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Notas sobre la unidad popular (I)
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¿Qué es la unidad popular? La mención a estas palabras ha ocupado la cabecera del debate entre los sectores más movilizados de las diferentes clases sociales que se enfrentan contra la oligarquía y sus representantes. Partidos políticos como Podemos o Izquierda Unida, a día de hoy referentes y dirigentes de gran parte de la movilización social existente, hacen referencia a este concepto. Sin embargo la falta de especificación y la endeblez de las explicaciones dan lugar a todo tipo de interpretaciones, a la creencia generalizada de que en este proceso se encuentra a la clave del cambio social pero, finalmente, en la profunda incomprensión de lo que realmente están predicando.
¿Qué es la unidad popular? Para una gran parte de activistas, obreros o de capas intermedias de la sociedad, significa todo y nada a la vez. Son capaces de definir que son el resultado de la lucha de una serie de actores políticos y grupos sociales contra la oligarquía, pero no son capaces de concretar quienes y de qué manera podrían articular esta lucha. Esta falta de claridad podría hacer creer, con facilidad, que cualquier tipo de encuentro de las diferentes clases y grupos sociales, así como sus representaciones organizativas (Económicas y políticas) en pugna con la oligarquía, podrían ser espacios de “Unidad popular”. Así plataformas como Ganemos, asambleas abiertas del 15-M, espacios donde confluyen diferentes organizaciones para articular algún tipo de movilización social o incluso el partido político Podemos, con su flexible estructura de círculos diseminados por todo el estado, podrían parecer expresiones o cristalizaciones de la Unidad Popular. Preguntémonos primero, ¿qué entendemos los comunistas por unidad popular?
¿Qué es el pueblo?
En primer lugar sería necesario describir que la concepción de unidad popular procede de la impresión general de que un sujeto, “el pueblo”, se enfrenta contra un enemigo que se construye en contra de los intereses de esta generalidad y que suele aparecer como minoritario y/o ajeno a los intereses de esta colectividad. La noción de “pueblo” es una identidad defensiva que se construye ante la circunstancia material de un enemigo que daña los intereses comunes de esta colectividad.
Se define a este enemigo del pueblo de diferentes maneras como reflejo del nivel de conciencia del proceso real que debilita y socava las bases del bienestar del pueblo como colectivo o conjunto. Podemos se define a ellos con el inexacto concepto de “casta”, algunos intelectuales atinan con poca precisión definiendo que el pueblo tiene ante sí a unas élites política o económicas. Los discursos más avanzando entienden que quien se enfrenta al pueblo es un sujeto más específico definido como oligarquía, entendiendo la misma como la capa más reaccionaria y parasitaria de la burguesía (clase social dominante) y desprendiendo de ella todas sus redes de influencia política, económica y cultural (lo que, necesariamente, incluiría a todos los sujetos que se quieren denunciar con los términos “casta” o “élite”).
La identidad como pueblo se construye defensivamente. Esto es, entendiendo que la misma tiene como elementos comunes la opresión y/o explotación de un enemigo común que es dominante. Así mientras que en España ese enemigo común es la oligarquía financiera de nuestro país vinculada con los capitales europeos y norteamericanos, durante la guerra chino-japonesa o la revolución cubana este enemigo se tornaba en forma de los imperialistas japoneses y norteamericanos. Así las fronteras de quién pertenecen al pueblo se ven determinadas por las circunstancias materiales por las que se configura una determinada sociedad. Todas las clases y grupos sociales que encuentren un claro ejercicio de opresión y/o explotación por parte de este grupo dominante y que no se les permita desarrollarle en este marco social, tenderán a incorporarse a las filas del pueblo[1]. Así dentro del pueblo siempre encontraremos a la clase obrera, siempre explotada por los capitalistas, pero podremos ver variar desde intelectuales que no pueden expresarse con libertad, a funcionarios y cuadros medios de la administración que ven mermadas sus condiciones de vida, pequeños propietarios endeudados que tienen que echar el cierre a sus negocios e incluso, en algunos contextos, burguesía nacional empeñada en romper las cadenas con la oligarquía para poder desarrollar un mercado interno que le permita progresar como clase.
¿Quién conforma el pueblo en España?
Para poder responder a esta pregunta debemos contextualizar primero el papel de España en el sistema imperialista mundial. Nuestro país se encuentra actualmente con un país perteneciente a la cúspide de la cadena imperialista. Aunque se encuentra ciertamente subordinado por los intereses de potencias de una inmensa influencia como Estados Unidos o Alemania, su papel internacional es de opresión mundial sobre los estados dependientes, de participante en la destrucción y el saqueo del tercer del mundo, así como de exportación general de capitales a países donde sus inversiones puedan obtener una mayor rentabilidad que en su mercado nacional.
España puede enfrentar este proceso porque en su economía nacional ya se ha dado una sólida fusión entre la gran industria y la gran banca. En nuestro país se ha conformado un grupo de oligarcas financieros que viven a “costa de los cupones de la bolsa”. Esto supone un complejo juego de especulación y búsqueda de la máxima rentabilidad dónde se invierte y se retira dinero de los diferentes sectores en función del máximo beneficio que se pueda obtener de él. Así estos oligarcas son capaces de levantar masivamente un sector de la producción de un país si les produce grandes beneficios o dejarlo caer retirando masivamente capitales si la operación enfrenta la posibilidad de terminar en pérdidas.
La clase obrera
La principal clase explotada en este contexto es la clase obrera. La misma es explotada tanto por el oligarca, por el empresario medio como por el pequeño empresario. En todas las relaciones que establece como sujeto social, la clase obrera es sometida a la explotación y a la opresión del resto de clases poseedoras. Esto se da porque la propia génesis de la clase obrera, en el marco de las relaciones capitalistas de producción, le hace vender su fuerza de trabajo (capacidad de trabajar) a una empresa determinada, apropiándose esta a cambio de ello del fruto del trabajo producido por el obrero durante el tiempo que dure su jornada laboral. Este proceso se da masivamente en la gran industria, y de manera organizada y sistematizada en los grandes centros de trabajo. Pero también se reproduce de manera menos sofisticada en la pequeña producción y en actividades que generan un bajo valor en la economía (incluso en formas de relaciones laborales legalmente engañadas en forma de relación mercantil, como algunos falsos autónomos que trabajan para empresas, solo que bajo un estatus legal dónde los derechos colectivos laborales no se le garantizan). Entre estos dos polos podemos encontrar una inmensidad de matices que conforman una heterogénea clase obrera que nunca es propietaria íntegra de los frutos de su trabajo.
Por otro lado debemos observar los bastidores de la producción capitalista. Esto es el hogar de la familia obrera. Para que la producción de mercancías pueda darse, es necesario asegurar la reproducción del elemento clave que permite su existencia, es necesario reproducir la fuerza de trabajo. Esto supone que tras el proceso de producción capitalista se encuentra siempre inserto un proceso de reproducción de la clase obrera. Este proceso se atribuye generalmente a una institución heredada de anteriores modos de producción e integrado por el capitalismo en nuestro país plenamente: la familia. En la misma se desarrollan una serie de relaciones patriarcales que, en la lógica de la división social del trabajo que impone ahora el capitalismo, recluyen a una parte de la clase obrera a tener que enfrentar estas funciones. Generalmente las mujeres han ocupado este papel debido a la división desigual de este trabajo, encontrándose insertar en un proceso reproductivo que incluye desde el cuidado de los hijos hasta el mantenimiento del hogar. La opresión patriarcal sitúa así a millones de mujeres a vivir recluidas en el hogar, convirtiendo este en el bastidor de la reproducción de la fuerza de trabajo, tan necesaria para los capitalistas.[2]
Los semiproletarios
Existe una realidad que se encuentra a medio camino entre la pequeña burguesía y el proletariado. A esta realidad la definiré como “semiproletarios”. Estos eslabones intermedios consisten en personas que para obtener sus medios de vida se han visto obligados a obtener los medios de trabajo para desempeñar una determinada actividad. Así estos semiproletarios son parcialmente propietarios de los medios de producción (generalmente de su forma más primitiva, de los objetos de trabajo) aunque acaban viviendo de los frutos de la venta de su fuerza de trabajo en la mayoría de ocasiones.
Un ejemplo de esta capa social es el del fontanero que debe costear y disponer de los objetos de trabajo para desempeñar su actividad. Para poder realizar trabajo de fontanería llega a diversos acuerdos, tanto con particulares como con empresas. Aunque todas las relaciones que él establece bajo esta forma son legalmente comerciales, en realidad existen un gran número de relaciones laborales escondidas tras este entramado burocrático. El semiproletario vive a medio camino entre la actividad comercial pequeño burguesa y la actividad laboral proletaria, obtiene sus medios de vida de un entramado de relaciones dispares y poco organizadas que confunden su existencia social, haciéndole pasar por propietario de los objetos de trabajo y vendedor de la fuerza de trabajo a la vez.
En España la forma legal del autónomo encierra a la gran mayoría de los miembros de esta capa social. Sin embargo la definición legal de “autónomo” encierra también una realidad dispersa, incorporando desde pequeños empresarios a trabajadores que son explotados bajo la forma legal mercantil para evitar que se cumpla el derecho laboral.[3]
A diferencia de la clase obrera, esta capa social no se encuentra sometida a una disciplina tan clara en un régimen de explotación laboral, lo que dificulta su organización para defender sus intereses. Además, la diversificación de actividades mercantiles y laborales desfigura en su día a día su identidad como clase obrera. La tendencia al monopolio impuesta en la sociedad capitalista desarrollada genera, como contrapartida, la diversificación de determinadas actividades no productivas o generadoras de escaso valor que son expulsadas fuera del organigrama industrial de las corporaciones y se delega en iniciativas particulares o del pequeño comercio. Esta tendencia es la que permite que, en los países imperialistas, las capas de la población que viven bajo estas condiciones intermedias hayan crecido tanto.
Los trabajadores públicos
Además, el contexto particular de España, que lleva a sus espaldas centenares de años de lucha de la clase obrera tanto nacional como internacional, deviene de la consolidación de algunas conquistas garantizadas por ley. Algunas de estas conquistas, como la educación o la sanidad pública, han generado un sector de economía pública no dirigido a la generación de beneficio sino a satisfacer las necesidades conquistadas por las masas en su lucha política y económica. Estos sectores han creado un número considerable de empleos públicos, bien bajo régimen funcionarial o bien régimen laboral. Estos trabajadores públicos obtenían generalmente su remuneración en forma de salario, sin embargo no lo recibían por parte de un particular o una colectividad de particularidades para que le produjera beneficios, sino por parte del Estado (que aun representa los intereses sociales de la clase dominante – la burguesía -).
Ahora que las luchas obreras han cedido terreno desde principios de los años 80 y principios de los 90, las grandes empresas y bancos han decidido llevar a cabo una reducción de los salarios también indirectos de la clase obrera, esto ha conllevado de una reducción del gasto público para servicios y prestaciones sociales. En su interés de recortar este salario indirecto se encuentra la imperiosa necesidad de reducir costes (mediante los recortes) junto con el renovado interés de convertir las diferentes funciones empeñadas hasta ahora por el sector público en sectores rentables para los capitalistas. Este último proceso, generalmente encabezado por las externalizaciones, ha devenido de una progresiva incorporación de las funciones antes atribuidas al trabajo público ahora, al trabajo privado[4]. Este hecho se incorpora bajo el interés de los capitalistas de convertir en mercancías las diferentes funciones que hasta ahora eran entendidas como parte del normal funcionamiento de los servicios públicos (Por ejemplo la limpieza, la seguridad o la conserjería de muchos centros públicos de educación o sanidad que son ahora cubiertos por empresas privadas). Los trabajadores públicos que ven como su situación excepcional quiere resolverse reincorporando sus actividades al sector privado y bajo las lógicas de la explotación capitalista (presionando, por lo tanto, sus salarios a la baja) genera la reacción de estos grupos contra la oligarquía de dos maneras: 1) en su vertiente económica queriendo evitar que su estatus beneficioso se vea degradado al de unas condiciones ordinarias de venta de su fuerza de trabajo bajo condiciones del mercado y la explotación capitalista; 2) en su vertiente política al reaccionar con la concepción política justa de que el servicio que estaban ofreciendo es de interés público y no debería someterse a las ansias de beneficios de empresarios y banqueros.
Los intelectuales progresistas
Sobre todo al amparo del sistema público educativo ha germinado un verdadero caldo de cultivo para la aparición de intelectuales en España. Muchísimas veces compaginan su función como intelectuales con su condición de funcionarios o trabajadores del sector público – generalmente, aunque no solamente, el de la educación -. Sin embargo también los intelectuales germinan bajo el sostén económico del sistema de becas. Así pues, sean funcionarios, profesores asociados o becarios, el sector público ha generado una gran cantidad de intelectuales. También se han situado en este espectro una amplia gama de profesionales liberales, entre ellos suelen destacar los abogados.
Muchos de estos intelectuales adoptan posiciones progresistas por convicción. Sin embargo son progresistas, en la mayoría de ocasiones, limitados desde su propia concepción de intelectual o, en el mejor de los casos, de trabajador público. No es raro que un grupo de estas características se incorpore a la lucha política con tanta entrega al descomponerse las bases materiales que permiten seguir sosteniendo su estilo de vida. No es de extrañar que las consignas y concepciones que arrastren estos intelectuales sean, en la mayoría de ocasiones, las de recuperar las condiciones de vida y las garantías aseguradas por las políticas socialdemócratas que garantizaban el conocido “estado del bienestar”.
Es importante entender que en este grupo también se intentan introducir otros grupos que requerirían de un análisis más profundo, como cuadros medios o inclusos avanzados de la administración[5]. Los casos de cercanía de estos elementos con el conjunto del pueblo suelen ser muy circunstanciales, estas relaciones de confluencia normalmente duran poco tiempo (Salvo que consigan convertirse en dirigentes del movimiento).
Los pequeños propietarios
Una gran masa de pequeños propietarios se incorpora a las filas al pueblo por su enfrentamiento contra los monopolios. Esto se da porque la tendencia a concentrar capitales que se da en el capitalismo y la imposible competencia contra las grandes empresas lleva a la ruina a estos “emprendedores”. El pequeño propietario se incorpora a la lucha social desde la perspectiva del interés de preservar su condición de clase poseedora. Esto es la idea de querer seguir existiendo como pequeño propietario y no tener que incorporarse a las filas de la clase obrera bajo la condición de trabajador asalariado.
La lucha de estos sectores tiene un doble sentido: económico y político.
El económico es el que busca un desarrollo con garantías como pequeño propietario, esto permite acompañar al conjunto del pueblo en la aspiración de gravar, e incluso en algunos casos expropiar, las grandes fortunas caracterizadas por los monopolios que dominan el mercado nacional y mundial. Además, también interesa al pequeño propietario cierta igualdad económica para así poder prosperar en un mercado en el que haya más oportunidades de hacerse hueco. Sin embargo no debe olvidarse que la aspiración de estos sectores es evitar el trágico final de proletarizarse, buscando como contrapartida extender sus cuotas de mercados, transformándose de productor autónomo en un capitalista que pueda enriquecerse a costa del trabajo asalariado de sus empleados.
El político es en el que se reacciona contra la tendencia al monopolio también del poder en manos de grandes empresas y bancos. De esta manera se enfrentan a la democracia burguesa con la democracia radical pequeño-burguesa. Aspiran a un mayor reparto del poder político, siendo favorables hasta cierto punto de la participación del pueblo en las principales decisiones económicas del país (políticas y macroeconómicas). Buscan así socavar el poder de la oligarquía y los monopolios, dañando así su ventaja comparativa como fracción de la clase dominante y aprovechando los huecos de esta debilidad para progresar en clave burguesa.
La particularidad de esta inmensa masa de pequeños propietarios es que tan pronto pueden asumir postulados democráticos y progresistas como, ante la decepción por un fracaso o una traición, apoyar una alternativa fascista promovida por la propia oligarquía financiera ante la ilusión de que la degeneración de la democracia es la causante de todos sus problemas.
Hasta aquí la primera parte de esta reflexión sobre la unidad popular. En próximos artículos trataré de definir qué significa la unidad popular para los comunistas, por qué la única garantía de que un proceso de este tipo produzca un cambio social es que la clase obrera se convierta en el sujeto político dirigente, cómo construir la unidad popular y el frente unido a raíz de las circunstancias políticas actuales y el riesgo de las diferentes concepciones sobre la unidad popular reflejo de la heterogeneidad de clases que participan de la conformación de la identidad de pueblo.
[1] El “Pueblo” es una construcción social subjetiva. Es un concepto puramente político y superestructural que sirve para la acción política conjunta de diferentes grupos y clases sociales con intereses para sí diferenciados pero que coinciden en determinados objetivos vitales para sus respectivos desarrollos como clases sociales. Así no es la excepción, sino la norma, que dentro del pueblo convivan diferentes sectores y clases con intereses contrapuestos. El ejemplo de la burguesía nacional en los países dependientes y el proletariado es el gran ejemplo del carácter contradictorio de esta unidad.Mientras que la burguesía nacional y el proletariado comparten objetivos vitales de lucha contra el imperialismo y la dependencia de su nación para desarrollarse (La burguesía nacional porque quiere consolidar su mercado interno y el proletariado porque quiere derrocar a la oligarquía para construir el socialismo) a su vez ,la primera existe porque explota al segundo. Por lo que el proletariado para lograr sus objetivos (construir el socialismo) tendrá, antes o después, que resolver su contradicción con la burguesía nacional.
[2] Aunque no es el objetivo de este artículo sí es interesante analizar cómo las propias relaciones capitalistas han inundado también la esfera ocupada por las relaciones patriarcales. Esto suele ocurrir cuando se ha creado un inmenso mercado de las tareas reproductivas, convirtiendo estas en mercancías ofreciendo servicios como el hogar, la alimentación o el cuidado de los niños entre otros. Este proceso sólo libera a las mujeres ilusoriamente, pues las “libera” de las relaciones del hogar para someterlas a las relaciones de la explotación capitalista. Además estas suelen darse arrastrando multitud de prejuicios culturales e ideológicos del patriarcado que el capitalismo no tiene problema alguno en subsumir en su forma de actuar. Por otro lado las familias que tienen la capacidad de sustituir la existencia de estas relaciones en su hogar sólo expulsan el patriarcado para que ese espacio en su hogar sea ocupado por las relaciones de mercado.
[3] Así cuando hablamos de los autónomos debemos tener mucho cuidado. El término de “autónomo” nos sirve como categoría de análisis legal, pero es muy imprecisa como categoría de análisis social. Es más correcto que los marxistas definan que existe una figura legal en la superestructura de España catalogada como “autónomo”, y dentro de esta categoría legal coexisten diferentes realidades engendradas de la base económica, dos bien definidas como son partes de la clase obrera y de la pequeña burguesía y una intermedia entre ambas, los semiproletarios.
[4] No es de extrañar que estas externalizaciones hayan comenzado primero por las funciones que requerían de un trabajo menos cualificado y generalmente manual. Es importante observar como la externalización de sectores como la limpieza son, a día de hoy, prácticamente un hecho ya consumado en la mayoría de centros públicos. Estos sectores eran los más rentables para el capital, pues de su privatización y mercantilización se iba a obtener una mayor rentabilidad en un plazo moderado. Este proceso además facilitó el trasvase del dinero público a las manos privadas mediante relaciones contractuales entre las empresas subcontratadas y las administraciones del Estado.
[5] No es de extrañar que los sectores más elevados de esta administración que han sufrido la opresión de la oligarquía intenten introducirse en el movimiento popular intentando controlarlo y someterlo, tratando así de plasmar las relaciones de subordinación que disponían en su anterior puesto. Esto pueden intentarlo intentando convertirse en referentes ideológicos o incluso políticos. Un ejemplo del primer caso es el del juez Baltasar Garzón, que intentó convertir de su causa de opresión política un motivo para erigirse en referencia de lo que debía ser un “juez decente”. Un ejemplo fallido del segundo caso lo protagonizó el juez Elpidio Silva, que utilizó sus influencias para dar el salto a la televisión aspirando así a dar el salto a la política con el Movimiento RED, experiencia que tuvo un respaldo popular muy limitado.
