La paradoja de Garzón

Publicado en Gara
La paradoja de Garzón

Por Jorge del Cura (*) Centro de Documentación contra la Tortura



No es baladí apuntar que en su actuación [Garzón] ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un ligero barniz

Los abajo firmantes nos vemos en la obligación de hacer ciertas precisiones ante las iniciativas llevadas a cabo por asociaciones de derechos humanos e intelectuales de diversos ámbitos geográficos para respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, imputado por delitos de prevaricación por los procesos que instruye por desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo.

Antes que nada, tenemos que reconocer que nos encontramos en un terreno terriblemente resbaladizo. Terreno en el que se vierten denuncias contra sus acusadores que también se podrían achacar al ahora acusado, y solidaridades y palabras de apoyo para con éste que, desde nuestro humilde punto de vista, deberían ser matizadas.

En efecto, hemos alzado la voz de forma rotunda contra la intromisión de los tribunales de justicia para bloquear iniciativas que tienen un evidente cariz político, la defunción de debates públicos vivos y necesarios por la acción de los estrados. En este caso concreto, la iniciativa en favor de las víctimas del alzamiento fascista, no la circunscribimos al impulso del juez Garzón, sino que consideramos que responde a la acción anónima, decidida y consecuente de cientos de asociaciones e individuales que han luchado denodadamente por el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la justicia. Es a ellos a quien se corta el camino ante los tribunales de justicia.

Por otra parte, no podemos sino remarcar que el reproche a la intervención inaceptable de la Justicia en el libre debate político es imputable también al propio Sr. Garzón. Paradójicamente, es ahora víctima de una politización de la justicia que él magistralmente diseñó e impulsó. Su apelación a la ambigüedad de las acusaciones que ahora se vierten contra él, la «patente desviación de los hechos objeto de esta causa» que denuncia en su recurso, o la instrucción «sesgada» de que se considera víctima, «que sólo cabe explicarse desde una idea preconcebida de este asunto, que le impide analizar con objetividad los hechos que contempla» no es sino su propia medicina, esa que se ve obligado a probar él mismo. Y que ahora denuncia por amarga.

Pero es que, además, se regala solidaridad a Garzón por parte de varias organizaciones, con el apelativo de «defensor de derechos humanos» sin repasar su currículum al respecto.

No es vano recordar que realiza su actividad jurisdiccional desde la herencia más envene- nada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP -Tribunal de Orden Público-. Más aún, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regímenes totalitarios. La naturaleza arbitraria de este tribunal fue oportunamente señalada por el propio Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin.

No es baladí apuntar que en su actuación ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos hizo recientemente patente su pre- ocupación al respecto.

No es gratuito traer a estas líneas que Garzón, en su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa -CPT-, el Comité contra la Tortura -CAT- o diferente Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado.

No es trivial recordar que el juez, ahora elevado a la condición de defensor de derechos humanos por varias asociaciones, se ha mostrado impasible ante las denuncias de tortura que le narraban detenidos bajo su responsabilidad. Entre otros, el ciudadano vasco Josu Arkauz, cuyo testimonio de tortura fue considerado por el CPT «detallado y coherente» y que reprochaba al Juzgado nº 5 que no adoptó medidas «repetidamente recomendadas por el CPT» para evitarlas. Esta es la línea argumental seguida también en el caso de los detenidos en Catalunya en la llamada «Operación Garzón» durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, caso ante el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba el 2 de noviembre de 2004 que las investigaciones de tortura no habían sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias de los tratados internacionales».

Conocemos, pues, la actitud de Garzón en el ámbito internacional, así como la conocemos en el doméstico. Sabemos de su interés por aparecer como el juez progresista, para poder así llevar a cabo una actitud represiva sin parangón, desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia Nacional. Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un ligero barniz, sin que sus acciones en ningún caso hayan pasado de ser testimoniales.

Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la misma manera que denunciamos los excesos que otros tribunales comenten ahora con el juez Garzón. La admisión a trámite de la presente querella por querer investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo franquista, es atentatoria contra la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y contra el sentido común.

Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia.

(*) Junto a Jorge del Cura, firman este artículo Ramom Lôpez-Suevos Fernándes y Elvira Souto (Esculca-Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades), Ramón Piqué (Associació Memòria Contra la Tortura), Eva Pous (Alerta Solidària), Montserrat Munté (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura), Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituiño y Lorea Bilbao (TAT-Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia), Andoni Hernández (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), José Ramón Pérez (Salhaketa -Araba), Carlos Hernández (Salhaketa -Bizkaia), Iñaki Rivera Beiras (Universidad de Barcelona), Gemma Ubasart i Gonzàlez (Universidad Autónoma de Barcelona-UAB), Amalia Alejandre (abogada, Madrid), José Manuel Hernández (abogado, CAES), Luis Ocaña Escolar y Emma Valiente (Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos).

esto es lo unico que destacamos de este juez, pues cuanta saliba malgastada, yo opino que un solo asesino de eta encarcelado, mil veces yo daria la vida por este hombre, una vocaza callada, mil vidas mas. la lacra que rodea al comunismo en españa, es tan espesa, y tan dificil de limpiar que algunas veces muchos pensamos si merece la pena seguir luchando, las formas tan burdas de utilizar a los obreros, la verdadera bandera de nuestra ideologia,me dan ganas de vomitar.

El juez se estrella

Por Juan Manuel Olarieta

Miércoles 17 de marzo de 2010

Desde su llegada a la Audiencia Nacional en 1987, Garzón impuso un estilo propio que luego ha sido imitado por todos los demás jueces. Hasta entonces aquel tribunal había sido la guarida de los viejos zorros del TOP, burócratas oscuros del franquismo como Gómez Chaparro y Varón Cobos. Como tantas otras cosas, durante la transición nadie tocó un pelo del sistema judicial, dejándolo tal y como lo habían encontrado, o sea, hecho una cloaca.

Para hacerse una idea: en el viejo aparato burocrático franquista sólo había 800 jueces y ahora hay 4.000. Presten Ustedes atención: el franquismo fue el verdadero neoliberalismo, un aparato de Estado represivo (a más no poder) pero sin verdadero aparato (a menos no poder). Es la "democracia" la que ha creado Estado, un verdadero Estado para la burguesía, el que estaba necesitando desde hacía tiempo, empezando por el Estado de Derecho, siguiendo por el Estado de las Autonomías y acabando por el Estado del Bienestar.

En el sistema judicial ocurrió lo mismo; casi se puede decir que saltamos del viejo Estado feudal al capitalismo monopolista de Estado posmoderno. Eso es lo que ha confundido algunos, que identifican ese tránsito con la "democracia". Por fin ahora tenemos un Estado a nuestro servicio: necesitamos echar una carta y tenemos una oficina de correos, necesitamos pagar impuestos y tenemos la agencia tributaria en la esquina... Así da gusto. Es que antes no veíamos más que a los antidisturbios por la calle...

Pero necesitábamos un estilo propio, personalidad, algo que nos costó alcanzar. La democracia vive del "fashion" y del "look". Eso es Garzón y eso no empezó hasta 1987, verdadera fecha que pasará a la historia como el principio de la transición. ¿O se trata del final de la transición? La verdad es que no lo sabría decir, pero me explicaré.

¿Qué ocurrió exactamente en 1987? Aquel año la represión pasa del GAL a lo leGAL; el Estado pudo dejar de matar gente en Francia porque Francia se la servía en bandeja. Aquel año la ley antiterrorista también dejó de ser ileGAL por un apaño inolvidable del difunto Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, con otro presidente, Felipe González. Nunca jamás se volvió a discutir sobre la ileGALidad de la ley antiterrorista, ni sobre la ileGALidad de la Audiencia Nacional; es más nunca se volvió a discutir nada de nada.

Ese es el papel de los jueces en un Estado verdaderamente "democrático": ¿para qué hacer las cosas ileGALmente si podemos hacer lo mismo leGALmente? No se si Ustedes se dan cuenta de la importancia de esto, que es la clave del Estado de Derecho: lo que diferencia al franquismo de la "democracia" no es que las cosas son diferentes sino todo lo contrario: las cosas son iguales, lo que pasa es que ahora son leGALes.

Alguien preguntará: ¿qué es lo leGAL y qué es lo ileGAL? La respuesta os la sirven todos los días en los medios de de intoxicación: lo leGAL es lo que los jueces dicen que es leGAL. Punto y final. Por lo tanto, la transición consistió en pasar las competencias del GAL a los jueces de la Audiencia Nacional, hacer lo mismo de manera distinta.

En 1748 Montesquieu, oráculo de la democracia por excelencia, dijo que el poder judicial no era, en realidad, tal poder sino que era políticamente nulo. Por consiguiente, en una democracia no es posible que el poder judicial tenga el poder que hoy vemos que tiene.

Pondré un ejemplo. En Francia para ilegalizar a un partido político hace falta un acuerdo del pleno del Consejo de Ministros, que se puede recurrir ante el Consejo de Estado, es decir, los máximos órganos políticos del Estado. En 1956 Alemania ilegalizó al Partido Comunista después de un largo proceso judicial ante el máximo tribunal del Estado, el Tribunal Constitucional. En España en abril de 2003 Garzón, un simple juez de instrucción, ileGALizó al PCE(r) con un simple auto; ni siquiera necesitaba una sentencia.

Pero las cosas no quedaron ahí. Seguramente el lector habrá oído uno de esos axiomas universales en cualquier país civilizado: nadie puede ser condenado sin ser antes oído. Pues bien, el PCE(r) fue condenado y disuelto sin que nadie le convocara a juicio para poder defenderse. Estamos hablando de 2003, no de 1943, pero es como si el tiempo se hubiera detenido cualquier noche de aquellas de los paredones y los fusilamientos a la salida del pueblo. Los fascistas no necesitan juicios.

Ese es el recorrido que va de un Estado democrático, en el que no hay poder judicial, a un Estado "democrático" en el que los jueces son omnipotentes. Pero en su soberbia estupidez aquí alardean de lo contrario, es decir, nos dicen que la "democracia" es posible porque hay jueces así, omnipotentes, que se convierten en jueces "estrella", vedettes de la toga que acaban estrellados.

No se si el lector está al tanto de otro detalle: como a cualquier burócrata, a los jueces les gusta "hacer carrera", trepar para llegar a lo más alto de la caverna de este Estado. Contaré una anécdota. En los años ochenta un abogado progre que había defendido procesos políticos ante el TOP y luego ante la Audiencia Nacional, organizó uno de esos cursos de verano en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander para pedir la disolución de la Audiencia Nacional. Luego se reconvirtió en juez y nos lo encontramos por sorpresa en un juicio político en la Audiencia Nacional de la que antes pedía su disolución. El nombre de este abogado-juez-político es Ventura Pérez Mariño. Cuando una colega le preguntó en la misma Audiencia: "Qué haces tú aquí?", la repsuesta no pudo ser más clara: "Es que aquí es donde se puede ascender rápido", respondió. En efecto, Pérez Mariño ascendió a político, fue alcade de Vigo y acompañó a Garzón en su periplo como efímero diputado del PSOE, pero en un Estado como éste cuanto más subes de más alto te caes. Dicen que cuando le echaron de la alcaldía de Vigo, Pérez Mariño lloraba...

La lucha de clases y los fenómenos políticos, en general, no se pueden plantear y mucho menos resolver en un juzgado. Pero en este país la soberbia estupidez ha montado un tinglado al que llaman Audiencia Nacional para todo lo contrario. Ahora les gustaría deshacerse de ese montaje y de los jueces que lo han hecho posible, porque se ha vuelto en su contra. Están metidos en una contradicción. Los grandes asuntos judiciales envuelven contradicciones entre las diversas mafias que gobiernan los asuntos del país, de las cuales sabemos bien poco, sobre todo de sus peleas de navajeros, las cuales acaban como todas las pelas de borrachos en la madrugada de un fin de semana cualquiera: en el juzgado de guardia.

Las peleas de borrachos sigue las mismas leyes que la guerra: después del ataque viene el contra-ataque. Cuando atacas mucho, te contra-atacan todavía más. Por eso Mao Zedong decía que hay que saber retirarse a tiempo, porque cuando en tu juzgado organizas un montaje tras otro, te creas muchos enemigos que, tarde o temprano, se volverán contra tí. Un montaje judicial nunca derrota a un enemigo; más bien al contrario, le deja con el cuchillo entre los dientes, esperando la revancha.

Pudiendo hacerlo Garzón no quiso retirarse, no quiso ascender en la "carrera" porque el poder, el verdadero poder judicial, no está arriba, en el Tribunal Supremo, sino abajo, en un simple juzgado de instrucción. Un juez tiene más poder que de 500 diputados. El parlamento redacta una ley fascista, como la ley de partidos; pero su poder está en un papel: quien disuelve un partido es un juez, quien envía a la gente a la cárcel también es un juez.

Recordemos un par de los asuntos más famosos que han pasado por las manos de Garzón, de esos que le han granjeado fama internacional de juez progresista y demócrata. El caso Pinochet fue uno de ellos. Estarán Ustedes conmigo en que parece extraño que una Audiencia Nacional acumule tal poder que se convierta en una Audiencia Internacional. También les extrañará, pienso, que un juez por cuyo despacho en un cuarto siglo han pasado cientos de detenidos despellejados se vaya a buscar torturadores a Chile. Pero en este tipo de juicios políticos hay grandes intereses enfrentados y grandes rencillas que, a falta de otras vías, se tratan de resolver con métodos contra-natura. En el caso de Pionochet eran bien claros y nada progresistas, por cierto. Se trataba de una medida de presión imperialista con la cual las potencias europeas lograron desplazar de sus esferas de influencia a los estadounidenses y a sus marionetas oligárquicas locales, de las que Pinochet era la cabeza visible. Los progres se prestaron a este tipo de montajes imperialistas en nombre de los derechos humanos y la justicia universal. Casi nada.

El caso Amedo tuvo dos caras. Por un lado, fue una desesperada ofensiva del PP para sacudirse de encima a lo que entonces se llamaba el felipismo, que amenazó con eternizarse en el gobierno ante su ineptitud para ganar unas elecciones. El PP tuvo que auparse al gobierno fuera de las urnas, mediante una campaña mediática de altas proporciones que enfangó al PSOE con el GAL hasta las cejas. La guerra sucia no fue cosa del Estado (de todo el Estado) sino del PSOE en exclusiva; los demás (PNV, CiU, IU, BNG, CDS, etc.) estaban exentos de culpa, incluido el propio PP.

La otra cara fue el lavado de cara: no necesitamos hacer las cosas ileGALmente cuando podemos hacerlas leGALmente; cambiemos las cosas de sitio, pasemos las competencias del GAL a la Audiencia Nacional, hagamos lo mismo con la ley en la mano.

Hace seis años, cuando Zapatero llegó al gobierno, se propuso seguir con el lavado de cara: a él nadie le iba a poder echar en cara nada relacionado con el GAL, el felipismo y la guerra sucia. Bajo su mandato el PSOE iba a ser algo diferente. Pero ya ven Ustedes: al final tuvo que poner a Rubalcaba de Ministro del Interior, el viejo zorro felipista cuidando de las gallinas. Ahora el GAL ya es leGAL; no necesita la capucha.

Hombre antia no te ofendas pero viendo el lexico que empleas tu luchar no has luchado en tu vida