De la negación a la acción
El conflicto salarial de las fuerzas represivas del Estado y las tareas de la izquierda
Eduardo Sartelli
Razón y Revolución
1. El conflicto
Desde el martes 2 de octubre se asiste a un estado de rebelión en algunas fuerzas de seguridad. La fuerza más movilizada, y la que primero reaccionó, fue la Prefectura, con una concentración frente a su sede central (el Edificio Guardacostas). A ellos se sumó la Gendarmería, con otra de unos 2.000 gendarmes frente a la suya (Edificio Centinela), y otras más de menor importancia en cuarteles provinciales (Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones y Rosario). Hubo a su vez una movilización incipiente en la Armada, mientras que las concentraciones en Prefectura y Gendarmería recibieron la solidaridad de delegaciones de la Policía Federal, Policía Bonaerense y Fuerza Aérea. El descontento afecta a su vez al Ejército.
El motivo del conflicto fue la liquidación salarial que, tras la aplicación de dos decretos que apuntaban a “readecuar” las escalas remunerativas, derivaron (en el caso de Prefectura), en recortes del salario nominal de entre un 30 y un 60%. Aunque Gendarmería aún no había cobrado, se esperaban reducciones similares ya que sus ingresos se encuentran afectados por el mismo decreto. El problema salarial no es nuevo. Desde hace años el grueso de la masa salarial se percibe a través de “compensaciones” y “adicionales”, sumas no remunerativas que no cuentan para aguinaldo o pensiones, y que no percibe el personal retirado. Aunque el mecanismo de otorgar aumentos mediante sumas no remunerativas se extiende hasta la década del ’90, esto se intensificó a partir del 2005, como medida para castigar al personal retirado. Frente a ello, gendarmes y prefectos comenzaron a recurrir a la vía judicial para ajustar sus sueldos, consiguiendo muchas veces la incorporación de las sumas no remunerativas al básico, o el aumento del salario en el caso de los retirados. Ello derivó en una “anarquización” de las escalas, ya que los beneficiarios de los reajustes conseguidos por vía judicial obtuvieron sueldos mayores a los de sus pares, incluso de los de mayor jerarquía. La proliferación de recursos judiciales llevó a la corte a ordenar al Ejecutivo una solución para el problema, que se intentó resolver con los decretos en cuestión. Con ellos se establecen nuevas escalas salariales, se eliminan adicionales y se procede al blanqueo del grueso de la masa salarial. La consecuencia fue la reducción de entre un 30 a un 60% de los salarios. Aunque el gobierno reconoció el problema y previó adicionales transitorios para compensar las rebajas a los que cobran menos, se trata de cargos a cuenta de futuros aumentos, con lo cual sólo se posterga transitoriamente el efecto del recorte.
El gobierno responsabilizó a los mandos de Prefectura por la forma en que se implementó el decreto. Les adjudicó la intención de “socializar” los recortes como forma de desatar la protesta, utilizando a los suboficiales como masa de maniobra para frenar una medida que los tiene como principales damnificados, por lo menos en relación al monto absoluto de los descuentos. En consonancia, se les quitó a las fuerzas involucradas en el conflicto la potestad de liquidar salarios, que pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad. En el mismo sentido apunta la decisión de descabezar a la Prefectura y a la Gendarmería. En el conflicto se cuela a su vez una interna entre la ministra Garré y el secretario de Seguridad Berni, quien se habría opuesto a los recortes. En el conflicto, Berni surge como mediador con los “alzados”, con los que parece tener buena relación, mientras que los sectores cercanos a Garré son los que denuncian una intentona golpista.
A su vez, los reclamos develan la existencia de un mar de fondo que excede el problema de los “errores” en la liquidación salarial. A pesar de los anuncios oficiales de mantener los salarios al nivel previo al decreto, y de pagar inmediatamente sumas compensatorias a quienes cobraron menos, el movimiento se mantiene. Tras los anuncios oficiales, los rebeldes elevaron un pliego de condiciones y se mantienen movilizados hasta obtener respuestas. Ahora se lucha por un sueldo básico mínimo de 7.000 pesos y otros reclamos gremiales, como la incorporación al régimen de ART y la posibilidad de elegir la obra social. Por otra parte, los sectores movilizados no se mostraron muy “solidarios” con los efectos del recorte a los altos mandos. En las movilizaciones en Prefectura y Gendarmería se insultó a la jerarquía y se denunciaron sus acrecidos salarios. Incluso, se llegó a agredir físicamente a un alto oficial que osó hacerse presente en la protesta.
Los medios opositores señalan que el descontento también está relacionado con la política de seguridad oficial, que puso a la Gendarmería a ocupar el rol de controlar la seguridad interior en sectores conflictivos como el conurbano bonaerense, y que los utiliza como fuerza de choque para reprimir la protesta social. Según estos medios, existiría un descontento relacionado con el cambio de funciones, que implican no solo un desarraigo de las fuerzas de choque, movilizadas desde áreas de frontera pacíficas hacia el centro de la conflictividad política y social y, por lo tanto, la asignación de misiones más “peligrosas”.
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