Portal
"¿Audiencia Nacional o Tribunal de Orden Público?"
texto de Pablo Iglesias
publicado en el blog Otra vuelta de tuerka - 23 de noviembre de 2012
Ha resuelto el Tribunal Supremo que la competencia para investigar las protestas de los indignados, el pasado 15 de junio de 2011 frente al Parlament de Catalunya, corresponde nada menos que a la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Pues, por lo visto, porque lo que hicieron los manifestantes fue actuar contra las altas instituciones del Estado, de las que forma parte la asamblea autonómica catalana.
Dejando a un lado el hecho de que nadie sabe por cuanto tiempo seguirá siendo el Parlament una alta institución del Estado español, lo que está claro es que para el Supremo protestar ante una cámara de representantes debe tener la misma consideración penal especial que los delitos de terrorismo, narcotráfico o falsificación de moneda y que ello justifica su tratamiento en una jurisdicción especial.
La existencia de este tribunal de excepción, heredero del franquista Tribunal de Orden Publico frente al que se sentaron cientos de demócratas, ha sido puesta en cuestión por numerosos juristas por considerarla contraria a la Constitución, pero a lo que estamos asistiendo en estos momentos es, simple y llanamente, a una burla de dimensiones mayúsculas.
El jefe del Estado, en su último discurso de navidad, dijo que la ley es igual para todos. Además de cazar osos y elefantes, su majestad tiene sentido del humor pues, como todo el mundo sabe, en España la única ley que opera es la del embudo; lo ancho para los de arriba y lo estrecho para los de abajo.
Rodrigo Rato arruina Bankia y dimite sin renunciar a su sueldo. Iñaki Urdangarín, imputado por desviar dinero público y relacionado con testaferros de paraísos fiscales, sigue libre y viviendo como un señor. Carlos Divar, tras dejar la imagen del poder judicial a la altura de “Corrupción en Miami”, dimitió y se marchó tranquilamente. Nuestros gobiernos protegen el fraude fiscal, indultan banqueros y torturadores y aquí no pasa nada. A Artur Mas los casos de corrupción, como al PP, parece que incluso le van a reforzar en la campaña (muchos medios ya hablan del efecto boomerang). Pero claro, salvo que cambien mucho las cosas, a ninguno de los ilustres citados los veremos jamás sentados en el banquillo de un tribunal especial.
En este contexto, a la indecencia generalizada entre las élites políticas y económicas de nuestro país, se añade esta indecencia judicial que nos hará asistir de nuevo al indecente espectáculo de ver a una Audiencia Nacional indistinguible del TOP, juzgando a demócratas que protestaban contra unas instituciones que se han revelado incapaces de proveer a los ciudadanos lo que, por las leyes y la Constitución, están obligadas a proveer.
Cuando la ley no es igual para todos y los tribunales de orden público protegen a una casta dirigente amenazada por la protesta ciudadana, la palabra que mejor describe nuestro entramado institucional no es la palabra democracia, sino la palabra régimen.
texto de Pablo Iglesias
publicado en el blog Otra vuelta de tuerka - 23 de noviembre de 2012
Ha resuelto el Tribunal Supremo que la competencia para investigar las protestas de los indignados, el pasado 15 de junio de 2011 frente al Parlament de Catalunya, corresponde nada menos que a la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Pues, por lo visto, porque lo que hicieron los manifestantes fue actuar contra las altas instituciones del Estado, de las que forma parte la asamblea autonómica catalana.
Dejando a un lado el hecho de que nadie sabe por cuanto tiempo seguirá siendo el Parlament una alta institución del Estado español, lo que está claro es que para el Supremo protestar ante una cámara de representantes debe tener la misma consideración penal especial que los delitos de terrorismo, narcotráfico o falsificación de moneda y que ello justifica su tratamiento en una jurisdicción especial.
La existencia de este tribunal de excepción, heredero del franquista Tribunal de Orden Publico frente al que se sentaron cientos de demócratas, ha sido puesta en cuestión por numerosos juristas por considerarla contraria a la Constitución, pero a lo que estamos asistiendo en estos momentos es, simple y llanamente, a una burla de dimensiones mayúsculas.
El jefe del Estado, en su último discurso de navidad, dijo que la ley es igual para todos. Además de cazar osos y elefantes, su majestad tiene sentido del humor pues, como todo el mundo sabe, en España la única ley que opera es la del embudo; lo ancho para los de arriba y lo estrecho para los de abajo.
Rodrigo Rato arruina Bankia y dimite sin renunciar a su sueldo. Iñaki Urdangarín, imputado por desviar dinero público y relacionado con testaferros de paraísos fiscales, sigue libre y viviendo como un señor. Carlos Divar, tras dejar la imagen del poder judicial a la altura de “Corrupción en Miami”, dimitió y se marchó tranquilamente. Nuestros gobiernos protegen el fraude fiscal, indultan banqueros y torturadores y aquí no pasa nada. A Artur Mas los casos de corrupción, como al PP, parece que incluso le van a reforzar en la campaña (muchos medios ya hablan del efecto boomerang). Pero claro, salvo que cambien mucho las cosas, a ninguno de los ilustres citados los veremos jamás sentados en el banquillo de un tribunal especial.
En este contexto, a la indecencia generalizada entre las élites políticas y económicas de nuestro país, se añade esta indecencia judicial que nos hará asistir de nuevo al indecente espectáculo de ver a una Audiencia Nacional indistinguible del TOP, juzgando a demócratas que protestaban contra unas instituciones que se han revelado incapaces de proveer a los ciudadanos lo que, por las leyes y la Constitución, están obligadas a proveer.
Cuando la ley no es igual para todos y los tribunales de orden público protegen a una casta dirigente amenazada por la protesta ciudadana, la palabra que mejor describe nuestro entramado institucional no es la palabra democracia, sino la palabra régimen.
