y monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios comunicación y del uso de las frecuencias”. Este es el fondo del asunto: Fidel Egas y su “lindo canal” no quieren perder los privilegios de los cuales han gozado y en ese sentido han diseñado una estrategia de resistencia en tres actos: primero, se oculta precisamente el hecho esencial, que Telemazonas no puede seguir siendo parte del oligopolio Egas; segundo, desarrollan acciones de provocación al efectuar los reportajes manipulados, que a todas luces sabían que tendría una reacción del gobierno; tercero, establecen un trama para ser reconocidos como víctimas y, partir de esto, generar un escenario para continuar la confrontación y el desgaste del gobierno.
Este episodio poselectoral abre nuevamente el debate alrededor de los medios de comunicación y los derechos a la información establecidos en la Constitución, pone nuevamente en evidencia la lucha de clases en el país, la confrontación entre el pueblo y la oligarquía, entre las fuerzas democráticas, patrióticas, antiologárquicas y de izquierda y la derecha. Es evidente, también, que en este tema se expresarán las contradicciones dentro de la tendencia, no faltaran aquellos que busquen mediatizar el asunto, buscarle un justo término y, quizá, algún despistado que se sume a la estrategia del “lindo canal”.
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Argentina: El monopolio mediático se victimiza sin razón Destacado
por Eminio Marín / La Arena
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Argentina: El monopolio mediático se victimiza sin razón
Proyecto sobre papel de diarios afecta al monopolio, no las libertades. Diputados dio media sanción el jueves al proyecto relativo al papel para periódicos y el jueves 22 sería aprobado por el Senado. Es una gran noticia para la democracia, que los monopolios presentan como Todo Negativo.
El gobierno nacional sigue construyendo poder con el método tantas veces objetado de “una de cal y otra de arena”. Si el acercamiento a las cúpulas empresarias más concentradas generó preocupación en muchos de sus votantes, el impulso a la ley sobre pasta de celulosa y papel para diarios, los reconfortó.
La justa iniciativa provocó un estrépito político. Todo se precipitó esta semana, luego que el oficialismo citara un plenario de cinco comisiones con la nueva composición de la Cámara de Diputados. Obtuvo allí un dictamen de mayoría con 85 firmas propias y de aliados.
Así estuvo en condiciones de llevar el proyecto al plenario, que el jueves pasado y tras siete horas de debate, lo aprobó por 134 votos a 92. El alineamiento político de los bloques estaba cantado: el kirchnerismo y aliados de centroizquierda de Nuevo Encuentro, de un lado; el PRO, peronismo duhaldista, UCR, CC y el FAP de Hermes Binner, del otro. Algunos sub-bloques de esta última fuerza, como Unidad Popular, de Víctor De Genaro y Claudio Lozano, se abstuvieron. Igual conducta tuvieron Proyecto Sur y Felipe Solá y sus pocos emigrantes del “peronismo federal”.
Los detractores estaban furiosos con el rápido tratamiento, pero no pudieron refutar el argumento del FPV: el PEN había remitido el proyecto en setiembre de 2010, enriquecido luego por una iniciativa de Cecilia Merchán (en ese momento Libres del Sur-Proyecto Sur), aprobada en comisión.
Otra explicación oficialista también fue contundente. Aludía a que este debate generó mucha participación a lo largo del año pasado y del que está feneciendo. Unas 120 entidades dieron su opinión favorable, muchas de estas eran publicaciones pequeñas y medianas, sobre todo del interior, víctimas de los manejos monopólicos de Papel Prensa.
El director de “La Nación”, Julio Saguier, presentó una nota de apuro ante el plenario de Comisiones, que ya había iniciado el debate. En todo el tiempo transcurrido desde que el Ejecutivo giró el proyecto al Congreso, los dueños de Papel Prensa (el diario citado y Clarín) no se dignaron a darse una vuelta por Diputados para expresar su opinión. Lo suyo, esta semana, fue un manotazo de ahogado…
Por otro lado, aunque se quejaron de la celeridad con que fue citado el plenario de las comisiones de Comercio, Comunicaciones, Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, la convocatoria fue correcta. Y allí hubo un dictamen claro por mayoría, en tanto algunos opositores como el GEN de Margarita Stolbizer, aliada de Binner, redactaron el suyo en disidencia.
Luego sobrevino el debate, en el recinto, con el resultado ya consignado de victoria cómoda para la ley en ciernes. Para desgracia de los defensores de “Clarinete” y “Gaceta Ganadera”, ese jueves 15 fue citada la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado, y en un trámite veloz, de dos horas de debate, aprobó lo llegado de la Cámara Baja. Si no ocurre nada raro, el 22 de diciembre lo votarán afirmativamente.
En el arbolito de Navidad
Si los senadores completan el tratamiento, la ley sobre papel para diarios estará como regalo de Navidad. No sólo en el árbol de la presidenta, como dice el monopolio, sino en el árbol de regalos de la mayoría de medios pequeños y medianos de todo el país.
La norma obliga a PP a operar a pleno de su capacidad operativa y ejecutar, cada tres años, un plan de inversiones para satisfacer la demanda interna. Si no pudiera cumplirlo, el Estado puede realizar los aportes necesarios que servirán para acrecentar su participación accionaria en la empresa. Esto está planteado en los artículos 40 y 41, y son los que más oposición desataron en los legisladores opositores. Estos reflotaron los argumentos empresariales de que esa mayor inversión estatal licuaría el control privado del paquete accionario. Actualmente el Estado tiene el 27 por ciento, La Nación el 22 y Clarín el 47.
Si los dueños privados no cumplen con la producción, el abastecimiento y el precio de sus bobinas de papel, el ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, podrá aplicarles sanciones y aún clausurar la planta productora en San Pedro.
La justificación de la iniciativa gubernamental es de fácil comprensión. Como expresó en su intervención en el plenario la legisladora Juliana Di Tullio, titular de la Comisión de Comercio, el caso de Papel Prensa es único en el mundo. Los que monopolizan la -de hecho- única empresa fabricante de papel son a la vez los que detentan la posición dominante entre los diarios.
Confirmando que se trata de un proyecto antimonopólico, fue respaldado por los diarios y publicaciones menos poderosas agrupadas en Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra). Esta asociación apoyó el dictamen de las Cinco Comisiones calificando al papel como “un insumo esencial que no sólo hace a la libertad de expresión en general, y a la de prensa en particular, sino que es constitutivo de la soberanía nacional”. Su comunicado agregó: “el Estado argentino debe garantizar la producción de papel, no sólo con intervención en Papel Prensa, sino también a través de políticas activas, que deriven en un salto cualitativo en la producción de pasta para alcanzar niveles de productividad competitivos con los estándares internacionales de calidad y precio”.
Esta posición de los asociados de Dypra ilustra que está en juego un insumo esencial y el valor de la libertad de expresión. Los medios monopólicos dicen que quien pone en peligro esos valores son el gobierno y la futura ley.
Números y política
La argumentación de los monopolios para salvar sus privilegios de Papel Prensa es ridícula y errática.
Es errática porque los editoriales de esos controlantes afirman que venden papel a 170 medios. “Esta empresa, que abastece hoy a más de 170 diarios argentinos”, sostuvo Clarín el 15/12. Su socio editorializó: “es falso, pues, el argumento de que Papel Prensa constituye un monopolio. No sólo abastece a más de 170 publicaciones”.
Pero esa cifra es diferente a la que difundió el columnista de “la tribuna de doctrina” ruralista, Adrián Ventura. Su columna “Papel Prensa abastece a 440 medios en todo el país”, de ayer, habló de 440. ¿Cuál es la cantidad correcta?
Y es ridícula, porque sean 170 o 440, eso no puede ser prueba de la inexistencia de un monopolio, como alegan los dueños de la empresa papelera sino exactamente de lo contrario. Hay un pulpo que tiene tomados de las gónadas a los dueños de centenares de publicaciones, porque produce el 75 por ciento del papel que se emplea en el país para diarios y que aplica precios diferenciados a Clarín-La Nación que al resto de los mortales.
Es muy revelador este párrafo de la declaración de Dypra: sus miembros “peticionaron incansablemente a esa empresa (PP), e invariablemente obtuvieron siempre la misma y perversa respuesta: ´No se puede producir más que lo que produce´”.
Estos aspectos económicos, comerciales y financieros del tema en cuestión se deben poner en contexto con la política. Es que la fábrica fundada en tiempos de la dictadura militar-cívica fue apropiada por la empresa de Herrera de Noble-Magnetto y la de Mitre-Saguier, aprovechando que los propietarios originarios estaban secuestrados y torturados por los grupos de tareas del terrorismo de Estado.
Por eso en agosto del año pasado la presidenta de la Nación anunció el envió al Congreso del proyecto de ley para papel de diarios a la vez que difundió el informe “Papel Prensa la verdad”, que consignaba esas violaciones a los derechos humanos cometidas contra el grupo de David Graiver, Lidia Papaleo y otros familiares. A partir de allí la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación promovió un juicio a esos adquirentes videlistas por esos hechos aberrantes.
Hay entonces dos aspectos del diferendo: el económico y el político. Y en ambos la línea demarcatoria de los campos en pugna se parece demasiado a los que se plantaron durante 2009 cuando se discutió la ley de servicios de comunicación audiovisual. De una parte los muchos centenares de entidades democráticas que apoyaban la iniciativa de anular la ley de la dictadura y promover otra democrática, pluralista, con más voces y expresiones. Y del otro Clarín, La Nación, Grupo Uno, Telefé, etc, apoyados por el Grupo A de la derecha política y entidades patronales como Adepa y la SIP de Miami.
Entonces se combatía a los monopolios audiovisuales y saltaron estos intereses concentrados, más los medios gráficos, que son parte de la misma “familia”. Ahora el tema es el papel y saltan todos. Es “Todo Negativo”. Este diciembre de 2011 se parece tanto a ese octubre de 2009. Todavía no llegaron los feriados de Carnaval, pero doña Ernestina ya se puso el raído disfraz de la libertad de prensa.
