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Director de la PDI Admitió Infiltración de Manifestaciones con Unidades de Inteligencia
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Ante la Comisión investigadora sobre el derecho de reunión, de la Cámara de Diputados, el Director General de la PDI, Marcos Vásquez, admitió que en las manifestaciones trabajan unidades de inteligencia encubiertas, con el fin de identificar encapuchados. Sin embargo, evadió referirse a las denuncias del estudiante César Reyes, cuya detención presentó características de secuestro, con el gastado argumento de que la situación está siendo está siendo analizada tanto internamente como por el Ministerio Público.
En la oportunidad, también expusieron el titular del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, sobre los avances de la institución en esta materia; y los fiscales Marcelo Cabrera y Ricardo Peña, sobre las tensiones vividas con la policía en el Centro de Justicia de Santiago, en mayo pasado.
Una labor de identificación de los encapuchados que actúan en el contexto de manifestaciones públicas realiza la unidad de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), según reconoció el Director General de la institución, Marcos Vásquez, ante la Comisión Investigadora sobre el derecho de reunión y seguridad de la Cámara de Diputados:
“La unidad de inteligencia, la labor que está ejerciendo, es identificar a aquellas personas que actúan como encapuchados en este tipo de actividades. No sale a detener encapuchados, pero cuando esas personas cometen delitos, si están frente a delito fragante la policía tiene que actuar”.
El Director entregó esta información en el contexto de los hechos que rodearon la detención del joven de 17 años, César Reyes, el 8 de mayo pasado, tras la marcha por la educación realizada en Santiago. Cabe recordar que dichos sucesos fueron cuestionados en su procedimiento por el juez de garantía que atendió el caso y relatados por la parte afectada ante la Comisión, la semana pasada.
Vásquez sostuvo que, en este caso en particular, se estuvo ante un delito fragrante, frente a lo cual la policía debió actuar conforme se lo exige la Ley. Indicó que, a diferencia de Carabineros, la PDI no suele actuar con uniforme ni con vehículos con imagen corporativa, aclarando con ello la falta de identificación que acusó el detenido.
Planteó que, según consta en los registros de la PDI, la detención se registró conforme a los procedimientos internos, que dan cuenta de un aviso a un familiar (un hermano menor de César Reyes); la firma del acusado en la planilla de cargos (la cual el imputado dijo haber firmado bajo golpiza y amenaza y respecto de la cual hay constancia que fue ante la ausencia de su abogada, al igual que el interrogatorio); y llevar al detenido a un recinto hospitalario para constatar lesiones, entre otras formalidades. Asimismo, destacó que el juez declaró la detención a Reyes como un acto legal, confirmándose los cargos de daño a efectos públicos.
El Director General de Investigaciones, sin embargo, no se pronunció sobre el fondo de gran parte de las consultas de los diputados, argumentando que ello interferiría con la investigación que está realizando el Ministerio Público y la propia institución. En todo caso, informó que los funcionarios involucrados se mantienen en servicio, en tanto no haya una sentencia definitiva sobre su accionar.
Con sus declaraciones, el señor Vásquez se comportó de una manera perfectamente hipócritra. Las dudas del caso no remiten a si el estudiante cometió o no delito flagrante. Pero aún en este último caso, las policías tienen protocolos que cumplir, entre los cuales no está ciertamente golpear a menores de edad, trasladarlos durante todo el día a diversos recintos e interferir sus redes sociales para dejar mensajes escritos en ellas.
No obstante, Vásquez indicó que se está prestando toda la colaboración con la Fiscalía y resaltó que se están recabando todos los antecedentes sobre el caso, incluido un informe del Instituto Médico Legal. Además, recalcó que no se está haciendo una defensa corporativa y que si hay funcionarios que cometieron delitos o faltas, los antecedentes se darán a conocer.
Departamento de Derechos Humanos
En la sesión también expuso el Coronel Marcello Palavicino, jefe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, unidad que fuera creada en noviembre de 2011 con el objetivo de centralizar el compromiso institucional en esta materia y de vincularse con los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que velan por el resguardo de estos derechos.
En un detallado informe explicó los avances que se han registrado sobre la materia en la institución, a través de la creación de nuevos protocolos e instructivos, la incorporación del área de Derechos Humanos en la malla curricular de los distintos escalafones y de la capacitación del personal. En este último ámbito, señaló que se ha centrado en el tratamiento de los grupos vulnerables, esto es, menores de edad, mujeres, grupos indígenas e inmigrantes.
Comunicó que la institución ha coordinado capacitaciones regionales y focalizadas y confirmó que cuenta hoy con 25 efectivos (se duplicará en el corto tiempo) que tienen el título de instructores en Derechos Humanos y que imparten sus enseñanzas tanto en la dotación operativa como en las especializadas.
Informó que en diciembre de 2012 se creó la Jefatura de Zona de Control de Orden Público e Intervención, que tiene bajo su dependencia la Prefectura de Fuerzas Especiales y de Radiopatrullas e intervención policial. “Su misión es dirigir, planificar, coordinar y controlar las operaciones policiales para el control del orden público.
Con esta alta repartición, se ha trabajado conjuntamente para la revisión del estándar operativo para la actuación de Fuerzas Especiales. En ese sentido, la Dirección General dispuso la revisión de los procedimientos considerando los principios del respeto por la dignidad de las personas; el uso de la fuerza sujeto a los máximos de la legalidad, necesidad y proporcionalidad; necesidad de brindar un trato justo y humanos a las personas privadas de libertad, de acuerdo a su edad y sexo”, detalló.
O sea, de seguir la lógica de Vásquez y del coronel Palavicino, las denuncias de malos tratos, represión y violencia innecesaria, se reducirían a inventos de los denunciantes, para encubrir sus delitos. En otras palabras, están notificando veladamente que no rectificarán esas prácticas.
Fuente: diarioreddigital.cl[/font][/color]
- Por: DiarioRedDigital
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Ante la Comisión investigadora sobre el derecho de reunión, de la Cámara de Diputados, el Director General de la PDI, Marcos Vásquez, admitió que en las manifestaciones trabajan unidades de inteligencia encubiertas, con el fin de identificar encapuchados. Sin embargo, evadió referirse a las denuncias del estudiante César Reyes, cuya detención presentó características de secuestro, con el gastado argumento de que la situación está siendo está siendo analizada tanto internamente como por el Ministerio Público.
En la oportunidad, también expusieron el titular del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, sobre los avances de la institución en esta materia; y los fiscales Marcelo Cabrera y Ricardo Peña, sobre las tensiones vividas con la policía en el Centro de Justicia de Santiago, en mayo pasado.
Una labor de identificación de los encapuchados que actúan en el contexto de manifestaciones públicas realiza la unidad de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), según reconoció el Director General de la institución, Marcos Vásquez, ante la Comisión Investigadora sobre el derecho de reunión y seguridad de la Cámara de Diputados:
“La unidad de inteligencia, la labor que está ejerciendo, es identificar a aquellas personas que actúan como encapuchados en este tipo de actividades. No sale a detener encapuchados, pero cuando esas personas cometen delitos, si están frente a delito fragante la policía tiene que actuar”.
El Director entregó esta información en el contexto de los hechos que rodearon la detención del joven de 17 años, César Reyes, el 8 de mayo pasado, tras la marcha por la educación realizada en Santiago. Cabe recordar que dichos sucesos fueron cuestionados en su procedimiento por el juez de garantía que atendió el caso y relatados por la parte afectada ante la Comisión, la semana pasada.
Vásquez sostuvo que, en este caso en particular, se estuvo ante un delito fragrante, frente a lo cual la policía debió actuar conforme se lo exige la Ley. Indicó que, a diferencia de Carabineros, la PDI no suele actuar con uniforme ni con vehículos con imagen corporativa, aclarando con ello la falta de identificación que acusó el detenido.
Planteó que, según consta en los registros de la PDI, la detención se registró conforme a los procedimientos internos, que dan cuenta de un aviso a un familiar (un hermano menor de César Reyes); la firma del acusado en la planilla de cargos (la cual el imputado dijo haber firmado bajo golpiza y amenaza y respecto de la cual hay constancia que fue ante la ausencia de su abogada, al igual que el interrogatorio); y llevar al detenido a un recinto hospitalario para constatar lesiones, entre otras formalidades. Asimismo, destacó que el juez declaró la detención a Reyes como un acto legal, confirmándose los cargos de daño a efectos públicos.
El Director General de Investigaciones, sin embargo, no se pronunció sobre el fondo de gran parte de las consultas de los diputados, argumentando que ello interferiría con la investigación que está realizando el Ministerio Público y la propia institución. En todo caso, informó que los funcionarios involucrados se mantienen en servicio, en tanto no haya una sentencia definitiva sobre su accionar.
Con sus declaraciones, el señor Vásquez se comportó de una manera perfectamente hipócritra. Las dudas del caso no remiten a si el estudiante cometió o no delito flagrante. Pero aún en este último caso, las policías tienen protocolos que cumplir, entre los cuales no está ciertamente golpear a menores de edad, trasladarlos durante todo el día a diversos recintos e interferir sus redes sociales para dejar mensajes escritos en ellas.
No obstante, Vásquez indicó que se está prestando toda la colaboración con la Fiscalía y resaltó que se están recabando todos los antecedentes sobre el caso, incluido un informe del Instituto Médico Legal. Además, recalcó que no se está haciendo una defensa corporativa y que si hay funcionarios que cometieron delitos o faltas, los antecedentes se darán a conocer.
Departamento de Derechos Humanos
En la sesión también expuso el Coronel Marcello Palavicino, jefe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, unidad que fuera creada en noviembre de 2011 con el objetivo de centralizar el compromiso institucional en esta materia y de vincularse con los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que velan por el resguardo de estos derechos.
En un detallado informe explicó los avances que se han registrado sobre la materia en la institución, a través de la creación de nuevos protocolos e instructivos, la incorporación del área de Derechos Humanos en la malla curricular de los distintos escalafones y de la capacitación del personal. En este último ámbito, señaló que se ha centrado en el tratamiento de los grupos vulnerables, esto es, menores de edad, mujeres, grupos indígenas e inmigrantes.
Comunicó que la institución ha coordinado capacitaciones regionales y focalizadas y confirmó que cuenta hoy con 25 efectivos (se duplicará en el corto tiempo) que tienen el título de instructores en Derechos Humanos y que imparten sus enseñanzas tanto en la dotación operativa como en las especializadas.
Informó que en diciembre de 2012 se creó la Jefatura de Zona de Control de Orden Público e Intervención, que tiene bajo su dependencia la Prefectura de Fuerzas Especiales y de Radiopatrullas e intervención policial. “Su misión es dirigir, planificar, coordinar y controlar las operaciones policiales para el control del orden público.
Con esta alta repartición, se ha trabajado conjuntamente para la revisión del estándar operativo para la actuación de Fuerzas Especiales. En ese sentido, la Dirección General dispuso la revisión de los procedimientos considerando los principios del respeto por la dignidad de las personas; el uso de la fuerza sujeto a los máximos de la legalidad, necesidad y proporcionalidad; necesidad de brindar un trato justo y humanos a las personas privadas de libertad, de acuerdo a su edad y sexo”, detalló.
O sea, de seguir la lógica de Vásquez y del coronel Palavicino, las denuncias de malos tratos, represión y violencia innecesaria, se reducirían a inventos de los denunciantes, para encubrir sus delitos. En otras palabras, están notificando veladamente que no rectificarán esas prácticas.
Fuente: diarioreddigital.cl[/font][/color]
