La izquierda abertzale considera clave el debate abierto entre los presos de ETA para alcanzar una resolución que se conocerá antes del verano. Sus dirigentes apuestan porque los presos etarras abandonen posiciones maximalistas como la amnistía y acepten la legalidad, esto es, la asunción de la reinserción individual, para facilitar su salida. Si poco antes de la Semana Santa, el dirigente de la izquierda abertzale Joseba Permach se pronunciaba porque los presos se adapten a la nueva situación —“aquí todo el mundo tiene que ser consciente de la nueva coyuntura”—, tras la Semana Santa, otro dirigente de esta formación, Pernando Barrena, ha precisado con más claridad lo que quiere la izquierda abertzale.
Barrena propone que los presos de ETA se sitúen “en la legalidad a través de expedientes individuales”. El paralelismo que realiza es significativo: “La izquierda abertzale hizo un análisis para legalizar Sortu y se resituó precisamente porque tiene necesidad de funcionar en la legalidad. La ley de partidos, que no es de nuestro agrado, nos exige que cumplamos una serie de puntos y eso es lo que hemos hecho”.
A partir de ahí, el mensaje del dirigente de la izquierda abertzale a los presos de ETA es elocuente: “Si nosotros hicimos esa tarea, que la hagan los presos no iría en contradicción de ninguna manera con las decisiones tomadas por la izquierda abertzale y ETA. El colectivo de presos tendrá que tomar decisiones de ese estilo para colocarse en ese contexto político y posibilitar la libertad de los presos”. Lo acaba de manifestar en el semanario en euskera Argia.
La izquierda abertzale trata de este modo de influir en el debate de los presos, cuyos seis interlocutores recientemente elegidos se alinean con la decisión de cese definitivo de la violencia, anunciada por ETA el 20 de octubre.
Con este movimiento, la izquierda abertzale pretende descolocar al Gobierno, que mantiene una política penitenciaria rígida con los presos de ETA, por debajo no solo de sus exigencias sino de las del PSE y del PNV, que abogan por su flexibilidad, con la reclamación del acercamiento de presos a cárceles vascas y la excarcelación de los enfermos graves en una primera fase. El PNV y el PSE apuestan también por reclamar al Gobierno que facilite la reinserción individual de los presos de ETA que renuncien a la violencia y admitan el daño causado.
Estas posiciones cuentan con una opinión mayoritaria en Euskadi, pues un 70% de vascos se define por el acercamiento de presos a las cárceles vascas y otro 72% por que el Ejecutivo facilite la reinserción de presos de ETA que renuncien a la violencia, según el último sondeo del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno vasco.
De esta posición se hicieron eco los líderes del PSE, Patxi López, y del PNV, Iñigo Urkullu, en la reunión que mantuvieron con Mariano Rajoy, en enero, recién llegado a La Moncloa. Y es, también, la misma que el sábado hizo público Gesto por la Paz, el primer movimiento ciudadano vasco contra ETA, creado en 1988, tras el Pacto de Ajuria Enea.
Ahora, la izquierda abertzale trata de lograr que sean los presos de ETA los que asuman esta posición mayoritaria en Euskadi mientras aumenta la presión en la calle sobre el Gobierno y con cierto éxito, como pudo comprobarse el sábado en una multitudinaria manifestación en Bilbao, lo que preocupa al PSE y al PNV.
El Ejecutivo, centrado en la crisis, encuentra problemas crecientes en Euskadi al aumentar la inquietud y presión del PSE y el PNV por su inmovilismo y el de los tribunales —está pendiente la legalización de Sortu, la excarcelación de Otegi y se ha ratificado la doctrina Parot— cuando han pasado seis meses del cese definitivo de ETA y falta menos de un año para las elecciones vascas. Su inquietud es que la derrota de ETA torne en victoria de la izquierda abertzale.
Barrena propone que los presos de ETA se sitúen “en la legalidad a través de expedientes individuales”. El paralelismo que realiza es significativo: “La izquierda abertzale hizo un análisis para legalizar Sortu y se resituó precisamente porque tiene necesidad de funcionar en la legalidad. La ley de partidos, que no es de nuestro agrado, nos exige que cumplamos una serie de puntos y eso es lo que hemos hecho”.
A partir de ahí, el mensaje del dirigente de la izquierda abertzale a los presos de ETA es elocuente: “Si nosotros hicimos esa tarea, que la hagan los presos no iría en contradicción de ninguna manera con las decisiones tomadas por la izquierda abertzale y ETA. El colectivo de presos tendrá que tomar decisiones de ese estilo para colocarse en ese contexto político y posibilitar la libertad de los presos”. Lo acaba de manifestar en el semanario en euskera Argia.
La izquierda abertzale trata de este modo de influir en el debate de los presos, cuyos seis interlocutores recientemente elegidos se alinean con la decisión de cese definitivo de la violencia, anunciada por ETA el 20 de octubre.
Con este movimiento, la izquierda abertzale pretende descolocar al Gobierno, que mantiene una política penitenciaria rígida con los presos de ETA, por debajo no solo de sus exigencias sino de las del PSE y del PNV, que abogan por su flexibilidad, con la reclamación del acercamiento de presos a cárceles vascas y la excarcelación de los enfermos graves en una primera fase. El PNV y el PSE apuestan también por reclamar al Gobierno que facilite la reinserción individual de los presos de ETA que renuncien a la violencia y admitan el daño causado.
Estas posiciones cuentan con una opinión mayoritaria en Euskadi, pues un 70% de vascos se define por el acercamiento de presos a las cárceles vascas y otro 72% por que el Ejecutivo facilite la reinserción de presos de ETA que renuncien a la violencia, según el último sondeo del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno vasco.
De esta posición se hicieron eco los líderes del PSE, Patxi López, y del PNV, Iñigo Urkullu, en la reunión que mantuvieron con Mariano Rajoy, en enero, recién llegado a La Moncloa. Y es, también, la misma que el sábado hizo público Gesto por la Paz, el primer movimiento ciudadano vasco contra ETA, creado en 1988, tras el Pacto de Ajuria Enea.
Ahora, la izquierda abertzale trata de lograr que sean los presos de ETA los que asuman esta posición mayoritaria en Euskadi mientras aumenta la presión en la calle sobre el Gobierno y con cierto éxito, como pudo comprobarse el sábado en una multitudinaria manifestación en Bilbao, lo que preocupa al PSE y al PNV.
El Ejecutivo, centrado en la crisis, encuentra problemas crecientes en Euskadi al aumentar la inquietud y presión del PSE y el PNV por su inmovilismo y el de los tribunales —está pendiente la legalización de Sortu, la excarcelación de Otegi y se ha ratificado la doctrina Parot— cuando han pasado seis meses del cese definitivo de ETA y falta menos de un año para las elecciones vascas. Su inquietud es que la derrota de ETA torne en victoria de la izquierda abertzale.