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El pasado martes 11 de julio unos doscientos mineros provenientes de las distintas regiones de España donde aún subsiste, aún de manera extremadamente penosa, la minería del carbón, llegaron a Madrid después de haber marchado durante varias semanas. En la capital fueron recibidos por decenas de miles de personas que paralizaron, literalmente, toda la zona Oeste de la ciudad. Al día siguiente la manifestación con la que debía culminar la llamada Marcha Negra acabó con disturbios delante del Ministerio de Industria y a lo largo de la zona del estadio Santiago Bernabéu después de que la policía cargase contra los manifestantes, que a su vez respondieron atacando a los agentes antidisturbios. Durante esa misma tarde de nuevo una manifestación en solidaridad con los mineros acabó con disturbios y detenidos en el centro de Madrid.
Desde hace meses las cuencas mineras de España, especialmente la asturiana, viven un conflicto provocado por la negativa del gobierno de Rajoy de cumplir el pacto de la minería y mantener las subvenciones al carbón nacional, algo imprescindible para que las empresas dedicadas a la extracción del carbón puedan seguir funcionando, dado que esta actividad existe únicamente porque el Estado la mantiene pese a la nula rentabilidad de su producción (y la ha mantenido, de manera cada vez más limitada desde los años ochenta, precisamente para evitar el conflicto social que se derivaría de su cierre total). Los trabajadores de la minería, en huelga indefinida desde antes de verano, han puesto en práctica métodos de sabotaje continuo en las carreteras de las regiones afectadas, se han enfrentado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional con una gran contundencia e incluso han movilizado a pueblos enteros de las comarcas mineras en solidaridad con su situación. Por su parte las empresas extractoras del carbón apoyan tácitamente una lucha que, en caso de triunfar, les implicaría recibir de nuevo las pingües ayudas con las que subsisten en España. Mientras los proletarios, no sólo los que se encuentran empleados directamente en la minería, luchan por mantener sus condiciones de existencia y emplean unos medios y unos métodos en absoluto respetuosos con el marco de la legalidad burguesa, los propios burgueses parecen alentar un frente unido para lograr un objetivo común.
El conflicto de la minería en España corresponde a una situación enquistada desde hace décadas. Un carbón nada rentable es subvencionado por el Estado para mantener la paz social en unas regiones históricamente convulsivas, donde la lucha proletaria ha dado algunos de los más generosos ejemplos de empuje revolucionario durante el siglo XX. Estas ayudas, que de hecho no han garantizado la subsistencia de la minería sino sólo su desaparición “no traumática” mientras se impulsaba otros negocios en la región (algo que nunca se llegó a hacer, hasta el punto de que las principales actividades económicas que han predominado en la moribunda cuenca minera asturiana en las últimas décadas han sido la hostelería… y la cocaína) contribuyeron a constituir un oasis dentro de la progresiva precarización del panorama laboral español a través del reforzamiento de las instituciones del sindicalismo amarillo y del oportunismo político (PCE, PSOE…) que gestionaron las dádivas estatales a cambio de mantener la tensión social encauzada hacia caminos inocuos para el capitalismo nacional mientras el negro futuro al que se había pospuesto el fin de la minería se acercaba.
La crisis capitalista que arrasa España ha acelerado el fin de la minería, al menos de la parte que sobrevive de las subvenciones estatales. No hay dinero en las arcas públicas y no queda más remedio que liquidar los hilos que unían a esta actividad con la supervivencia.
El precio a pagar por ello es el recrudecimiento del conflicto social en las zonas afectadas. Los proletarios de la región se han lanzado a la calle con una fuerza considerable, arrastrando tras de sí a otros grupos de trabajadores (profesores interinos, trabajadores del transporte, trabajadores metalúrgicos etc.), atacando directamente al beneficio capitalista mediante el bloqueo de las carreteras y de los pozos de extracción. En numerosas ocasiones las Fuerzas de Seguridad del Estado, que en los últimos tiempos estaban más acostumbradas a romper cabezas de estudiantes que al enfrentamiento real, han salido escaldadas de sus intentos de romper las movilizaciones.
Pero para asumir este precio la burguesía cuenta con unos potentísimos aliados que se encuentran entre las filas de los proletarios que luchan por mantener sus condiciones de supervivencia. Los grandes (y pequeños) sindicatos amarillos que controlan las cuencas mineras (Asturias, por ejemplo, es una de las regiones con más sindicalización existe de todo el Estado, constituyendo uno de los bastiones tanto de la UGT y sus sucursales locales SOMA y FIA como de CC.OO.) trabajan por ligar las reivindicaciones de los trabajadores de la minería a una suerte de “bien común” regional o nacional en el que se incluiría, los primeros, a los capitalistas dueños de las minas y a la burguesía local. De acuerdo con esto los proletarios deben luchar no ya por su salario o, siquiera, por su puesto de trabajo, sino por la defensa de la industria minera, de las subvenciones estatales a las empresas y por la viabilidad industrial de la región. Deben luchar, entonces, por su explotación, por la misma explotación que ayer les hacía morir a varios metros bajo tierra y que hoy les lanza de cabeza al paro y al hambre. La fuerza del oportunismo político y sindical, especialmente potente en estas regiones de alta la concentración de proletarios industriales, buscan siempre la solidaridad entre clases, la supeditación de los intereses proletarios al bien común, a la patria, a las necesidades de la economía…
La llamada Marcha Negra es un gran ejemplo de cómo se combina, sobre el trasunto de la dura lucha que los proletarios asturianos, leoneses y castellanos están librando, esta política de conciliación interclasista con el intento de romper la verdadera fuerza de esta lucha obrera, que son los medios y métodos clasistas que se emplean. La fuerza de los mineros ha residido durante este conflicto (y durante los conflictos anteriores, en la década de los ´80 principalmente) en su capacidad para atacar directamente, mediante la huelga y el sabotaje, el beneficio capitalista. Por ello han sumado la solidaridad de tantos otros sectores proletarios de las zonas afectadas y por ello esta misma solidaridad, basada sobre la unidad de clase que aparece en la lucha cuando es llevada por vías realmente clasistas, ha reforzado la propia lucha de los trabajadores de las minas. Cuando los agentes del sindicalismo amarillo imponen una mediática marcha a Madrid para manifestarse frente al Ministerio, sacan la lucha de las coordenadas en las que resulta efectiva y la reducen a una democrática, espectacular y triste manifestación de confianza en la buena voluntad de una burguesía que no va a permitir que se eche al traste la economía local (y con ella las subvenciones de estos sindicatos amarillos). La marcha negra, dirigida por quienes durante décadas han sacrificado a los proletarios de la región al altar de la rentabilidad capitalista, ha sido un intento de convertir la lucha obrera en un teatro donde se representaba una parodia de la lucha de clases. Mineros vedettes que ya no son proletarios sino “héroes”, ayuntamientos de derecha e izquierda que les apoyan, la escoria intelectual y artística que canta sus loas… todo lo contrario a las lecciones que el proletariado debe extraer el conflicto que se vive en las cuencas mineras y que, con esto, se pretende liquidar.
Los proletarios de las cuencas mineras, tanto como los que salieron a recibirles en Madrid y en el resto de ciudades donde se han manifestado o por donde ha pasado su marcha, deberán enfrentarse, en un corto plazo de tiempo, a la disyuntiva de luchar en defensa de sus condiciones de existencia o de sufrir en sus carnes la dureza de las consecuencias de la crisis capitalista. Las reformas y los ajustes de los últimos días lo muestran blanco sobre negro. Pero para luchar los proletarios deberán romper con la nauseabunda tradición democrática que infesta hoy a su clase. Deberán librarse de las ilusiones interclasistas que permiten soñar con una salida “pactada” entre obreros y patronos de la crisis, deberán desechar las ideas de conciliación social… pero sobre todo deberán rencontrarse con los medios y métodos propios de la lucha clasista, aquellos que dañan realmente al beneficio capitalista y que le coloca en situación de ceder aunque sea transitoriamente, y que son instructivos por continuar la lucha y por defender su organización y su asiento clasistas. La huelga indefinida, sin preaviso ni servicios mínimos, los piquetes para imponerla, la constitución de organismos proletarios para la lucha que permanezcan en el tiempo… son las lecciones que todos los proletarios deben sacar para que la generosidad y el arrojo con que han afrontado la lucha en las cuencas mineras o con que tomaron las calles de Madrid no caigan de nuevo en saco roto.
¡Por la defensa intransigente de las condiciones de existencia del proletariado!
¡Por la lucha proletaria con medios y métodos clasistas!
¡Por la ruptura con los agentes de la burguesía en el seno del proletariado!
¡Por la reanudación de la lucha de clases!
International Communist Party
13 julio 2012
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Desde hace meses las cuencas mineras de España, especialmente la asturiana, viven un conflicto provocado por la negativa del gobierno de Rajoy de cumplir el pacto de la minería y mantener las subvenciones al carbón nacional, algo imprescindible para que las empresas dedicadas a la extracción del carbón puedan seguir funcionando, dado que esta actividad existe únicamente porque el Estado la mantiene pese a la nula rentabilidad de su producción (y la ha mantenido, de manera cada vez más limitada desde los años ochenta, precisamente para evitar el conflicto social que se derivaría de su cierre total). Los trabajadores de la minería, en huelga indefinida desde antes de verano, han puesto en práctica métodos de sabotaje continuo en las carreteras de las regiones afectadas, se han enfrentado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional con una gran contundencia e incluso han movilizado a pueblos enteros de las comarcas mineras en solidaridad con su situación. Por su parte las empresas extractoras del carbón apoyan tácitamente una lucha que, en caso de triunfar, les implicaría recibir de nuevo las pingües ayudas con las que subsisten en España. Mientras los proletarios, no sólo los que se encuentran empleados directamente en la minería, luchan por mantener sus condiciones de existencia y emplean unos medios y unos métodos en absoluto respetuosos con el marco de la legalidad burguesa, los propios burgueses parecen alentar un frente unido para lograr un objetivo común.
El conflicto de la minería en España corresponde a una situación enquistada desde hace décadas. Un carbón nada rentable es subvencionado por el Estado para mantener la paz social en unas regiones históricamente convulsivas, donde la lucha proletaria ha dado algunos de los más generosos ejemplos de empuje revolucionario durante el siglo XX. Estas ayudas, que de hecho no han garantizado la subsistencia de la minería sino sólo su desaparición “no traumática” mientras se impulsaba otros negocios en la región (algo que nunca se llegó a hacer, hasta el punto de que las principales actividades económicas que han predominado en la moribunda cuenca minera asturiana en las últimas décadas han sido la hostelería… y la cocaína) contribuyeron a constituir un oasis dentro de la progresiva precarización del panorama laboral español a través del reforzamiento de las instituciones del sindicalismo amarillo y del oportunismo político (PCE, PSOE…) que gestionaron las dádivas estatales a cambio de mantener la tensión social encauzada hacia caminos inocuos para el capitalismo nacional mientras el negro futuro al que se había pospuesto el fin de la minería se acercaba.
La crisis capitalista que arrasa España ha acelerado el fin de la minería, al menos de la parte que sobrevive de las subvenciones estatales. No hay dinero en las arcas públicas y no queda más remedio que liquidar los hilos que unían a esta actividad con la supervivencia.
El precio a pagar por ello es el recrudecimiento del conflicto social en las zonas afectadas. Los proletarios de la región se han lanzado a la calle con una fuerza considerable, arrastrando tras de sí a otros grupos de trabajadores (profesores interinos, trabajadores del transporte, trabajadores metalúrgicos etc.), atacando directamente al beneficio capitalista mediante el bloqueo de las carreteras y de los pozos de extracción. En numerosas ocasiones las Fuerzas de Seguridad del Estado, que en los últimos tiempos estaban más acostumbradas a romper cabezas de estudiantes que al enfrentamiento real, han salido escaldadas de sus intentos de romper las movilizaciones.
Pero para asumir este precio la burguesía cuenta con unos potentísimos aliados que se encuentran entre las filas de los proletarios que luchan por mantener sus condiciones de supervivencia. Los grandes (y pequeños) sindicatos amarillos que controlan las cuencas mineras (Asturias, por ejemplo, es una de las regiones con más sindicalización existe de todo el Estado, constituyendo uno de los bastiones tanto de la UGT y sus sucursales locales SOMA y FIA como de CC.OO.) trabajan por ligar las reivindicaciones de los trabajadores de la minería a una suerte de “bien común” regional o nacional en el que se incluiría, los primeros, a los capitalistas dueños de las minas y a la burguesía local. De acuerdo con esto los proletarios deben luchar no ya por su salario o, siquiera, por su puesto de trabajo, sino por la defensa de la industria minera, de las subvenciones estatales a las empresas y por la viabilidad industrial de la región. Deben luchar, entonces, por su explotación, por la misma explotación que ayer les hacía morir a varios metros bajo tierra y que hoy les lanza de cabeza al paro y al hambre. La fuerza del oportunismo político y sindical, especialmente potente en estas regiones de alta la concentración de proletarios industriales, buscan siempre la solidaridad entre clases, la supeditación de los intereses proletarios al bien común, a la patria, a las necesidades de la economía…
La llamada Marcha Negra es un gran ejemplo de cómo se combina, sobre el trasunto de la dura lucha que los proletarios asturianos, leoneses y castellanos están librando, esta política de conciliación interclasista con el intento de romper la verdadera fuerza de esta lucha obrera, que son los medios y métodos clasistas que se emplean. La fuerza de los mineros ha residido durante este conflicto (y durante los conflictos anteriores, en la década de los ´80 principalmente) en su capacidad para atacar directamente, mediante la huelga y el sabotaje, el beneficio capitalista. Por ello han sumado la solidaridad de tantos otros sectores proletarios de las zonas afectadas y por ello esta misma solidaridad, basada sobre la unidad de clase que aparece en la lucha cuando es llevada por vías realmente clasistas, ha reforzado la propia lucha de los trabajadores de las minas. Cuando los agentes del sindicalismo amarillo imponen una mediática marcha a Madrid para manifestarse frente al Ministerio, sacan la lucha de las coordenadas en las que resulta efectiva y la reducen a una democrática, espectacular y triste manifestación de confianza en la buena voluntad de una burguesía que no va a permitir que se eche al traste la economía local (y con ella las subvenciones de estos sindicatos amarillos). La marcha negra, dirigida por quienes durante décadas han sacrificado a los proletarios de la región al altar de la rentabilidad capitalista, ha sido un intento de convertir la lucha obrera en un teatro donde se representaba una parodia de la lucha de clases. Mineros vedettes que ya no son proletarios sino “héroes”, ayuntamientos de derecha e izquierda que les apoyan, la escoria intelectual y artística que canta sus loas… todo lo contrario a las lecciones que el proletariado debe extraer el conflicto que se vive en las cuencas mineras y que, con esto, se pretende liquidar.
Los proletarios de las cuencas mineras, tanto como los que salieron a recibirles en Madrid y en el resto de ciudades donde se han manifestado o por donde ha pasado su marcha, deberán enfrentarse, en un corto plazo de tiempo, a la disyuntiva de luchar en defensa de sus condiciones de existencia o de sufrir en sus carnes la dureza de las consecuencias de la crisis capitalista. Las reformas y los ajustes de los últimos días lo muestran blanco sobre negro. Pero para luchar los proletarios deberán romper con la nauseabunda tradición democrática que infesta hoy a su clase. Deberán librarse de las ilusiones interclasistas que permiten soñar con una salida “pactada” entre obreros y patronos de la crisis, deberán desechar las ideas de conciliación social… pero sobre todo deberán rencontrarse con los medios y métodos propios de la lucha clasista, aquellos que dañan realmente al beneficio capitalista y que le coloca en situación de ceder aunque sea transitoriamente, y que son instructivos por continuar la lucha y por defender su organización y su asiento clasistas. La huelga indefinida, sin preaviso ni servicios mínimos, los piquetes para imponerla, la constitución de organismos proletarios para la lucha que permanezcan en el tiempo… son las lecciones que todos los proletarios deben sacar para que la generosidad y el arrojo con que han afrontado la lucha en las cuencas mineras o con que tomaron las calles de Madrid no caigan de nuevo en saco roto.
¡Por la defensa intransigente de las condiciones de existencia del proletariado!
¡Por la lucha proletaria con medios y métodos clasistas!
¡Por la ruptura con los agentes de la burguesía en el seno del proletariado!
¡Por la reanudación de la lucha de clases!
International Communist Party
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