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La Privatización en Catalunya
1.- Las privatizaciones en el contexto del proyecto Neoliberal
“Acabad ya con esta crisis”, titula el Nóbel Paul Krugman un libro de 2012. Pero la crisis continúa, pues las políticas que la alargan son muy útiles. La excusa perfecta para los recortes/privatizaciones. En un proceso que, salvo cuando la indignación ciudadana lo hace retroceder, avanza inexorable.
No es una evolución ciega. Responde a la voluntad de los plutócratas (familias con grandes fortunas bien relacionadas, máximos ejecutivos y accionistas de control de grandes empresas) que incrementan su poder y sus privilegios, en alianza con los políticos instalados y altos tecnócratas/burócratas. El proyecto neoliberal. Lo sostienen del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM), a la Organización Mundial del Comercio y los Tratados Bilaterales, de la UE a los gobiernos, del Gobierno central a las Comunidades Autónomas…
Su sentido lo concretó el economista de Harvard, Dani Rodrick, <<“Estabilizar, privatizar y liberalizar”, el mantra de una generación de tecnócratas que afilaban los dientes en los países en vías de desarrollo y de los líderes políticos que aconsejaban>>. Desde los años 70 se imponen a los países empobrecidos. Políticas de talla única. Joseph Stiglitz, economista principal y primer vicepresidente del BM, precisa en ocasiones “olvidaron cambiar el nombre de un país en las recomendaciones dirigidas a otro”. A pesar de dar resultados peores que las fallidas políticas de “sustitución de importaciones”, eran tan beneficiosas, para los plutócratas, que se impusieron también en los países hegemónicos desde los 80 hasta hoy.
En España auténticas empresas públicas hubo sólo después de muerto el dictador. Antes no eran más que un modus vivendi para rescatar negocios privados y colocar a los afectos al régimen.
Pero el fomento de lo público duró poco, pues desde los años 80 el proyecto neoliberal avanza en todas partes. Entre nosotros La política de privatizaciones, fue condicionada por la entrada en la UE, los criterios estuvieron marcados por las políticas partidistas y las “puertas giratorias”, el amiguismo y el entreguismo entre políticos y altos cargos de los respectivos gobiernos de PSOE o PP. Por supuesto, esas empresas se desarrollaban también sobre el territorio de Catalunya. No hubo política de Estado, como en otros países europeos, para mantener sectores estratégicos (banca, energía, telecomunicaciones, transporte,…).
De los años 60 a inicio de los 80, se habían privatizado en España 17 empresas públicas. Pero en los 13 años de la etapa de González fueron más de 70. Y en la de Aznar, otras 50, pero entre ellas todas las grandes empresas públicas muy rentables, incluidos los monopolios de servicios. Los gobiernos de Aznar, por vías poco ortodoxas, aplicaron los ingresos a reducir el déficit corriente, lo que permitió cumplir fraudulentamente los requisitos de Maastricht, y participar en el núcleo inicial del Euro. Otro desastre neoliberal.
Sólo se conservaron algunas infraestructuras del transporte, como ferrocarriles y aeropuertos. Y los servicios públicos esenciales. Ya les llegaría su turno.
2.- Competencias e incompetentes: del Estado a las Comunidades Autónomas
El papel de lo público es atender los derechos ciudadanos a coste razonable. Pero la plutocracia global considera que la “gobernabilidad” requiere limitar esos derechos. EL neoliberalismo, la ideología del inexistente mercado de competencia perfecta, y el sonsonete sobre el incompetente papá-Estado justifican su proyecto.
Inconveniente para este proyecto. En todas partes la ciudadanía mantiene una fuerte preferencia por los servicios públicos. Bueno. Si no puedes privatizar de golpe, hazlo por lotes. Privatiza aspectos del servicio que no se consideren esenciales. Limpieza, mantenimiento, redes informáticas… Sucesivamente mercantiliza primero y privatiza después la gestión. Más tarde introduce la titularidad mixta público-privada. Después titularidad privada con financiación pública. Y al final eliminas la misma idea de servicio público. Otro sector privado, que presta servicios a quien los puede pagar. A poder ser inversión de grandes empresas extranjeras, “de modo que estemos literalmente los unos en los negocios de los otros” (Hamilton y Quinlan texto seminal de la Asociación de Comercio e Inversión, TTIP, entre UE y EEUU). Los privilegios se defienden mejor con medios diplomáticos y organizaciones internacionales, más allá de la opinión pública y de la movilización democrática. La finalidad es que no haya derechos que no sean los del dinero. Incentivos que no sean los del dinero. Y dinero que no esté en manos de la plutocracia.
Entre nosotros, a diferencia del Reino Unido, Francia o Alemania, la privatización no responde a un plan, sino a normas para cada caso concreto. Los pocos estudios serios sobre eficiencia de los servicios públicos frente a los privados, no muestran ventaja de éstos sobre aquéllos, sino al revés[1]. Es igual. Para eso están los intelectuales bien pagados que imparten “criterios ideológicos”, y los políticos dispuestos a creerlos. La financiación de la política más corrupta hace el resto.
Por otro lado las competencias sobre los servicios públicos esenciales, en el marco de la Constitución de 1978, están en su mayor parte transferidas a las Comunidades Autónomas. Pero los fondos para atenderlas dependen del gobierno central. Eso ha perpetuado el déficit de financiación.
Por lo que, a partir de 2010, la austeridad, con la excusa de la crisis, ha reducido drásticamente esa financiación. La pérdida de calidad encauza a los sectores que pueden pagar hacia el sector privado. El consiguiente deterioro del servicio queda, en parte, oculto por ese hecho. Salvo que se desarrolle el doble circuito, incluso, dentro de los centros públicos o concertados, en cuyo caso pueden alargar las esperas y empeorar el servicio a los que no pueden pagar[2]
En todo caso el puro servicio público se orienta cada vez más hacia los sectores depauperados, que no tienen otra posibilidad. La finalidad última: un sector público anémico, de pura beneficencia.
Veamos como las instituciones catalanas proceden con algunos servicios públicos esenciales.
3.- Privatización en Catalunya: el paradigma de la sanidad
La privatización de la sanidad catalana es pionera entre las comunidades autónomas.
El modelo sanitario español proviene de la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril, basada en la prevención y promoción de la salud y el acceso universal a la sanidad como derecho subjetivo de los ciudadanos. El Sistema Nacional de Salud, SNS, ha mantenido un fortísimo apoyo de la opinión pública, por lo que no es posible atacarlo de frente.
En Catalunya, ya en el momento de transferir la competencia, la red que la Generalitat recibe del Estado sólo cubría el 24% de las camas. El resto, “concertado” con fondos públicos, una maraña, de hospitales de municipios, diputaciones, Iglesia o beneficencia, cajas de ahorro y otros privados.
CiU, ya en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya de 1991, ataca a fondo al SNS, al unificar en una sola red los recursos públicos y privados de utilización pública, salta directamente al sistema de provisión privada/financiación pública. El siguiente paso, en 1996, son las Entidades de Base Asociativa, EBAs (un sector de los médicos constituyen una sociedad para la provisión privada de atención primaria, a cambio de un canon anual) cuya primera experiencia es Vic. Catalunya es única en ese aspecto. Pero la Ley 15/97, sobre “nuevas formas de gestión”, abrió el camino a todos. Ahora Madrid plantea privatizar la atención primaria, dando un paso más, con empresas privadas.
En seguros privados, Catalunya es primera por asegurados (2,5 millones) y primas pagadas, y segunda en porcentaje (32,8%), por detrás de Madrid (36%), [3]datos de 2012.
La prestación sanitaria a través de seguros privados es la más cara. Según informe del Banco Mundial, “la adopción de seguro social de salud en lugar del basado en la financiación por impuestos aumenta el gasto per cápita en salud en un 3 – 4 por ciento y reduce el empleo total hasta en un 6 por ciento”. Además reduce las coberturas y aumenta los copagos. Las aseguradoras sacan el coste de sus beneficios y de su burocracia de los usuarios, de los trabajadores y del gasto público.
Los países destacados del modelo, EEUU y Holanda gastan el 17’9 por ciento y el 12’4% del PIB, en 2010, con índices de salud mediocres, malos en relación al gasto. La provisión por esta vía no sólo incrementa el gasto, sino que reduce las coberturas y aumenta los copagos, tal como muestra el ejemplo holandés. Holanda, que hasta 2005 tenía un SNS, al privatizar mediante seguros, ha pasado del 9,8 al 12,4 del 9º al 2º lugar, por gasto en porcentaje del PIB. [4]
Sin embargo, el conseller de sanidad de Catalunya (quien sea) aboga por el seguro privado. Tanto si es de CiU, como del PSC. Pero tampoco ERC, por supuesto, y ni siquiera ICV, cuando apoyan al gobierno, tienen nada que decir. Escuchemos a la consellera del tripartir, socialista, hoy nacionalista, disidente del PSC, Marina Geli: “Debemos… reintroducir desgravaciones fiscales para los seguros privados que, en definitiva, son una forma voluntaria de copago”.
Qué pasa con los recortes. Josep Santacreu, asesor de Mas en materia de sanidad pública, y a la vez consejero-delegado de DKV Seguros, nos lo explica, los «que antes dudaban de si entrar o no en estos seguros y que ahora, frente a la incertidumbre de la sanidad pública, dan el paso […]. Este movimiento nos aporta estabilidad», el “nos” de la frase se refiere, por supuesto, a su grupo de negocios.[5]
El modelo público-privado, claro, dificulta la gestión y facilita la corrupción. Tal como los periodistas de cafèambllet han puesto de relieve, durante 30 años el sistema sanitario ha sido un nido de corrupción porque ha interesado a los políticos de CiU/PSC instalados en los cargos y a los partidos que les han apoyado. Las puertas giratorias y el amiguismo configuran un modelo de gestión, de negocio y de país. Basta con que citemos los casos de los Hospitales de Blanes y Calella, el de Innova respecto del Hospital Sant Joan de Reus, los cargos que cobraban sin trabajar en el Hospital de Sant Pau, o del Hospital de Badalona o de Berga, SEM, Cotxeres de Borbó, Parc Taulí, Instituto de Alta Tecnología PRBB… [6]
4.- La educación también es negocio
La evolución de los últimos años nace de la Ley de Educación catalana 12/2009, sobre educación básica, primaria y formación profesional, hasta el grado medio, aprobada por el tripartit, a iniciativa del Conseller Ernest Maragall, hoy disidente del PSC, y aliado de ERC, y, por consiguiente también de CiU. [7]
Con esta Ley, que provocó una huelga de la enseñanza en Catalunya, el tripartit, demostró compartir el modelo popultar-sociovergente. La autonomía de los centros está “asociada” a la jerarquización, bajo el “liderazgo” del director. De modo que la comunidad escolar se convierte en la organización de una autoridad formal autónoma, una mera organización burocrática. Una unidad productiva una cuasi-empresa financiada con fondos públicos. La democracia no tiene lugar tras las puertas de la escuela.
Como dicen José Luis Bernal Agudo y Juan Lorenzo Lacruz, respecto de la Ley Estatal, LOMCE, exactamente aplicable a la Ley catalana, LEC, con ellas la educación es “un mercado… (y) la escuela… una fábrica de competencias… mano de obra disciplinada y competente… o bien clientes satisfechos”.[8]
La crisis ha sido una excusa excelente para reducir la financiación pública, y aumentar en la escuela pública, la aportación de los usuarios. El gobierno de Mas, en el curso 2012-2013, abrió el portillo del copago en la Formación Profesional de Grado Medio, con “una aportación modesta”. Por supuesto, en la Universidad, las tasas de matrícula han aumentado en Catalunya el límite máximo permitido por la reforma del ministro Wert (66%). Al mismo tiempo que se han reducido las becas, sustituyéndolas, en parte, por becas-préstamo. Para que los titulados universitarios salgan al “mercado” como debe ser, endeudados, para que sean suficientemente dóciles.
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