La izquierda reformista, la retórica democrática y la transición al neofascismo. Apuntes sobre el caso español

La izquierda reformista, la retórica democrática y la transición al neofascismo. Apuntes sobre el caso español

Enrique Castells Turia


Introducción

Lenin decía que cuánto más democrático era un país capitalista, más se encontraba su parlamento sometido a los intereses de la bolsa y de los banqueros. Frente a esa democracia de los banqueros, las élites y la oligarquía, Lenin creía en la posibilidad de una democracia participativa, popular y que diera poder a las mayorías, una democracia, eso sí, incompatible con el sistema capitalista y con sus instituciones democráticas, que debían ser utilizadas únicamente como tribuna de denuncia del capitalismo y para difundir las ideas revolucionarias entre los trabajadores. Las palabras de Lenin contribuyeron en su momento a profundizar una dura guerra ideológica sobre la naturaleza de la democracia, que un siglo después se ha saldado con la derrota –aparente– del revolucionario ruso y de su escuela -considerada «dictatorial»-, dejando libre el camino para el reinado absoluto de la ideología democratista que suele ir acompañada de una abundante retórica ciudadanista.

Un siglo después de las reflexiones de Lenin la legitimidad política viene determinada por la certificación de democrático, hasta el punto de que, si antes los golpes de Estado y las guerras eran contra el «peligro comunista», hoy se justifican para defender la democracia y los derechos humanos fuera de occidente: así, las embestidas fascistas recientes en Ucrania o en Venezuela pretenden legitimarse recurriendo a la retórica democrática, al igual que antes se hizo con la «primavera árabe», las «revoluciones de colores» y tantas otras.

Para los pueblos agredidos por las bombas de los humanistas otánicos, el democratismo se ha convertido por derecho propio en la ideología de la conquista imperialista del mundo y en coartada para justificar las guerras “humanitarias”: como denuncia sarcásticamente el intelectual camerunés Jean Paul Pougala, «si la democracia del sufragio universal fuera algo maravilloso, nadie duda de que occidente preferiría conservarla e incluso esconderla como un secreto militar, con el fin de utilizarla como ventaja sobre los otros pueblos del planeta» [1].

¿Existe la democracia? ¿Qué es una democracia? ¿Y una dictadura? ¿Pueden coexistir la democracia y el fascismo simultáneamente? La ideología democratista define a la democracia como lo contrario de la dictadura -de derechas o de izquierdas- así como del fascismo, y además afirma que la democracia representa nada menos que «la voluntad de la ciudadanía» o la «voluntad de la mayoría».

La rudimentaria lógica de estas grandes definiciones se desvanece en el momento en que se analizan problemas concretos: si la democracia es la «voluntad de la mayoría», aquellos que atacan a los partidos de gobierno -que han sido votados por esas mismas mayorías ciudadanas- por realizar determinadas políticas, atacan, en realidad, la «voluntad de la mayoría» y por tanto están adoptando un cariz antidemocrático y dictatorial. Si se observa la el escenario internacional, dos ejemplos recientes muestran lo inconsistente e irreal de la definición vulgar de la democracia.

En el caso de Venezuela, para los grandes medios de comunicación privados, para la oligarquía de este país y otros grupos opositores, así como para Estados Unidos y muchos gobiernos occidentales, el gobierno del presidente Nicolás Maduro es una dictadura -o un gobierno «autoritario»-, a pesar de que dirige una corriente política -el chavismo o socialismo bolivariano-–que ha vencido en 18 de las 19 convocatorias electorales de los últimos años, realizadas además con la normativa democrática considerada correcta: la occidental, pluripartidista y liberal. Pero el chavismo implantó algunas innovaciones que desagradaban a los puristas de la democracia: en primer lugar, protegió las riquezas públicas -especialmente el petróleo- de la voracidad de las multinacionales occidentales; destinó una gran cantidad de fondos públicos para amplios programas sociales que beneficiaron a las masas tradicionalmente excluidas; expropió algunas propiedades privadas; estableció estrechas relaciones de amistad con «dictaduras»: Fidel Castro de Cuba, Lukashenko de Bielorrusia, Gadafi de Libia, Al Assad de Siria; trató de facilitar el acceso a cuotas de poder a la gran masa de desposeídos y explotados de Venezuela mediante la creación de organizaciones populares y les garantizó su apoyo a través del Estado y, finalmente, cuando harta de perder todas las batallas electorales la oposición perdió la paciencia y decidió emprender acciones violentas para derribar al gobierno, éste empleó a las organizaciones populares de defensa, al ejército y a las fuerzas policiales leales -a la violencia, por emplear la palabra correcta- para defender el sistema democrático del pueblo venezolano, reprimiendo a la oposición violenta. Por ello, a pesar de todas las victorias electorales obtenidas, de forma inevitable, para los grandes grupos mediáticos que crean la opinión pública mundial, la democracia venezolana pasó a considerarse como una sangrienta dictadura que no respeta los derechos humanos y que debe ser derribada urgentemente para regresar a la democracia.

En el caso de Ucrania muchos han visto triunfar -como anteriormente hicieran con Libia y otros ejemplos- la supuesta voluntad democrática radical de los ciudadanos movilizados frente al poder gubernamental que es descrito por los medios de comunicación como antidemocrático y dictatorial, a pesar de que la elección del presidente ucraniano derribado y de su gobierno se había realizado estrictamente según la normativa de la democracia occidental. La opción europea y otanista de la junta golpista ucraniana viene a reafirmar la identidad entre democracia y Unión Europea, que para muchos ciudadanos son simples sinónimos.

Aunque muchas veces tenga intenciones muy diferentes, la izquierda reformista europea también está situada en las coordenadas ideológicas del democratismo. Considerando anacrónico y superado al pensamiento de Lenin y de Marx, o al menos el que plantea la necesidad de sustituir el capitalismo por el socialismo -a pesar de la buena voluntad de muchos de sus militantes-, no entra en las pretensiones de esta izquierda encontrar una salida al sistema capitalista e imperialista, sino simplemente respuestas a la crisis económica, defendiendo políticas que, quiméricamente, permitan volver a los «buenos tiempos» del capitalismo y a la recuperación del corporativismo social plasmado en un Estado del bienestar que la crisis inexorablemente está disolviendo. Cargando las tintas con juicios morales sobre lo injusto e inhumano de las políticas de austeridad y los recortes sociales, la izquierda reformista prioriza su actuación en las instituciones del sistema desde donde se esfuerza en encontrar soluciones técnicas a la crisis económica mientras impulsa su acción política con llamamientos a una nueva ética capitalista -redistributiva-, apelaciones a la justicia social y quejas contra la corrupción que dañan el funcionamiento democrático del sistema. Toda su ideología gira alrededor del democratismo: desde lo que se ha dado en llamar «democracia económica» como alternativa a las «políticas de derechas» hasta las propuestas de perfeccionamiento de las formas e instituciones del sistema, sin modificar su esencia, para «profundizar» o «regenerar» la democracia. Estas serían las curas de urgencia que se proponen como remedio a la crisis capitalista y en beneficio de lo que esta izquierda etiqueta como «ciudadanía» -ya no está de moda hablar de clase obrera y de capitalistas-, etiqueta que tanto podría aplicarse a un desempleado de larga duración como a la elite selecta de ejecutivos de las empresas que cotizan en la bolsa.

¿Estos primeros auxilios democratistas son eficientes? Es muy dudoso: lo que se conoce como sistema democrático internacional esconde, en realidad, un funcionamiento propio de la mafia donde Estados Unidos ejerce de padrino, de “capo” indiscutible del crimen organizado. La democracia occidental es la tapadera ideológica del capitalismo corporativo de las grandes multinacionales, de los poderes financieros desorbitados y de los organismos clandestinos de los Estados que conforman un imperialismo agresivo, bestial y salvaje, desprovisto de cualquier moralidad más que la de saquear a los pueblos y mantener bajo control a los trabajadores. Esta amalgama de las finanzas, el poder militar, poder policíaco, poder mediático y poder ideológico, hegemonizado por Estados Unidos y su corte de aliados que se pelean por las migajas del botín, no duda en exterminar a pueblos enteros al tiempo que dicta a través de sus grupos de presión clandestinos las políticas de los gobiernos así como las preferencias de los votantes en cada convocatoria electoral mediante el inmenso poder de sus medios de desinformación y sus intelectuales orgánicos. Tan sólo se permite la alternancia de partidos, es decir, de gestores con matices diferentes, y se tolera la existencia de ciertos derechos mientras no entren en conflicto con los intereses de los verdaderos poderes. ¿Es posible en estas circunstancias «profundizar la democracia» o en pensar en «otra» democracia?

En el discurso dominante de las izquierdas mayoritarias así como de muchos movimientos sociales -aceptando que en gran parte está cargado de buenas intenciones-, ya no se habla de luchar por las conquistas democráticas concretas como una palanca que impulse la salida del sistema y el avance hacia el socialismo: por el contrario, entre la izquierda reformista y democratista se sigue promocionando la idea de que existe una democracia abstracta y absoluta, una democracia políticamente neutra -desechando la “anticuada” descripción de la democracia capitalista como una institución ideada para perpetuar el dominio de la oligarquía-, una democracia dentro del sistema que permitirá hacer «políticas favorables a las mayorías». La izquierda reformista y algunos movimientos sociales interpretan que las instituciones democráticas representan el interés general de la «ciudadanía» pero están «secuestradas» por los grandes poderes económicos privados -los «mercados»-, y por ello el poder financiero es denunciado como responsable de todos los males sociales y de las políticas neoliberales y de austeridad. No se critica al sistema y en su lugar se ataca a sus «manzanas podridas»: el banquero avaricioso, especulador o corrupto que somete a los gobiernos a su voluntad debido a supuestas «insuficiencias democráticas». El tiburón de las finanzas emerge como un espectro atemorizador que personifica todos los males de la sociedad, a pesar de que esta izquierda recibe puntualmente suculentos créditos bancarios para esas megafiestas democráticas que representan las sucesivas campañas electorales. Desde algunos movimientos sociales se defiende la idea, además, de que el 1% de la población -básicamente los banqueros- ha «secuestrado» la democracia al 99% restante, los «ciudadanos». Según este razonamiento, las crisis capitalistas se podrían evitar si no fuera por individuos inmorales que se aprovechan de la «ciudadanía»: encarcelando a algunos banqueros y controlando al poder financiero, el capitalismo volverá a humanizarse y se acabará la crisis, iniciando una nueva fase de consumo.

En realidad, el democratismo de la izquierda reformista y de algunos movimientos sociales es un aspecto particular del discurso político y mediático general, sobresaturado de retórica democrática. Es un discurso que no permite percibir con claridad una realidad definida por la transformación de la democracia en neofascismo.

¿Cómo es posible esta metamorfosis, siendo aparentemente la democracia lo contrario del fascismo? Ciertamente, en épocas de crisis aumenta la represión contra los movimientos sociales y obreros, aunque esto, estrictamente hablando, por sí solo no indica la llegada del fascismo. Si la crisis avanza, la amenaza de una dictadura fascista -militar o cívico-militar- aparece en el horizonte: sus síntomas se perciben en la multiplicación de los vínculos entre la extrema derecha, el gran capital, los servicios secretos y policiales de los Estados y los grandes medios de comunicación, especialmente privados, con el fin de anular las cada vez más menguadas conquistas democráticas de los trabajadores y reprimir o exterminar a la izquierda. Pero lo interesante no es tanto recordar los esquemas clásicos de las dictaduras fascistas, sino estudiar las formas en las que el neofascismo se puede desarrollar pacíficamente a través de las democracias, contando con amplio consenso social, como resultado de las transformaciones del capitalismo en crisis.

El ataque a la política que se esconde tras el descrédito generalizado de la «clase política» o de todos los partidos indistintamente es una de las claves de esta evolución. Pero quizás la más importante es la neutralidad política de la democracia.

Efectivamente, la ideología democratista se ha convertido por derecho propio en hegemónica al presentarse como una ideología apolítica, neutra e imparcial -e, incluso, por encima de todas las ideologías-, de «sentido común», transversal a todos los grupos sociales y asumida por casi todos los actores políticos, que comparten entre ellos la adhesión a los «valores democráticos» y al «consenso constitucional». Se interpreta que la democracia no es «ni de izquierdas ni de derechas», es la expresión de la «voluntad general de la ciudadanía», como si ésta no estuviera influenciada, distorsionada o manipulada de mil maneras diferentes por los poderes dominantes. Al mismo tiempo, la mayoría de partidos políticos y los sindicatos mayoritarios ya no se presentan como portadores de ideologías y de intereses de clase, sino como instituciones que desean suministrar determinados servicios a la «ciudadanía», compitiendo en el mercado de los partidos políticos por arrancar votos a la competencia, de aquí que sea corriente escuchar en boca de muchos dirigentes políticos o sindicales: «la ciudadanía nos pide…», «hay que escuchar la voz de la ciudadanía…».

La ideología democratista pretende con este apoliticismo transformar las antiguas referencias de clases sociales en «identidades» plurales, neutras y despolitizadas para absorber y gestionar los conflictos sociales. Pero el democratismo moderno no puede comprenderse adecuadamente sin abordar el fenómeno del imperialismo, puesto que el democratismo es la ideología por excelencia de los países imperialistas: de la síntesis del democratismo y del imperialismo surge el nacionalismo imperialista, que contribuye a aglutinar alrededor de las clases dominantes a otras capas sociales como parte de la pequeña y la mediana burguesía, parte del movimiento obrero y socialista -como el reformismo socialdemócrata y la aristocracia obrera, fustigados duramente en su tiempo por Engels y por Lenin-, y otros grupos sociales que ayudan a conservar y perpetuar el sistema. Al mismo tiempo, ayudan a preparar la llegada del fascismo, que no deja de ser un fenómeno de masas con un fuerte componente racista y nacionalista reaccionario. Todos estos factores, que ejercen una influencia determinante en la política actual de los países imperialistas, forman el caldo de cultivo del neofascismo o fascismo postmoderno, que representa la fase superior de las democracias actuales y al mismo tiempo su putrefacción. Democracia y neofascismo, en muchos casos, son las dos caras de la misma moneda: el tránsito más o menos consensuado y “pacífico” de la democracia al neofascismo recuerda en algunos casos la llegada de los fascismos de los años treinta, excepto en los casos de Italia y España, donde las democracias como sistema sí presentaron resistencia activa al fascismo, especialmente intensa en el caso de España, y en ambos casos la existencia de la Unión Soviética y de fuertes partidos comunistas catalizó la resistencia al fascismo. Hoy las circunstancias son muy diferentes.

Precisamente el neofascismo se engendra en un medio en el que las relaciones sociales y las preferencias personales se convierten en necesidades irracionales al estar casi absolutamente sometidas al mercado y a las orientaciones de las marcas comerciales, de las celebridades y estrellas artísticas y deportivas, y de las grandes corporaciones. Un ejército de intelectuales y publicistas presentan esta mercantilización como una relación verdaderamente democrática, no jerárquica, horizontal y sinónimo de libertad, especialmente en el momento de elegir qué comprar: este acto supremo de la democracia define la constitución de múltiples identidades individuales y de grupos de consumidores, identidades que son apolíticas, neutras y democráticas. También se presentan como identidades apolíticas y neutras -aunque en el fondo están lejos de serlo muchas de ellas- ONG’s, asociaciones culturales, recreativas, identidades de género, movimientos ecologistas e incluso partidos políticos, todos ellos relacionados, interna y externamente, de forma democrática.

Algunos autores han descrito en los países occidentales las condiciones en las que se hacen dominantes los valores ultraindividualistas que acompañan al desmantelamiento de la llamada «infraestructura de la disidencia» y permiten una represión más intensa y variada por parte de los gobiernos. Es un fenómeno que, por una parte, ha desembocado en un declive sustancial de la militancia y del asociacionismo social, político, sindical y reivindicativo en general, pero también de la vida colectiva de barrio y de calle; por otra parte, ha permitido identificar mucho mejor a los grupos y personas que practican el activismo social y político, reforzando las campañas criminalizadoras desde los gobiernos imperialistas y sus medios de comunicación, y agudizando las medidas represivas del Estado. La fusión cada vez más acentuada entre las grandes corporaciones capitalistas y los gobiernos -lo que en el «anticuado» leninismo se conocía como «capitalismo monopolista de Estado»-, la privatización de la vida social a través del mercado, las tecnologías que permiten la atomización social -televisión, ordenadores, internet– junto con la «corporatización» del activismo social a través del capitalismo filantrópico de las grandes marcas -ligando a gigantes ONG transnacionales como Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam, WWF y otras con corporaciones como Nike, IBM, McDonalds, Microsoft, Apple, etc.-, la colonización de las calles por parte de los automóviles y la aparición de urbanizaciones periféricas de mayor estatus social pero sin tejido asociativo han acabado por desintegrar muchos de los lazos militantes y de camaradería tradicionales que cohesionaban esta «infraestructura de la disidencia» [2].

Desde la perspectiva de las nuevas formas de consumo derivadas de la ideología de extrema izquierda surgida en mayo del 1968 en Francia, el filósofo comunista francés Michel Clouscard mostró la relación entre el ascenso de una joven burguesía liberal-libertaria, radicalmente democrática, y la preparación del neofascismo contra los trabajadores. Esta burguesía, promotora de un consumo parasitario, marginal, lúdico, libidinal -de la moda textil, la industria del sexo, las drogas, los audiovisuales y la alta tecnología-, impuso unos valores socialmente transgresores, antipatriarcales, irracionalistas y ultraindividualistas como base para la emergencia de un neocapitalismo caracterizado por una industria orientada a satisfacer las necesidades del consumo marginal a través de la tiranía omnipresente de la publicidad. Mediante el terrorismo intelectual -los filósofos postmodernistas y de extrema izquierda que presentaban los valores transgresores y el consumo marginal como los verdaderos mecanismos revolucionarios, democráticos y liberadores-, unido al terrorismo identitario, esta joven burguesía desarmó a los trabajadores y contribuyó a su disgregación y erosión como clase. El desenlace previsto es el ascenso del neofascismo, correspondiente a la fase de crisis del capitalismo, que reprime las necesidades de la clase obrera mediante draconianas políticas de austeridad y recortes a sus derechos, y paraliza su acción política mediante la ideología de la nueva burguesía. La represión violenta del Estado sería el último recurso a emplear contra los restos dispersos y debilitados de trabajadores que todavía mantienen algún vestigio de conciencia de clase.

El neofascismo sería la expresión ideológica y cultural -más que política, y de ahí que sea mucho más peligroso- en el cual se desarrollan las nuevas formas del capitalismo y de la explotación laboral, así como las nuevas formas de consumo apoyadas en la exaltación del componente irracional de los seres humanos -terreno que comparte con el fascismo tradicional-, y que son gestionadas a través de una democracia apolítica, neutra -cada vez más irracional, como puede comprobarse en la extrema degeneración de las campañas y precampañas electorales, y en la pérdida de ideología de los partidos-, una democracia que niega, como el fascismo clásico, la existencia de clases sociales y la legitimidad de ideologías distintas a la democrática, y de ahí todo su empeño obsesivo en demonizar a cualquier país que se desvíe de la democracia apolítica occidental. El anticomunismo, la promoción de la violencia gratuita, la caza del inmigrante -el «subhumano», el «inferior» sin derechos-, el antisindicalismo y el asalto al carácter obrero de los sindicatos -últimos refugios de la ideología de clase-, el pisoteo de las soberanías nacionales, la vulgarización de la cultura y la chabacanería o la difusión de las filosofías irracionalistas son otras plataformas sobre las que se expande el neofascismo sin necesidad de destruir la cubierta democrática.

La ideología democratista conduce inexorablemente al fin de la política, y no en el sentido marxista del fin de las clases sociales precisamente: ¿qué mejor imagen de la supresión democrática del conflicto que la de unos sindicatos y patronales que ya no representan intereses de clases sino «agentes sociales» democráticos, neutros y apolíticos? ¿Qué mejor expresión de la desaparición -imaginaria- del conflicto de clases que la imagen del 99% de ciudadanos que se oponen al 1% que «ha secuestrado la democracia»?


Las mutaciones ideológicas de la izquierda democratista

La izquierda democratista piensa que dentro del sistema pueden hallarse soluciones a la crisis económica y social, y también a las guerras. Por ello se esfuerza en demostrar que «otras» políticas son posibles dentro del capitalismo -unas políticas que vuelvan hacia atrás la rueda de la historia regresando hacia un capitalismo humanitario- y así dedica grandes energías en denunciar las «políticas de derechas» que «amenazan la democracia», y los «excesos» neoliberales y financieros del capitalismo que desmantelan las prestaciones sociales. Como contrapartida se proponen políticas keynesianas y socialdemócratas -de gestión del sistema capitalista-, las mismas políticas que salvaron al capitalismo en 1945 y después lo llevaron a la crisis que estalló en 1973, dando el poder a los neoliberales actuales y a la casta de tecnócratas europeístas. Son, por otra parte, políticas irrealizables dentro del capitalismo en crisis: mayores impuestos a las grandes fortunas -que provocan el éxodo impune de capitales hacia otros destinos, como está sucediendo en Francia-, de más gasto público -para acabar de disparar la deuda del Estado- y además se rechazan las privatizaciones y los recortes sociales, excepto cuando esta izquierda participa en gobiernos de coalición y debe apoyar tales recortes, lo que evidencia el utopismo estéril de algunas propuestas. En el caso de Europa, se defiende la posibilidad de «otra» Unión Europea, de carácter «social», que se edificará, quizás, a partir de una mayor conciencia social de los grandes monopolios económicos. Todas estas medidas, además, chocan con los tratados internacionales firmados -Maastricht y Lisboa entre muchos otros- y con una Unión Europea que impone la dictadura del euro, la libertad de capitales y las privatizaciones.

Si el democratismo constituye la fuerza propulsora de la metamorfosis ideológica y política de la izquierda reformista, el pluralismo es timón que dirige el barco. La ideología pluralista establece que todas las opciones políticas son legítimas -excepto las extremistas o las que amenazan la democracia-, y además considera propio de sectarios, estalinistas o antidemócratas esgrimir argumentos ideológicos o políticos para criticar a dirigentes o fuerzas políticas de izquierdas, por ejemplo, que han apoyado guerras y matanzas imperialistas, reformas laborales, políticas favorables a las altas finanzas y al capital internacional, etc. Para contrarrestar a los que sostienen la necesidad de recuperar la ideología y de una práctica política coherente entre la izquierda, se invoca a la «unidad de la izquierda» contra «la derecha que amenaza la democracia y desmantela los derechos sociales», corriendo un tupido velo sobre las políticas de los socialistas o de esta misma izquierda cuando gobierna o gobernó, es decir, cuando pudo gestionar algunos aspectos del sistema.

Curiosamente, pese a que se considera propio de sectarios realizar críticas -incluyendo las constructivas- en el seno de la izquierda porque «se provoca la división frente a la derecha», es la propia ideología pluralista la que segrega el cáncer de la división entre la izquierda. Asombra la gran facilidad que tiene la derecha para cohesionar sus fuerzas, unificar el discurso y depurar o silenciar a sus disidentes con el objetivo de golpear políticamente y con fuerza en una sola dirección, mientras que en la izquierda se considera antidemocrático tener un discurso unificado y una práctica política homogénea: lo que antes era visto como una muestra escandalosa de oportunismo político resulta ahora legitimado por el pluralismo, que sustenta la necesidad de confeccionar varios y contradictorios discursos y prácticas para poder llegar a toda la «ciudadanía» -o a todas las «identidades», que sustituyen a los “anticuados” referentes de clase- y de «sumar fuerzas» en cantidad pero no en calidad. Una indefinición ideológica y ambigüedad creciente, la pérdida de antiguos referentes y el recurso al pluralismo favorecen la producción de constantes escisiones, personalismos o estrellatos individuales prefabricados, además de prácticas contrarias a los programas electorales, discursos y votaciones divergentes, etc. Cualquiera que se atreva a tomar medidas recurriendo a la disciplina, o piense que algunas organizaciones de izquierda por sus prácticas políticas son idénticas a la derecha, o simplemente promueva la necesidad de recuperar la ideología clásica de la izquierda, será tachado inexorablemente de antidemócrata y estalinista recalcitrante. El culto a la «unidad de la izquierda», la cultura del pluralismo democrático y la dictadura de los derechos individuales inalienables sobre la organización colectiva -un eco del liberalismo radical- reemplazan al viejo criterio marxista que predicaba la práctica como criterio para conocer la verdad. La extinción de la ideología clásica de la izquierda se hace así inevitable.

Pero el verdadero mito fundador de la izquierda democratista reside en la convicción de que la democracia capitalista, la democracia «realmente existente», representa el menos malo de los sistemas y su alternativa sólo puede ser una dictadura: «no queremos la dictadura de la derecha ni de la izquierda» [3], afirmaba Santiago Carrillo­ en 1977 siendo secretario general del Partido Comunista de España. Precisamente estas concepciones democratistas fueron empleadas por Carrillo y sus ayudantes como chantaje para obligar a los militantes de su partido a defender el régimen político y económico pactado en la transición de 1978 a partir de la evolución del franquismo y las imposiciones del imperialismo.

Para la izquierda democratista hispánica -no sólo la heredera del carrillismo- la retórica democrática le impulsa a adherirse en política internacional bien a la condena de dirigentes y países que no cumplen el certificado democrático expedido por el imperialismo, bien a un humanitarismo abstracto y a un legalismo internacional controlado en gran medida por occidente, cerrando la puerta a una solidaridad política activa con gobiernos legítimos cuyos pueblos han sufrido brutales operaciones de cambios democráticos a través de la OTAN -una auténtica internacional demócrata- o de ejércitos occidentales en solitario: Yugoslavia, Irak, Costa de Marfil, Libia, Siria, etc. Se trata de gobiernos considerados todos ellos como dictaduras peores que los regímenes occidentales. Otras veces, la defensa de la unidad de la Europa «social» va acompañada de una rusofobia estridente, cuando no de un antisovietismo propio de converso. Es sorprendente comprobar con qué rapidez reaccionan los dirigentes reformistas -acompañados en este viaje por algunos grupos de extrema izquierda occidentalista– cuando se apresuran a pedir el encarcelamiento o el asesinato del presidente de turno de lejanos países -nunca a los dirigentes de Europa occidental, a pesar de sus asesinatos de masas-que ha osado oponerse a la exportación armada de la democracia otanista, mientras que dicen poco o nada de los dirigentes demócratas que envían a los ejércitos de la OTAN, unidos o por separado, como Francia, a asesinar en esos lejanos países a decenas o cientos de miles de personas indefensas: lo importante es que se ha instaurado, por fin, la anhelada democracia. Al fin y al cabo, entre aquellos que comparten los «valores democráticos» lo prioritario es entenderse y dejar de lado rencillas sin importancia.

En la política interior del Estado español, la ideología democratista es la brújula que orienta el quehacer diario de las organizaciones reformistas para elaborar sus políticas ante los desafíos que plantean los devastadores efectos de la crisis, el auge de los movimientos nacionalistas periféricos y los continuos escándalos de presunta corrupción de algunos partidos y de miembros de la Casa Real. La izquierda reformista responde a estos desafíos que trastornan la vida política reclamando una «verdadera democracia» -sin cambiar el sistema-, idea que engloba los esfuerzos de ingeniería institucional para facilitar una mayor participación política de la «ciudadanía», como las medidas económicas que permitan aliviar los “excesos” del capitalismo y retomar «la senda del crecimiento». Al mismo tiempo, muestra un deseo de debatir hasta la saciedad sobre las formas del Estado -monarquía, república, federalismo, autonomías, poder local, Europas sociales o de los pueblos, derechos a decidir nacionalistas, etc.-, sin decir casi nada del contenido de clase más allá de las constantes referencias a una «ciudadanía» cada vez más indefinida. Lógicamente, la «profundización democrática» -o sus variantes como «regeneración democrática», «revolución democrática»- se encuentran entre las principales soluciones que se proponen para enfrentar la crisis.

Otro aspecto que preocupa mucho a amplios sectores reformistas es el relacionado con la justicia y el tratamiento dado a miembros de la Casa Real, a determinados políticos sospechosos de corrupción o a banqueros que están bajo sospecha judicial: en esos momentos se encienden las alarmas democratistas y la izquierda reformista se autoerige en el ojo vigilante de la justicia, escrutando minuciosamente los avatares de los casos abiertos y exigiendo implacablemente que todo el peso de la ley recaiga sobre los sospechosos de distorsionar el sistema democrático y de violar el principio de la supuesta igualdad de los ciudadanos. No sería la propia institución de la monarquía lo que es tan cuestionable -ni sus vínculos con la oligarquía y el imperialismo-, sino algunos de sus comportamientos.

Quizás, algunos, antes que una República, preferirían tener una monarquía honesta, sin escándalos ni privilegios. Por ello no es de extrañar la timidez con la que esta izquierda, que dice tener el republicanismo como seña de identidad reivindica la República, y en las contadas ocasiones en las que se ve obligada a hacerlo -respondiendo a la presión de sus militantes más comprometidos- recurre al extraño argumento de que sería un sistema «más democrático» (¿?) que la monarquía española actual. Curiosa argumentación, puesto que sólo hay que contemplar la democracia republicana de Estados Unidos -una democracia tan radical que permite a los ciudadanos hasta la elección directa de los jefes de policía, fiscales, algunos jueces y funcionarios-, caracterizada por un sistema político millones de veces más corrupto, tramposo, mentiroso, manipulador y vendido a los grandes poderes económicos que la monarquía española. Además se permite la ejecución extrajudicial de ciudadanos norteamericanos y extranjeros, los drones asesinos, cárceles secretas de la CIA por el mundo, una prisión en Guantánamo que haría palidecer las mazmorras de la Gestapo, el espionaje mundial de todas las telecomunicaciones, guerras de agresión y genocidios de todo tipo contra países que no se someten a su voluntad, y unos índices de pobreza similares a los de naciones pobres, oprimidas por ellos mismos. Otros regímenes republicanos vecinos de la monarquía española, como Francia, Alemania, Italia o las repúblicas del Este de Europa “liberadas” por el capitalismo y la OTAN, se parecen cada vez más a la democracia republicana estadounidense. Por ello la República, en nuestro país, no debe caer en la trampa democratista y debe tener un contenido concreto de ruptura y transformación social, debe ser el inicio de un proceso de cambio en la perspectiva del socialismo y con las premisas de la plena soberanía del país. De lo contrario, se convertirá en una nueva causa de frustración para los trabajadores, o bien en un recambio para algunos sectores de la oligarquía que perciben a la monarquía como excesivamente desgastada.

Por otra parte, nuevos movimientos sociales han irrumpido con fuerza durante la crisis -donde son protagonistas los jóvenes y los veteranos militantes de izquierdas-, que han tenido al menos la virtud de romper con parte de la inercia política y del estancamiento de ideas. Pero una parte de estos movimientos está impregnado de la ideología conocida como ciudadanista, que comparte la ética reformista acerca de la democracia y las injusticias, y por ello propone una «verdadera democracia» a partir de la crítica a los partidos y las instituciones: de ahí el «no nos representan» contra los políticos en general -que lamentablemente se ha hecho popular-, y otras consignas que no son acompañadas por proyectos concretos y organizados de ruptura y transformación social, y por tanto pueden crear peligrosos vacíos. El ciudadanismo, por tanto, detecta como uno de los problemas acuciantes el llamado «déficit democrático», denunciado a través de consignas como «lo llaman democracia y no lo es», los «mercados que han secuestrado la democracia», «somos el 99%» y otros similares. Son evidencias de que la conciencia popular percibe en gran medida la cuestión de la democracia ligada directamente al deterioro acelerado de las condiciones de vida, a causa de la crisis económica que sufren los trabajadores y algunas capas de la burguesía. Estas bases ideológicas aproximan al ciudadanismo a las aguas de la izquierda reformista -o a líderes independientes mediáticos-, que se esfuerzan y compiten, por su parte, en convertirse en representantes políticos de estos movimientos. Esta convergencia se ve facilitada por la acelerada pérdida de identidad de la izquierda debido a su desmantelamiento ideológico, reemplazado por el ciudadanismo, el democratismo y el pluralismo, que borran -idealmente- las antiguas contradicciones burguesía/clase obrera y las sustituyen por la contradicción entre la falta de democracia (o amenaza de dictadura)/lucha por la democracia.

Pretendiendo responder tanto al descrédito de la política tradicional como al deseo de «renovar la democracia», una parte sustancial del ciudadanismo reclama el protagonismo de las «redes» frente a las organizaciones políticas clásicas -los «aparatos»-, y a liderazgos individuales con fuerte impacto mediático frente a los líderes políticos y sindicales tradicionales. Empleando un discurso de renovación y democratización de la política institucional, el ciudadanismo otorga una gran relevancia al uso de internet, teléfonos móviles y redes sociales virtuales -a veces de forma frenética- como herramientas primordiales o exclusivas para intervenir políticamente.

Dado que estos medios permiten realizar un intercambio de información en tiempo real, la interacción entre muchas personas y la capacidad de movilizar súbitamente grandes masas empleando unos recursos tecnológicos que se encuentran al alcance de casi todos, se idealiza su uso como herramienta de contrapoder democrático. Pero mediante esta concepción -que podría llamarse democracia digital o ciberdemocracia-, se corre el peligro de asumir acríticamente bajo un discurso democratista la nueva racionalidad capitalista que ha conseguido atrapar a decenas de millones de personas en una terrible plaga ciberadictiva y ciberalienante: por ejemplo, un estudio reciente muestra que los españoles consultan de media, nada menos, unas 150 veces al día sus teléfonos móviles [4].

Es importante remarcar que la apología y la exaltación de los medios tecnológicos como sustitutivos -y no como complementos- de la vida política y asociativa real, tiene riesgos implícitos desde el momento en que puede confundirse con dos estrategias del sistema. La primera reside en la promoción como héroes revolucionarios, especialmente entre la juventud -en sustitución de las “anticuadas” iconografías y pensamientos de los líderes obreros, marxistas, anticolonialistas, etc.-, a las estrellas del ciberespacio: los jóvenes blogueros “contestatarios” y “rebeldes” -como Yoani Sánchez en Cuba o las ciberestrellas de la “primavera árabe”-, que difunden invariablemente una ideología democratista y occidentalista que encubre tenebrosos intereses. La segunda estrategia emplea mensajes mediáticos y publicitarios de las grandes corporaciones multinacionales tecnológicas que proclaman que la auténtica libertad es sinónimo de una conectividad permanente e infinita en la red. Pero el discurso de la libertad digital y de las nuevas tecnologías como motor de progreso y democracia -espacio donde converge buena parte del ciudadanismo, las corporaciones tecnológicas y unos medios que sitúan en la conciencia social al fundador de la multinacional Apple como el prototipo de revolucionario y genio del progreso social-, facilita la erosión tanto de las viejas estructuras políticas como del mundo asociativo real, base de la creación de las solidaridades humanas y de la verdadera acción política: nunca en la historia la humanidad había tenido la posibilidad de conectarse y de relacionarse de forma masiva como hoy en día; en cambio, nunca en la historia la incomunicación y el aislamiento entre las personas de carne y hueso había adquirido las proporciones de epidemia social que tiene hoy en los países capitalistas desarrollados.

La despersonalización derivada de los nuevos patrones de relación social impuestos por el neocapitalismo, que potencian el aislamiento de los individuos, desembocan necesariamente en una lógica neocartesiana expresada como «me conecto, luego existo».


El mito de la democracia capitalista

Las democracias han parido el colonialismo moderno y el imperialismo y, además, son responsables directas de fascismos genocidas como el de Hitler, Somoza, el apartheid sudafricano, Ríos Montt, Syngman Rhee, Pinochet, Suharto y Mobutu, entre otros, e indirectamente de Mussolini y Franco. Las democracias han colaborado en provocar las dos guerras mundiales, junto con sus sucedáneos fascistas, y han perpetrado los genocidios recientes de la OTAN. Las democracias prolongaron las terribles matanzas en el mundo colonizado -más de la mitad de la humanidad- que habían caracterizado el inicio de la Edad moderna, convirtiendo en juegos de niños las torturas de la Santa Inquisición medieval y los espectáculos de circo de los romanos. Las democracias se enriquecieron gracias al trabajo de millones de esclavos y al expolio sistemático de los pueblos, la explotación laboral salvaje, el trabajo infantil en las fábricas de las metrópolis, y la fabricación de hambrunas en las colonias que mataron a millones de personas.

Pero la propaganda democratista ha tenido un gran éxito borrando de la memoria histórica los millones y millones de crímenes que las democracias llevan a sus espaldas. Efectivamente, una sistemática campaña ideológica ha grabado en los cerebros de las personas la idea de que existe una «democracia pura» -inventada por los griegos antiguos-, en la que todos los ciudadanos, independientemente de su origen social, fortuna personal, color de la piel, origen social, etc., tiene el mismo derecho a decidir y a que su opinión sea escuchada. La democracia representaría el anhelo por el que la humanidad lleva esperando desde la noche de los tiempos, una esperanza de libertad universal e ilimitada que está por encima de los partidos, las clases sociales y las ideologías. Pero al contrario de lo que pretende la propaganda, a lo largo de la historia las democracias -se excluye aquí a las democracias socialistas, que nunca fueron aceptadas como tales por la ideología democratista-, han concedido la libertad de forma muy selectiva.

En el ensayo La democracia. Historia de una ideología, el profesor Luciano Cánfora muestra cómo la mitología democratista ha sido fabricada para legitimar el régimen social y económico de las elites dominantes a lo largo de la historia manteniendo al pueblo en la opresión. En dos momentos de ruptura social, esta ideología, primero en 1917 y después en 1945, se convertía en la coartada perfecta que encubría el expansionismo imperialista, las redes terroristas y clandestinas de los Estados, el anticomunismo visceral y la represión del movimiento obrero. El propio mito fundacional de la ideología democratista, la democracia de la Grecia antigua -de la que deriva la democracia capitalista actual-, es diseccionado por el bisturí histórico de Luciano Cánfora, que nos muestra como la llamada demokratía, aparecida en la Grecia antigua, estaba lejos de ser un sistema de gobierno neutro y de las mayorías porque tenía unas connotaciones claramente partidistas, de confrontación, y de clase. Fue un término elaborado por las élites propietarias -las únicas personas legalmente ciudadanas, es decir, con derecho a ejercer la democracia, quedando excluidas las mujeres-, frente al poder amenazador de los no-propietarios -los pobres y los esclavos-, demasiado peligroso para los intereses de los demócratas [5]. En la época de Pericles (siglo V antes de nuestra era), cuando los propietarios se reunían en la llamada Asamblea Popular para decidir democráticamente los asuntos públicos, la democracia era un concepto contrario a las libertades de las mayorías, un término, señala Cánfora, «con el que los adversarios del gobierno “popular” definían dicho gobierno, con la pretensión de destacar justamente su carácter violento (krátos significa precisamente la fuerza ejercida con violencia). Para los adversarios del sistema político que giraba en torno a la Asamblea Popular, la democracia era, por tanto, un sistema liberticida» [6]. Poco ha cambiado la historia, cuando contemplamos hoy a unos gobiernos capitalistas reducidos a organismos tecnocráticos -pero elegidos y legitimados democráticamente por las mayorías-, encargados de mantener intactos los intereses de las finanzas, de la oligarquía, de los grandes accionistas e industriales y de los altos funcionarios y burócratas: una democracia de partido único que se presenta bajo una diversidad de siglas y partidos políticos -sustentados por la ideología del pluralismo, de la legitimidad de varias opciones-, que confiere a la democracia la apariencia de competencia entre proyectos políticos que cada vez son más idénticos y que se reducen a gestionar democráticamente los intereses privados que el mercado no puede absorber.

A pesar de estos hechos históricos y actuales, gracias a la retórica democrática que inunda el discurso de casi todas las organizaciones políticas y de los grandes medios de comunicación, en el último siglo se ha impuesto la idea de que existe una democracia químicamente pura, el sistema político más perfecto hasta la fecha. Esta democracia se personifica en las instituciones representativas del sistema capitalista y en el pluralismo de partidos y de identidades donde las personas se sienten representadas, en un sistema judicial supuestamente neutro e imparcial hacia todos los ciudadanos, y en las elecciones periódicas por sufragio universal (y en el caso de los nacionalistas, en la opción de decidir acerca de la separación o la reorganización del Estado). Estos serían los rasgos esenciales de la ideología democratista, pero para muchas personas no politizadas la democracia siempre va acompañada de la economía privada de mercado, aunque en realidad se trate de la economía de los grandes monopolios privados. Y, a diferencia de las imágenes de colas y escasez con las que se representaban en occidente los países socialistas del este de Europa, para muchos la democracia se encarna en las infinitas ofertas de artículos y servicios de todo tipo -a pesar de que no se disponga de recursos económicos para adquirirlos, no importa, siempre estarán allí aguardando nuestra llegada-, con cuya posesión se alcanzarán diferentes mundos felices, tal y como prometen las miles de imágenes publicitarias que constantemente invaden la mente de las personas. Finalmente, para otras muchas personas, democracia significa formar parte de la Unión Europea.

Si se parte de la hipótesis de que las fronteras entre democracia y neofascismo tienden a desvanecerse ­-o que el neofascismo constituye la etapa superior de las democracias- es posible explicar la aparente paradoja de que, a pesar de que el discurso político general está saturado de una retórica democratista, el neofascismo es inmune a él -a veces, incluso, el democratismo ayuda a su propagación cuando los trabajadores identifican a «los políticos corruptos» y al sistema democrático como causa de la crisis-–y se reproduce en diversas formas.

Una de las expresiones más relevantes -y también más consensuadas- del neofascismo democrático es la criminalización de las experiencias comunistas -históricas o actuales-, y su identificación con el nazismo, ambos considerados «totalitarismos» criminales. De ahí que el discurso político haya sustituido las antiguas referencias de clases sociales por las de la lucha de la democracia contra los «totalitarismos». Otra expresión relevante del neofascismo democrático es la constante e implacable criminalización de las personas y colectivos inmigrantes -normalmente de forma muy sutil-, que los convierte en personas sin derechos a todos los efectos y por tanto en colectivos marginales aptos para ser señalados como responsables de la crisis económica, el desempleo y la delincuencia. Se repite de esta manera la pauta seguida por Hitler en la utilización de los colectivos de judíos o «judeo-bolcheviques», considerados culpables de todos los males de la nación alemana, del desempleo de los obreros, y de la “decadencia” de la «raza aria». Democracia y neofascismo conforman, de esta manera, los dos aspectos de la realidad política capitalista.

Para combatir eficazmente al fascismo interesa conocer adecuadamente sus mecanismos de propagación, sin dejarse llevar por estereotipos. Por ejemplo, hay quien confunde el fascismo con la represión, especialmente la policial, cuando es evidente que, además de los fascistas, los regímenes políticos de todos los colores -liberales, conservadores, comunistas, socialistas, anarquistas- han empleado la represión en sus diversas formas, incluyendo las más violentas y el terror, contra grupos sociales o individuos considerados peligrosos sin que por ello puedan calificarse en absoluto de fascistas. Incluso se podría añadir que, a pesar de utilizar la represión y la violencia del Estado contra ciertos grupos, eso no impide a una buena parte de los dirigentes de los gobiernos democráticos, en momentos clave, situarse en el campo del antifascismo: los campesinos muertos por la violencia policial en Casas Viejas y otros episodios represivos no impidieron que el presidente Manuel Azaña fuera un referente del antifascismo democrático desde los inicios de la rebelión fascista del general Franco en julio de 1936. Churchill en Gran Bretaña, De Gaulle en Francia o el democratacristiano De Gasperi en Italia son otros representantes de la burguesía antifascista que no dudaron en utilizar la violencia -especialmente brutal en el caso de Churchill en las colonias británicas y De Gaulle contra Argelia- o las palancas secretas del Estado para mantener el poder de las clases dominantes y perpetuar el sistema democrático. Lo mismo puede decirse de amplios sectores de la policía y el ejército que a veces reprimen violentamente las protestas obreras y populares, pero no se ponen al lado del fascismo cuando éste amenaza por el horizonte. Tampoco necesariamente es un síntoma del avance hacia una dictadura fascista algunas actuaciones policiales violentas o sangrientas, ni las nuevas legislaciones represivas y restrictivas hacia las libertades individuales como la Ley de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública, recientemente aprobadas por el parlamento español, o la contrarrevolución conservadora en la educación pública, la sanidad y otras prestaciones universales, ni mediante otras similares en España, Europa y Estados Unidos: en realidad esas leyes responden a la necesidad de gestionar la contradicción creciente entre un sistema económico llamado por algunos como neocapitalismo o capitalismo de la abundancia -relativa, por supuesto, porque no llega ni mucho menos a todo el mundo- y la superpoblación -también relativa, debido a las leyes del capitalismo- que genera la crisis y que puede desembocar en potenciales conflictos de clases, sin necesidad de abandonar para nada el sistema democrático.

La democracia -la democracia capitalista o liberal para casi todo el mundo-, es hegemónica y ha demostrado tener una gran capacidad de crear ilusión porque está sustentada por las elites y sus representantes, por el mensaje de los grandes medios de comunicación, por la mayoría de la intelectualidad y por los valores inculcados a los ciudadanos. Es, además, un régimen político aceptado y promovido por la mayoría de partidos, de derechas y de izquierdas, cuyo cuestionamiento implica languidecer en la marginalidad política. El hundimiento de la ideología competidora, representada por el socialismo soviético calificado como «dictatorial» o «totalitario», ayudó a su consolidación popular. La democracia, fruto de ese consenso político mayoritario, se presenta como una ideología neutra, horizontal, aséptica, una ideología incluso apolítica, que constituye el terreno apropiado para los técnicos y gestores que investigan cómo estimular la participación de unos ciudadanos supuestamente iguales ante la ley, o evitan la corrupción, que distorsiona la democracia y enfurece a la ciudadanía. Así, la ideología democratista se propaga habitualmente mezclada con otras ideologías: liberales, de extrema derecha, conservadoras, religiosas, ateas, republicanas, monárquicas, libertarias, trotskistas, socialdemócratas y algunas comunistas. Lo mismo puede decirse de la ideología pluralista, inseparable del democratismo.

El neofascismo no necesita recurrir -todavía y salvo contadas excepciones-, a diferencia del fascismo clásico, a la dictadura terrorista de grupos paramilitares de extrema derecha que buscan conquistar violentamente el poder del Estado, ni desea utilizar la violencia policial o militar salvo en casos desesperados. La oligarquía no tiene ningún interés -salvo que la crisis lo haga inevitable- en provocar más trastornos, sacudidas y convulsiones al sistema político de las necesarias, puesto que eso se traduce en mayor inestabilidad en los mercados, perturbaciones en los negocios e incertidumbres sobre el futuro de la economía. La oligarquía y el mundo de los negocios prefieren agotar los métodos democráticos para establecer nuevos consensos con la esperanza de que el aterrizaje de la crisis será suave, creando las condiciones para una nueva fase de expansión y nueva acumulación de capital a partir de una mayor explotación y fragmentación de la clase obrera. La reconversión de sindicatos y patronales en «agentes sociales» que defienden, con matices, un mismo modelo socioeconómico y político como la democracia liberal, la economía capitalista y el Estado del bienestar -matizadamente en el caso de los empresarios-, el consenso democrático e institucional entre partidos de ideología antaño incompatibles, la ilusión de un Estado que supuestamente debe velar por el bienestar general, por la creación de empleo, etc., que se creó durante el auge del capitalismo y del Estado del bienestar sustituye la realidad de un Estado que es el capitalista colectivo, el consejo de administración de la gran burguesía -que, eventualmente, permite el acceso de otros grupos burgueses competidores e incluso medidas que benefician a los trabajadores- y que organiza a la sociedad a cada momento en función de sus intereses.

Podría pensarse, tras lo expuesto anteriormente, que el surgimiento en América Latina de una izquierda y de unos gobiernos progresistas que defienden la soberanía nacional, alcanzando el poder a través de los mecanismos democráticos del sistema, invalida radicalmente la tesis de la existencia de una democracia neofascista. En realidad este caso particular sería la excepción a la regla y difícilmente generalizable a occidente: en primer lugar, estos países constituyen los «eslabones débiles» y periféricos de la cadena imperialista, y allí el sentimiento patriótico y anticolonial está muy desarrollado, a diferencia de la Europa cosmopolita que destruye las soberanías nacionales en su seno para fomentar la libertad de capitales y la «conciencia europea»; en segundo lugar, en ellos existe una amplia y rica tradición de luchas y organizaciones obreras, indígenas y sociales, con sus respectivas expresiones políticas, que alcanzaron una correlación de fuerzas favorables que les permite utilizar las instituciones democráticas y hacerse respetar por la oligarquía y el imperialismo. No obstante, no puede olvidarse que el ejemplo trágico de Chile y de Allende sigue planeando como una sombra siniestra sobre estos brotes de esperanza: el imperialismo y las oligarquías democrático-fascistas buscan incesantemente provocar la caída de estos gobiernos, utilizando a la vez la violencia fascista y la retórica democrática como armas de guerra contra lo que los medios de comunicación democráticos del sistema denominan «gobiernos autoritarios». A pesar del gran mérito que éstos han conquistado desafiando la hegemonía imperialista en su propio “patio trasero” y realizando programas favorables a los trabajadores, estos gobiernos y sus soportes políticos todavía están poco consolidados, se ven sometidos a guerras constantes que los erosionan, y están lejos de haber conquistado una estabilidad que les permita desarrollar todo su potencial. Finalmente, otro hecho diferencial importantísimo con las sociedades occidentales es que los movimientos y organizaciones de izquierdas de América Latina se sustentan a su vez en unas relaciones sociales, y unos valores y mentalidades populares opuestas al individualismo occidental, que se caracteriza por una terrible atomización y una despersonalización creciente derivada del uso alienante y casi drogodependiente de las tecnologías de las telecomunicaciones y los audiovisuales, que destruyen las relaciones sociales y la cultura.

Toda la crítica de la ideología democratista y del reformismo, no obstante, no debe llevar al error extremista que iguala la democracia capitalista y liberal con las dictaduras fascistas -y la necesidad de alianzas antifascistas puntuales- o de negar completamente su validez, a pesar de que en ausencia de una izquierda real antagonista, la evolución natural e inexorable de la democracia es el fascismo, es su fase superior. Las luchas efectivas y necesarias por conquistar unas libertades democráticas que aumenten los límites de acción de los trabajadores y de sus representantes políticos y sindicales, o para evitar perder tales conquistas es compatible con la denuncia de un sistema democrático y económico -el capitalismo imperialista- que está dando pruebas evidentes de su caducidad histórica y que, por lo tanto, ya no tiene nada progresista y creativo que ofrecer a los trabajadores y a los pueblos, porque está siendo incapaz de desarrollar la cultura, la ciencia y la economía -las fuerzas productivas- para que las mayorías trabajadoras tengan opción en el futuro a apropiarse de ellas. La gran burguesía ya no es una clase revolucionaria que desarrolla las fuerzas productivas -excepto en algunas ramas como la tecnología informática o la militar-, y se ha convertido en una clase totalmente parasitaria, que sólo quiere vivir de rentas. El capitalismo y su envoltura democrática es un sistema en putrefacción, que sólo está trayendo al mundo crisis económicas, guerras imperialistas, miseria generalizada, embrutecimiento de los individuos y descomposición social. Por ello está llamada a ser sustituida por otras formas democráticas superiores que den poder efectivo a los trabajadores y los sectores populares mediante un proceso de cambio social, económico y cultural.

Del democratismo liberal-libertario al neofascismo

El punto de partida necesario del neofascismo es la exaltación del individualismo, el embrutecimiento, la violencia gratuita y su banalización en la esfera cultural, la vulgarización del pueblo, la desculturización, el desclasamiento obrero y la destrucción de la vida colectiva tradicional de los sectores populares y de sus normas de convivencia y de conducta. Los métodos empleados para ello son el irracionalismo, el pluralismo y el terrorismo identitario, que, junto con la ideología del enriquecimiento y el culto a la imagen superficial y al triunfo individual basado en la fortuna y el éxito mediático, son hoy dominantes entre extensas capas de trabajadores. Estas últimas son imágenes de éxito social, además, que han sabido ser muy resistentes a los cambios de mentalidad derivada de la crisis económica y han servido para perpetuar la alienación de masas, frenando la organización y movilización popular.

El neofascismo pretende anular, como en el fascismo clásico, las luchas de clases y disolver -imaginariamente, claro está- las identidades de clases en otras desprovistas de contenido conflictivo: grupos, «identidades», asociaciones, organismos de la «sociedad civil», «culturas», etc. La democracia se convierte en un espacio privilegiado para esa desactivación de los conflictos sociales, porque absorbe y despolitiza todas las relaciones sociales y todas las diferencias, tratando de impedir el antagonismo de clases: la democracia se presenta como un espacio neutro, apolítico, que puede ser gestionado por diferentes gobiernos tecnócratas, de derechas o de izquierdas. Esta neutralidad y apoliticismo disuelven las fronteras entre la democracia y el neofascismo, dado que ambos son expresiones de una pretendida neutralidad apolítica, horizontal: en ambos pueden tener cabida las diferentes identidades despolitizadas, que ya no representan clases sino como mucho a segmentos de la ciudadanía en sentido amplio. Pero los fascismos, además, representan formas superiores y nuevas de dominio y explotación de la clase obrera y otros sectores populares -ahora coincidiendo con la fase de crisis del capitalismo- frente a las formas de gestión democrática de los conflictos de clase propias de las fases de crecimiento del capitalismo. El fascismo postmoderno o neofascismo innova al fascismo clásico y en cierta forma constituye su negación dialéctica, ya que a diferencia del anterior -antiliberal, estatalista y corporativista-, el neofascismo adopta la filosofía liberal-libertaria que potencia un individualismo radical y democrático, es antiestatalista y privatizador, y en las relaciones internacionales preconiza la mundialización de la ideología occidental y del libre mercado abierto, para penetrar con sus corporaciones transnacionales y su industria cultural alienante, cosmopolita, estandarizada y occidentalizadora que disuelve las otras culturas. El neofascismo se constituye como un híbrido de las democracias liberales y de los fascismos clásicos: de la primera adopta el libre mercado y el individualismo radical-democrático, y del segundo el irracionalismo y el culto a la violencia -una violencia que puede ser muy sutil e invisible-, y el «terrorismo identitario».

La retórica democrática se utiliza para forjar la ilusión a «los de abajo» -ya no hay clases dominadas- de que tienen los mismos derechos políticos que las elites dominantes, la oligarquía y sus aliados. En realidad, esta retórica es una barrera destinada a impedir la participación y la influencia política de los trabajadores en el Estado mediante mil trampas y engaños. Pero aunque parezca sorprendente y contradictorio con lo anterior, el sistema capitalista promueve aspectos radicalmente democratizadores en otros ámbitos de la vida de las personas. Se trata, por ejemplo, de la extensión máxima de los derechos individuales en el contexto del capitalismo -que permiten crear lucrativos y novedoso mercados reemplazando los tradicionales-, y de la democracia de los consumidores organizada a través del capitalismo corporativo, dominado por las grandes transnacionales de la tecnología, los automóviles, marcas deportivas, audiovisuales, etc., que ayudan a democratizar y a renovar permanentemente el consumo de masas.

Estos sistemas democratizadores utilizan las nuevas tecnologías -televisión, telefonía móvil, internet-, la publicidad omnipresente, embrutecedora y asfixiante -perfeccionada con el “neuromarketing”, que consiste en la manipulación científica de la mente para inducir a la compra, y supervisar y dirigir de forma personalizada los deseos y necesidades del comprador en potencia-, la creación de realidades virtuales y de redes sociales paralelas que absorban al individuo de la vida colectiva y de la cultura, la llamada sociedad del espectáculo -que incluye el consumo de un determinado tipo de ocio de masas audiovisual, televisivo y deportivo, frecuentemente de ínfima calidad y completamente alienante-, etc. Estas manifestaciones de democratización de masas, a pesar de que colateralmente puedan beneficiar a las personas en algunos aspectos -la llegada de la telefonía móvil a zonas subdesarrolladas por ejemplo-, en el contexto del neocapitalismo cumplen la función de incrementar el consenso social en torno al sistema, atenuando sensiblemente la capacidad crítica de la sociedad y deprimiendo sostenidamente su nivel cultural -sólo hay que revisar las audiencias millonarias de los programas basura de la televisión-, al mismo tiempo que son fuentes de suculentos negocios para las grandes corporaciones transnacionales y mecanismos muy potentes para propagar el neofascismo.

Resulta interesante recuperar la interpretación que realiza el filósofo comunista francés Michel Clouscard [7] sobre el desarrollo del neofascismo en Francia -extensible por sus similitudes al resto de países occidentales- a través de la nueva burguesía liberal-libertaria o socialdemocracia liberal, mediante la ideología de la transgresión y del desenfreno que, presentados como la esencia de la verdadera libertad individual y de la democracia, en realidad constituyen mecanismos ideológicos para la conquista de nuevos mercados promoviendo el llamado consumo lúdico, parasitario y marginal. Es un consumo de símbolos y estatus social, de sensaciones, de la moda y el textil, de servicios sexuales, de alta tecnología, del audiovisual, de Hollywood, de la llamada contracultura, incluyendo lo «nocturno» y lo prohibido como las drogas, etc. Este liberalismo libertario -radicalmente democrático al cuestionar toda norma social-–es la ideología representativa de una burguesía joven y audaz, democrática, transgresiva, antipatriarcal, en ascenso respecto a la burguesía tradicional, patriarcal, autoritaria y represiva, que basada su éxito en los valores del ahorro y del duro esfuerzo personal. En opinión de Clouscard, esta nueva burguesía debe su ascenso a la contrarrevolución liberal-libertaria estudiantil que en Francia se apropió de las históricas y gigantescas luchas obreras de mayo del 68. Esta joven burguesía se propuso destruir mediante el terrorismo intelectual -encarnado, según Clouscard, por el freudomarxismo y por los filósofos Marcuse, Lévi-Strauss, Lacan, Foucault y demás derivaciones suyas-, las conquistas conseguidas por la Resistencia y las luchas obreras de la Francia republicana desde 1945, la conciencia de la clase obrera y su unidad familiar -disgregada a su vez al promover el enfrentamiento entre unos hijos transgresores y «emancipadores» contra unos padres «autoritarios»-, abriendo el camino para una nueva etapa neofascista de represión contra los trabajadores -la crisis obliga-, represión derivada de los componentes ideológicos de esta joven burguesía del 68, donde «aparecen, de una forma bastante explícita, los temas clásicos del fascismo: terrorismo identitario, antisindicalismo, anticomunismo, hipernaturalismo (crecimiento cero) y ascenso con fuerza del irracionalismo (en el campo filosófico, Nietzsche y Heidegger vencen sobre Marx y Hegel)» [8].

Este ejemplo -en este caso la democratización plena de las relaciones personales y del consumo individual en el seno del sistema –muestra hasta qué punto democracia y capitalismo necesitan complementarse para alcanzar los objetivos de extraer mayor plusvalía a la clase obrera: ésta aceptaría mayores cuotas de explotación a cambio de acceder a los nuevos patrones de consumo -el consumo marginal, lúdico, libidinal, de la alta tecnología, el audiovisual y la moda-, mientras que la burguesía se renueva y fortalece como clase y conquista nuevos mercados -los referentes a los ámbitos más íntimos y personales que hasta entonces estaban regulados por otros valores y pautas sociales tradicionales o familiares-, muy rentables para el capital, que le permiten sortear la crisis iniciada a finales de la década de 1960. Al mismo tiempo, esta joven burguesía consigue presentarse como una burguesía más igualitaria, moderna y tolerante a ojos de los trabajadores -hasta quiere compartir con ellos sus formas de vestir, de ocio, de consumo-, y por supuesto democrática y antipatriarcal, frente al banquero e industrial de décadas atrás, autoritario, conservador, implacable, despiadado y patriarcal, que conservaba su patrimonio gracias al ascetismo personal. Esta burguesía también tiene como objetivo conseguir nuevos mercados entre las familias obreras, atacando la figura de unos padres, que, forzados obligatoriamente al ahorro y a las restricciones de consumo, se ven obligados a imponer una dura disciplina y a frenar los ímpetus consumistas de sus hijos, influenciados por el totalitarismo publicitario y mediático. Sería interesante estudiar cuántas ideas acerca de la «represión familiar» sobre el individuo o sobre el «patriarcalismo» no tienen como objetivo, en realidad, la destrucción de la unidad interna de las familias obreras para liberar «nuevos» electrones y atraerlos a las pautas de consumo del neocapitalismo.

Para Clouscard, la ideología de la «sociedad de consumo» y la acusación contra una clase obrera que se habría vendido por un plato de lentejas al adquirir electrodomésticos y automóviles durante la fase del capitalismo anterior (1945-1968), encubre en realidad una guerra de clases y un terrorismo intelectual contra los trabajadores, puesto que todos estos aparatos habituales en los hogares obreros no lo son para el consumo -no se puede «consumir» un refrigerador o un automóvil-, sino para satisfacer las necesidades de vida y transporte que impone el sistema capitalista y las necesidades laborales. Clouscard resume así el proceso de la transición del liberalismo libertario al neofascismo:

«El neofascismo será la última expresión del liberalismo social libertario, del conjunto que comienza en mayo del 68. Su especificidad viene en la fórmula: “Todo está permitido, pero nada es posible”. A la permisividad de la abundancia, del crecimiento, de los nuevos modos de consumo, sucede lo prohibido de la crisis, de la penuria, de la pauperización absoluta. Estos dos componentes históricos se fusionan en las cabezas, en los espíritus, creando así las condiciones subjetivas del neofascismo. De Cohn-Bendit a Le Pen el círculo se cierra: ahora es el momento de las venganzas frustradas» [9].

Enlazando con la ideología liberal-libertaria, una parte de la izquierda sostiene que los derechos individuales son inalienables y se pueden (y se deben) ejercer plenamente en el seno del capitalismo. Pero la ideología de los derechos humanos y del disfrute maximizado de los derechos individuales -discurso que Marx sometió a una crítica demoledora en el siglo XIX-, si bien puede permitir poner fin a situaciones concretas de opresión, en el contexto del capitalismo actual conduce a situaciones de peligroso irracionalismo social y de neofascismo. La expresión, realizada dentro del capitalismo, de que «sólo yo decido, soy libre de hacer lo que me dé la gana», que denota radicalmente la esencia de la democracia individual, indudablemente puede rozar las fronteras del neofascismo: fuera de las coordenadas de la ideología liberal-libertaria y su apología del individualismo, queda el hecho indiscutible de que determinados derechos democráticos individuales sirven para crear nuevos mercados, que a su vez se reproducen difundiendo comportamientos neofascistas. En este sentido hay que mencionar además la extraordinaria capacidad que tiene esta joven burguesía para absorber mensajes y símbolos alternativos y revolucionarios, vaciándolos de sus valores espirituales y movilizadores, y digerirlos para reutilizarlos después como nuevas mercancías e impactantes mensajes publicitarios.

El neofascismo se propaga por la erosión la solidaridad popular a través de una poderosa alienación que crea la ficción de que uno es libre de decidir sin que el poder del sistema y las ideas dominantes le influyan. Así, la ideología de la práctica sexual ilimitada -la «liberación sexual»– y a las edades más tempranas posibles -algo impensable en las generaciones anteriores, salvo los ricos que tenían privilegios sexuales o los pobres que debían vender o prostituir a sus hijas para sobrevivir-, desligadas de toda norma restrictiva o de un compromiso familiar como sucedía en muchas culturas anteriores o actuales, permite crear una floreciente y multimillonaria industria del sexo -pornografía, prostitución y tráfico de mujeres y niños-, la mercantilización descarnada y comercio del cuerpo femenino -o de su imagen- al servicio de los hombres, la esclavitud sexual de millones de mujeres y la explotación sexual de otros tantos niños al servicio de turistas occidentales en países oprimidos, fenómenos que, además, se perciben dentro de la normalidad más absoluta: sin duda, es un triunfo completo del neofascismo. Desde la perspectiva de la «libertad de expresión», el pluralismo de los medios de comunicación, la apariencia de una diversidad de discursos y comportamientos, y la libertad de expresión ilimitada permite crear engendros como la telebasura, destinados a producir el desclasamiento masivo de los trabajadores mediante el embrutecimiento, la desculturización y la vulgarización sistemática e implacable de los televidentes -la inmensa mayoría de procedencia trabajadora- que conduce a comportamientos tipo lumpen, desclasados y apolíticos: el caldo de cultivo perfecto del neofascismo. Pretender que los derechos individuales es posible ejercerlos conscientemente y libres de alienación en el marco del capitalismo -y no como momentos de acumulación de fuerzas para ampliar los derechos colectivos, que sólo podrán realizarse plenamente en el socialismo-, es cerrar los ojos ante el poder del neofascismo.

El llamado terrorismo identitario o pluralismo de identidades -como el multiculturalismo- es otro de los patrones de desclasamiento que puede favorecer al neofascismo. Si en el fascismo clásico el Estado pretendía anular las diferentes conflictividades de clases y las disuelve idealmente en una “comunidad nacional-popular” de productores, supuestamente neutra, en la democracia capitalista a la ciudadanía amorfa -los átomos y los electrones- se les orienta a organizarse en una sociedad civil que a su vez está articulada a través de una infinidad de identidades, incluidas las políticas, constituyendo un rico ecosistema pluralista cuyo denominador común es la adhesión a los «valores democráticos». Esta democracia apolítica, tras absorber las conflictividades sociales y disolverlas en identidades neutras -por medio del liberalismo libertario que impone sus valores ultraindividualistas y antisociales-, tiende a transformarse en neofascismo con cubierta democrática, que es un régimen político más adecuado a las necesidades del neocapitalismo en su fase de crisis. No se trata aquí del fin de la política que el marxismo pronosticaba al llegar al comunismo, donde se extinguirían las clases sociales y por tanto ya no sería necesaria la política: se trata de crear identidades secundarias -e incluso imaginarias-, y de imponer el fin de la política simultáneamente a la austeridad, los recortes sociales y la caída de los salarios precisamente para anular toda capacidad de identidad y de rebelión de los trabajadores, y más allá, toda esperanza de transformación social. Al mismo tiempo, desde la izquierda reformista también se contribuye a forjar la apatía y se desarma a los trabajadores cuando se lanza el mensaje de que no es posible otro mundo más que el existente, debidamente reformado, eso sí.

La ruptura de solidaridades -familiares, vecinales, laborales, etc.-, y la promoción de identidades alternativas y nuevos valores liberal-libertarios que faciliten el desarrollo del neocapitalismo -acompañados de los valores basados en la brutalidad del más fuerte, de la apología del triunfo social a través de la riqueza y el estatus, de aprovecharse de los demás y no tener compasión de los perdedores- convierten a las personas en partículas menores que los átomos, en electrones independientes que fluyen aleatoriamente por el medio social en busca de identidades -identidades plurales, pero nunca singulares como la “anacrónica” clase social-, y en una concepción de la política como un artículo más de consumo. La radicalidad democrática liberal y apolítica se complementa de esta manera con el desarrollo del neocapitalismo y con la ideología del neofascismo. No es extraño ver cómo en este proceso la antigua ideología socialista, marxista y clasista de la izquierda se ha diluido en una aséptica «lucha contra los recortes sociales» mezclada con una retórica democratista y ciudadanista que tanto puede ser de izquierdas como de derechas: los recortes tanto los aplica la derecha como la izquierda, y la democracia y los derechos de la ciudadanía tanto la puede abanderar sectores de la izquierda como sectores de la derecha. ¿No será preciso, entonces, preguntarse sobre las responsabilidades de una parte de la izquierda en el ascenso del neofascismo?

El neofascismo potencia el irracionalismo filosófico y cultural propio del fascismo clásico para promover nuevos mercados capitalistas y destruir otros mercados que ya no son competitivos. La diferencia respecto a los fascismos clásicos radica en que carece de la voluntad de un Estado omnipotente, denominado por él mismo como totalitario: a veces, incluso, como sucede en el neoliberalismo, se debilita este Estado, se privatizan sus funciones básicas -el ejército se sustituye por mercenarios o por «contratistas», se externalizan las funciones policiales-, excepto para agredir a los países que rechazan la democracia, aunque se interviene económicamente desde el Estado para salvar los intereses financieros. El neofascismo fomenta múltiples identidades sustitutivas de la arcaica “comunidad nacional-popular” puesto que éstas son eficaces mecanismos de despolitización y de autocontrol individual, y vehículos para la conquista de nuevos mercados. En lugar de aterrorizar como antes a la oposición política antifascista y al movimiento obrero y comunista -el «enemigo interno»- mediante las listas negras, la violencia, la cárcel, el terrorismo policial y de los escuadrones de la muerte, lo hace ahora mediante el terrorismo cultural e identitario contra la propia población, mediante la difusión de valores antisociales e irracionales –imponiendo la dictadura de las emociones sobre la razón–, la brutal y sistemática manipulación ideológica-publicitaria contra los niños y adolescentes, el fetichismo hacia un prototipo-modelo de cuerpo humano, una publicidad asfixiante que embrutece y anula la capacidad crítica, un consumo alienante y autodestructivo, y la promoción de individualidades agrupadas en identidades comunitarias despolitizadas y volátiles que impidan solidaridades sociales estables y organizadas. En el plano internacional –el «enemigo externo»-, la democracia impone la militarización de las relaciones internacionales para exportar su modelo, respaldándose en los contenidos de una prensa globalizada -pluralista, eso sí-, cuya misión -esta vez imitando al fascismo clásico-, es la preparación psicológica de las guerras a través de la mentira, el marketing y la manipulación. Para esta misión cuenta con el inestimable apoyo de la retórica de la democracia y los derechos humanos que hay que imponer a los recalcitrantes, ya sea mediante bombas o ya sea mediante «revoluciones de colores» y «primaveras» democráticas. No es necesario ahondar en las complicidades de algunas izquierdas en ello.


El democratismo, ideología para legitimar el sistema

La identificación de la democracia capitalista actual con el ideal de la «democracia pura» -o la idea de que las instituciones del sistema permiten a los trabajadores aspirar al poder- es la forma más elegante y más sutil de defender el capitalismo, incluso para algunos que desde la izquierda se presentan a sí mismos como anticapitalistas.

Es una vieja estrategia que utilizó la socialdemocracia alemana y la II Internacional para desacreditar a Lenin, acusándolo de antidemocrático y dictatorial: esos mismos que se autodenominaban «marxistas verdaderos» apoyaron primero las políticas criminales y colonialistas de sus países, y después movilizaron a millones de obreros para morir y ser mutilados en los campos de batalla de la I guerra mundial, defendiendo los intereses de las elites capitalistas y coloniales. Todo se hizo en nombre del socialismo auténtico, que debía llegar por la evolución natural y lógica del capitalismo mediante la influencia positiva de la izquierda reformista -la socialdemocracia y el sindicalismo- en las instituciones democráticas. Por lo tanto, la democracia estaba llamada a ser el preludio del socialismo y, en consecuencia, los “antidemócratas” como Lenin eran una amenaza para lograrlo. Lo que sucedió, en realidad, fue que la democracia capitalista -excepto en las breves experiencias de los Frentes Populares o tras el fin de la segunda guerra mundial, cuando las oligarquías se vieron seriamente amenazadas-, se convirtió en la fase inferior del fascismo, en gran parte gracias a la izquierda reformista de la época y su colaboración entusiasta en la brutal represión anticomunista de las décadas de 1920-1930 en una gran cantidad de países.

Hay que remarcar otro aspecto importante que caracteriza a la democracia: el sistema democrático, tal y como se conoce en occidente, es imposible generalizarlo al resto del mundo. Ello es debido a que la creación de la democracia occidental es un proceso histórico que fue acompañado de la instauración de terribles sistemas represivos -colonias esclavistas, dictaduras militares, hambrunas y genocidios- en la mayor parte del planeta para asegurar los recursos económicos y financieros -aportados por la mayoría de la población mundial que habita en los países oprimidos-, que permitieran elevar sustancialmente el nivel de vida en los países occidentales para garantizar un consenso democrático entre la mayoría de la población. Es imposible invertir este sistema y pretender que la población occidental, que constituye una minoría del planeta y ya casi no tiene los recursos naturales necesarios -por ejemplo, las riquezas minerales y petrolíferas- pueda ser explotada por las poblaciones del sur y el Este -la mayoría del planeta-, para construir un consenso democrático similar al occidental.

Este proceso es consecuencia de la propia naturaleza de la democracia occidental, que se fue construyendo por la inclusión sucesiva de nuevas capas sociales en el sistema democrático, tras el fin de las democracias medievales que garantizaban únicamente la representatividad en las cortes a los estamentos eclesiásticos, burgueses y nobles. Durante la última etapa de las monarquías absolutistas nació la democracia moderna en occidente, y la primera categoría que disfrutó del nuevo sistema era un grupo muy restringido de terratenientes y grandes financieros e industriales que poseían extensas propiedades y fortunas gracias a la explotación despiadada de la clase obrera y de los esclavos en las colonias; posteriormente la democracia se amplió a todos los que podían demostrar que eran propietarios o disfrutaban de un cierto nivel de riqueza; después a todos los varones mayores de edad y, muchos años más tarde, se amplió también a las mujeres, quedando excluidos los trabajadores inmigrantes únicamente. La ampliación progresiva de la democracia a diferentes capas de la población iba en paralelo a un proceso que vaciaba a la democracia de contenido, dejándola como una cáscara vacía, puesto que buena parte del poder discurría por otros cauces. Por otra parte, mientras se desarrollaba este proceso democratizador de occidente, se le negaba la democracia a las colonias y semicolonias, que representaban la mayoría de la población mundial y estaban sometidas a regímenes de esclavitud, terror y exterminio. Sólo cuando el imperialismo pudo preparar una serie de élites nativas leales a sus intereses, con capacidad para frenar los procesos de cambio social que iban unidos a las luchas anticoloniales, éste pasó a defender la democracia en estos países como una cuestión innegociable, cuya imposición actualmente puede justificar incluso golpes de Estado o guerras «humanitarias».

Estudiando el proceso histórico del desarrollo de la democracia capitalista se puede comprender por qué todas las críticas y propuestas para mejorar los sistemas democráticos actuales, realizadas por los movimientos sociales y la izquierda reformista, sin cambiar la naturaleza del sistema -sin iniciar un proceso de cambio para salir del capitalismo-, serán empresas estériles. Tanto el programa democratista del reformismo de izquierdas como de muchos movimientos sociales y de protesta -sin negar las buenas intenciones de quienes los promueven- resultan claramente utópicos o cuando menos impracticables para un cambio social verdadero, dado que suelen ser modelos aislados de las verdaderas relaciones de poder en el sistema capitalista y éste puede absorberlos con el objetivo de perfeccionarse y perpetuarse. Se enturbia así la conciencia popular acerca de la «democracia pura» mediante la ficción de unas clases dominantes que controlan los resortes del sistema y que deberían someterse a la «voluntad popular» -no se sabe por qué motivo- permitiendo el acceso a la toma de decisiones a una amplia mayoría de los ciudadanos a través de los sistemas electoralistas burgueses que legitiman a los candidatos electos, independientemente de las circunstancias que puedan rodear el acto electoral: campañas de prensa intoxicadoras contra líderes de izquierdas o gobiernos latinoamericanos, sirios, rusos, chinos o cualquier otro; control de los medios de comunicación, disponibilidad de algunos partidos de cuantiosos fondos para la propaganda electoral, actividades de las cloacas del Estado, chantajes económicos de las grandes empresas y bancos sobre algunos candidatos, etc.

En el mundo occidental la democracia ha tomado diversas formas simultáneamente: formas democráticas y formas dictatoriales han sido compatibles, y se presentan simultáneamente, tanto con un gobierno oligárquico, una monarquía medieval -con sus parlamentos democráticos de nobles, patricios y obispos-, una monarquía constitucional, una colectividad anarquista, una república burguesa o un régimen socialista. Marx y Engels consideraban en 1848 que en algunos países la conquista de la democracia mediante el sufragio universal permitiría a los partidos obreros conseguir mayorías parlamentarias que ayudaran a transitar rápidamente hacia el socialismo. No fue así: las clases dominantes siempre hallaron mil formas y mil trampas para mantener su dominio de clase, tal y como descubrieron tras la sangrienta experiencia de la comuna de París y la consiguiente elaboración de la «dictadura del proletariado» y las insurrecciones obreras, e incluso en los últimos años de la vida de Engels, éste parece decantarse por las posibilidades que se abren para los partidos obreros de masas con amplia representación parlamentaria. La realidad iría por otros caminos.

Se han escrito ríos de tinta para resaltar las limitaciones que por naturaleza impiden a la democracia en los países capitalistas reflejar, en general, la voluntad consciente de la mayoría social o simplemente del electorado. Diferentes intelectuales y políticos, muchos de ellos defensores del propio sistema, se vieron obligados a reconocerlo: las limitaciones de los parlamentos -o su papel de invitados de piedra ante los verdaderos poderes-, la corrupción política, los lobbies de poderosos intereses, el papel de los medios de comunicación controlados por poderosos intereses privados, los sistemas electorales mayoritarios frente a los proporcionales, etc. No obstante, si en lo que concierne al control de los resortes del Estado el sistema ha vetado o ha tratado de limitar el acceso de los representantes de los trabajadores, de la izquierda -hasta que ésta ha demostrado fehacientemente su lealtad-, en otros aspectos el Estado ha implementado medidas democratizadoras que han beneficiado a los trabajadores y a la mayoría de la población: la educación y la salud universales, la enseñanza universitaria para muchos hijos de trabajadores y de inmigrantes, etc. Estas medidas, producto tanto de la lucha de clases como de la necesidad que tenía el capitalismo de contar con una fuerza de trabajo cualificada y con conocimientos técnicos y científicos, en su momento sirvió para crear una cohesión social y un consenso amplio favorable al sistema -un sentimiento de ciudadanía-, lo que muestra otro de los límites clamorosos del reformismo: cuando el capitalismo en crisis ya no puede garantizar estas medidas, se desprende tranquilamente de ellas, y hoy asistimos a su desaparición frente a concepciones clasistas, elitistas y privatizadoras de la salud y la educación.

Por otra parte, tal y como Lenin denunció años después, el sistema de sufragio universal bajo el dominio de la burguesía llevó a desnaturalizarse a muchos partidos obreros y sindicatos, empujándolos a integrarse dentro del sistema y llegando a apoyar la política colonialista de sus gobiernos y la gran carnicería de la I Guerra Mundial. Lenin, escandalizado por las complicidades reformistas con el imperialismo que se escondían tras la exaltación de la democracia capitalista, expresó: «La “democracia pura” es un embuste liberal que embauca a los obreros» [10]. Posteriormente, muchos de los partidos reformistas y sindicatos obreros han apoyado las guerras imperialistas perpetradas por las clases dirigentes de sus países, como las guerras del Vietnam, de Irak, de Yugoslavia, de Libia o de Siria. Pero no hay que buscar entre los revolucionarios más radicales para encontrar denuncias descarnadas de las farsas que se esconden en el matrimonio entre capitalismo y democracia: el filósofo demócrata y liberal Benedetto Croce, nada sospechoso de radicalismo revolucionario, denunciaba hace más de un siglo, el año 1898:

«Repetir que las elecciones sólo representan la expresión de la voluntad popular en una proporción infinitesimal (…) es una trivialidad. Concurren mil circunstancias, como todo el mundo sabe, que impiden que en las elecciones se manifieste esa voluntad, o que pretenden desviarla o confundirla. Entre las principales circunstancias que tienden directamente a reprimirla está la acción del gobierno en forma de presiones y de corrupciones. Entre las que tienden a desviarla y a confundirla, está la acción de los propios candidatos, o de sus grandes electores, y de la prensa.

Supongamos que se forma entre el pueblo una corriente de opinión pública que desagrada al gobierno; y supongamos que esta corriente es mayoritaria. En un sistema político que afirma diferir de los anteriores precisamente en el hecho de que ofrece el mecanismo mediante el cual la voluntad de la mayoría puede prevalecer con normalidad, esa corriente de opinión pública debería triunfar inmediatamente. Pero en el gobierno parlamentario, esa corriente corre el riesgo de estar siempre perdiendo, tal vez hasta su total paralización, a menos que adquiera una fuerza tal que haga temer una revolución» [11].

¡Así pues, no es la democracia sino la temida revolución la que permite que se escuche la voz de las mayorías! Esta lección, que tan bien ha sabido poner en práctica la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y otros movimientos sociales, no ha sido asimilada por la izquierda reformista, que le habría bastado leer a este filósofo liberal -sin temer ser acusada de radical recurriendo a Lenin-, para llegar a estas conclusiones: sin el poder organizado de “los de abajo” -el poder popular-, las elecciones y la democracia impiden que se escuche la voluntad de la mayoría. No ha cambiado mucho la vida en un siglo para saber que la democracia es una de las ideologías del sistema imperialista, y el discurso reformista de la «democracia pura» no hace más que legitimarlo. Pero además del aspecto intrínsecamente limitado de los regímenes democrático-electoralistas y de su fácil manipulación por las clases dominantes, se desarrollan los elementos fascistas cobijados dentro de tales regímenes.

La democratización bajo el capitalismo ha sustituido a las diferentes racionalidades -sin las cuales no puede existir capacidad de crítica y análisis para poder tomar decisiones libremente- que existen en pueblos y culturas diversas por el dominio de emociones creadas artificialmente -que implican reacciones rápidas, no pensadas, sin capacidad de ser objetivas- explotando la irracionalidad como forma de comportamiento.

Los mecanismos irracionales y emocionales, que se encuentran en las entrañas de los regímenes políticos democráticos de casi todos los países capitalistas, estallan con la virulencia de una erupción volcánica en la época de elecciones: aquí los restos de la racionalidad como los programas electorales o los orígenes sociales y el currículum profesional de los candidatos dejan de tener la más mínima importancia -por otra parte, en su inmensa mayoría éstos acatarán lo que dicte el sistema en caso de ser elegidos- ante el carisma y la personalidad del candidato, el efectismo, el cruce de insultos, las escenificaciones teatralizadas y los asesores de imagen. Todo ello conforma un espectáculo dirigido a la creación de emociones intensas entre unos votantes o seguidores con una capacidad crítica cada vez más menguada, al servicio de unos candidatos que en esencia defienden lo mismo, quizás con matices en el caso de la izquierda reformista: un sistema que garantiza el poder y las riquezas a las diferentes oligarquías y a otras capas de la burguesía que aspiran a recoger algunas migajas o a no sucumbir ante las crisis.

Que el sistema democrático capitalista es irracional por naturaleza y tiende inevitablemente a la despolitización de la democracia, es decir, al neofascismo, se puede comprobar por el hecho de que amplias muchedumbres participan en los diferentes circos electoralistas y sus escenificaciones, siguiendo masivamente a sus candidatos, a pesar de no conocer nada o casi nada de los programas políticos y de desear el triunfo de “su” candidato en base únicamente a la simpatía personal y carismática: no hay mucha diferencia con la exaltación fanática de los hooligans en el fútbol-negocio. Estados Unidos ha sido tradicionalmente el país más avanzado en esta farsa grotesca, pero imitaciones se encuentran en todos los países capitalistas, donde una fructífera industria de publicidad especializada en circos electorales genera enormes beneficios. Cada candidato -excepto los que sinceramente quieren cambiar el sistema- que expone su mercancía en los mercados y bazares electorales, trata de conseguir que el votante -que en ese momento se transforma en un consumidor electoral, es decir, un comprador potencial del símbolo y de las imágenes públicas de los diferentes candidatos-, adquiera su mercancía en exclusiva y no la de sus competidores, a pesar de que es idéntica. Esta mercancía abre la puerta a la posibilidad de ser elegido para un cargo público remunerado -con posibilidad de hacer carrera- y abierto a corrupciones. El intercambio comercial entre el candidato-vendedor de imagen y el votante-comprador de ilusiones se realiza bien a cambio de dinero -compra de votos-, de chantaje político o de un servicio al votante -una tarde de ocio para pensionistas, que son trasladados gratuitamente y reciben alimento en los mítines electorales, la promesa de acabar con el desempleo o con los recortes sociales, la ilusión de que las cosas cambiarán a partir de entonces-, bien simplemente a cambio de la ilusión que tiene el elector-consumidor de creer que está empujando a uno de los suyos hacia el poder. Es la fiesta suprema de la democracia, donde todos los sueños e ilusiones prometen hacerse realidad.

Los anticuerpos fascistas: cuando la democracia se salva a sí misma

Excepcionalmente, en los parlamentos capitalistas -donde están representados distintos segmentos de las clases dominantes y a veces se encuentran representantes de los trabajadores- se asiste al espectáculo de fuertes divisiones en lo que respecta a ciertas cuestiones que pueden llegar a tener su importancia: sobre reformas laborales, políticas económicas, participación en guerras, etc. Estas votaciones representan únicamente divisiones de opinión en el seno de las clases dominantes y sus aliadas: son divisiones de carácter táctico e incluso técnico -por ejemplo, decidir entre ir o no a la guerra para destruir un gobierno antiimperialista en el mundo árabe, cuando se está de acuerdo por los grandes partidos parlamentarios en que debe ser destruido, no deja de ser una elección de carácter técnico-, y no representan en absoluto diferencias de carácter estratégico, que implican cuestionar el sistema vigente. Estas divisiones ocasionalmente pueden ser aprovechadas por los representantes de las clases populares para conseguir determinadas reivindicaciones aprovechando cambios de alianzas parlamentarias y sociales, e incluso nuevas mayorías.

No obstante, estos casos suelen ser muy excepcionales -a veces, cuando se presenta la ocasión, resulta que los parlamentarios han sido comprados o corrompidos por la burguesía, como sucedió con la mayoría de diputados socialistas que apoyaron la I guerra mundial- y cuando todos los cortafuegos de la democracia que traban el acceso al poder de las mayorías fallan, entonces se disparan las alarmas y desde las entrañas del sistema se activan los anticuerpos que tienen como misión salvar a la democracia de sí misma. Tradicionalmente se mencionan los ejemplos de Allende en Chile o de las dictaduras latinoamericanas para crear la ilusión de que en Europa la democracia no puede evolucionar hacia regímenes fascistas. Algunos casos históricos permiten rechazar estas pretensiones.

Un ejemplo lo tenemos en la evolución de Francia entre 1937 y 1940, muy conocida gracias a los trabajos de la historiadora Annie Lacroix-Riz, que ha mostrado los mecanismos de la «fascistización de la democracia» francesa [12]. Se ha reprochado a Francia que, siendo una democracia, dejara abandonada a manos de las potencias fascistas a la República española, otra democracia. En realidad no hay nada que reprochar: desde mediados de 1937 las elites francesas y el propio primer ministro Daladier habían decidido poner proa a marchas forzadas hacia un régimen pseudofascista -que incluía la posibilidad de una dictadura militar de la mano del mariscal Pétain-, empezando por liquidar todas las conquistas del Frente Popular como la semana laboral de 40 horas, atacando duramente a los salarios e imponiendo una política de austeridad, reprimiendo a los sindicatos dirigidos por comunistas -y fomentando a los anticomunistas de todas las tendencias-, estimulando las organizaciones fascistas y terroristas como la Cagoule y desarrollando una extensa colaboración diplomática, económica y policial con la Alemania nazi que posibilitó la entrega de Checoslovaquia, la negativa a un pacto militar con la URSS y el abandono de Polonia, con la esperanza de que Hitler arremetiera contra la Unión Soviética. Todos los partidos y los dirigentes sindicales del sindicato CGT de la tendencia confederal, los grupos y partidos fascistas, y las elites económicas, políticas, mediáticas y militares -la denominada sinarquía-, se movilizaron para promover una política pacifista frente a Hitler y de entendimiento franco-alemán. Para ello aislaron al Partido Comunista primero y lo ilegalizaron posteriormente, reprimieron y encarcelaron a sus militantes, dirigentes y parlamentarios -a pesar de su inmunidad parlamentaria-, estrecharon relaciones con Mussolini y con Franco -al que entregaron decenas de miles de refugiados republicanos y el oro de la República española custodiado en el Banco de Francia-y desarrollaron una estrecha colaboración en materia de represión anticomunista con la policía de Hitler. A pesar de que se ha justificado este hecho como represalia por la firma del pacto germano-soviético, la represión anticomunista se originó muchos meses antes de la firma del pacto: por ejemplo, los acuerdos policiales franco-alemanes referidos al intercambio de experiencia e información para la lucha anticomunista, incluyendo reuniones de altos mandos policiales de ambos países, se iniciaron en 1938. Con el movimiento obrero desmantelado y los comunistas encarcelados o exiliados, el desenlace de la guerra con Alemania fue el esperado por las élites: una rápida derrota que enterraba la III República francesa y abría a las elites económicas de este país la posibilidad de realizar grandes negocios gracias a las necesidades bélicas de Alemania.

Otro caso similar se encuentra en las elecciones italianas de abril de 1948: aquí la CIA norteamericana había previsto dos formas para evitar que el Frente Democrático Popular, liderado por los comunistas italianos, en caso de ganar las elecciones se hiciera con el poder: la primera variante preveía proclamar la secesión de Cerdeña y Sicilia a través de una guerrilla apoyada secretamente por los norteamericanos; la segunda establecía que «los Estados Unidos no pueden permitir que los comunistas lleguen al poder por medios legales» por lo que se debería «falsificar el resultado de la votación», cosa que finalmente no fue necesario porque los Estados Unidos inundaron de dólares el país, comprando muchas voluntades. En 1953, tras un intento frustrado de modificar el sistema proporcional para evitar el auge del partido comunista por parte de Scelba, ministro del interior, éste declaró a la embajadora norteamericana en Roma que «los comunistas siempre pueden ser encarcelados en caso de que se considere necesario, pero todavía no ha llegado el momento». La embajadora, escandalizada por la “blandura” del ministro del Interior, denunció en una carta al Departamento de Estado que «Scelba no tiene auténticas emociones o convicciones en el tema del comunismo» [13].

También es ilustrativo el funcionamiento de la red clandestina Gladio en Europa occidental, organizada por la CIA y otros servicios secretos, que tenía el objetivo de evitar una victoria electoral de los partidos comunistas, recurriendo si fuera necesario a golpes de Estado y gobiernos militares para «salvar» a las democracias occidentales. La red estaba formada por bandas terroristas y paramilitares fascistas, por los altos mandos de los ejércitos, por algunos políticos seleccionados y por los servicios secretos. En Italia, para prevenir el triunfo del partido comunista o un gobierno de coalición que incluyera a este partido, se ensayaron varios escenarios previos a los golpes militares, incluyendo el uso de atentados terroristas indiscriminados que provocaron numerosos muertos civiles y, por supuesto, el espionaje, la provocación y la represión contra partidos o individuos considerados radicales. Todos los países occidentales, especialmente Italia, Grecia, Portugal y España -los eslabones “débiles”-, han estado desde 1945 controlados estrechamente por el poder económico, financiero, militar y de inteligencia de Estados Unidos con el apoyo de los otros tres grandes aliados, Gran Bretaña, Alemania y Francia.

Otros ejemplos recientes de cómo la democracia genera sus anticuerpos se puede encontrar, por ejemplo, en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela el año 2003 (en nombre de la democracia), el golpe en Honduras contra Manuel Zelaya (2008, también en nombre de la democracia), que cometió el “crimen” de hacer ingresar a su país en el ALBA; la invasión del ejército colonialista francés en Costa de Marfil para derrocar al presidente legítimo (año 2011), el golpe de Estado contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo (2012), las diversas revoluciones de colores y “primaveras” contra gobiernos que no se someten a los dictados imperialistas, o los golpes de Estado blandos que las oligarquías -a través de sus instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el gobierno alemán, el Banco Central Europeo y otros organismos-, han perpetrado desde el año 2008 contra gobiernos europeos (Grecia e Italia, por ejemplo) no porque fueran peligrosos para el sistema, sino porque no cumplían de forma correcta los dictados de los poderes financieros y económicos, desmantelando los restos de la soberanía nacional de los países de la periferia de Europa.

La lista de estos anticuerpos democráticos que permiten la simbiosis entre democracia y neofascismo sería interminable, pero es interesante mencionar algunos ejemplos recientes, como el intento de golpe de Estado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro el año 2013 -justificado a través de una retórica democrática muy mediática-, repetido el 2014 con mayor violencia fascista en las calles y mayor dosis de terrorismo mediático, o las espectaculares revelaciones del “caso Snowden”, que implican a las agencias de inteligencia norteamericanas y europeas en el espionaje masivo e ilegal de las conversaciones telefónicas y mensajes de correo de ciudadanos y gobiernos extranjeros -además de muchos partidos de izquierdas, aunque cumplan con la legalidad vigente-, políticos considerados “peligrosos” para la estabilidad del sistema, etc., y otras actividades terroristas y criminales de estas agencias.

Conociendo estos mecanismos de “autoprotección” de la democracia, ¿cómo se puede pregonar entonces desde la izquierda reformista una «regeneración democrática» sin plantear recuperar la soberanía nacional arrebatada por el imperialismo y las oligarquías antipatriotas, europeístas o yanquis? ¿Y cómo se puede plantear liberarse del imperialismo sin superar el marco constitucional español y europeo creado por él a su medida?


La izquierda reformista, portavoz del ciudadanismo democratista postmoderno

Los nuevos movimientos sociales, muy influenciados por la ideología del llamado ciudadanismo, comparten con la izquierda reformista -que no cesa de cortejar tales movimientos puesto que desea convertirse en su referente político- su insistencia por «democratizar» el poder dentro de los límites del sistema, a pesar de que una parte del ciudadanismo pretende mostrarse como políticamente neutro -ni de izquierdas ni de derechas-–cuando manifiesta que su lucha no es política puesto que defiende derechos humanos básicos a los que considera por encima de las divisiones políticas. Desde el ciudadanismo se resaltan además otros conceptos morales como el respeto y la tolerancia, que llevan a pregonar como parte de un programa de justicia social el reparto de las riquezas y un mundo genéricamente más justo frente a los «abusos» del capitalismo, así como la defensa del Estado bienestar frente a los recortes sociales. Estas preocupaciones, que se encuentran en la naturaleza de los partidos socialdemócratas clásicos, son enriquecidas por la alarma que causa la identificación del déficit democrático representado por lo que se denomina «el divorcio entre los políticos y los ciudadanos» y el «no nos representan».

En palabras del antropólogo de izquierdas Manuel Delgado, el ciudadanismo constituye «la ideología que ha venido a administrar y atemperar los restos del izquierdismo de clase media, pero también de buena parte de lo que ha sobrevivido del movimiento obrero. El ciudadanismo se concreta en un conjunto de movimientos de reforma ética del capitalismo, que aspiran a aliviar sus efectos mediante una agudización de los valores democráticos abstractos y un aumento en las competencias estatales que la hagan posible, entendiendo de algún modo que la explotación, la exclusión y el abuso no son factores estructurantes, sino meros accidentes o contingencias de un sistema de dominación al que se cree posible mejorar moralmente. El ciudadanismo no impugna el capitalismo, sino sus “excesos” y su carencia de escrúpulos» [14].

A pesar de que existen muchos puntos en común entre la izquierda reformista y el ciudadanismo, que permiten una confluencia entre ambos actores -desnaturalizando todavía más a la izquierda reformista-, es preciso recordar que estos nuevos movimientos nacen en gran medida de la realidad de unas capas medias -especialmente jóvenes- afectadas por la crisis, que han perdido sus referentes. Son estas capas medias -estudiantes hijos de pequeños y medianos burgueses con posibilidades, profesionales y funcionarios bien situados, etc.-, de procedencia “progre” en su gran mayoría y situados en la órbita de partidos sociademócratas, ecologistas, eco-socialistas, nuevas izquierdas y demás híbridos, que, con las puertas del ascenso social cerradas por la crisis, se sienten horrorizados ante la perspectiva de pasar a engrosar las filas de la clase obrera en un momento en el que la situación de un trabajador asalariado es mucho más dura que hace pocos años. De ahí nace la tesis del «precariado» con la que se pretende describir la situación de estos jóvenes de capas medias y mostrarlos, junto a otras capas de trabajadores, especialmente estudiantes, como el sujeto revolucionario frente a la clase obrera tradicional.

El ciudadanismo se origina en el postmodernismo, filosofía que proclama el fin de las luchas de clases y de las ideologías, a pesar de que ella misma se ha constituido en ideología dominante tras el derrumbe de la Unión Soviética. El postmodernismo -que plantea entre otras cuestiones la tesis de la extinción de la clase obrera- infectó a una parte sustancial de la izquierda, tanto a la izquierda reformista mayoritaria como a algunas corrientes minoritarias de extrema izquierda críticas con la primera. Este supuesto fin de la clase obrera que ha sido defendido por la antigua corriente obrerista generada en los años setenta en algunos departamentos de ciencias sociales por parte de ciertos intelectuales -evidentemente situados fuera del mundo del trabajo-, quienes sólo veían como obrero al trabajador de la industria anclado a una cadena de producción en serie y vestido con el “mono” azul sucio de grasa, excluyendo así a la inmensa mayoría de asalariados explotados en otros sectores como los servicios, la agricultura y a los ejércitos de desempleados. Por ello, ahora suponen que la clase obrera está desmenuzada y se ha reconvertido en «multitudes», en ciudadanos o cualquier otra agrupación amorfa, espontánea y volátil de átomos humanos que se agrupan en la sociedad civil -ahora en «identidades»- y que tienen intereses comunes sobre las antiguas divisiones de clases y capas sociales: el famoso «99%». De la misma forma, los Estados y las naciones se habrían disuelto en un imperio global y planetario -o su variante actual, el sistema financiero internacional- que oprime a las «multitudes» ciudadanas, como planteaba Toni Negri, un icono adorado por tantos exmarxistas, postmarxistas, marxianos y similares que creyeron haber encontrado un talismán para combatir las tesis sobre el imperialismo de Lenin y sus consecuencias lógicas, los cambios sociales revolucionarios.

Siguiendo el camino postmoderno, durante los últimos treinta años la izquierda reformista en occidente abandonó paulatinamente sus identificaciones con la clase obrera -ya que los filósofos de moda le explicaban que ésta se estaba extinguiendo-, tras escuchar los cantos de sirena de la progresía liberal-libertaria de mayo del 68 y las revueltas protagonizadas en gran medida por estudiantes -la prehistoria de los movimientos ciudadanistas de hoy, ambas con un fuerte contenido anarco-libertario- mientras engordaba cada vez más con los anhelos de estabilidad del sistema propios de las capas medias descolocadas por la crisis, al mismo tiempo que pretendía ser el altavoz político de las luchas identitarias de grupos que sólo cuestionaban aspectos del sistema que les afectaba en tanto grupos. Esta izquierda completó su evolución cuando finalmente dejó de reivindicar el socialismo puesto que eso no cuadraba bien con las expectativas del ciudadanismo y además era «dictatorial».

De esta manera la izquierda reformista parece haber llegado a la conclusión de que ya no se precisa un programa concreto de transformación social, ni tampoco de ideologías “obsoletas” que cuadran mal con los movimientos ciudadanistas: basta con un movimiento de reformas para que todos queden contentos, mediante un programa que quedaría englobado en una genérica lucha por la democracia. Las clases ya no existen, tampoco la lucha de clases: el conflicto entre capital y trabajo en el marco de un sistema basado en la explotación del obrero y de los países oprimidos, y la carrera por la plusvalía, que conduce a crisis cíclicas y destructivas, como explicó Marx -otro enemigo mortal de los postmodernos- lógicamente implica plantearse relaciones de poder entre actores sociales que deberían ser incompatibles, entre la gran burguesía y los trabajadores.

La propaganda postmoderna considera estas teorías como anacrónicas o un residuo del “dogmatismo marxista”, y en su lugar se sustituye la lucha de la gran burguesía y sus aliados contra los trabajadores por un indefinido «poder financiero» contra el mítico «99%» que constituyen los ciudadanos indefensos, como si éstos, en su inmensa mayoría, no hubieran apoyado por acción o por omisión, por engaño o por convencimiento, a un sistema que ha otorgado este poder al mundo de las finanzas. Pero describir la realidad en base a una lucha de un poder financiero indefinido contra la ciudadanía implica una vuelta al utopismo del siglo XIX y a Proudhon -resucitado a través de Keynes-, triturado hace ya 150 años por el rigor científico de Marx: esto significa aceptar que no son las leyes propias de la economía capitalista las que crean inevitablemente las crisis y los problemas que sufren los trabajadores, significa aceptar que estos problemas se encuentran en el plano moral y no en el económico. Es decir, los problemas que sufren los trabajadores -y no el precariado, las multitudes, la ciudadanía o como se quiera llamar-, no se encuentran en una estructura socioeconómica capitalista que inevitablemente genera crisis y miseria social: en la lógica reformista, los problemas son de tipo moral y éstos se reflejan en la voracidad y la crueldad de los tiburones de las finanzas, en la ausencia de democracia o en la perversión de ésta que es incapaz de recortar el desmedido poder del sistema financiero, en el mal reparto de las riquezas -y como remedio se propone la Tasa Tobin, el impuesto a los ricos-, en una deficiente participación de la sociedad civil o en insuficiencias en los mecanismos democráticos poco receptivos a las demandas ciudadanas, y que en última instancia impiden a la democracia ejercer de freno sobre los «excesos» neoliberales de la economía.

Desde los desahucios hasta el desempleo, desde los bajos salarios hasta la miseria de las familias obreras, desde las privatizaciones hasta los recortes sociales, todo lo puede solucionar la magia de la democracia y la regeneración moral que emana de este utopismo reformista del siglo XXI. Para los ciudadanistas la mítica democracia -la ultrademocracia supermoderna, una democracia virtual, ejercida desde los terminales informáticos y teléfonos móviles actuando en las redes sociales-–vuelve a ser el remedio mágico para solucionar todas las lacras sociales. Se pudo comprobar en Italia con el mediático Beppe Grillo cuya única ideología reconocible es la democratista -lo que le permite defender simultáneamente propuestas de derechas, de ultraderechas y de izquierdas­-, y en España la Red Ciudadana que ha creado el Partido X, partido que, según explica él mismo, «entra en el parlamento, abre sus puertas y devuelve directamente el poder soberano a las personas a través del cumplimiento de todos los puntos de su programa: la Democracia y Punto» [15]. Ese ciudadanismo radical, por otra parte, está imbuido de un ataque a los partidos tradicionales, percibidos como dañinos y obstáculos para alcanzar la verdadera democracia, que se concibe como un fin en sí misma.


La retórica democrática, una anti-política que oculta las relaciones de poder

Se deduce de todo lo anterior que el postmodernismo ha decretado el fin de la historia y de las ideologías por la desaparición de los grandes conflictos de clases con modelos sociales antagónicos en lo que constituye la apología de la anti-política: no hay otro modelo posible más allá de la «democracia pura» y del consenso constitucional, herramientas que permiten mantener los grandes medios de producción en unas pocas manos privadas y el poder del imperialismo. Esta versión del «fin de la historia» que absolutiza la democracia capitalista actual, pretende enterrar la concepción marxista de la democracia capitalista como un producto de la evolución histórica, que debía ser superada por la democracia socialista, tal y como expresó Lenin: «La historia conoce la democracia burguesa, que sucede al feudalismo, y la democracia proletaria, que sucede a la burguesa» [16]. La realidad es que pueden existir formas democráticas superiores, que representen realmente a la mayoría y que fomenten su participación activa, siempre y cuando éstas posean el poder popular, pero evidentemente esto es imposible en el sistema actual.

Al aceptar la «democracia pura» como el máximo ideario, la izquierda reformista rechaza el concepto partidista de la democracia y la caducidad histórica de la democracia capitalista, coqueteando con el reino de la anti-política para adentrarse peligrosamente en el fin de la historia. Consciente o inconscientemente se encadena así a un régimen que empobrece y condena a la miseria a la clase obrera y otros sectores populares utilizando la retórica democrática. Acusando frecuentemente a los que cuestionan la democracia capitalista con argumentos infantiles de «defensores de dictaduras», la izquierda reformista, que cree ser más demócrata que nadie, en realidad ayuda a cavar la tumba de la democracia y contribuye a abrir la puerta al neofascismo, como muestran los democratizadores modernos durante los últimos años que exportaron los sucedáneos democráticos perpetrando genocidios en Yugoslavia, Irak, Costa de Marfil, Libia y Siria, con esas grandes maquinarias democratizadoras como la OTAN, la CIA, el Mossad y otras joyas de la democracia occidental.

El discurso de la regeneración democrática es un derivado del concepto de la «democracia pura», que parte de la ilusión liberal de que las clases sociales se han disuelto entre unas masas de ciudadanos que supuestamente tienen iguales derechos y deberes, y de que el sufragio universal -una persona, un voto- garantiza en igualdad de condiciones. Todavía es actual la respuesta que Lenin les dedicaba sobre estas ilusiones:

«La democracia burguesa, que constituye un gran progreso histórico en comparación con el medievo, sigue siendo siempre -y no puede dejar de serlo bajo el capitalismo- estrecha, amputada, falsa, hipócrita, paraíso para los ricos y trampa y engaño para los explotados, para los pobres (…) Tomad las leyes fundamentales de los Estados contemporáneos, tomad la manera cómo son regidos, la libertad de reunión o de imprenta, la “igualdad de los ciudadanos ante la ley”, y veréis a cada paso la hipocresía de la democracia burguesa, que tan bien conoce todo obrero honrado y consciente. No hay Estado, incluso el más democrático, cuya Constitución no ofrezca algún escape o reserva que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etc.» [17].

Para los «regeneradores» de izquierdas se diría que los graves problemas que sufren los trabajadores en nuestro país -el desempleo, la pobreza, los bajos salarios, la marginalidad creciente de una gran parte de la población, la exclusión de los jóvenes trabajadores- se podrían solucionar haciendo limpieza de los corruptos y abriendo a los ciudadanos «otros» mecanismos de participación. A la izquierda reformista todo perfeccionamiento institucional y nuevos consensos le parecen adecuados. Considera que la democracia capitalista, la democracia «pura», es una de las máximas conquistas que se deben defender, como un fin en sí mismo. Jamás se planteará, por ejemplo, que las instituciones actuales puedan ser la caja de resonancia para crear la conciencia de superar un sistema basado en la injusticia y la explotación, históricamente caducado, por otro superior que garantice las necesidades de la mayoría de la población, el socialismo.

Pero la lógica de la izquierda reformista, aun cuando no pretenda hacerlo conscientemente, acaba aceptando las premisas del sistema -pluralismo de identidades apolíticas, consenso democrático y despolitización de la democracia-cuando asume los dos grandes dogmas creados por la burguesía: el primero establece que la democracia, que sería la legítima expresión de la «voluntad ciudadana», se encarna en la competencia electoral entre varios partidos para conquistar las instituciones del capitalismo como los parlamentos, y en todos los cargos públicos elegibles por sufragio universal; el segundo dogma indica que todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos y su voz importa igual como la de cualquier otro en la toma de decisiones de los políticos que gobiernan. En consecuencia, la izquierda reformista plantea que, retocando aquellos aspectos que deforman, entorpecen o enturbian la realización plena de la «democracia pura» -como la existencia de una monarquía hereditaria y no electa bajo sufragio, la corrupción política, el transfuguismo, los sistemas electorales mayoritarios y no proporcionales, los políticos que al llegar al gobierno hacen una política contraria a su propaganda electoral-, se abriría el camino para realizar las reformas que la economía y los ciudadanos -ya no queda bien hablar de capitalistas y obreros-, necesitan para crecer y volver a crear empleo, y se cerrarían las puertas a los recortes sociales, las reformas laborales y otras medidas que golpean duramente a los trabajadores.

La cirugía liberal-postmoderna parece haber extirpado del cuerpo reformista todo rastro de análisis social que el marxismo descubrió para los trabajadores: el Estado ya no se considera como la institución que utiliza la clase dominante -la oligarquía, los grandes capitalistas y banqueros, los diferentes grupos burgueses, etc.- para someter a los trabajadores y perpetuar su dominio de clase, utilizando la violencia y la represión si es necesario. No, el Estado sería un instrumento neutral abierto a la «ciudadanía», que defiende los intereses generales, que promueve la riqueza pública y la igualdad de oportunidades. La larga etapa de paz social que ha conocido Europa occidental, el nacionalismo imperialista que ha hecho mella en muchos trabajadores, las libertades democráticas y la ausencia de dictaduras parecen dar la razón a los democratistas. Pero, ¿qué interés puede tener la oligarquía en perder tiempo y energías reformando la democracia cuando puede utilizar directamente métodos expeditivos y dictatoriales para imponer sus deseos? Lenin respondía al respecto:

«En nuestro siglo no se puede pasar sin elecciones; no se puede prescindir de las masas, pero en la época de la imprenta y del parlamentarismo no es posible llevar tras de sí a las masas sin un sistema ampliamente ramificado, metódicamente aplicado, sólidamente organizado, de adulación, de mentiras, de trapicheos, de prestidigitación con palabrejas populares y de moda, de promesas a diestro y siniestro de toda clase de reformas y beneficios para los obreros, con tal de que renuncien a la lucha revolucionaria por derribar a la burguesía» [18].

Impermeable a estos razonamientos y a la tozuda realidad, la izquierda reformista del Estado español, en cambio, insiste en que es posible mejorar el sistema político que nació en 1978 de las entrañas del franquismo con la llamada transición democrática, y que -como demuestra exhaustivamente Joan E. Garcés en su imprescindible obra Soberanos e intervenidos [19]- estuvo controlado en todo momento por los intereses imperialistas, especialmente de Estados Unidos y de Alemania, quienes junto a los sectores franquistas modernizadores diseñaron el nuevo marco institucional y democrático de España -la monarquía constitucional y el Estado de las autonomías-, y financiaron, cooptaron y prepararon a los futuros dirigentes políticos de los principales partidos. Se libraron en gran medida de esta operación el PCE y el PSUC, organizaciones que al dirigir y organizar las grandes luchas obreras y populares habían conseguido ser los partidos antifranquistas más importantes, pero en cambio fueron entregadas voluntariamente por Santiago Carrillo y sus colaboradores al sacrificio democratista de la transición a cambio de obtener presencia política en las nuevas instituciones. Queda en manos de la izquierda reformista explicar cómo se puede transformar un sistema nacido en las entrañas de unos servicios de inteligencia y los círculos diplomáticos y de poder imperialistas que además siguen controlando la soberanía del Estado español al detalle: como explica Garcés, la Constitución española de 1978 que rige el sistema político actual, está diseñada para favorecer la penetración ilimitada del gran capital internacional, dejando al Estado sin herramientas para defenderse, y consagra específicamente el modelo capitalista de economía y sociedad [20]. Añadamos a las demostraciones de Garcés que, a pesar del europeísmo de la izquierda reformista, la pertenencia a la Unión Europea tritura toda soberanía nacional y hace impracticables todos los programas basados en «otra política es posible» dentro del sistema y de la fantasmagórica «Europa social».


Notas finales sobre la democracia y los procesos de cambio en occidente

Sin vida social se extingue la política y sólo queda el mercado corporativo como regulador de la actividad de los individuos. Pero también queda la antipolítica, el escenario donde el neofascismo puede implantarse pacíficamente. Reconstruir el tejido social asociativo popular es el primer paso para frenar el desarrollo del neofascismo.

La democracia, como espacio que absorbe y despolitiza todas las relaciones sociales y todas las diferencias sociales, impidiendo el antagonismo, se ha convertido en un espacio neutro, apolítico, pudiendo ser gestionado por diferentes gobiernos tecnócratas -de derechas o de izquierdas- que no cuestionarán jamás su legitimidad y se dedicarán simplemente a «mejorar» las disfuncionalidades que presente a través de equipos de técnicos y gestores. Pero esta neutralidad y apoliticismo disuelve las fronteras entre la democracia y el neofascismo. Por otra parte, todos los fascismos tienen sus raíces en el capitalismo, y el neofascismo corresponde al desarrollo de las nuevas formas del capitalismo y de la explotación laboral, así como las nuevas formas de un consumo apoyadas en la exaltación del componente irracional de los seres humanos -técnica heredada del fascismo clásico- y la promoción del ultraindividualismo, el desclasamiento y la incultura a unos individuos que son empujados a agruparse en identidades plurales y múltiples -pero apolíticas-–que sustituyen y anulan los referentes de clase social. Estas identidades son gestionadas por el sistema a través de la democracia.

La democracia capitalista occidental vigente es el régimen político que corresponde a un neocapitalismo en el cual la producción de mercancías de consumo «marginal» -de símbolos y estatus social, de la alta tecnología, de la moda, del audiovisual, del sexo, de lo «prohibido», del audiovisual-, sustentado por una maquinaria publicitaria de tipo totalitario que formatea los gustos, comportamientos o deseos de cada individuo desde el nacimiento hasta la muerte. Los símbolos y el consumo de servicios personales -que conducen al estatus social de éxito-, son suministrados como mercancías, perpetuamente renovadas a través del capitalismo corporativo que controla nuevos mercados, los cuales son considerados como pilares básicos de la libertad y la democracia, las fuentes de la felicidad eterna para un gran número de personas, que se sienten integradas a través de estos mercados y de la lucha por el estatus social dentro del sistema corporativo.

Para los que luchan por un cambio social concretado en el avance hacia el socialismo, no es indiferente el hecho de encontrarse ante una dictadura fascista «clásica» o una democracia burguesa. Cuando se plantea la necesidad de superar el sistema capitalista actual y sus instituciones democráticas, no se está defendiendo que haya que mostrar una actitud de indiferencia ante la posibilidad de que la oligarquía adopte soluciones dictatoriales ante la lucha de clases o para superar la crisis económica. Tampoco se está planteando el parlamentarismo capitalista haya caducado históricamente en todos los países o se haya convertido en un trasto inservible para los intereses de los trabajadores: de momento, en pocos lugares han madurado las condiciones para ello, pero en gran parte no han madurado a causa de que las ideas del reformismo son hegemónicas entre la izquierda de muchos países.

Reconocer los avances sociales que históricamente para los trabajadores han significado las conquistas democráticas arrancadas duramente a la oligarquía y rechazar el error extremista de equiparar la democracia capitalista con los regímenes fascistas, no deben ser obstáculos para reflexionar sobre los límites de la propia democracia capitalista como un sistema agotado y en putrefacción que debe ser superado por otra democracia, incompatible con el sistema actual. Su alternativa sólo puede un proceso de cambio que tenga como horizonte el socialismo, que forzosamente tendrá diferentes caminos, expresiones y ritmos según las realidades sociales, culturales y geográficas donde se vaya creando, tal y como muestra los intentos heroicos que pugnan por desarrollarse -con grandes esfuerzos y sometidos a terribles presiones y amenazas- en la variedad de países y entornos políticos que conforman el bloque latinoamericano progresista y antiimperialista, el ALBA, y otros como el CELAC. En el caso de América Latina, hay que remarcar que la lucha por una nueva democracia se convierte en uno de los puntos centrales de la lucha por el socialismo y la liberación de las cadenas imperialistas. Aquí el problema del poder y de la hegemonía social vuelve a convertirse en el campo de batalla estratégico entre los sectores populares y una oligarquía que utiliza indiscriminadamente la retórica democrática para subvertir y corromper de todas las formas posibles a los gobiernos progresistas y revolucionarios y a sus organizaciones sociales y políticas, con la ayuda y la injerencia constante del imperialismo democrático. En este caso, la ideología democratista adquiere un papel de primer orden. La lucha por una nueva democracia, la democracia popular, se convierte obligatoriamente en una estrategia fundamental de los revolucionarios frente a los demócratas de la oligarquía y el imperialismo -cuyos intelectuales orgánicos son los misioneros coloniales de nuestra época-, que utilizan la democracia como opio de los pueblos.

Los procesos de cambio social no surgen de la nada, sino que se desarrollan en el seno de sociedades concretas, con sus instituciones propias. Nadie puede saber cómo serán los procesos de cambio en los países europeos y en el Estado español. Quizás algunas enseñanzas podrían extraerse de algunos países de América Latina como Venezuela, Ecuador y Bolivia, con movimientos claros de ruptura que desembocaron en Asambleas Constituyentes y nuevas constituciones nacidas tras amplias movilizaciones sociales y una arraigada tradición secular de poderosas organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares. Estas movilizaciones propiciaron las consiguientes victorias electorales de dirigentes comprometidos con las masas y con una política antiimperialista de soberanía nacional., surgidos del seno de estos movimientos sociales y obreros arraigados socialmente y con una larga tradición histórica -y hasta del seno de los militares patriotas, como Hugo Chávez- de lucha y represión sufrida. Evidentemente, queda por dirimir si estos prometedores procesos de cambio profundizarán su tendencia o serán derrotados, pero nadie puede negar los grandes éxitos históricos y sociales que representan y el enorme desafío que plantean al imperialismo.

La izquierda real, lejos de especular y confundir a los trabajadores sobre las formas ideales que debe tener el régimen de la burguesía, vincula las formas de gobierno a la capacidad que tengan de dar poder real a los trabajadores, de crear poder popular para plantear cambios reales. En el caso de España, no se debe reivindicar la República con la falsa premisa de que es «más democrática» que la monarquía, sino porque en nuestro país debe implicar una ruptura con toda la estructura del régimen neofranquista actual -mediatizado por el imperialismo norteamericano y europeo-, y por lo tanto es una opción real de recuperar una soberanía nacional imprescindible para abrir un proceso de cambio que, en determinadas circunstancias, podría ser un camino para alcanzar el socialismo o, por ejemplo, para encontrar una alternativa en el bloque del ALBA e incluso del Mercosur, nuestros entornos históricos, políticos y culturales más cercanos.

El entierro de Marx por los postmodernos ha desplazado ficticiamente el centro de gravedad de los conflictos sociales a una caricatura representada por una masa de ciudadanos o multitudes que carecen de posibilidad de articular sus demandas democráticamente y unas instituciones o políticos que no saben, no pueden o no quieren escuchar tales demandas. Basta con una operación de «regeneración democrática» para restituir el desequilibrio perdido, para poner fin a todas las ansiedades creadas por la ausencia de democracia. A partir de ese momento, las nuevas reglas de juego ­-dotadas de una nueva y amplia legitimidad al estar aceptadas por una gran mayoría de actores sociales, políticos y ciudadanos de a pie- establecerán un nuevo consenso social que permitirá al sistema reproducirse durante un nuevo periodo de tiempo. Quienes cuestionen el sistema podrán ser tachados en adelante por los representantes de la corporación democrática como antidemócratas.

Cada día asistimos al espectáculo de cómo la democracia en el capitalismo -la democracia «realmente existente»- implica el triunfo de lo apolítico, lo neutro, y también lo irracional. El capitalismo corporativo, junto con la ideología liberal-libertaria de las nuevas capas de la burguesía, han abierto el camino al neofascismo, que se nutre de la sociedad virtual o del espectáculo, teledirigida y controlada por el sistema contra unos trabajadores con débiles organizaciones políticas y sindicales, y por lo tanto con escasa capacidad de resistencia.

El punto de partida para la construcción de una estrategia revolucionaria como transición hacia el socialismo tendrá que tomar en cuenta obligatoriamente la necesidad de superar el sistema democrático-neofascista y las fracasadas experiencias reformistas creando un contrapoder cuya expresión sociopolítica podría ser la Unidad Popular, incorporando a ella a todos los sectores populares, pequeños propietarios, campesinos, profesionales, pequeños empresarios, etc. Frente a los postmodernos que quieren negar la existencia de la clase obrera y de los trabajadores asalariados para perpetuar la dominación de la oligarquía imperialista y sus aliados, la reconstrucción de la identidad de clase y la organización amplia de todos los sectores de asalariados, a partir de una institucionalidad propia que vaya más allá de la estrechamente económica de lucha por un trabajo y por un salario -pero que incluya evidentemente al movimiento sindical con todas sus contradicciones y deficiencias-, para convertirlo en un componente más de la transformación social, puede constituir una estrategia para la absorción del poder por parte de las mayorías explotadas y la esperanza de una verdadera democracia para los trabajadores.

En el Estado español, es preciso que el discurso republicano de izquierdas, que dice nutrirse del sustrato obrero y popular, huya de las falsas mayorías y tenga un contenido claro y unos objetivos precisos. La República, en nuestro país, debe alimentarse por una parte de la memoria histórica de las luchas obreras y populares así como de la denuncia del franquismo y sus crímenes, y por otra parte, es una reivindicación que sólo puede interesar a los trabajadores si se abren expectativas de cambio social -como en parte fue la experiencia trágicamente inacabada de la II República-, empujando hacia un proceso de cambio basado en el poder popular, la soberanía nacional y la solidaridad antiimperialista: de lo contrario el movimiento republicano se convierte en algo inofensivo o en una reivindicación asumible por la oligarquía y el imperialismo. La república que esporádicamente y de forma renqueante se ve obligada a reivindicar la izquierda reformista, no implicaría un cambio en las relaciones de poder y seguramente ni tan siquiera lograría las conquistas del 14 de abril de 1931, período que estuvo dominado por la estrechez de miras de la burguesía liberal y de la socialdemocracia reformista, frustrando nuevamente las esperanzas de un verdadero proceso de cambio. El republicanismo popular y de izquierdas no puede detenerse en los vagos recuerdos de abril de 1931, sino que debe elaborar una estrategia de transformación social en el Estado español, superando las insuficiencias y contradicciones del republicanismo liberal-burgués y los artificios de la izquierda reformista.

Esta tarea no es nada fácil para una izquierda real que crea sinceramente en la necesidad de superar esta democracia para construir una hegemonía y un poder popular alternativo que represente realmente una democracia para las mayorías. En primer lugar, la acción política y la propaganda reformista enturbia las verdaderas relaciones de poder entre la conciencia de los trabajadores; en segundo lugar, la izquierda anticomunista -una buena parte de ella financiada por la CIA norteamericana- se dedicó a desprestigiar durante décadas la alternativa que, con todos sus errores e imperfecciones, representaban los ensayos de construcción del socialismo en la URSS y Europa del Este -de la misma forma que hoy repite su trabajo con los países progresistas de América Latina- y, finalmente, los elementos irracionales de la democracia capitalista junto con la incultura de masas, la vergüenza de considerarse obrero, el culto a la riqueza, el consumo lúdico-marginal y la idolatría a estrellas audiovisuales y deportivas –expresión del triunfo social y la ideología de la riqueza que deslumbra a una buena parte de la población trabajadora– convierte a la democracia junto con el capitalismo, a los ojos de una parte no despreciable -cuando no mayoritaria-–de las clases populares en el menos malo de los sistemas que, además, es identificado con el reino de la libertad encarnado en las infinidad de posibilidades de adquirir mercancías de toda clase de forma constante que lleva a la conquista de una felicidad individual.

El rechazo de la izquierda reformista a defender la soberanía nacional de los países amenazados por el imperialismo y su insistencia en la regeneración de la democracia capitalista, rechazando formas superiores de democracia como la democracia popular o la socialista -que implica necesariamente iniciar un proceso de cambio y de soberanía nacional-, hará indudablemente más doloroso el parto.



Notas

(1) Jean-Paul Pougala: Otra visión sobre China. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
([2]) Peter Dauvergne y Genevieve LeBaron: Protest INC. The Corporatization of Activism. Polity Press, Cambridge, 2014.
([3]) [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
([4]) [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
([5]) Luciano Cánfora: La democracia. Historia de una ideología. Colección La construcción de Europa. Editorial Crítica, Barcelona, 2004, p. 32.
([6]) Cánfora, obra citada, p. 16.
([7]) Michel Clouscard: Néo-fascisme et idéologie du désir. Éditions Delga, Paris, 2007.
([8]) Aymeric Monville, prólogo al libro de Michel Clouscard, obra cit., p. 6.
([9]) Michel clouscard: 30 avril 2002 - Journal l'Humanité. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
([10]) Lenin: El imperialismo y la escisión del socialismo. Editorial Progreso, Moscú, p. 402.
([11]) Citado por Cánfora, obra cit., p. 116.
([12]) Annie Lacroix-Riz: De Munich à Vichy. L’assasinat de la Troisième République 1938-1940. Armand Colin, Paris, 2008.
([13]) Cánfora, obra cit., pp. 220-221.
([14]) Manuel Delgado: El peligro ciudadanista. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
([15]) [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
([16]) Lenin: obra cit., p. 402.
([17]) Lenin: obra cit., pp. 403-404.
([18]) Lenin: obra cit., p. 347.
([19]) Joan E. Garcés: Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles. Siglo XXI de España Editores, segunda edición, Madrid, 2000.
([20]) Garcés, obra cit., p. 388.

Sólo un apunte: el capitalismo goza de una salud excelente. Por lo que vemos, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. ¿O acaso creíais que el capitalismo era otra cosa? Si es así, os han engañado vilmente.

Creo que en ning'un momento a dado eso a entender el autor, ni mucho menos.

Por otra parte me parece brutal este articulo, de lectura obligatoria.