El Sindicato Andaluz de Trabajadores vuelve a marchar contra la privatización. Junto a colectivos ciudadanos se oponen a la venta de la Finca de La Almoraima, en el municipio gaditano de Castellar de la Frontera. Este paraje público de 14.000 hectáreas ocupa el 77% de la superficie del pueblo, los vecinos reivindican la tierra para su explotación.
Avanzan como un ejército para defender su patrimonio natural. El Sindicato Andaluz de Trabajadores se ha unido a la guerra institucional por la finca de la Almoraima. Defiende que el parque natural debe albergar un polígono industrial verde que emplee a los vecinos. Quieren que la tierra sea del pueblo.
Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley que para que la Junta de Andalucía ejerza su derecho de tanteo y retracto. De este modo tendría la primera opción de compra del terreno con cargo a la deuda contraída por el Estado con el ejecutivo regional.
El enfrentamiento se abrió cuando el Gobierno dijo que quería levantar allí un resort de lujo con un hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y uno de polo. La Junta se ha opuesto y se ha dado prisa en declarar esa zona parque natural para protegerla de los especuladores.
Y a pesar de las trabas el ministerio de Arias Cañete sigue defendiendo un proyecto a priori ilegal porque ni siquiera cuenta con un informe de impacto ambiental.
Si el Gobierno y la Junta no llegan a un acuerdo, será la Unión Europea la que decida en este conflicto.
Fuente: ElComunista.net / LaSexta
Avanzan como un ejército para defender su patrimonio natural. El Sindicato Andaluz de Trabajadores se ha unido a la guerra institucional por la finca de la Almoraima. Defiende que el parque natural debe albergar un polígono industrial verde que emplee a los vecinos. Quieren que la tierra sea del pueblo.
Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley que para que la Junta de Andalucía ejerza su derecho de tanteo y retracto. De este modo tendría la primera opción de compra del terreno con cargo a la deuda contraída por el Estado con el ejecutivo regional.
El enfrentamiento se abrió cuando el Gobierno dijo que quería levantar allí un resort de lujo con un hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y uno de polo. La Junta se ha opuesto y se ha dado prisa en declarar esa zona parque natural para protegerla de los especuladores.
Y a pesar de las trabas el ministerio de Arias Cañete sigue defendiendo un proyecto a priori ilegal porque ni siquiera cuenta con un informe de impacto ambiental.
Si el Gobierno y la Junta no llegan a un acuerdo, será la Unión Europea la que decida en este conflicto.
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