P.S.O.E La mano izquierda de la derecha economica.

Un vídeo que en 5 minutos explica la privatización de la sanidad pública

> En 1991 gobernando con mayoría absoluta, el PSOE encargó el Informe Abril que  defiende la gestión privada, el copago, la externalización de servicios sanitarios...

El rechazo social obligó al PSOE a retirar el informe y no pasarlo a votación en el Congreso, sin embargo, empieza a aplicar sigilosamente sus recomendaciones y comienzan las privatizaciones: servicios de limpieza, lavanderías, ambulancias...

> En 1997 PSOE, PP, CiU, Coalición Canaria y PNV,  aprueban la ley 15/97 permitiendo la entrada de empresas privadas lucrativas en la gestión de la sanidad pública.

CCOO apoya públicamente la ley.

A partir de este momento empieza un proceso de desprestigio y desmantelamiento del sistema nacional de salud. Se cierran camas en el sector público, los pacientes se derivan a centros privados. Las partes más rentables se privatizan (laboratorios, diagnóstico por imagen, pacientes y procesos rentables...), lo no rentable se deriva a los centros públicos (ancianos, crónicos, trasplantes, enfermedades raras...)

> En 2008 se presentan en el Congreso 500.000 firmas reclamando la derogación de la ley 15/97, pero ninguno de los sucesivos ministros de sanidad, cuatro ministros del PSOE y uno del PP, se han dignado a recibir a las organizaciones que presentaron las firmas.

> En 2012 el PP aprueba el repago en medicamentos, el transporte no urgente, las prótesis, la exclusión de los inmigrantes irregulares.

Consecuencias: mientras miles de españoles mueren por el desmantelamiento de la sanidad pública, el copago y el aumento de las listas de espera, el dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años: unos 7.600 millones de euros al año

¿Has leído lo que dice la Ley 15/97 sobre la Sanidad Pública? Aquí la tienes
Publicado el 19/01/2013 por Asamblea Popular 15M Villa de Vallecas
Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud

   “La aprobación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad (con los votos de PSOE, PP, PNV, CiU y CC) abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. Con la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), no se hizo más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya había legitimado.”

CAS Madrid

Puedes dar clic en la siguiente figura para acceder directamente al BOE Nro. 100 de 1997 y leer la ley directamente en su documento oficial, pero si no te apetece, no hay problema, más abajo te la presentamos que tampoco es muy extensa, se reduce a dos columnas… en tan sólo dos columnas hace mucho tiempo atrás se empezó a desmantelar la Sanidad Pública de España, no es de hoy, esto viene hace rato, con muchos cómplices y encubridores de variada índole:




¿Ha quedado medianamente claro, medianamente cristalino cómo, cuándo y quiénes empezaron con este atraco al pueblo español?

Insistimos, se empezó a desmantelar la Sanidad Pública de España hace mucho mucho tiempo atrás, no es de hoy, esto viene hace rato, con muchos cómplices y encubridores de variada índole… algunos de ellos que ahora se rasgan las vestiduras cual baratos fariseos.

LA CAMPAÑA ELECTORALCuatro años de gestión socialista / 9. LA SANIDAD (El País)

El cambio apenas ha tocado la estructura sanitaria
La definición de las reformas que se iban a emprender. ha ocupado prácticamente toda la legislatura
Milagros Pérez Oliva
Barcelona 10 JUN 1986

La disminución constante de los recursos económicos destinados a la sanidad revela que los problemas sanitarios no han sido considerados prioritarios por el Gobierno de Felipe González. La sanidad ha sido la cenicienta de una política fundamentalmente orientada a reducir el déficit público, hasta el punto de que el propio titular de la cartera, Ernest-Lluch, ha reconocido que los presupuestos han sido insuficientes y que deberán aumentar en el futuro. Forzados por este corsé, los responsables de la política sanitaria han centrado todo su esfuerzo en intentar aprovechar al máximo los recursos disponibles para poder destinar el ahorro obtenido a las reformas anunciadas. El resultado, al final de la legislatura, es que la esperada reforma global de la sanidad sigue siendo una promesa por cumplir. La ley general de Sanidad, imprescindible para abordar los cambios en profundidad, se ha aprobado prácticamente al final de la legislatura, mientras los proyectos de reforma hospitalaria y de la asistencia primera apenas han comenzado a aplicarse.

Cuando los socialistas alcanzaron el poder, en 1982, el gasto sanitario de la Seguridad Social constituía el 3,84% del Producto Interior Bruto (PIB). En 1986 el presupuesto previsto representa el 3,43%, cuando la mayor parte de, los países de la Comunidad Europea (CE) destina porcentajes superiores al 6%. Eso quiere decir que en 1982 se destinaban 23.461 pesetas por habitante al año y que en 1986 son únicamente 19.957. Esta política de austeridad ha impedido abordar, en la práctica, las reformas del sistema sanitario largo tiempo esperadas, porque para emprenderlas era preciso realizar importantes inversiones previas.Falto de un presupuesto adecuado para responder a las expectivas, el ministro de Sanidad, economista de profesión, ha orientado su política a conseguir el máximo ahorro posible mediante una rigurosa gestión del principal organismo de control sanitario, el Insalud. El artífice principal de esta política fue su director general, Francesc Raventós, que dimitió a mitad de la legislatura, y, aunque oficialmente se adujeron razones personales, era conocido su malestar por la precaria consideración institucional que merecía el Insalud y por la escasez del presupuesto.
Política de ahorro

La constante tensión entre las expectativas latentes y las posibilidades reales de cambio ha sido la causa última de que el Ministerio de Sanidad sea uno de los departamentos gubernamentales con mayor número de dimisiones, ceses y relevos durante la legislatura, a los que tampoco ha sido ajena la particular personalidad del ministro.Ernest Lluch intentó obtener el máximo rendimiento político de la depauperada cartera que le habían encomendado mediante algunas medidas de impacto inmediato, entre las que figuraban algunas que comportaban mejoras sustanciales: la extensión de la cobertura sanitaria y la reducción de los precios de los medicamentos constituyen el paradigma de este tipo de actuaciones. El ministro ha tenido también la habilidad de sacar un importante partido del simple anuncio de las reformas que iba a emprender y de una oportuna intervención personal en algunos problemas sanitarios espectaculares, como el de la droga, los trasplantes o el SIDA, que han gozado dejan atención en los medios de comunicación.

Terminada la legislatura, en su haber figura la definición de los principales ejes de la reforma sanitaria, traducida en proyectos, pero apenas puesta en marcha. Al cabo de cuatro años, lo esencial de la estructura sanitaria permanece prácticamente intacto, lo que ha provocado que en la última parte de la legislatura arreciaran las críticas de los profesionales de la sanidad, alarmados ante el deterioro y la descapitalización que se está produciendo en los centros sanitarios.

De la medida que más se congratulan los responsables del ministerio en su balance de realizaciones es de la ampliación de la cobertura sanitaria de la Seguridad Social, que en 1982 alcanzaba al 85% de la población española y ahora llega al 94%. La ampliación ha beneficiado además a tres sectores importantes: los parados, que tienen garantizada indefinidamente la asistencia sanitaria de su familia; los jóvenes sin empleo, que estarán atendidos hasta los 26 años, y los trabajadores autonómos, que han sido incorporados al régimen general.

Del 6% de población que falta por cubrir, el 2% corresponde a indigentes y sectores muy marginados, actualmente atendidos en centros de beneficiencia y que, en el futuro, serán asumidos por la Seguridad Social con cargo al Ministerio de Hacienda. El restante 4% está formado por las capas más pudientes de la población, que tradicionalmente acuden sólo a la iniciativa privada. El ministerio pretende atraer a este sector hacia la Seguridad Social, pero, en este caso, previo pago de la asistencia.

Otra de las medidas destacadas es la elaboración, por primera vez, de una Carta de los Derechos y Deberes del Usuario, acompañada de un ambicioso plan de humanización de los servicios. Esta iniciativa, de gran importancia porque instaura mecanismos de participación ciudadana en la sanidad, recibió un notable impulso initervención. Luego ha caído en tal grado de dejadez que es como si no existiera.


Tres leyes

El Gobierno socialista anunció la aprobación de tres leyes importantes durante su primer mandato: la de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la del Medicamento y la ley general de Sanidad, imprescindible esta última para poder abordar la reforma del sistema sanitario.La primera ley, aprobada en mayo de 1984 con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, es la única en la que se han cumplido las previsiones. La ley del Medicamento no ha sido siquiera presentada, aunque el ministro asegura que ya la tiene elaborada, y la ley, general de Sanidad ha sido aprobada tan al final de la legislatura que apenas ha comenzado a aplicarse.

La ley general fue elaborada en un proceso tormentoso que duró más de tres años, en los que el ministro alternó diatribas y negociaciones con la derecha y la izquierda. El resultado ha sido un texto normativo que no ha satisfecho ni a unos ni a otros. Desde la izquierda se acusa a Lluch de haber demorado deliberadamente el debate para justificar la asistencia de algunas reformas alegando que no existía la ley básica que debía enmarcarlas. Los sectores progresistas critican que la ley no instaura un servicio nacional de salud, al estilo del británico y que no garantiza la gratuidad total de la prestación sanitaria y en consecuencia, su universalidad. La derecha tacha a la ley de dirigista y le achaca fundamentalmente no instaurar la libre elección de médico y de sistema sanitario.

En el prurito por no ser calificado de antiautonomista, el ministro centró todo su esfuerzo en conseguir un respaldo de los nacionalistas vascos y catalanes a su texto. Con los primeros alcanzó un acuerdo con cierta facilidad, pero el de los catalanes lo consiguió in extremis, el día antes de que se discutiera la ley en el Senado, y sólo después de haber firmado un acuerdo con el Gobierno de la Generalitat por el que la Administración central se comprometía a transferir al Instituto Catalán de la Salud 20.000 millones de pesetas en concepto de atrasos.

La ley de Sanidad prevé la integración en la red pública de asistencia de las diversas administraciones sanitarias hasta ahora dependientes de las diputaciones y ayuntamientos, que incluyen toda la red de beneficiencia y prácticamente todas las instalaciones psiquiátricas existentes. Antes de la aprobación de la ley se habían integrado ya a la red pública el antiguo AINS y los hospitales clínicos.

Frustración en psiquiatría

Uno de los ámbitos en que el triunfo de los socialistas en 1982 despertó más expectativas era el de la salud mental, campo en el que se ha creado una frustración, pues la anunciada reforma de la asistencia psiquiátrica ni siquiera se ha iniciado. Se ha hecho un ingente esfuerzo teórico para definir el modelo asistencial mediante la creación de una comisión con amplia representación profesional, pero se ha consumido la legislatura sin poder aplicarlo.En promoción de salud y medicina preventiva se ha avanzado también poco. A pesar de haberse efectuado por primera vez una encuesta. nacional de salud, el conocimiento epidermológico de la enfermedad es todavía muy insuficiente. Como aspecto positivo destaca la creación de un importante número de centros de orientación familiar y la planificación de la asistencia odontológica. En este ámbito, tradicionalmente abandonado a la iniciativa privada, se ha definido la estructura necesaria para una ampliación de la cobertura pública que comportará la creación de cinco nuevas facultades ole Odontología, pero la realización del programa queda también pendiente para la próxima legislatura.

Autopistas, la cara oculta de la crisis bancaria
Andreu Missé
Barcelona 9 JUN 1986

Calcular el coste final de la crisis bancaria es uno de los ejercicios apasionantes que todavía quedan pendientes por hacer en este país. Se sabe que la crisis afectó a 51 entidades y que los recursos empleados para su saneamiento hasta finales de 1983 superaron los 1,2 billones de pesetas, según la auditoría del Tribunal de Cuentas en el Fondo de Garantía de Depósitos. Ello no incluye las ayudas al Banco Urquijo ni las destinadas a Rumasa, cuyo grupo precisó por si solo unos 560.000 millones dé pesetas. En todos los casos se trata de ayudas. Es decir, recursos empleados, la mayor parte: recuperables por tratarse de préstamos, que aunque en condiciones favorables, ya se están devolviendo.Los expertos consideran que este cálculo es incompleto y que para ser exactos habría que añadir al coste de la crisis bancaria, las aportaciones de Estado a las empresas concesionarias de autopistas, la mayoría de las cuales eran propiedad de los bancos. Además se subraya que en el caso de las autopistas, las aportaciones del Estado son subvenciones a fondo perdido.

MÁS INFORMACIÓN
 El Estado pagó 255.263 millones de pesetas por el seguro de cambio de las autopistas entre 1977 y 1985-->(http://elpais.com/diario/1986/06/09/economia/518652003_850215.html)

Hasta finales de 1985, las aportaciones del Estado a las concesionarias rebasaron los 280.000 millones de pesetas, (255.000 millones por el seguro de cambio y 25.000 millones por pérdidas de ENAUSA). Los costes futuros son difíciles de evaluar, pero según las previsiones más optimistas no bajarán de otros 200.000 millones. La cifra total de subvención estatal se aproximará pues al medio billón de pesetas, una cantidad que no se alejará mucho del coste efectivo de la crisis bancaria oficial.

La constitución de ENAUSA en 1984 resultó providencial para algunos bancos, que poseían participaciones en Autopistas del Atlántico (AUDASA) y Autopistas Astur Leonesa (AUCALSA). Ambas entidades, junto a Autopistas de Navarra (AUDENASA) llegaron a una situación límite a finales de 1983, lo que precisó la intervención pública. El Estado adquirió estas sociedades (sólo el 50% en el caso de AUDENASA) en marzo de 1984 y cargó con sus deudas que alcanzaban los 156.000 millones de pesetas, según un informe de ENAUSA.

Hasta entonces la solución empleada por estas compañías fue la de activar las pérdidas, refinaciarlas con nuevos créditos exteriores, engordando la pelota. La no intervención del Estado hubiera sido catastrófica, con la suspensión de pagos de alguna de ellas con toda la secuela de perjuicios en los mercados internacionales y en cualquier caso la deuda acumulada habría alcanzado los dos billones. En el caso de AUDASA los bancos (Hispano, Pastor, Noroeste y Bilbao) y las cajas gallegas habían hecho una aportación efectiva de 4.000 millones pero se habían endeudado en más de 66.000 millones. En AUCASA, la proporción era similar, 6.500 millones de desembolso efectivo y 65.000 de endeudamiento.

Telefónica: Historia de una privatización

Telefónica nacía en 1924 como una compañía filial de ITT. A partir de los años 50 el capitalismo franquista, necesitado de una mejora de las telecomunicaciones, entra en acción. [TAMBÉ EN CATALÀ]

Telefónica nacía en 1924 como una compañía filial de ITT. A partir de los años 50 el capitalismo franquista, necesitado de una mejora de las telecomunicaciones, entra en acción. La empresa, todavía de reducidas dimensiones, no estaba dispuesta a invertir lo necesario para desarrollar la red telefónica.

El Estado, actuando una vez más de capitalista colectivo, puso los recursos públicos al servicio de las clases dominantes. La empresa fue creciendo a medida que lo hacían las necesidades sociales y productivas. Se crearon empresas como Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones, S.A. en 1975, conocida como Sintel, encargada del montaje de sistemas de telefonía. Ésta era una empresa con filiales en América Latina, Suráfrica y el norte de África, que llegó a contar con 4.000 trabajadores y 62.000 millones de pesetas de facturación. Telefónica matriz llegó a tener casi 80.000 trabajadores en 1996, justo en los inicios del boom de las telecomunicaciones.
Desmantelamiento

Durante los gobiernos del PSOE, el Estado se fue desprendiendo de las acciones de Telefónica. No obstante, hasta 1996 se conservó el 20,9% . De la misma forma que muchas otras empresas, como SEAT o la Maquinista, necesitaban técnicos cualificados, y contaban con escuelas propias de formación.

Pero más tarde, con el desarrollo de las universidades y de la formación profesional, aparecen en el mercado laboral jóvenes con la formación necesaria. De esta manera, junto con las sucesivas reformas laborales, Telefónica ya podía encontrar mano de obra más barata y en cuyo proceso de formación no entraba en contacto con una de las plantillas más combativas del Estado. Estaban dadas las condiciones para la tormenta perfecta de privatización y precarización que estallaría con toda su virulencia a partir de 1997, cuando el gobierno de Aznar privatizó sin pasar por el Congreso el 20,9% que era público.

El gobierno del PP puso al mando de la Telefónica privada a un compañero de pupitre y conocido especulador bursátil: Juan Villalonga. Poco antes, en 1996, había sido Felipe González el que vendió Sintel a la familia mafiosa Mas Canosa por una bagatela.
Sintel

El caso de Sintel sería paradigmático de lo que ha ido sucediendo en toda Telefónica. Un servicio público rentable, pero con sueldos dignos, era descapitalizado para despedir y subcontratar muchos más empleados con salarios de miseria y condiciones de precariedad absoluta.

Así, a través de sucesivos EREs la plantilla se ha visto reducida de 80.000 a poco más de 20.000 personas. Eso sí, las más de 100 subscontratas de Telefónica emplean cerca de 100.000 personas. En pleno boom de internet, la telefonía móvil y telemarketing, los sucesivos gobiernos se pusieron al servicio de una multinacional, no sólo aceptando despidos en empresas con beneficios, sino aportando fondos públicos para los EREs y prejubilaciones. Hoy Telefónica aprovecha la penúltima reforma laboral para despedir trabajadores con baja médica justificada.

Por desgracia las direcciones de CCOO, UGT y STC han seguido el juego de la empresa, vendiendo puestos de trabajos dignos a cambio de participar en la gestión del mayor plan de pensiones laboral del Estado. A la vez, han aceptado que las empresas subcontratadas estén catalogadas como sector del metal, para que la plantilla de la empresa matriz no pueda participar y colaborar en organizar asambleas.

La realidad es que las privatizaciones no han servido para abaratar el servicio, sino para precarizar el empleo, disminuir los ingresos públicos y llenar los bolsillos de unos pocos ejecutivos.

La mayoría de los españoles ha perdido capacidad adquisitiva
La economía, más sana que en 1982, ha creado otros 734.300 parados
Gustavo Matias
Madrid 12 JUN 1986

La mayoría de los españoles -parados, asalariados y gran parte de los pensionistas- vive hoy, económicamente, peor que hace cuatro años. En cambio, la economía está más saneada que en 1982: ha ganado capacidad de crecer y competir en un marco internacional mucho mejor que el inicial. Los sacrificios exigidos se han reflejado en el descenso de la capacidad adquisitiva y del consumo, fenómenos acentuados por el crecimiento del paro en 734.300 personas. Este ajuste, divergente con la política prometida por el PSOE en su anterior programa ha logrado reducir la inflación, mejorar las cuentas exteriores, recuperar el ahorro empresarial y, por fin, la inversión y el empleo. Los esfuerzos han sido superiores a los aplicados en Europa; los resultados, más cortos y lentos.


Salvo el empleo y el déficit público, todas las medidas esgrimidas a nivel internacional para valorar la salud de una economía han mejorado durante el Gobierno socialista. El crecimiento de la actividad económica se ha acelerado desde un 0,9% en 1982 a un 2% en cada uno de los dos últimos años y a cerca del 3% esperado en 1986. Primero se benefició del fuerte empuje de la economía norteamericana en el resto de Occidente para que las exportaciones actuaran de motor. Luego, mediado 1985, el impulso se desplazó a la inversión y al consumo, mediante un nuevo viraje en la política. Ésta ha tenido cuatro momentos: expansionismo prometido en el programa electoral , dudas a comienzos de 1983, ajuste estabilizador pocos meses; después, y mezcla de medidas liberalizadoras y compensaciones sociales a partir de 1985.Así, desde 1982 la subida media anual de los precios al consumo se: ha dasacelerado del 14,4% al 8,8%, de 1985 (8,2% para el acumulado a final de año); ahora lleva camino, de quedar por debajo del 8% en 1986, tras aplicar el IVA. Igualmente, la balanza exterior -intercambios de mercancias y servicios- tenía un déficit que equivalía al 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB) y en 1985 alcanzó un superávit del 1,6%. Más espectaculares han sido la reducción de la deuda externa y el aumento de las reservas de divisas, que sirven de colchón para sufrir los primeros impactos de la adhesión a Europa.
Bajan salarios y consumo

La matriz de este ajuste, intentado desde 1977 por los gobiernos de UCD y aplicado con antelación en toda Europa, ha consistido en moderar los costes salariales para producir de forma más competitiva, a lo que contribuyó la inicial caída de la peseta. El objetivo, era favorecer la generación de ahorro y los beneficios empresariales.El crecimiento económico así logrado apenas ha servido para mantener en pesetas la renta por habitante, que ha disminuido en dólares por la fuerte apreciación de esta divisa hasta 1985. Pero su reparto ha incrementado las desigualdades a nivel territorial, funcional y personal. Del trabajo han pasado al capital -por la vía de la destrucción de empleo y el miedo al paro- 6 de cada 100 pesetas producidas. La remuneración de los asalariados, decreciente desde 1979, cayó el 1,5% en términos reales en 1982, el 0,3% en 1983 y el 3,9% en 1984. Éste fue el gran año del ajuste, vivido con ausencia de acuerdo social incluso entre la CEOE y la UGT. Desde 1985 se ha frenado dicho desplazamiento.

En consecuencia, el consumo privado de los españoles, estancado en 1982, cayó en los dos años siguientes. Como la población creció una media anual del 0,5%, el consumo real por habitante ha descendido desde 1980 un promedio anual del 0,4%, acelerado en 1983 y 1984. Después ha vuelto a crecer el 0,7% en 1985. También a nivel personal el paro y los impuestos han reforzado el desigual reparto de la riqueza. El pelotón de inactivos y desempleados se ha engrosado con casi millón y medio de personas. Entre el cuarto trimestre de 1982 y el primero de 1986 el número de parados estimado ha crecido en 734.300 personas, hasta quedar en 2.969.100. Pero también en estos tres años y medio otras 737.700 personas con edad laboral han engrosado el batallón de los inactivos, que ya supera los 14,4 millones de personas, el 37% de la población mayor de 16 años. Hay casi un millón de demandantes de empleo más que en 1982.

El paro ha sido cebado por la destrucción de empleo, causa de importantes alzas en la productividad: en tres años la producción por persona ocupada ha crecido por encima del 10%, aunque en la agricultura rozó el 25% y en la industria el 16%. De 441.600 empleos se ha desprendido el sector privado. En cambio, las administraciones públicas engrosaron sus nóminas en 172.700 personas.

En efecto, mientras ha disminuido el porcentaje de parados que reciben subsidio -el 33,6% de los inscritos en 1982, el 31,50% en marzo último-, casi la mitad de todas las nuevas contrataciones están acogidas a programas de fomento de empleo. Así, cada mes son renovados más de 100.000 contratos, el triple que en 1982.

Ni los fuertes incentivos al empleo y la inversión, ni los subsidios de paro, ni el aumento vegetativo de las pensiones (de 4,7 a 5,4 millones) han disparado el gasto público. Estos costes, acelerados por la crisis y el ajuste, han crecido menos que la riqueza nacional.

De los 9,6 billones de pesetas de gasto público -Administración central y periféricas-, las prestaciones sociales absorbieron el pasado año casi 4,2 billones. Sobre el PIB, han pasado desde el 15,1% al 14,8% y serán frenadas en los próximos años por el efecto acumulativo de la baja de las futuras pensiones. También ha caído el peso de la inversión pública: desde el 2,7% del PIB al 2,5%. Por el contrario, han crecido los gastos de personal (del 9,4% al 10,5%) y compras (del 2,2% al 2,6%). El sector público gastaba un 36,4% del PIB y llegó al 40,5% en 1985.

Para pagarlo, la presión fiscal -ingresos no financieros de las administraciones- ha pasado en tres años desde el 30,8% al 34,3% del PIB. En el reparto de este esfuerzo ha continuado del desplazamiento desde las empresas hacia las familias, desde las inipuestos sobre el ingreso a los del consumo, desde las rentas del capital a las del trabajo.

Además de aumentar la presión fiscal a un ritmo de 1,2 puntos anuales, el déficit se aceleró desde el 5,6% del PIB al 6,2%. Este desequilibrio entre ingresos y gastos, casi inexistentes al iniciarse la presente década y que en 1985 han superado por primera vez a la media europea, han contribuido en un 50% a engrosar la deuda pública en circulación: 2,3 billones a finales de 1982 y 11,5 billones de pesetas en marzo pasado. La otra mitad ha procedido de trasladar al Estado costes antes ajenos: crisis bancaria, expropiación de Rumasa, política monetaria, y saneamiento financiero de las empresas públicas, los ayuntamientos y el crédito oficial.

El hijo del obrero a la Universidad: las movilizaciones estudiantiles del 86/87

Análisis y enseñanzas de las movilizaciones estudiantiles de 1986/87 elaborado por el Comité Sectorial de Estudiantes de la UJCE.

¿Por qué en el 86?: cronología de las movilizaciones



El curso de 1986/87 aparece marcado por 3 factores que determinarán inmediatamente el inicio de un ciclo de movilizaciones que se extenderá alrededor de 5 meses, desde  noviembre-diciembre de 1986 hasta abril-mayo de 1987, primero por los institutos fundamentalmente y posteriormente por las universidades de todo el país. Los factores que desencadan la movilización podemos resumirlos en: una importante ola de manifestaciones estudiantiles en Francia inmediatamente anteriores, la entrada en vigor de la selectividad que introdujo la Ley de Reforma Universitaria del 83, la creación del Sindicato de Estudiantes a finales del curso anterior.



Efectivamente, en Francia viene debatiéndose desde octubre la aprobación de la denominada “ley Devaquet” que prevé exámenes selectivos más duros para el acceso a la universidad. En noviembre se reúnen los Estados Generales de la universidad, en los que participan los sindicatos UNEF-IF (socialista) y UNEF-SE (comunista), convocando una huelga para el 27 de noviembre que saca a casi un millón de estudiantes a la calle pidiendo la paralización de la tramitación de la ley de enseñanza superior. Las movilizaciones continuarán, llegando a su cumbre con el asesinato por disparos de la policía de un estudiante durante una manifestación en las calles de París. En diciembre el primer ministro anuncia la retirada del proyecto de ley.



La movilización francesa es relevante para el caso español tanto por el simbolismo de la “victoria” parcial obtenida, como por el hecho de que su anterioridad inmediata a la movilización en el estado español sirviera como fuente de inspiración en reivindicaciones y mecanismos de lucha, y fundamentalmente por las similitudes del contexto en que se dio y las contradicciones que generaba como posteriormente veremos: una situación general marcada por una duradera desmovilización, una creciente masificación universitaria, contradicciones entre formas de lucha en el seno del movimiento, violencia y criminalización, carácter corporativo o político de las luchas.



En segundo lugar, la movilización se inició en noviembre de 1986 a raíz del conflicto de estudiantes no admitidos en las universidades públicas. La recién introducida selectividad comenzaba a excluir a sectores del estudiantado de la universidad – 7.000 ese año sólo en Madrid – y de las carreras escogidas en primera opción. Surgieron así asambleas de “no admitidos” como fórmulas de autoorganización de los afectados que convocaron una primera movilización en Madrid el 23 de noviembre, con un importante impacto.



Finalmente, tuvo un importante peso en el éxito de las iniciales movilizaciones el impulso que dio a ellas una organización que había surgido de una escisión de las Juventudes Socialistas de Álava a finales del curso pasado, el Sindicato de Estudiantes. Las distintas expresiones espontáneas del movimiento de los estudiantes no admitidos, de aquellos que se encontraban en barracones en las periferias urbanas, de los que sufrían las tasas en BUP y FP pudieron ser fácilmente dirigidas por la única organización con vocación de “representar” al conjunto del estudiantado en una fecha conjunta. No es que el SE fuera hegemónico en los centros de estudio, parece que en muchas autonomías y en casi todas las universidades ni siquiera tenía existencia, pero era la única sigla con apriencia de organización estudiantil a nivel estatal, y por ello fácilmente pudo hacer converger al conjunto de luchas en torno a una fecha común: la movilización de enseñanzas medias del 4 de diciembre.



Dicha movilización sacó a la calle a más de medio millón de estudiantes, y rápidamente se conviertió en una serie de movilizaciones descentralizadas con formas organizativas y de coordinación diversas, a las que progresivamente van sumándose más estudiantes y organizaciones universitarias, que convergieron en una nueva movilización estatal para el 23 de enero de 1987. En ésta, la policía abre fuego real en Madrid y hay una estudiante herida de bala.



En febrero continúan las movilizaciones, pero el SE y otras organizaciones paragubernamentales alcanzan un acuerdo con el Ministerio de Educación que cesa las movilizaciones en institutos el 13 de febrero1. Mayoritariamente en los centros de estudio se rechazó dicho acuerdo, y se convoca una nueva jornada masiva de movilizaciones para el 24 de febrero, a la que oficialmente el SE curiosamente se sumó, la cual sería la última del ciclo de medias. Las movilizaciones en universidad, iniciadas ese mes, se extenderían hasta el mes de abril, con un carácter propio como se expondrá después.



Reconversión industrial y masificación universitaria



El contexto general del 86 aparece marcado por la consolidación del nuevo bloque oligárquico surgido del pacto constitucional del 78: los restos políticos del tardofranquismo, los jóvenes demócratadas conversos del antiguo régimen que copan la administración, la burguesía financiera que se encuentra en un proceso de internacionalización, en alianza con el capital financiero europeo, paralelo a la creciente concentración del capital en pocas entidades bancarias y con una base que se desplaza hacia la actividad especulativo-inmobiliaria y del sector de la construcción.



El desarrollo de este sector oligárquico está directamente relacionado con la integración de España en la Comunidad Europea. En la división internacional del trabajo que opera el capital exportador alemán se hace necesario debilitar el aparato productivo de la periferia europea en alianza con las burguesías financieras nacionales, dando lugar en nuestro estado a un proceso de deslocalizaciones industriales (Reinosa, Euskalduna, etc.) y de concentración de las entidades bancarias.



A esta situación estructural acampañaba un diseño político destinado a la consolidación democrática, a la puesta de largo del pacto del 78. Así el PSOE obtuvo su mayor mayoría absoluta en el año 82, lo que permitió una desintegración de la movilización social precedente y una consolidación de los mecanismos institucionales de representación y participación, que permitó aplicar la política de reconversiones con una calma social mayor de la esperable. La guerra sucia contra el terrorismo y la exposición pública del entramado de cloacas dele stado, así como el movimiento contra la ratificación del ingreso de España en la OTAN fueron factores precedentes que contribuyeron a minar la legitimidad del gobierno. La propuesta política de PCE/UJCE ante esta situación era la de la alternativa democrática, el desarrollo y consolidación de los elementos más progresistas del pacto constitucional como vía para profundizar en la transformación socialista de la sociedad española. Para ello se apostaba por una convergencia social que, frente a la creciente corrupción de las instituciones del régimen, fomentase una base ciudadana de regeneración democrática que se concretase en lo electoral en un frente de izquierdas que cumpliese el programa constitucional.



Las relaciones sociales que dejaba este panorama eran de una consolidación de una importante tasa de paro, alrededor de 2.700.000 parados en 1986, una moderación salarial general, una creciente precariedad laboral en torno a nuevos contratos desregulados, y un empleo intensivo de innovaciones tecnológicas. Todo ello permitió un ciclo alcista en la acumulación del capital hasta los 90 basado en la contención de la inflación, la potenciación del sector servicios, la flexibilización de las relaciones laborales en torno al ciclo paro-empleos precarios, y el uso de tecnología sustitotoria de mano de obra sobrante por las reconversiones industriales.



La situación educativa se relacionaba con el modelo de estado de tardía incorporación plena al modelo de desarrollo europeo: en 1981 sólo un 60% de jóvenes de 16 años estaban cursando algún tipo de estudios (la EGB sólo preveía escolarización obligatoria hasta los 14), había un 8 % de analfabetismo, y sólo un 3% de la población poseía estudios universitarios. Por otra parte, las tasas de desempleo juvenil eran también escandalosas, en 1987 en torno al 40% de la juventud menor de 25 años estaba en el paro. Una necesidad básica para el estado era elevar los parámetros educativos, así la población escolarizada aumentó hasta el 71% en 1986 y se empezó a fomentar una político de conciertos educativos que ese año supuso un 28% del presupuesto ministerial, y elevar el número de instituciones y egresados universitarios fundamentalmente por la necesidad de ocupar los nuevos puestos laborales ligados al sector servicios, rellenar el esquema de cuadros técnicos y burócratas que surgía al hilo de la creación y desarrollo de las administraciones autonómicas – es el momento de creación de universidades públicas en base a las capitales de provincia – y también para ofrecer a la juventud un espacio en que ocupar su tiempo ante unas perspectivas de futuro nada alagüeñas.



En este sentido, comenzaba a configurarse una creciente contradicción entre cualificaciones y ocupaciones. En un momento en que la generación del denominado “baby-boom” concebía los estudios principalmente como una fuente segura de acceso al empleo, visión heredada de la realidad tardofranquista de las generaciones precedentes, la tasa de paro juvenil se consolidaba y el empleo precario se generalizaba a pesar del crecimeinto de nuestros estándares educativos y de las mejoras presupuestarias arrancadas al gobierno, dando lugar a un creciente descontento por parte de los estudiantes universitarios cuyos títulos comenzaban a perder peso en el mercado laboral pero sobre todo de los estudiantes de enseñanzas medias que vivían en su mayoría en bolsas de desempleo y marginalidad en los barrios obreros de las grandes ciudades y que veían en las reformas de la enseñanza nuevas barreras para su acceso a mayores niveles de cualificación.



Las lecciones políticas del 86/87



Una de las características del ciclo de movilizaciones que rompía con la tradición de nuestro movimiento estudiantil fue su carácter mayoritario de enseñanzas medias. Las reformas que pretendió poner en marcha el Ministerio – supresión de los exámenes de septiembre, conflicto de los no admitidos, continuación de la política de tasas en BUP y FP, endurecimeinto de la selectividad – contribuyeron a este hecho; sin embargo una clave importante de ello eran las condiciones sociales antes señaladas: para buena parte del estudiantado el sistema educativo era un mero trámite en que gastar algunos años hasta ingresar en el ciclo de empleo de poca cualificación cada vez más ligado a sectores como la construcción o el turismo. Parece lógico que la contradicción entre el panorama de un “estado del bienestar desarrollado” que se pintaba y la realidad que se vivía produjese un gran potencial movilizador en estos sectores que demandaban las políticas de ascensión social prometidas.



También hubo claramente motivos para movilizarse en la Universidad, principalmente las reivindicaciones que se arrastraban desde los primeros intentos de protesta contra la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que introducía elementos de gestión empresarial en la universidad como la figura del gestor o el Consejo Social, y sobre todo la prevista reforma de los planes de estudio por parte de unos comités de expertos que tenía como principal función efectuar una desvalorización de conocimientos de las denominadas carreras técnicas en oposición a las científicas. El movimiento específicamente universitario tomó el relevo cuando la lucha general abanderada por los institutos se desinfló, y mantuvo un carácter más corporativo tanto en sus formas de organización como en sus objetivos, que eran propios de un sector académico que aún estaba en disposición de ofrecer una importante integración laboral a quienes completaban los estudios.



Al hilo de esto, hay posiblemente una diferencia fundamental entre el 68 y el 86, y es la centralidad de la cuestión política en el seno del movimiento. Si bien las movilizaciones de 1986 estaban motivadas en último término por el desfase entre las posibilidades que debía proporcionar un estado social desarrollado y las condiciones reales de vida, e incluso algunas reivindicaciones iniciales como la supresión de la selectividad o la gratuidad del conjunto del sistema educativo (incluido el universitario) podían poner en un serio aprieto al gobierno socialista que no había planteado medidas tan “radicales” ni de lejos, lo cierto es que el movimiento llegó a alcanzar como mucho un carácter social, que contó con el apoyo puntual aunque importante de los principales sindicatos obreros en muchas movilizaciones – el consejo confederal de CCOO llegó a la votación para convocar una huelga general en marzo del 87, y la misma se perdió en el confederal por un voto – , sin ser un destacamento que supusiera un cuestionamiento real del marco político del que se dotaban los monopolios financieros.



De hecho, cuando el SE y las demás organizaciones satélite del gobierno alcanzaron un acuerdo con éste, el programa de reivindicaciones se rebajó notablemente (ni la selectividad ni la gratuidad figuraban). El acuerdo, que fue vendido como una victoria2 a pesar de no contar con un apoyo explícito demasiado amplio, supuso en todo caso una notable mejora de la financiación del sistema público de educación, la gratuidad del bachillerato y la FP, la recuperación de los exámenes de septiembre, etc. pero de hecho parece que esta victoria no supuso ningún tambaleo serio del marco político heredado del 78, más bien todo lo contrario, se publicitó como su consolidación o evidencia de que las instituciones democráticas podían soportar un conflicto de fuerte calado social y además integrar parte de las reivindicaciones sindicales en su seno, reafirmando el carácter redistribuidor del estado según la teoría socialdemócrata. Más que una causa de desestabilización del régimen en los 80, el movimiento del 86/87 parece en todo caso un síntoma de los graves desajustes del capitalismo español y de sus potencialmente conflictivas relaciones sociales de producción, que devinieron en un movimiento de corte sindical por mejoras económicas que en ese momento el estado pudo integrar y garantizar, y que se extendería en lo inmediatamente posterior a las movilizaciones contra el plan de empleo juvenil y la Huelga general de diciembre de 1988.



Incluso mediática y culturalmente se intentaba escindir la movilización en dos bandos: los estudiantes responsables que se manifestaban y negociaban pacíficamente, y los maleantes que no eran realmente estudiantes e iban a las manifestaciones “a liarla” o bien porque eran camuflados de la ultraderecha. La mayoría de las veces respondía a un intento descarado de la prensa por manipular, El País recogía fotos de fascistas agrediendo a estudiantes y las hacía pasar por estudiantes violentos, etc. Sin embargo es cierto que la cuestión de la violencia era un tema de debate permanente ene l movimiento de entonces, obviamente había grupos que simplistamente interpretaban que más piedras en las calles suponía más conflictividad y apoyo social frente al gobierno, de la misma forma que otros condenaban todo hecho “violento” como proveniente de personas que realmente no eran estudiantes – el ejemplo del “Cojo manteca” fue arquetipo de esto –. Desde luego había provocadores fascistas y secretas entre los manifestantes, así como elementos del creciente lumpenproletariado que incitaban a disturbios, pero también puede que hubiera cierta conciencia expresada en formas rudimentarias fundamentalmente de aquellos sectores más marginales en el sistema social y educativo del momento, y que no se logró organizar la misma en torno a formas más avanzadas de lucha que supusieran un desafío más serio al sistema dominante.



Hubo importantes contradicciones también en la forma de organizar el propio movimiento. Puede decirse que coincidieron tres formas principales: las asambleas de centro, las coordinadores de representantes de las mismas, los sindicatos estudiantiles. La propuesta de la UJCE y los CJC pasaba por el marco de acción unitario entre las distintas patas del movimiento, y si bien esto se concretó sobre todo en la convocatoria de movilizaciones determinadas, lo cierto es que una de las condiciones del éxito del movimiento recayó en la unidad de acción con las organizaciones nacionalistas, básico en un momento en que buena parte de las competencias educativas recaían en estas autonomías.



El marco de acción unitario funcionaba más o menos, pero lo cierto es que en cuanto al progra las diversas estructuras tenían a la hora de la verdad pocos puntos en común. Así, hubo un fuerte conflicto por quién tenía la legitimidad para negociar con el ministro, ¿la coordinadora estatal, que delegaba funciones en la de Madrid, o el SE?. Al final para el gobierno fue fácil: se escogió a las organizaciones que más interesaba y se emprendió una campaña mediática de criminalización del resto de estructuras organizadas. Faltaron dinámicas unitarias en cuanto al programa y objetivos, y sobre todo faltó una base sólida a nivel estatal que pudiera impregnar de sentido político a la movilización, hacer confluir a las masivas bases movilizadas en torno a un programa común alejado de corporativismos locales que plantease el conflicto en términos políticos, y unificar las distintas herramientas de organización en una misma mesa de lucha.



Las consecuencias en lo que al movimiento estudiantil se refiere parece que fueron, por un lado, de integración en el modelo del pacto social de los elementos que contribuyeron a la victoria parcial del 87 mediante su institucionalización como representantes legitimados por el poder, y por otro, de erosión de las bases una vez acabó el ciclo mediante su atomización en núcleos dedicados al trabajo sindical local o su marginalización a través de una retórica asamblearista que apelaba a la horizontalidad y al desprecio por las conquistas parciales con un peso cada vez más minoritario.



Notas:



1. Ésta es al menos la visión recogida en Estudiantes, antiestudiantes, policía, prensa, poder, una recopilación de materiales de la época y valoraciones realizadas desde diversas posturas de tendencia autónoma y anarquista. Como curiosidad, los artífices gubernamentales del acuerdo fueron el ministro de educación Maravall y el por aquel entonces secretario de estado de educación Pérez Rubalcaba.



2. Para entender el sentido que el SE y otros sectores progubernamentales daban al movimiento, y porqué pintaron su final como una victoria, puede leerse la reflexión del entonces secretario general del SE al respecto: http://sindicatodeestudiantes.net/index.php/documentos/analisis/articulos-de-analisis/1670-a-20-anos-de-las-movilizaciones-estudiantiles-de-1986-1987-una-lucha-historica-un-triunfo-ejemplar