Según un estudio realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, en el año 2003 la principal fuente de ingresos de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado, obteniendo ganancias de 37,32 y 22,19 millones de dólares estadounidenses, respectivamente.[88] Las ganancias obtenidas del narcotráfico son el 30% del total, y la mayor parte del dinero que obtienen por este delito es por el «Impuesto al gramaje»,[88] el cual es pagado por cada gramo producido por los campesinos cocaleros y grupos narcotraficantes.[89] Según algunos expertos, la extensión de los campos de coca (algo muy necesario para la economía de las FARC), causa daños irreparables en el medio ambiente.[90]
Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas y combate regular convencional. Sus actividades también incluyen los secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas. [5]
Menores que han sido heridos por minas antipersona en Colombia. Las FARC son consideradas las mayores sembradoras de minas antipersona en el mundo[94]Organismos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch, entre otros, le han solicitado a las FARC que deje de usar armas no convencionales,[95] pues según el organismo internacional "El continuo uso de cilindros de gas por las Farc-Ep muestra un flagrante desprecio por la vida de los civiles por parte de estos grupos armados".
Según la "ley 002" del 2000 anunciada públicamente por el "Mono Jojoy" de las FARC durante las conversaciones de paz en el Caguán, cualquier directivo de empresa o persona natural con un patrimonio mayor a un millón de dolares deberá pagar un equivalente al 10% de dicho patrimonio bajo la amenaza de secuestro. Esta amenaza provocó en su momento un éxodo de colombianos hacia el exterior.[96]
Se ha denunciado que las FARC utilizan armas químicas que violan el Derecho Internacional Humanitario,[97] con serias repercusiones contra la población civil.
Según estadísticas de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonales, las FARC son los mayores sembradores de minas antipersonales en Colombia y el mundo.[98]
La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América incluyeron en 2001 a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles.
Según Human Rights Watch, las FARC han reclutado a niños, incluyendo a menores de 18 y 15 años.[99]
[editar] Atentados
Las FARC han utilizado carros o vehículos bomba en diferentes oportunidades,[100] ocultando los explosivos dentro de un vehículo posteriormente abandonado o engañando al conductor del mismo para que lo transporte al lugar del atentado. En algunos casos han hecho explotar dichos vehículos remotamente, matando al conductor y provocando la muerte o heridas a transeúntes que se encuentren alrededor.[101]
Entre las variantes de este tipo de atentados se incluyen los animales bomba,[102] [103] carretillas bomba[104] y según el Comandante de la Policía del Departamento de Arauca, coronel Luis Alcides Morales, también bicicletas bomba.[105] [106] [107] El gobierno colombiano, y algunos países de la comunidad internacional, considera estos actos como atentados terroristas.
En la masacre de Bojayá murieron 74 personas[108] a causa de una bomba lanzada por las FARC contra una iglesia, en medio de un combate contra paramilitares de las AUC, según un informe de las Naciones Unidas.[109]
El 14 de Abril de 2005, La guerrilla realizó una incursión armada a Toribío, lanzando cilindros-bomba en su enfrentamiento con las fuerzas públicas.[110] Tres policías y un niño murieron en el ataque dejando y más de 30 heridos entre civiles y militares[cita requerida]. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado manifestó "La Oficina condena los injustificables actos de violencia cometidos por las FARC-EP en Toribio, con los cuales se han infringido en forma grave los principios y las normas del derecho internacional humanitario, y se ha demostrado nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y la seguridad de los civiles".[111]
En algunos de los casos existen dudas sobre los responsables de los atentados. En varias ocasiones se ha llegado a acusarse inmediatamente a las FARC-EP, sin que se haya comprobado plenamente su responsabilidad. Esto se debe en gran parte a que el ELN no ha cometido atentados terroristas desde hace mucho tiempo. A finales del 2006 se presentaron casos donde militares colombianos fueron investigados por la justicia colombiana por su presunta participación en el montaje de falsos atentados en la ciudad de Bogotá durante ese año, originalmente atribuidos a las FARC, la mayoría de los cuales habrían sido desactivados presuntamente para presentarlos como "falsos positivos" en beneficio de los involucrados.[112]
[editar] Violaciones al Derecho Internacional Humanitario
Paradójica imagen donde se observa una jovencita reclutada por las FARC y a la vez un texto por este grupo donde se invita a respetar a los menores de edad.Las Naciones Unidas,[113] Amnistía Internacional,[114] Human Rights Watch,[115] entre otros, han reclamado a las FARC por violaciones al derecho internacional humanitario y al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Se incluye:
Reclutamiento de menores.[31]
Actos de violencia sexual contra mujeres y niñas como violaciones y torturas.[116]
Desapariciones forzadas.[117]
Secuestro de civiles.[118]
Trato inhumano a rehenes.[119]
Desplazamiento forzado.[120]
[editar] Narcotráfico
Originalmente, los guerrilleros de las FARC se oponían al cultivo de la coca. Durante los años 80 lo aceptaron, participando en el narcotráfico a través de la creación de un «impuesto» (el llamado gramaje) sobre los cultivos ilícitos, aplicable a los campesinos cultivadores. Al mismo tiempo, presentaron propuestas para una posible sustitución de cultivos. Posteriormente las FARC diversificarían su actividad más allá de la regulación de los cultivos, cobrando «impuestos» a las actividades de los cárteles de la droga, incluyendo a los laboratorios y las pistas de aterrizaje clandestinas.[41]
Para el 2005, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, estimaba que el porcentaje del dinero embolsado por las FARC procedente de los «impuestos sobre el gramaje» era alrededor de un 30% de sus ingresos totales, siendo estos de unos $600 millones de dólares durante el año 2003. Según los estimativos de la UIAF, el secuestro y la extorsión ganadera constituyen todavía las principales fuentes de financiación de las FARC.[88]
La relación de las FARC con los cárteles de la droga ha sido controvertida. El grupo guerrillero niega rotundamente que participen en el negocio de las drogas más allá del «impuesto de gramaje» a la cultivación.[121] Tanto el Gobierno de Colombia como el de EE.UU. afirman que las FARC actúan como un gran cártel.[122] [88] Existen analistas políticos que niegan que las FARC sean un grupo de narcotraficantes propiamente dicho, aún si existen relaciones entre el grupo guerrillero y las actividades del narcotráfico.[122] [41] El politólogo León Valencia ha afirmado que «hasta ahora ninguna de las personas que han estudiado este fenómeno han encontrado que las Farc trafican con drogas a EE.UU., o que directamente las introduzcan».[122]
En Colombia y en EE.UU. se han iniciado procesos penales acusando a miembros de las FARC de delitos relacionados con el narcotráfico, basándose en testimonios de personas identificadas como reinsertados y colaboradores, interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos por las FARC.[123] [124]
En febrero de 2007, la extraditada Nayibe Rojas, conocida como «Sonia» en las FARC, y otras dos personas fueron declaradas culpables de narcotráfico por un jurado en una corte de los Estados Unidos. «Sonia» había sido acusada por los fiscales estadounidenses por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país. La defensa de «Sonia» insistió en que ni ella ni las FARC participan en el tráfico de drogas, afirmando en cambio que le cobran un impuesto a la producción de coca. [125] Existen analistas que consideran a estos juicios como una estrategia de presión para forzar a las FARC a negociar un proceso de paz con el Gobierno Colombiano.[122]
[editar] Secuestros
El secuestro es una de las principales actividades de las FARC, ya sea por fines económicos, políticos (como el de Íngrid Betancourt) o terroristas. La organización a secuestrado a extranjeros de distintas nacionalidades y colombianos entre civiles y militares de todas las edades.[126] [127] .[128] [129] [130] [131]
Algunos secuestrados cumplen mas de 10 años en cautiverio.[132] [133] [127] Uno de los casos más conocidos a nivel mundial es el secuestro de la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien fue secuestrada en medio de su campaña presidencial.[134]
Según los relatos y pruebas recolectadas, cada secuestrado en poder de las FARC es encadenado durante varias horas al día y supervisado por un guerrillero, con ordenes de asesinarlo en el caso de un intento de rescate militar; un ejemplo del cumplimiento de esa orden fue el fracasado intento de rescate del asesor de paz de Antioquía Gilberto Echeverry Mejía y del Gobernador de Antioquía Guillermo Gaviria que fueron asesinados como reacción al hostigamiento del ejército, según relataron sobrevivientes.[135]
El día 18 de junio de 2007, las FARC reportaron la muerte de 11 de 12 diputados del Valle del Cauca, luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años. Según el grupo guerrillero, los diputados murieron durante el fuego cruzado que se habría presentado en medio de un combate con un «grupo militar no identificado». La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de Álvaro Uribe.[136] Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados.[137] Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos, repudiaron la muerte de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las fuerzas militares en los hechos.[136] Posteriormente se demostró que los 11 secuestrados fueron asesinados por disparos de fusiles AK-47[138] en cumplimiento de previas ordenes de ejecución en caso de un intento de liberación, ordenes de la cúpula de las FARC.
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