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La posibilidad de que Cuba se convierta en un Estado petrolero preocupa a los políticos de EEUU quienes presionan a las empresas que trabajan en aguas cubanas, en particular a la española Repsol que será la primera en iniciar las perforaciones. Mientras Washington dice temer un derrame, los congresistas cubano-estadounidenses se quejan porque fortalecerá a Castro y los petroleros norteamericanos contemplan alarmados cómo la competencia perfora a cien kilómetros de sus costas.
Durante años se especuló con que en las aguas cubanas podía haber petróleo a gran profundidad y, paradójicamente, la confirmación vino desde EEUU. En 2004 un estudio de su Servicio Geológico aseguraba que en la zona del golfo perteneciente a Cuba hay reservas de crudo estimadas en 4.600 millones de barriles, 280.000 millones de m³ de gas natural y 900 millones de barriles de gas natural líquido. Fuentes cubanas afirman que en realidad hay cinco veces más de lo que reconocen los estadounidenses.
Cuba parceló en 59 bloques sus 112.000 km² de aguas del golfo y firmó contratos de prospección a riesgo con diferentes petroleras, que se llevarán un porcentaje del crudo o perderán su dinero si no dan con yacimientos explotables. Las inversiones son enormes, la búsqueda requiere trabajar a una profundidad de 1.700 metros y disponer de una tecnología sofisticada y cara. Con el agravante de que no puede tener más que un 10% de componentes estadounidenses, según lo estipula desde hace 50 años el embargo económico de Washington contra La Habana.
Repsol es la principal compañía que trabaja en la zona e iniciará sus primeras perforaciones el mes que viene con la plataforma Scarabeo 9, fabricada especialmente para Cuba teniendo en cuenta las restricciones impuestas por EEUU. Otras empresas esperan en cola para utilizarla en sus propios bloques de prospección. Los costos de la operación son tan altos que para invertirlos las petroleras deben tener muchos indicios previos de que hallarán reservas explotables.
Rápidamente los congresistas de EEUU de origen cubano comenzaron a presionar a Repsol y a las demás petroleras: 34 legisladores federales encabezados por la representante republicana de Miami, Ileana Ros-Lehtinen, exigieron que se abandonase el proyecto. Aseguraban que sólo serviría para "financiar el aparato represivo", alegando que el Gobierno cubano busca "un salvavidas económico", y acusando a Repsol de ser "un asociado dispuesto a rescatarlo".
Como esa ofensiva política no dio resultado, volvieron al ataque cuestionando la seguridad de la operación, dado que una catástrofe afectaría las costas de Florida. En respuesta, en septiembre fue invitado a la isla un grupo de especialistas norteamericanos encabezados por William Reilly, copresidente de la comisión investigadora del vertido del pasado año en la plataforma de la BP en el golfo. Lo acompañaron Daniel Whittle, del Fondo de Defensa del Medio Ambiente y Lee Hunt, de la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación. Los tres se mostraron "optimistas", recalcaron la disposición de los expertos cubanos a colaborar con EEUU y reconocieron la experiencia de Repsol en este tipo de trabajos.
Michael Bromwich, jefe de la Oficina de Seguridad de Medio Ambiente de EEUU, aseguró que "el plan de exploración de Repsol-YPF es delicado por cuestiones políticas y ambientales para Estados Unidos, que quiere proteger a la costa del estado de Florida de derrames petroleros y a la vez cumplir con el embargo contra Cuba". Agregó que Washington prepara licencias para que empresas estadounidenses puedan "desplegar maquinaria para recoger petróleo, dispersantes, bombas y otros equipos y abastecimientos necesarios para minimizar el daño ambiental en el caso de un derrame".
Pero los políticos cubano-estadounidenses no cejan en su empeño y presentaron un proyecto de ley que castigaría a las petroleras extranjeras si se produjera un derrame. El senador Bob Menéndez, uno de sus patrocinadores, explicó el objetivo de forma transparente: "Las compañías que quieran perforar en aguas cubanas lo pensarán dos veces si saben que serán responsabilizadas de cualquier daño a los cayos de Florida".
En su web, Repsol asegura que cumple "con todos los requisitos técnicos y todas las limitaciones establecidas por la Administración de EEUU para las operaciones de perforación petrolera en Cuba". Además, invitaron a especialistas estadounidenses para que inspeccionen, fuera de las aguas cubanas, la plataforma móvil, el buque y el equipo de perforación.
Oficiosamente, en la isla sostienen que tras las "preocupaciones" estado-unidenses se esconde la política de cerco económico. Rafael Arias, director de la empresa cubana de petróleo, Cupet, subraya que esas maniobras demuestran además "la extraterritorialidad del bloqueo, las prohibiciones existentes en el Congreso y las presiones y chantajes que ejerce la Administración de EEUU para coartar o impedir que otros países o compañías hagan negocios con Cuba".
Los resquemores cubanos no son simple paranoia. Desde hace cinco décadas sufren un embargo impuesto para "debilitar la vida económica de Cuba", según documentos del propio Gobierno de EEUU que puntualizan el objetivo de privarla "de dinero y suministros, reducir sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno".
Semejante política de acoso sería imposible de sostener si apareciesen importantes reservas de petróleo y gas en la isla. La economía repuntaría incluso antes de que se extrajese el primer barril, mejorando de inmediato la vida de los cubanos. Un reciente informe de la Embajada de España asegura que, si los resultados de la prospección son positivos, "las consecuencias favorables para Cuba se empezarían a sentir desde ese momento y podrían ser de gran alcance".
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Durante años se especuló con que en las aguas cubanas podía haber petróleo a gran profundidad y, paradójicamente, la confirmación vino desde EEUU. En 2004 un estudio de su Servicio Geológico aseguraba que en la zona del golfo perteneciente a Cuba hay reservas de crudo estimadas en 4.600 millones de barriles, 280.000 millones de m³ de gas natural y 900 millones de barriles de gas natural líquido. Fuentes cubanas afirman que en realidad hay cinco veces más de lo que reconocen los estadounidenses.
Cuba parceló en 59 bloques sus 112.000 km² de aguas del golfo y firmó contratos de prospección a riesgo con diferentes petroleras, que se llevarán un porcentaje del crudo o perderán su dinero si no dan con yacimientos explotables. Las inversiones son enormes, la búsqueda requiere trabajar a una profundidad de 1.700 metros y disponer de una tecnología sofisticada y cara. Con el agravante de que no puede tener más que un 10% de componentes estadounidenses, según lo estipula desde hace 50 años el embargo económico de Washington contra La Habana.
Repsol es la principal compañía que trabaja en la zona e iniciará sus primeras perforaciones el mes que viene con la plataforma Scarabeo 9, fabricada especialmente para Cuba teniendo en cuenta las restricciones impuestas por EEUU. Otras empresas esperan en cola para utilizarla en sus propios bloques de prospección. Los costos de la operación son tan altos que para invertirlos las petroleras deben tener muchos indicios previos de que hallarán reservas explotables.
Rápidamente los congresistas de EEUU de origen cubano comenzaron a presionar a Repsol y a las demás petroleras: 34 legisladores federales encabezados por la representante republicana de Miami, Ileana Ros-Lehtinen, exigieron que se abandonase el proyecto. Aseguraban que sólo serviría para "financiar el aparato represivo", alegando que el Gobierno cubano busca "un salvavidas económico", y acusando a Repsol de ser "un asociado dispuesto a rescatarlo".
Como esa ofensiva política no dio resultado, volvieron al ataque cuestionando la seguridad de la operación, dado que una catástrofe afectaría las costas de Florida. En respuesta, en septiembre fue invitado a la isla un grupo de especialistas norteamericanos encabezados por William Reilly, copresidente de la comisión investigadora del vertido del pasado año en la plataforma de la BP en el golfo. Lo acompañaron Daniel Whittle, del Fondo de Defensa del Medio Ambiente y Lee Hunt, de la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación. Los tres se mostraron "optimistas", recalcaron la disposición de los expertos cubanos a colaborar con EEUU y reconocieron la experiencia de Repsol en este tipo de trabajos.
Michael Bromwich, jefe de la Oficina de Seguridad de Medio Ambiente de EEUU, aseguró que "el plan de exploración de Repsol-YPF es delicado por cuestiones políticas y ambientales para Estados Unidos, que quiere proteger a la costa del estado de Florida de derrames petroleros y a la vez cumplir con el embargo contra Cuba". Agregó que Washington prepara licencias para que empresas estadounidenses puedan "desplegar maquinaria para recoger petróleo, dispersantes, bombas y otros equipos y abastecimientos necesarios para minimizar el daño ambiental en el caso de un derrame".
Pero los políticos cubano-estadounidenses no cejan en su empeño y presentaron un proyecto de ley que castigaría a las petroleras extranjeras si se produjera un derrame. El senador Bob Menéndez, uno de sus patrocinadores, explicó el objetivo de forma transparente: "Las compañías que quieran perforar en aguas cubanas lo pensarán dos veces si saben que serán responsabilizadas de cualquier daño a los cayos de Florida".
En su web, Repsol asegura que cumple "con todos los requisitos técnicos y todas las limitaciones establecidas por la Administración de EEUU para las operaciones de perforación petrolera en Cuba". Además, invitaron a especialistas estadounidenses para que inspeccionen, fuera de las aguas cubanas, la plataforma móvil, el buque y el equipo de perforación.
Oficiosamente, en la isla sostienen que tras las "preocupaciones" estado-unidenses se esconde la política de cerco económico. Rafael Arias, director de la empresa cubana de petróleo, Cupet, subraya que esas maniobras demuestran además "la extraterritorialidad del bloqueo, las prohibiciones existentes en el Congreso y las presiones y chantajes que ejerce la Administración de EEUU para coartar o impedir que otros países o compañías hagan negocios con Cuba".
Los resquemores cubanos no son simple paranoia. Desde hace cinco décadas sufren un embargo impuesto para "debilitar la vida económica de Cuba", según documentos del propio Gobierno de EEUU que puntualizan el objetivo de privarla "de dinero y suministros, reducir sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno".
Semejante política de acoso sería imposible de sostener si apareciesen importantes reservas de petróleo y gas en la isla. La economía repuntaría incluso antes de que se extrajese el primer barril, mejorando de inmediato la vida de los cubanos. Un reciente informe de la Embajada de España asegura que, si los resultados de la prospección son positivos, "las consecuencias favorables para Cuba se empezarían a sentir desde ese momento y podrían ser de gran alcance".
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