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El terrorismo ultraderechista español
texto publicado en marzo de 2012 en el blog Agitación y Propaganda
"El Estado capitalista moderno no necesita echar mano de golpes de fuerza, intentonas ni asonadas, sólo tiene que activar esos articulados especiales incluidos en todas las Constituciones y que posibilitan incluso la implantación de los estados de sitio y de guerra, en los que la represión alcanza sus máximos niveles". A. Hernández
"El fascismo es la guerra" Jorge Dimitrov.
Hoy en día, y echando un breve vistazo a la situación política de nuestro país, con tantos y tan frecuentes casos de represión contra todo tipo de disidencia, se hace necesario un detenido análisis sobre el fenómeno del terrorismo organizado de extrema derecha en las ultimas décadas, para tratar de comprender de donde proviene el clima de violencia institucional que padecemos.
Solo con el análisis minucioso y concreto de estas organizaciones, podemos obtener una idea más clara de lo que ha sido y es este movimiento criminal, violento y profundamente antidemocrático con un inseparable lazo de unión al estado español.
Actualmente en el mundo, y más concretamente en el estado español, la acepción del termino terrorista o terrorismo es muy amplia y variada. Bajo esta terminología, a lo largo del siglo XX se ha tratado y, en algunos casos, conseguido criminalizar a un sinfín de organizaciones y grupos políticos que han desafiado al orden socio-político establecido en un determinado país.
Generalmente como terrorismo, se referirá, a aquella persona o agrupación que por medio de actos violentos tratan de atemorizar y causar pánico y desconcierto en la población local con el objetivo de lograr sus finalidades políticas. Mas concretamente, en la actual versión de la Real Academia Española se define terrorismo como "la dominación por el terror, o la sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror" o mas concretamente "actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente, pretende crear alarma social con fines políticos".
Así, con estas definiciones oficialistas entendemos que históricamente se califica de terrorista a aquel que pretende subvertir con la violencia las leyes y bases del Estado Liberal vigente. Sin embargo en la definición de la RAE se escapa una salvedad que aunque a simple vista pueda parecer nimia pone las bases del presente artículo y asienta la idea de terrorismo político de la segunda mitad del siglo XX español; el terrorismo de estado.
A la hora de introducir este termino en el diccionario cualquier lingüista debería resolver el problema añadiendo a las definiciones anteriores la de "aquel estado que directamente, a través de sus fuerzas represivas, o indirectamente, con bandas organizadas clandestinas al servicio de este que ejerce la violencia para infundir terror en la población e imponerse a ella". Es precisamente esta definición, la que no parece estar especialmente investigada y estudiada por los historiadores de este país.
Ello es debido a que habitualmente los historiadores, al servicio de diversos gobiernos y en general al servicio del estado burgués español, han estado más preocupados por indagar, investigar y analizar la acción de los grupos contra el Estado que tratan principalmente de subvertir la reaccionaria Constitución de 1978.
Ahora bien, planteémonos; ¿quienes son estos "terroristas" tan estudiados por los historiadores oficiales? Curiosa y lógicamente, todos serán agrupaciones que por definición se opongan al orden fascista-burgués y a la constitución ilegal de 1978.
Y por ello es evidente que, del estudio de este fenómeno quedan excluidos siempre los grupos de extrema derecha, a las órdenes directamente del estado, del ejército o la policía, siendo realmente casos de terrorismo de estado, pues sus finalidades (eliminar y neutralizar la oposición de izquierda), no hace si no beneficiar directamente a éste, razón por la cual son sistemáticamente apartados del estudio y análisis de la intelectualidad burguesa.
Y lo más grave de todo en lo relativo a estos grupos; que llevan actuando impunemente, como es lógico, desde que, en teoría, se implantó la "democracia" en este país, lo cual no deja de ser, evidentemente, más que una falacia, ya que un estado realmente democrático no necesita hacer limpiezas sociales de elementos opuestos a ella, y que evidencia la ausencia de tal sistema democrático en España.
Entre estos grupos (cuyos orígenes deberían remontarse, realmente, al golpe de estado fascista de 1939 y su continuación institucional en la dictadura posterior de la que bebe nuestro estado actual), provenientes y apoyados por la extrema derecha tanto institucional como callejera, se descubren, durante los años 70 y 80 un sinfín de siglas y nombres de forma que, como aseguraba en su día un ex militar integrante de uno de estos grupos;
"Existen un gran numero de grupos, pero eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y se van utilizando conforme se necesita".
Como grupos destacados de estos años de violencia extrema contra militantes de la izquierda antifascista o miembros de la llamada "izquierda abertzale" se encuentran agrupaciones como el Batallón Vasco Español-BVE, organización paramilitar de extrema derecha que actuó entre los años 1975 y 1981, siendo muy activos en la zona de País Vasco, Navarra y especialmente en la zona del Iparralde (también conocido como parte del "país vasco francés") donde se dedicaban a secuestrar y asesinar miembros exiliados de ETA.
Entre sus víctimas, se encuentran mayoritariamente miembros de ETA y GRAPO, aunque también son responsables de atentados contra militantes de izquierdas, ya fuera del espectro independentista o estatal.
Entre ellos, destaca por su crueldad, el caso de la joven Yolanda González Martín, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue torturada, golpeada y asesinada de 3 disparos en la cabeza la noche del 2 de febrero de 1980, en cuya muerte se ven implicados miembros de la policía nacional.
También destaca el asesinato de militantes políticos de la "izquierda abertzale" como el caso de Felipe Zagarna, Tomas Alba, Jesús Zubikaray, Maria José Bravo, Ángel Etxaniz, Miguel Arbelaiz, Luis Elizondo, Francisco Javier Ansa, el destacado dirigente revolucionario vasco "Argala", así como el atentado del bar Hendayais con dos víctimas mortales, todos en 1980, además de la sospecha compartida con Bases Autónomas y los GAL del asesinato en 1989 del parlamentario vasco de HB, Josu Muguruza, en un restaurante madrileño.
Tampoco hay que olvidar el asesinato en 1979 por parte del BVE de los militantes comunistas del PCE (r), Francisco Javier Eizaguirre, y Aurelio Fernández Cario, asesinados, como siempre, a tiros.
También seria interesante destacar la existencia de los Guerrilleros de Cristo Rey-GCR, grupo clandestino paramilitar del que se tiene poca información, que actuó aproximadamente entre 1968 y 1978 cuando se supone se disuelven para integrar parte de lo que fue el BVE. Fueron liderados, fundados y sostenidos por el conocido religioso de extrema derecha Mariano Sánchez Covisa. Se trata de un grupo sectario, selecto y elitista de violencia organizada.
Sus militantes, al igual que su fundador, estaban vinculados al partido ultraderechista Fuerza Nueva, y recibían una férrea instrucción militar. Entre sus objetivos se encontraban básicamente miembros y activistas relacionados con la izquierda independentista vasca y en general antifascista del resto del estado. Golpeaban, quemaban libros o amenazaban a sectores progresistas de la sociedad. De los célebres atentados de los GCR destaca la masacre organizada en el famoso "Vía Crucis" de Montejurra de 1976 contra miembros de la facción izquierdista del carlismo, en la que colaboraron miembros de la guardia civil y los antiguos servicios secretos del franquismo, como atestigua uno de sus antiguos integrantes, el general José Antonio Sáenz de Santa María.
También, un militante de este grupo fue el responsable del asesinato en 1977 del estudiante madrileño Arturo Ruiz García, cuyo asesinato motivó numerosas movilizaciones, en las cuales fue asesinada por la policía española la también estudiante María Luz Nájera.
Otros grupos de menor calado, pero que también formaran parte de esta espiral de violencia orquestada por la extrema derecha, serían la Alianza Apostólica Anticomunista ( responsable del asesinato el 24 de enero de 1977 de cinco miembros del sindicato comunista CC.OO. y del P.C.E., los famosos "Abogados de Atocha"), los Comandos Antimarxistas, Antiterrorismo ETA, Grupos Armados Españoles y, a nivel más callejero, destacan las Bases Autónomas en 1984, con vinculaciones político-ideológicas con los grupos anteriormente mencionados y con los denominados grupos de skinheads neonazis así como, según apareció en su propio órgano de expresión "A por ellos" en 1996, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Es decir, la punta de lanza del fascismo institucional español para "limpiar" las calles sin mancharse las manos.
Sin embargo todos estos grupúsculos, algunos de ellos con un importante grado de peligrosidad, que hasta este momento parecían actuar sin rumbo y sin sentido, acabaron encontrando una respuesta a su lógica violenta cuando todos acabaron cristalizando perfecta y cómodamente, en lo que luego se conocería como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la culminación del paramilitarismo fascista de estado.
Esta coordinación se basaba simplemente en una unión de todos los anteriores grupos, salvo que en esta ocasión se encontraban coordinados, unidos, armados y apoyados por las fuerzas de seguridad, inteligencia y personalidades políticas del país en esos momentos. Los GAL están activos desde 1983 a 1987 durante el gobierno del PSOE y cuentan en su haber con 27 crímenes de miembros de la izquierda abertzale y el secuestro de al menos 3 militantes políticos comunistas.
Herederos de la violencia ultraderechista de los grupos mencionados, surgen con fuerza tras el asesinato de los abertzales Lasa y Zabala, y el secuestro del empresario Segundo Marey y cuya sangrienta historia recorremos brevemente;
José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros integrantes de ETA, van a ser secuestrados el 16 de octubre de 1983 en Bayona (Francia) presuntamente como se juzgo después, por un comando de los GAL dirigido por los ministros Barrionuevo y Vera y ejecutado por los guardias civiles Enrique Rodríguez Galindo, Ángel Vaquero y con la complicidad del gobernador vasco Julen Elgorriaga.
Posteriormente serán trasladados clandestinamente a San Sebastián donde, después de ser brutalmente interrogados y torturados, pocas semanas después son asesinados de un disparo en la cabeza y enterrados a cal viva en Alicante.
El 20 de enero de 1984, una voz llamaba a la Cadena SER en nombre del grupo armado anunciando el asesinato. Sus cadáveres fueron hallados un año después en la fosa que sirvió de sepultura para los etarras, según testimonios de la guardia civil;
"Una vez abierta la fosa resulto contener no uno, si no dos cadáveres, que presentaban mordazas en la boca, los ojos tapados con cinta aislante, y aun conservaban restos de vendas. Al primero le faltaban las extremidades inferiores, que correspondían con los que se encontraban esparcidos por el exterior".
Los más dantesco del asunto es que, debido al estado del asesinato y la cal vertida, los cuerpos no se pudieron identificar con Lasa y Zabala hasta 1995, 12 años después.
Segundo Marey Semper, industrial franco-español, fue la segunda víctima (aunque no mortal en esta ocasión) de los GAL. Este empresario, afincado en Hendaya, pero de origen vasco y dedicado a la venta de productos de mobiliario de oficina, fue secuestrado por error, al ser confundido con uno de los máximos dirigentes de ETA, el vasco Mikel Lujua.
Así, la noche del 4 de diciembre de 1983, en pleno invierno, un comando del GAL liderado por los mercenarios Mohand Talbi, Jean Pierre Echalier, y Pedro Sánchez, y dirigidos por policías nacionales como José Amedo o Michel Domínguez, secuestran a golpes al empresario vasco, al ser confundido con un líder de la ETA.
Tras amordazarle, golpearle y encapucharle, rápidamente cruzan la frontera hasta Navarra. Allí el policía nacional José Amedo descubre la tremenda confusión, a pesar de lo cual, Marey es trasladado a una cabaña en la región cántabra de Colindres donde es interrogado y confinado durante 10 días hasta resolver el error y liberarlo.
Allí, Marey, que era con frecuencia insultado con calificativos como "porquería" o "etarra" fue interrogado y tras comprobar su inocencia confinado, atado, encapuchado y drogado en un pequeño cuarto donde apenas fue alimentado y arropado a pesar del crudo invierno. Durante su cautiverio sufrió además acoso psicológico al amenazarle de muerte en diversas ocasiones, hasta el día final de su liberación para atemorizarle.
Poco a poco se suceden los asesinatos de miembros del entorno abertzale, como el caso del líder del partido abertzale HASI, el médico y destacado socialista Santiago Brouard, el 20 de noviembre de 1984, o los abertzales Gurmindo, Perurena, Zabalza, Urigoitia... y las sospechas de permisividad en las acciones de los GAL empiezan a sobrevolar sobre el Consejero de Seguridad del Gobierno, Rafael Vera , y el Ministro del Interior, José Barrionuevo, así como del propio presidente Felipe González.
Tras varios meses de investigaciones, y las declaraciones de miembros de la policía detenidos como José Amedo o Michel Domínguez, que delataron nombres so pena de ser acusados con 108 años de prisión por todos los delitos del GAL, al final acaban reconociendo la existencia real del grupo, implicando en su gestión y organización a los miembros del gobierno Barrionuevo y Vera, y a miembros de la guardia civil como Enrique Rodríguez Galindo, como responsable de ,al menos, 7 homicidios en primer grado, o Ángel Vaquero y a civiles como Julen Elgorriaga o Ricardo Damborenea.
Además, en 1996 se revelan informes del CESID en los que se observa que conocían de forma detallada los crímenes de los GAL, los cuales fueron encubiertos por parte de estos, y que inducen claramente su participación en la trama de los GAL.
A pesar de todo esto, y a pesar de que tanto la pseudo-justicia española, miembros de la policía nacional implicados, o mercenarios franceses contratados con fondos reservados para ejecutar los atentados de los GAL, declararan la existencia real de los GAL y reconocieran haber realizado secuestros y asesinatos indiscriminados (hasta 27 crímenes) contra miembros de la izquierda abertzale, y hasta 3 secuestros políticos contra militantes comunistas, (en 1979 Pedro Emilio Ruiz Serrano, en 1983 Pepe Balmón, y en 1990 Jesús Cela Seoane), tal y como dijimos antes, sin embargo, ni los ministros socialista o populares, ni la población española han investigado, criticado o manifestado tan vehementemente contra los crímenes y contra el terrorismo de estado de los GAL como contra otros grupos armados, precisamente los resistentes al fascismo institucional español.
En declaraciones del ministro e implicado por los GAL, José Barrionuevo;
"No sentíamos un gran dolor por los atentados, ni una gran pasión por investigarlos. Las víctimas, al fin y al cabo también eran terroristas, y se ignoró el carácter indiscriminado de los asesinatos y algunos errores de los GAL".
Como dice también el historiador Charles Powell;
"También merecería una profunda reflexión la casi total indiferencia de la población española -no así de la vasca- de las acciones de los GAL. Mientras que las victimas fuesen etarras, el fin justificaba los medios".
Y es que, en el caso de los grupos políticos o armados contra el estado, se ha denunciado y presionado a los gobiernos centrales para liquidar esos grupos, se han realizado cientos de asociaciones y grupos antiterroristas y se han realizado manifestaciones de cientos de personas denunciando la existencia de estos grupos y exigiendo a los gobiernos acabar con ellos, mostrando su desencanto por la incapacidad gubernamental para resolver este problema, cosa que no ha ocurrido con la violencia política institucional.
Cabe, ademas, mencionar la total impunidad con la que el estado español ha tratado a los que, al fin y al cabo son productos suyos; Ni Barrionuevo, ni Vera, ni Galindo están hoy en prisión, y en el caso del último, excarcelado alegando motivos de salud, derecho que se les niega rotundamente a los presos políticos españoles, como el caso de Manuel Pérez Martínez.
Obviamente, el presidente del gobierno de la época, el pseudo-socialista Felipe González, también ha salido completamente impune de toda esta macabra historia.
Y mientras tanto, hoy en día, decenas de presos políticos, siguen reventando impunemente en las cárceles de este país por el único delito de ser antifascistas, comunistas, anarquistas o independentistas
Sin embargo, aquí solo mostramos la punta de un gran iceberg que se podría remover hasta sus bases a nivel institucional, ya que podríamos destacar decenas de casos de crímenes con intervención del Estado Español para neutralizar a la oposición de izquierdas desde la mal llamada “Transición”; desde José Caparros, Javier Verdejo, Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Bienvenido Perea, José García Castillo, Vicente Antón Ferrero, o Agustín Rueda (preso anarquista vinculado a la COPEL, torturado hasta la muerte), hasta militantes marxistas-leninistas del PCE (r) como Juan Carlos Delgado de Codex, Kepa Crespo Galende, José España Vivas (reventado por torturas en la DGS), Pedro Luis Cuadrado Delabat, Txomin Muiños Formoso..... y tantos otros que han muerto, ya sea por acciones armadas de la policía, o por acciones armadas paramilitares, que al final vienen a ser lo mismo; las pistolas de la burguesía española contra la clase trabajadora.
Y lo que es aún más indignante; todos ellos, sin excepción, liquidados en el periodo en teoría de la "democracia", es decir desde 1975 en adelante, lo cual nos indica claramente la ausencia de cualquier tipo de democracia y libertad actualmente en este país.
El resultado de este análisis, es la prueba más evidente de toda una herencia de violencia de la extrema derecha de este país, que se ha aliado desde 1939 entre políticos, militares, fuerzas de seguridad y reaccionarios, todos ellos representantes de la ultraderecha política que asaltó el poder en 1939 y que aún se mantiene en el, y que ha dejado a sus espaldas cientos de crímenes, entre el fascismo institucional (fuerzas represoras estatales, GAL o Caso Scala) y clandestino (grupúsculos paramilitares) que han tratado de eliminar a lo que desde siempre han calificado como la "subversión comunista, anarquista y separatista".
Y es que, el terrorismo de estado ya no necesita actuar de forma solapada con nombres de grupúsculos y asociaciones paramilitares clandestinas, si no que lo sigue haciendo hoy en día de forma abierta, a través de la impunidad de sus fuerzas represivas, sus tribunales de pseudo-justicia y sus cárceles, siguiendo con su tónica antidemocrática, característica de nuestro país desde 1939.
Tenemos una cuenta pendiente con la historia.
texto publicado en marzo de 2012 en el blog Agitación y Propaganda
"El Estado capitalista moderno no necesita echar mano de golpes de fuerza, intentonas ni asonadas, sólo tiene que activar esos articulados especiales incluidos en todas las Constituciones y que posibilitan incluso la implantación de los estados de sitio y de guerra, en los que la represión alcanza sus máximos niveles". A. Hernández
"El fascismo es la guerra" Jorge Dimitrov.
Hoy en día, y echando un breve vistazo a la situación política de nuestro país, con tantos y tan frecuentes casos de represión contra todo tipo de disidencia, se hace necesario un detenido análisis sobre el fenómeno del terrorismo organizado de extrema derecha en las ultimas décadas, para tratar de comprender de donde proviene el clima de violencia institucional que padecemos.
Solo con el análisis minucioso y concreto de estas organizaciones, podemos obtener una idea más clara de lo que ha sido y es este movimiento criminal, violento y profundamente antidemocrático con un inseparable lazo de unión al estado español.
Actualmente en el mundo, y más concretamente en el estado español, la acepción del termino terrorista o terrorismo es muy amplia y variada. Bajo esta terminología, a lo largo del siglo XX se ha tratado y, en algunos casos, conseguido criminalizar a un sinfín de organizaciones y grupos políticos que han desafiado al orden socio-político establecido en un determinado país.
Generalmente como terrorismo, se referirá, a aquella persona o agrupación que por medio de actos violentos tratan de atemorizar y causar pánico y desconcierto en la población local con el objetivo de lograr sus finalidades políticas. Mas concretamente, en la actual versión de la Real Academia Española se define terrorismo como "la dominación por el terror, o la sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror" o mas concretamente "actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente, pretende crear alarma social con fines políticos".
Así, con estas definiciones oficialistas entendemos que históricamente se califica de terrorista a aquel que pretende subvertir con la violencia las leyes y bases del Estado Liberal vigente. Sin embargo en la definición de la RAE se escapa una salvedad que aunque a simple vista pueda parecer nimia pone las bases del presente artículo y asienta la idea de terrorismo político de la segunda mitad del siglo XX español; el terrorismo de estado.
A la hora de introducir este termino en el diccionario cualquier lingüista debería resolver el problema añadiendo a las definiciones anteriores la de "aquel estado que directamente, a través de sus fuerzas represivas, o indirectamente, con bandas organizadas clandestinas al servicio de este que ejerce la violencia para infundir terror en la población e imponerse a ella". Es precisamente esta definición, la que no parece estar especialmente investigada y estudiada por los historiadores de este país.
Ello es debido a que habitualmente los historiadores, al servicio de diversos gobiernos y en general al servicio del estado burgués español, han estado más preocupados por indagar, investigar y analizar la acción de los grupos contra el Estado que tratan principalmente de subvertir la reaccionaria Constitución de 1978.
Ahora bien, planteémonos; ¿quienes son estos "terroristas" tan estudiados por los historiadores oficiales? Curiosa y lógicamente, todos serán agrupaciones que por definición se opongan al orden fascista-burgués y a la constitución ilegal de 1978.
Y por ello es evidente que, del estudio de este fenómeno quedan excluidos siempre los grupos de extrema derecha, a las órdenes directamente del estado, del ejército o la policía, siendo realmente casos de terrorismo de estado, pues sus finalidades (eliminar y neutralizar la oposición de izquierda), no hace si no beneficiar directamente a éste, razón por la cual son sistemáticamente apartados del estudio y análisis de la intelectualidad burguesa.
Y lo más grave de todo en lo relativo a estos grupos; que llevan actuando impunemente, como es lógico, desde que, en teoría, se implantó la "democracia" en este país, lo cual no deja de ser, evidentemente, más que una falacia, ya que un estado realmente democrático no necesita hacer limpiezas sociales de elementos opuestos a ella, y que evidencia la ausencia de tal sistema democrático en España.
Entre estos grupos (cuyos orígenes deberían remontarse, realmente, al golpe de estado fascista de 1939 y su continuación institucional en la dictadura posterior de la que bebe nuestro estado actual), provenientes y apoyados por la extrema derecha tanto institucional como callejera, se descubren, durante los años 70 y 80 un sinfín de siglas y nombres de forma que, como aseguraba en su día un ex militar integrante de uno de estos grupos;
"Existen un gran numero de grupos, pero eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y se van utilizando conforme se necesita".
Como grupos destacados de estos años de violencia extrema contra militantes de la izquierda antifascista o miembros de la llamada "izquierda abertzale" se encuentran agrupaciones como el Batallón Vasco Español-BVE, organización paramilitar de extrema derecha que actuó entre los años 1975 y 1981, siendo muy activos en la zona de País Vasco, Navarra y especialmente en la zona del Iparralde (también conocido como parte del "país vasco francés") donde se dedicaban a secuestrar y asesinar miembros exiliados de ETA.
Entre sus víctimas, se encuentran mayoritariamente miembros de ETA y GRAPO, aunque también son responsables de atentados contra militantes de izquierdas, ya fuera del espectro independentista o estatal.
Entre ellos, destaca por su crueldad, el caso de la joven Yolanda González Martín, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue torturada, golpeada y asesinada de 3 disparos en la cabeza la noche del 2 de febrero de 1980, en cuya muerte se ven implicados miembros de la policía nacional.
También destaca el asesinato de militantes políticos de la "izquierda abertzale" como el caso de Felipe Zagarna, Tomas Alba, Jesús Zubikaray, Maria José Bravo, Ángel Etxaniz, Miguel Arbelaiz, Luis Elizondo, Francisco Javier Ansa, el destacado dirigente revolucionario vasco "Argala", así como el atentado del bar Hendayais con dos víctimas mortales, todos en 1980, además de la sospecha compartida con Bases Autónomas y los GAL del asesinato en 1989 del parlamentario vasco de HB, Josu Muguruza, en un restaurante madrileño.
Tampoco hay que olvidar el asesinato en 1979 por parte del BVE de los militantes comunistas del PCE (r), Francisco Javier Eizaguirre, y Aurelio Fernández Cario, asesinados, como siempre, a tiros.
También seria interesante destacar la existencia de los Guerrilleros de Cristo Rey-GCR, grupo clandestino paramilitar del que se tiene poca información, que actuó aproximadamente entre 1968 y 1978 cuando se supone se disuelven para integrar parte de lo que fue el BVE. Fueron liderados, fundados y sostenidos por el conocido religioso de extrema derecha Mariano Sánchez Covisa. Se trata de un grupo sectario, selecto y elitista de violencia organizada.
Sus militantes, al igual que su fundador, estaban vinculados al partido ultraderechista Fuerza Nueva, y recibían una férrea instrucción militar. Entre sus objetivos se encontraban básicamente miembros y activistas relacionados con la izquierda independentista vasca y en general antifascista del resto del estado. Golpeaban, quemaban libros o amenazaban a sectores progresistas de la sociedad. De los célebres atentados de los GCR destaca la masacre organizada en el famoso "Vía Crucis" de Montejurra de 1976 contra miembros de la facción izquierdista del carlismo, en la que colaboraron miembros de la guardia civil y los antiguos servicios secretos del franquismo, como atestigua uno de sus antiguos integrantes, el general José Antonio Sáenz de Santa María.
También, un militante de este grupo fue el responsable del asesinato en 1977 del estudiante madrileño Arturo Ruiz García, cuyo asesinato motivó numerosas movilizaciones, en las cuales fue asesinada por la policía española la también estudiante María Luz Nájera.
Otros grupos de menor calado, pero que también formaran parte de esta espiral de violencia orquestada por la extrema derecha, serían la Alianza Apostólica Anticomunista ( responsable del asesinato el 24 de enero de 1977 de cinco miembros del sindicato comunista CC.OO. y del P.C.E., los famosos "Abogados de Atocha"), los Comandos Antimarxistas, Antiterrorismo ETA, Grupos Armados Españoles y, a nivel más callejero, destacan las Bases Autónomas en 1984, con vinculaciones político-ideológicas con los grupos anteriormente mencionados y con los denominados grupos de skinheads neonazis así como, según apareció en su propio órgano de expresión "A por ellos" en 1996, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Es decir, la punta de lanza del fascismo institucional español para "limpiar" las calles sin mancharse las manos.
Sin embargo todos estos grupúsculos, algunos de ellos con un importante grado de peligrosidad, que hasta este momento parecían actuar sin rumbo y sin sentido, acabaron encontrando una respuesta a su lógica violenta cuando todos acabaron cristalizando perfecta y cómodamente, en lo que luego se conocería como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la culminación del paramilitarismo fascista de estado.
Esta coordinación se basaba simplemente en una unión de todos los anteriores grupos, salvo que en esta ocasión se encontraban coordinados, unidos, armados y apoyados por las fuerzas de seguridad, inteligencia y personalidades políticas del país en esos momentos. Los GAL están activos desde 1983 a 1987 durante el gobierno del PSOE y cuentan en su haber con 27 crímenes de miembros de la izquierda abertzale y el secuestro de al menos 3 militantes políticos comunistas.
Herederos de la violencia ultraderechista de los grupos mencionados, surgen con fuerza tras el asesinato de los abertzales Lasa y Zabala, y el secuestro del empresario Segundo Marey y cuya sangrienta historia recorremos brevemente;
José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros integrantes de ETA, van a ser secuestrados el 16 de octubre de 1983 en Bayona (Francia) presuntamente como se juzgo después, por un comando de los GAL dirigido por los ministros Barrionuevo y Vera y ejecutado por los guardias civiles Enrique Rodríguez Galindo, Ángel Vaquero y con la complicidad del gobernador vasco Julen Elgorriaga.
Posteriormente serán trasladados clandestinamente a San Sebastián donde, después de ser brutalmente interrogados y torturados, pocas semanas después son asesinados de un disparo en la cabeza y enterrados a cal viva en Alicante.
El 20 de enero de 1984, una voz llamaba a la Cadena SER en nombre del grupo armado anunciando el asesinato. Sus cadáveres fueron hallados un año después en la fosa que sirvió de sepultura para los etarras, según testimonios de la guardia civil;
"Una vez abierta la fosa resulto contener no uno, si no dos cadáveres, que presentaban mordazas en la boca, los ojos tapados con cinta aislante, y aun conservaban restos de vendas. Al primero le faltaban las extremidades inferiores, que correspondían con los que se encontraban esparcidos por el exterior".
Los más dantesco del asunto es que, debido al estado del asesinato y la cal vertida, los cuerpos no se pudieron identificar con Lasa y Zabala hasta 1995, 12 años después.
Segundo Marey Semper, industrial franco-español, fue la segunda víctima (aunque no mortal en esta ocasión) de los GAL. Este empresario, afincado en Hendaya, pero de origen vasco y dedicado a la venta de productos de mobiliario de oficina, fue secuestrado por error, al ser confundido con uno de los máximos dirigentes de ETA, el vasco Mikel Lujua.
Así, la noche del 4 de diciembre de 1983, en pleno invierno, un comando del GAL liderado por los mercenarios Mohand Talbi, Jean Pierre Echalier, y Pedro Sánchez, y dirigidos por policías nacionales como José Amedo o Michel Domínguez, secuestran a golpes al empresario vasco, al ser confundido con un líder de la ETA.
Tras amordazarle, golpearle y encapucharle, rápidamente cruzan la frontera hasta Navarra. Allí el policía nacional José Amedo descubre la tremenda confusión, a pesar de lo cual, Marey es trasladado a una cabaña en la región cántabra de Colindres donde es interrogado y confinado durante 10 días hasta resolver el error y liberarlo.
Allí, Marey, que era con frecuencia insultado con calificativos como "porquería" o "etarra" fue interrogado y tras comprobar su inocencia confinado, atado, encapuchado y drogado en un pequeño cuarto donde apenas fue alimentado y arropado a pesar del crudo invierno. Durante su cautiverio sufrió además acoso psicológico al amenazarle de muerte en diversas ocasiones, hasta el día final de su liberación para atemorizarle.
Poco a poco se suceden los asesinatos de miembros del entorno abertzale, como el caso del líder del partido abertzale HASI, el médico y destacado socialista Santiago Brouard, el 20 de noviembre de 1984, o los abertzales Gurmindo, Perurena, Zabalza, Urigoitia... y las sospechas de permisividad en las acciones de los GAL empiezan a sobrevolar sobre el Consejero de Seguridad del Gobierno, Rafael Vera , y el Ministro del Interior, José Barrionuevo, así como del propio presidente Felipe González.
Tras varios meses de investigaciones, y las declaraciones de miembros de la policía detenidos como José Amedo o Michel Domínguez, que delataron nombres so pena de ser acusados con 108 años de prisión por todos los delitos del GAL, al final acaban reconociendo la existencia real del grupo, implicando en su gestión y organización a los miembros del gobierno Barrionuevo y Vera, y a miembros de la guardia civil como Enrique Rodríguez Galindo, como responsable de ,al menos, 7 homicidios en primer grado, o Ángel Vaquero y a civiles como Julen Elgorriaga o Ricardo Damborenea.
Además, en 1996 se revelan informes del CESID en los que se observa que conocían de forma detallada los crímenes de los GAL, los cuales fueron encubiertos por parte de estos, y que inducen claramente su participación en la trama de los GAL.
A pesar de todo esto, y a pesar de que tanto la pseudo-justicia española, miembros de la policía nacional implicados, o mercenarios franceses contratados con fondos reservados para ejecutar los atentados de los GAL, declararan la existencia real de los GAL y reconocieran haber realizado secuestros y asesinatos indiscriminados (hasta 27 crímenes) contra miembros de la izquierda abertzale, y hasta 3 secuestros políticos contra militantes comunistas, (en 1979 Pedro Emilio Ruiz Serrano, en 1983 Pepe Balmón, y en 1990 Jesús Cela Seoane), tal y como dijimos antes, sin embargo, ni los ministros socialista o populares, ni la población española han investigado, criticado o manifestado tan vehementemente contra los crímenes y contra el terrorismo de estado de los GAL como contra otros grupos armados, precisamente los resistentes al fascismo institucional español.
En declaraciones del ministro e implicado por los GAL, José Barrionuevo;
"No sentíamos un gran dolor por los atentados, ni una gran pasión por investigarlos. Las víctimas, al fin y al cabo también eran terroristas, y se ignoró el carácter indiscriminado de los asesinatos y algunos errores de los GAL".
Como dice también el historiador Charles Powell;
"También merecería una profunda reflexión la casi total indiferencia de la población española -no así de la vasca- de las acciones de los GAL. Mientras que las victimas fuesen etarras, el fin justificaba los medios".
Y es que, en el caso de los grupos políticos o armados contra el estado, se ha denunciado y presionado a los gobiernos centrales para liquidar esos grupos, se han realizado cientos de asociaciones y grupos antiterroristas y se han realizado manifestaciones de cientos de personas denunciando la existencia de estos grupos y exigiendo a los gobiernos acabar con ellos, mostrando su desencanto por la incapacidad gubernamental para resolver este problema, cosa que no ha ocurrido con la violencia política institucional.
Cabe, ademas, mencionar la total impunidad con la que el estado español ha tratado a los que, al fin y al cabo son productos suyos; Ni Barrionuevo, ni Vera, ni Galindo están hoy en prisión, y en el caso del último, excarcelado alegando motivos de salud, derecho que se les niega rotundamente a los presos políticos españoles, como el caso de Manuel Pérez Martínez.
Obviamente, el presidente del gobierno de la época, el pseudo-socialista Felipe González, también ha salido completamente impune de toda esta macabra historia.
Y mientras tanto, hoy en día, decenas de presos políticos, siguen reventando impunemente en las cárceles de este país por el único delito de ser antifascistas, comunistas, anarquistas o independentistas
Sin embargo, aquí solo mostramos la punta de un gran iceberg que se podría remover hasta sus bases a nivel institucional, ya que podríamos destacar decenas de casos de crímenes con intervención del Estado Español para neutralizar a la oposición de izquierdas desde la mal llamada “Transición”; desde José Caparros, Javier Verdejo, Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Bienvenido Perea, José García Castillo, Vicente Antón Ferrero, o Agustín Rueda (preso anarquista vinculado a la COPEL, torturado hasta la muerte), hasta militantes marxistas-leninistas del PCE (r) como Juan Carlos Delgado de Codex, Kepa Crespo Galende, José España Vivas (reventado por torturas en la DGS), Pedro Luis Cuadrado Delabat, Txomin Muiños Formoso..... y tantos otros que han muerto, ya sea por acciones armadas de la policía, o por acciones armadas paramilitares, que al final vienen a ser lo mismo; las pistolas de la burguesía española contra la clase trabajadora.
Y lo que es aún más indignante; todos ellos, sin excepción, liquidados en el periodo en teoría de la "democracia", es decir desde 1975 en adelante, lo cual nos indica claramente la ausencia de cualquier tipo de democracia y libertad actualmente en este país.
El resultado de este análisis, es la prueba más evidente de toda una herencia de violencia de la extrema derecha de este país, que se ha aliado desde 1939 entre políticos, militares, fuerzas de seguridad y reaccionarios, todos ellos representantes de la ultraderecha política que asaltó el poder en 1939 y que aún se mantiene en el, y que ha dejado a sus espaldas cientos de crímenes, entre el fascismo institucional (fuerzas represoras estatales, GAL o Caso Scala) y clandestino (grupúsculos paramilitares) que han tratado de eliminar a lo que desde siempre han calificado como la "subversión comunista, anarquista y separatista".
Y es que, el terrorismo de estado ya no necesita actuar de forma solapada con nombres de grupúsculos y asociaciones paramilitares clandestinas, si no que lo sigue haciendo hoy en día de forma abierta, a través de la impunidad de sus fuerzas represivas, sus tribunales de pseudo-justicia y sus cárceles, siguiendo con su tónica antidemocrática, característica de nuestro país desde 1939.
Tenemos una cuenta pendiente con la historia.
